Quizás para aprovechar el momentum generado por el lanzamiento del segundo satélite argentino, el ARSAT-2, el gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina. En menos de una semana, el mismo obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda para luego ser votado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Un éxito total aunque por lo rápido de su tratamiento podría estar indicando que no hubo un análisis a fondo por parte de los legisladores.
A pesar de lo que indica su nombre, el mismo incluye también la transferencia de la explotación de las bandas de frecuencias de 3G y 4G a ARSAT, correspondientes al lote que quedó desierto. Las comparaciones con el intento anterior, en 2012, cuando a ARSAT se le asignaron las frecuencias (por entonces sólo las de 3G) son inevitables.
En aquella ocasión, bajo el nombre de Libre.ar, la idea fue crear un operador mayorista. Inicialmente éste daría servicio únicamente a otros operadores (principalmente a empresas privadas de todo tamaño y cooperativas). Luego la intención fue que estos otros operadores comercializaran el servicio móvil bajo la marca Libre.ar. La historia es conocida. Ninguno de los dos modelos avanzó. Como tampoco lo hizo el despliegue de la red. Pasaron 2 años y ese espectro se licitó y distribuyó entre Claro, Personal y Arlink, junto con espectro para 4G. Como Arlink no pudo afrontar el pago correspondiente, su espectro quedó vacante y es el que ahora se busca transferir por ley nuevamente a ARSAT.
El proyecto que ahora espera su aprobación en la Cámara de Diputados no tiene exactamente el mismo espíritu de aquel primer intento. Ahora se contempla la posibilidad de asociarse con cooperativas, municipios, organismos y sociedades del Estado, pero no con empresas privadas. Así quedan afuera todos los operadores de telecomunicaciones privados, lo que incluye a telcos, cableras y PyMEs del sector. Esto debería ser revisado ya que éstas podrían aprovechar (al menos durante muchos años) una red con mucha más capacidad disponible que la que podrían ofrecer Claro, Movistar o Personal, cada una con aproximadamente 20 millones de líneas en servicio.
El proyecto de ley no sólo incluye el tema del espectro para servicios móviles y su utilización, sino que también menciona las importantes inversiones necesarias, su explotación atendiendo “sectores menos ‘rentables’ en términos financieros”, el ingreso de Municipios, Cooperativas y Sociedades nacionales y provinciales con participación estatal mayoritaria, el desarrollo de servicios de seguridad pública, despliegue de banda ancha de última milla y otros. Demasiados temas apenas mencionados al pasar que en realidad requerirían de una ley propia y no ser un anexo de otra que apunta a un tema sustancialmente distinto.
Finalmente, hay un punto sobre el cual no se ha debatido pero que puede significar entrar en un callejón sin salida. Se trata de la exigencia de 2/3 de los votos del Congreso para tanto para la venta de acciones de ARSAT así como, y más importante, “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados” que pertenezcan o sean asignados a ARSAT. Dicho de otra forma, si llegara a repetirse la situación de la primera versión de Libre.ar, que por motivos desconocidos nunca comenzó a funcionar, sería muy complejo reasignar el espectro transferido a ARSAT. Si esto ocurriese, el país estaría desaprovechando un recurso valioso y finito.
Desde un punto de vista lógico, resulta extraño que una mayoría simple tome una decisión que exija 2/3 de las voluntades para alterarla. No obstante, esto no parece ser un tema de preocupación para nuestros senadores que aprobaron el proyecto de ley por unanimidad. Es de esperar un tratamiento más meticuloso por parte de los diputados.
Fuente: Comentarios - Carrier y Asoc