Las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital forman la columna vertebral de la avanzada kirchnerista en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El de las TIC. Ambas ponen el ojo en el control del contenido y la difusión de la información. Es decir, reflejan el pensamiento de un Estado que permanentemente analiza cómo regular, cómo frenar o cómo controlar.
Ambas leyes crearon organismos de siglas complicadas fonéticamente como la AFSCA y la AFTIC, para profundizar el rol kirchnerista de contralor sobre un importante listado de empresas de medios y telefónicas. Dos entes que aplican las leyes a conveniencia, con discrecionalidad y partidismo. Con funcionarios que usan sutiles formas de presión sobre los grupos empresarios identificados como "alejados de las políticas oficiales". Pero que han dado lugar al fortalecimiento de empresas "afines" tanto desde lo ideológico como desde lo comercial.
Con las elecciones encima, el sector no es de los más populares entre las plataformas de los partidos. Ni aparece como tema de debate de candidatos.
Para el el sciolismo, es un área en la que no buscarán realizar cambios. Pretenden avanzar en la misma dirección que el kirchnerismo. Incluso, los legisladores de Daniel Scioli acompañaron en el Congreso la sanción de ambas leyes. El discurso tiene como muletillas las de "universalizar el acceso a la las TIC" o tener un "modelo de inclusión social e inclusión digital". Demonizan los años 90, sosteniendo que las privatizaciones concentraron el servicio y repartieron el mercado entre pocas compañías. Y si bien aseguran defender la inviolabilidad de las comunicaciones y su privacidad, proponen declarar a las TIC como servicio de interés público, lo mismo que el espectro radioeléctrico y satelital sean de dominio público, lo cual le da al Estado enorme poderes de intromisión.
Desde el macrismo y el massismo prometen cambios. Con matices, claro está. Pero casi en la misma senda de revisionismo.
En Cambiemos ofrecen mejoras impositivas e igualdad en el trato al cable respecto a la TV satelital y a las telefónicas. También desde el Frente Renovador proponen lo mismo. Y ambos sectores ponen como ejemplo de discrecionalidad en el uso de las leyes el rechazo del Gobierno al ingreso de Cablevisión a Nextel. Es decir, a una inversión de u$s 165 millones en un país con pocas inversiones. A la nacionalización de una empresa extranjera. Advierten que el avance kirchnerista en contra de esta transacción ahuyenta posibles inversiones por la incertidumbre que genera el accionar estatal. Por eso también prometen la convergencia hacia una sola ley y un solo ente regulador. Hacia una norma superadora, que comulgue con los lineamientos que las dos leyes cuestionadas no supieron ni quisieron abarcar. Advierten que las dos normas están plagadas de errores, nacieron antiguas y crearon entes dependientes del poder de turno que pretenden regular hasta los contenidos.
En las filas de Sergio Massa prometen cambios a la Ley Argentina Digital por considerar que sólo plantea una arquitectura de redes que en lugar de promover la inversión, la frena. Y que en lugar de poner al sector privado en la obligación de invertir más, pone al Estado en el medio. Acusan al Gobierno de copiar la ley de telecomunicaciones venezolana para que el que tenga el control sobre la Secretaría de Comunicaciones pueda influir en el contenido que debe viajar por las redes. En cuanto a la Ley de Medios, la acusan de haber tenido enormes baches desde su sanción en octubre de 2009 al considerar que la adecuación sirvió para pocos. Proponen además cambiar la estructura del Fútbol para Todos para que no sea un botín de propaganda del gobierno de turno y distribuir la publicidad oficial de manera equitativa. También prometen privatizar parcialmente ArSat para desarrollar un escenario que permita mejorar la velocidad de conectividad y la conectividad, También el macrismo comulga con las iniciativas. Sus referentes proponen modificar las leyes para que se regule la convergencia tecnológica y se eliminen las asimetrías que favorecen a las telefónicas y a la TV satelital, con un organismo de aplicación técnico y profesional. Apuntan además a generar una duración de licencias y cobertura territorial similar para todos los operadores.
