La Defensoría del Público fue aceptada hoy como Amici Curiae en la causa judicial que investiga la clausura y posterior secuestro de equipos del canal de televisión comunitario Antena Negra TV, realizada el 4 de septiembre luego de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Correccional n°5, a cargo del juez Federal Martínez de Giorgi.
En la resolución dictada hoy, Martinez de Giorgi destacó que “Habida cuenta que conforme al nuevo paradigma incorporado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual n° 26.522, resulta un aporte valorable para este tribunal la participación en el presente proceso de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual –creada por el artículo 19 de la citada Ley-, considerando que dicho organismo posee competencia específica sobre la materia regulada en la norma, y que reúne los requisitos contemplados en el Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal “.
En el caso concreto de Antena Negra TV, el escrito presentado hace hincapié en la no utilización de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.
En otro de los considerandos, la Defensoría del Público alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo (…) La comunicación comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación”.
El viernes 4 de septiembre a las 12.11 hs ingresó a la Defensoría del Público la denuncia por parte de un integrante de Antena Negra TV. Una hora más tarde, a las 13.13, el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, Ernesto Lamas, se apersonó en la sede del canal, Ángel Gallardo 752, y a partir de entonces la Defensoría se puso a disposición de los damnificados con el objetivo de garantizar el legítimo derecho a la comunicación.
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