El primer ministro, Ibrahim Mehleb, alegó al presentar el proyecto de ley que Egipto libra una "verdadera guerra que hizo necesario que el Estado de Egipto preparase rápidamente un proyecto de ley antiterrorista".
Sin embargo, 17 organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos denunciaron en un comunicado a mediados de julio que esa ley representaría un "asalto flagrante" a la Constitución y un "ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia" del país.
La polémica se centraba, entre otros aspectos, en el artículo 33 de ese proyecto de ley, que preveía penas de hasta dos años de cárcel para todo aquel que publique de "forma intencionada" noticias que no sean "verídicas" sobre "cualquier operación terrorista" y que "contradigan de alguna forma las informaciones oficiales".
A raíz de las críticas, el Gobierno de Egipto modificó ese artículo y suplió la pena de prisión por multas severas que van desde las 200.000 libras egipcias (US$ 25.500) hasta las 500.000 libras egipcias (US$ 63.700).
Tras esa decisión, partido políticos, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas instaron en otro comunicado al Gobierno de Egipto a retrasar la publicación de la ley antiterrorista propuesta hasta que se celebrara un "diálogo social amplio sobre su viabilidad".
Asimismo, exigieron su aprobación una vez elegido el Parlamento en Egipto, que es quien "puede emitir la ley después de discutir sus artículos para garantizar que no se contradicen con la Constitución de 2014", aprobada por un 98,1 % de los participantes en el referéndum.
Además, advirtieron de que "el peligro de ataques terroristas" no puede ser afrontado con leyes de seguridad, sino "ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas, establezca la justicia y evite que más personas se unan a organizaciones extremistas".
El proyecto de ley tuvo que obtener la aprobación del Consejo de Estado y, ahora, del presidente Al Sisi, que ejerce en la actualidad el poder legislativo debido a la ausencia de un Parlamento.
Desde que el 3 de julio de 2013 el Ejército egipcio derrocara al entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi, las nuevas autoridades han detenido a miles de simpatizantes y miembros de los Hermanos Musulmanes, muchos de los cuales han muerto también en manifestaciones.
También han sido detenidos cientos de activistas, entre ellos algunos de los que instigaron la revolución de 2011, por violar una polémica ley de protestas aprobada en noviembre de 2013, que según los defensores de derechos humanos restringe el derecho de manifestación.
Fuente: EFE