Comunicadores de la Argentina (COMUNA) condena las operaciones lanzadas por las empresas que se sirven una vez más de su posición hegemónica ilegal para difamar a periodistas a los que hostiliza casi diariamente y a algunos de los cuales intentó anteriormente acallar, mediante una denuncia criminal con la que pretendía llevarlos a prisión.
Cynthia García, Roberto Caballero, Hernán Brienza y Ari Lijalad son esta vez el objeto de la difamación, por las funciones que cumplen en Radio Nacional Argentina. Sobre ellos, la emisora informó en un comunicado que realizaron un programa grabado en la noche del 5 de julio a pedido de la dirección editorial de la radio, con motivo de las elecciones celebradas ese día en varios distritos y tomando en cuenta que al día siguiente comenzaba una medida de fuerza que afectó las transmisiones habituales.
“Lo hicieron –dice el comunicado- para defender el pacto con sus oyentes que el lunes por la mañana, como todos los días, esperarían de ellos sus comentarios profundos y certeros. Cumplieron con su misión de informar -celebrada en la redes con cientos de mails y tuits de los oyentes agradecidos por esta decisión- sin violar ninguna convocatoria gremial, conscientes de que su labor como periodistas y la necesidad del derecho a la información no puede colisionar con otro derecho, ejercido en plenitud por todos los trabajadores de la radio que habían decretado un paro para horas después de esa grabación”.
Así, la dirección de Radio Nacional “defiende ese derecho de oyentes y trabajadores y manifiesta su más rotundo respaldo al honor, la profesionalidad y el compromiso de los colegas agredidos por una irracional campaña de desprestigio en las redes sociales y las corporaciones mediáticas”.
Medios privados que gozan de una posición de privilegio solo porque no cumplen las leyes vigentes, por cierto con complicidad de sectores que detentan cargos en el Poder Judicial, se sirvieron del conflicto en la emisora pública para retomar su ya vieja campaña de desprestigio y difamación contra todo periodista y comunicador que no preste servicio a sus intereses.
Como en cualquier conflicto gremial, en el de la radio pública hay debates, diversidad de posturas, de conceptos y de propuestas. COMUNA, como lo establecen sus documentos fundacionales, no interviene ni se pronuncia sobre conflictos gremiales porque para ellos existen las instancias y organizaciones específicas.
No obstante, llama la atención que las empresas de comunicación que reprimen brutalmente a sus trabajadores, que se valieron en su momento de la complicidad con la dictadura para perseguirlos, que se niegan a la democratización de la información y de la palabra, se sirvan ahora de este episodio.
Retoman así su campaña contra estos y otros comunicadores, reportando con aparente interés informativo sobre la situación en la radio pública cuando es tradicional que censuren noticias sobre reclamos y conflictos frecuentes en los medios privados.
La impostura no alcanza a ocultar lo que es evidente: estos grupos hegemónicos combaten desde siempre la existencia de un sistema público de medios y denostan sin descanso a la totalidad de sus trabajadores, habiendo alentado su privatización y extinción, en beneficio de los sectores económicos minoritarios cuyos intereses defienden tenazmente.
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