Descalificaciones en algunos casos personales manifiestan un intento de condicionar la libertad de expresión y un desconocimiento sobre el rol de la prensa en el sistema democrático y republicano de gobierno. Representan, además, un riesgo de que el clima de confrontación derive en hechos de violencia física que comprometan aún más el ejercicio de la actividad.
En el caso de la jefa del Estado, con el agravante de que utiliza para sus descalificaciones el espacio de las cadenas nacionales de radio y televisión, en abierta violación al uso restrictivo de ese recurso que se prevé en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sólo en lo que va de 2015, la Presidenta utilizó 31 veces la cadena nacional, y acumula 134 desde que asumió en 2007.
Para denostar a quien discrepa con el relato oficial, la mandataria también suele apelar a la cuenta oficial en la red Twitter y el sitio de la Presidenta en Internet (cfkargentina.com). Asimismo, los medios públicos de comunicación y la agencia oficial de noticias son puestos al servicio de esta estrategia de confrontación, y lo mismo ocurre con la distribución de la pauta publicitaria oficial a medios privados afines, todo lo cual representa una utilización indebida de los recursos públicos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) reitera el llamado a gobernantes y dirigentes de todos los niveles para no enturbiar la convivencia y garantizar asimismo el trabajo en libertad de periodistas y medios de prensa. Ya en abril último, en el comienzo de la campaña política, advertimos en un comunicado que “las tensiones propias de un período preelectoral deben canalizarse en un marco de tolerancia cívica”. Vale recordar la exhortación, en las vísperas de las elecciones primarias y a 90 días de los comicios presidenciales.
Fuente: AdEPA