“Esperaremos a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia y luego estudiaremos el camino a seguir”, anunció Vázquez a El Observador. En la cadena de radio y televisión que brindó el domingo 1º de marzo, horas después de asumir su segundo período presidencial, el mandatario aseguró que “está casi pronto el texto del decreto reglamentario”.
La ley de medios, que fue aprobada en diciembre de 2014 solo con los votos del Frente Amplio, ya fue impugnada por una decena empresas, entre ellas, DirecTV.
Los operadores alegaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que la nueva regulación contradice diversos artículos de la Constitución y sostienen que afecta la libertad de expresión y la libertad de empresa, entre otras cosas.
Pero la decisión de Vázquez de dejar en stand by la reglamentación de la ley de medios hasta que se pronuncie la SCJ sorprendió al MPP, el sector que lidera el expresidente y senador José Mujica.
“Nos llamó la atención dado que había sido una de las promesas de campaña, y además durante el debate parlamentario se manejó que se iban a plantear recursos de inconstitucionalidad”, dijo a El Observador el diputado del MPP, Daniel Cagginai.
En ese sentido, el legislador remarcó que los pronunciamientos de la SCJ son ante cada caso concreto y ninguna empresa impugnó todos los artículos de la ley, razón por la que muchos aspectos de la norma estarían en condiciones de comenzar a aplicarse.
“Vamos a seguir con atención las principales resoluciones que tome el Poder Ejecutivo para que la ley pueda aplicarse cuanto antes, porque ese es el compromiso”, sostuvo Caggiani.Por su parte, la coordinadora de la bancada de diputados del Frente Amplio, Susana Pereyra (MPP), dijo a El Observador: “No me parece mal la decisión del presidente, pero yo hubiera seguido con la reglamentación”.
“A nivel internacional hay gente capacitada que apoyó la ley que votamos. La bancada oficialista hizo todas las gestiones políticas y técnicas para aprobar la ley que aprobamos”, afirmó Pereyra, esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El diputado Luis Puig (PVP) se manifestó en contra de lo resuelto por el gobierno de frenar la reglamentación de la ley. “Era necesario ponerla en funcionamiento, no retrasar el proceso”, se quejó.“Uno aspira que haya continuidad en la profundización de los procesos, y por eso es que estábamos convencidos de que lo mejor es que se continuara con la reglamentación”, dijo Puig. “Hubiéramos preferido que se avanzara en la reglamentación, porque para nosotros constituye un avance y una ley importante para la democratización de la sociedad”, insistió.
Razonable
Mientras tanto, el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) dijo a El Observador que la decisión de Vázquez es “razonable”. El legislador, que actuó como miembro informante del oficialismo durante la votación de la ley de medios, subrayó la seriedad del debate parlamentario y resaltó que la ley de medios “no se aprobó a la carrera” sino que se votó tras un año y medio de debate y análisis.
En el mismo sentido, desde Compromiso Frenteamplista (sector que lidera el vicepresidente Raúl Vázquez), el senador Marcos Otheguy coincidió con Varela en que la decisión de Vázquez de frenar la ley de medios es algo “entendible”.
Vivita y coleando
Por: Gustavo Gómez
En información de prensa del 12 de marzo se afirma que el gobierno no reglamentaría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), N° 19.307, hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida sobre los recursos constitucionales que se presentarán contra esa norma.
Presentar tales recursos contra cualquier ley es un derecho que nuestro marco jurídico reconoce a los ciudadanos. La LSCA es compleja y toca temas muy sensibles, reconociendo derechos pero también modificando reglas de juego arcaicas e injustas aprobadas en dictadura. Muchos actores, legítimamente, se sienten afectados y tienen derecho al pataleo.
También es cierto que muchos otros usan este mecanismo como chicana jurídica para lograr el único fin que han tenido desde el principio: que no tengamos una nueva ley que democratice las comunicaciones y modifique los privilegios que algunos tienen desde hace 60 años. Por eso no puedo negar que la noticia me preocupa.
Admito, no obstante, que puede haber dudas respecto a la inseguridad jurídica que se podría crear y a los impactos no deseados de una posible decisión de inconstitucionalidad. Pero aunque creo, en sintonía con lo expresado por constitucionalistas como José Korzeniak y Daniel Ochs, que esta ley resistirá el examen de nuestra Justicia, quiero aportar algunos elementos para el análisis de la situación actual y sugerir alternativas:
Presentar tales recursos contra cualquier ley es un derecho que nuestro marco jurídico reconoce a los ciudadanos. La LSCA es compleja y toca temas muy sensibles, reconociendo derechos pero también modificando reglas de juego arcaicas e injustas aprobadas en dictadura. Muchos actores, legítimamente, se sienten afectados y tienen derecho al pataleo.
También es cierto que muchos otros usan este mecanismo como chicana jurídica para lograr el único fin que han tenido desde el principio: que no tengamos una nueva ley que democratice las comunicaciones y modifique los privilegios que algunos tienen desde hace 60 años. Por eso no puedo negar que la noticia me preocupa.
Admito, no obstante, que puede haber dudas respecto a la inseguridad jurídica que se podría crear y a los impactos no deseados de una posible decisión de inconstitucionalidad. Pero aunque creo, en sintonía con lo expresado por constitucionalistas como José Korzeniak y Daniel Ochs, que esta ley resistirá el examen de nuestra Justicia, quiero aportar algunos elementos para el análisis de la situación actual y sugerir alternativas:
- La LSCA, aprobada a fines del año pasado, no está “congelada”, sino en plena vigencia desde el 25 de enero de 2015, y los derechos y obligaciones allí establecidos deben ser respetados por todos los involucrados. Nadie podría afirmar que tiene derecho a emitir imágenes pornográficas a las cuatro de la tarde, y los extranjeros siguen sin poder ser titulares de medios de radio y televisión abierta, aunque no haya un reglamento.
- Muchas disposiciones establecidas en la norma son de redacción clara y precisa, y no se necesitan reglamentos que definan procedimientos o instancias especiales para su aplicación. Ahí hay mucho terreno para avanzar. El horario de protección a niños, niñas y adolescentes es de 6.00 a 22.00, y los medios alcanzados por la ley hoy mismo deben estar cumpliendo esta disposición, sin necesidad de ningún reglamento.
- La LSCA es aplicable en estos asuntos, y cualquier ciudadano, periodista o medio de comunicación que entienda que han sido violados sus derechos cuenta con organismos que ya están en condiciones de protegerlos y exigir el debido cumplimiento de la ley. No es necesario reglamentar este derecho. Si usted es un padre o una madre que considera que el horario de protección no ha sido respetado, puede reclamar ya mismo a la Institución Nacional de Derechos Humanos (que tiene competencias de Defensor del Público) o a la Justicia directamente.
- No obstante, hay algunos artículos que sí deberían reglamentarse, y el retraso en hacerlo podría traer inconvenientes importantes. Por ejemplo, hay que reglamentar los nuevos procedimientos de transferencias y de acceso a frecuencias establecidos por la LSCA, que modifican los mecanismos anteriores. También es imprescindible avanzar en el despliegue de la televisión digital, para lograr que nuestra población reciba una amplia y más diversa cantidad de señales de televisión de manera gratuita, mediante la reglamentación de los artículos que obligan a los operadores de televisión para abonados a transportar gratuitamente los canales abiertos, de manera no discriminatoria.
- Por último, debe hacerse notar que la LSCA no será recurrida en su totalidad, sino en algunos de sus artículos. Por tanto, y de confirmarse la decisión del Ejecutivo, una vez que los recursos sean conocidos podría optarse por postergar solamente la reglamentación de esos artículos específicos, pero no la de los que no fueran cuestionados.