Cómo reprogramar RTVE
Deuda galopante, denuncias de manipulación, bajos índices de audiencia... La crisis sistémica de Televisión Española reclama un debate urgente sobre qué hacer con ella
Por: Joseba Elola
El problema de una televisión pública es que no desempeñe el papel que se le supone a una televisión pública. Así de evidente, sí, y así de sencillo. Se supone que la televisión pública debe ayudar a construir democracia. Debe garantizar acceso a una información equilibrada y de calidad. No debe resultar excesivamente onerosa para el bolsillo de los ciudadanos. Si no es un elemento vertebrador de una sociedad, si acaba siendo un instrumento al servicio del partido de turno, sea este el que sea, despierta las protestas, y los debates.
“Una televisión pública funciona si no genera polémica y los ciudadanos entienden que es un servicio público como lo son los hospitales, las carreteras, o la educación”. Así se pronuncia Alfonso Sánchez-Tabernero, catedrático de Empresa Informativa y rector de la Universidad de Navarra. Si este mismo debate se produjera en el Reino Unido, dice el rector, que vivió por temporadas en este país, no habría tantas dudas.
“Hemos creado un monstruo excesivamente grande para el servicio que da, esa es la trampa de elefantes en la que hemos caído”, manifiesta Lalo Azcona, expresentador del telediario en los años de la Transición. “En el resto de Europa las televisiones públicas no son un desastre económico; por eso no se crea un debate sobre su existencia”.
La compleja situación económica de la corporación comandada por José Antonio Sánchez, director que tomó posesión el pasado mes de octubre, obedece, en gran parte, a un doble hachazo en sus ingresos. El primero se produjo en el verano de 2009, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió la publicidad en televisión: 450 millones de euros al año menos. Se pactó que las privadas contribuyeran a la financiación del ente público como compensación por hacerse con todo ese pastel publicitario; pero su contribución ha ido menguando, año a año. El segundo hachazo fue la reducción de la subvención pública en un 30 % de 2010 a 2013, en el marco de los recortes presupuestarios de la era austera inaugurada en tiempos de crisis. La doble jugada dejó a la corporación en los huesos.
¿Cómo se soluciona el entuerto? El Partido Popular llevó en noviembre pasado al Congreso una propuesta para rescatar la publicidad, pero la cuestión está en el aire. Reinstaurar la publicidad resulta impopular. Pero encontrar un modelo estable de financiación es urgente para cortar la sangría: en los últimos tres años el desfase presupuestario fue de 112, 113 y 132 millones de euros (para los años 2012, 2013 y 2014).
La implantación de un canon, que el consumidor pagaría al comprar un televisor, como ocurre el Reino Unido —aunque está siendo cuestionado en los últimos tiempos— , sería una posibilidad. “Pero aquí nunca se han atrevido a hacerlo”, señala Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que defiende un modelo mixto que recurriera a dinero público, publicidad y canon.
Emili Prado, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, descarta el canon en una era en la que se accede a la televisión por múltiples dispositivos y apunta que se debería explorar la fórmula de los peajes. Pagar por contenidos (como partidos de fútbol), o por el acceso a servicios (como el archivo, por ejemplo). “Pero no para hacer negocio”, puntualiza, “sino como algo subsidiario”.
El otro gran problema es el de la instrumentalización de un servicio público para ganar elecciones. “Desde el franquismo, y también en la Transición, ha sido utilizada por el partido en el poder”, afirma Agustín García Matilla, catedrático en la Universidad de Valladolid. En esta cuestión, la etapa más esperanzadora fue el periodo del último Gobierno socialista, en el que el presidente de la corporación se elegía por consenso, en virtud de la necesidad del voto de dos tercios de la Cámara para aprobar su nombramiento. Fue un paréntesis en la historia del ente público en el que parecía que, por fin, la televisión española se aproximaría a la referencia de siempre, la BBC. Pero la contrarreforma del Partido Popular en 2012, implantando de nuevo la elección del candidato por mayoría simple, reabrió la puerta a la televisión de partido.
El desembarco de José Antonio Sánchez para ponerse al frente de RTVE tampoco contribuyó a sembrar esperanza. Procedente de Telemadrid, donde su gestión obtuvo críticas por el dirigismo informativo, fue director general en la etapa en que RTVE fue condenada por la Audiencia Nacional por no informar con objetividad sobre la huelga general de 2002 —aquel célebre “cé cé o o” leído al final de un Telediario—. “Es fundamental que haya una independencia editorial”, reclama Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité de Sabios que entre 2004 y 2006 intentó reformar la televisión pública. Reimplantar la mayoría de dos tercios de la cámara para elegir al presidente, sostiene, es clave.
El grupo de estudios Teledetodos, formado por profesionales y académicos de la comunicación, reclama también la formación de un consejo de administración que sea reflejo del pluralismo social; un órgano reducido, con competencias de dirección estratégica y control.
"El consejo de administración funciona como una comisión de control parlamentario bis, debería tener un perfil profesional", afirma Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Países como Francia o Reino Unido cuentan con una autoridad independiente, de prestigio, desvinculada del poder político, que supervisa que la televisión pública cumpla con objetivos de servicio público y como garantes del pluralismo. Esta figura aparecía en la reforma de 2006 del Comité de Sabios, pero no se llegó ejecutar. Los catedráticos de la UAB Emili Prado y Miquel de Moragas defienden en su trabajo Repensar la televisión pública en el contexto digital un Consejo despolitizado formado por expertos procedentes del modelo audiovisual y por "intérpretes sociales" que aporten el punto de vista de los distintos grupos sociales. El órgano de control actual, está subsumido dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia y desempeña un papel muy limitado, dicen sus críticos.
“Además, la comisión de control parlamentario actual solo se ocupa de ver si un partido ha salido cinco minutos más en televisión que otro”, declara Prado, “nunca ha habido un auténtico control parlamentario independiente de fondo”.
El modelo también está en cuestión. "Es muy peligroso que los directivos de la televisión pública sientan que su éxito o su fracaso se mide únicamente por la audiencia", dice Álex Martínez Roig, director general de contenidos de Canal Plus. Sánchez-Tabernero invoca el modelo sueco, con una programación que complementa la de las cadenas privadas; donde, por ejemplo, la televisión pública no compite por los derechos deportivos. Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación de la Universidad de Valladolid, recuerda que es fundamental una vinculación de la televisión con el sistema educativo, como en la BBC.
La situación actual también reaviva ecos que demandan la privatización. "De ese modo no habría despilfarro, ni comisarios políticos", señala Carlos Martínez Braun, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid. “Pero mientras no sea políticamente rentable, jamás se va a privatizar”.
Al final, el debate sobre la televisión pública depende de qué televisión pública se tenga. “En Europa”, sostiene Emili Prado, “es un instrumento que funciona y es apreciado”. Considera que con la digitalización, una televisión independiente del poder político es más necesaria que nunca. Si la gente recibe la información solo a través de su círculo de redes sociales, acaba teniendo una visión muy parcial de la realidad. “Es fundamental para construir un repertorio de contenidos que compartamos como país”.
El Estado de las ‘teleautonomías’
Trece entes regionales surgieron en España con la democracia en un modelo que favoreció el despilfarro y el sectarismo informativo
Por: Rosario G. Gómez
El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla siempre renegó de la posibilidad de lanzar un canal autonómico. Argumentaba que prefería destinar el dinero a la sanidad o la educación, dando a entender que la televisión no puede ser servicio público de apoyo a la sanidad o la educación. Su ecuación caló en los Gobiernos regionales y algunos la aprovecharon para jibarizar, e incluso suprimir de un plumazo, la televisión autonómica. A Alberto Fabra no le tembló la mano para cerrar Canal 9 y ahora que se aproximan las elecciones municipales y autonómicas, algunos dirigentes del PP valenciano añoran “una pantalla amiga”.
Muchos teóricos defienden la existencia de estas cadenas en las comunidades con lengua propia. La investigadora de la Universidad de Sevilla María Lamuedra mantiene que el modelo territorial español, con 17 comunidades autónomas (y sus Parlamentos), hace necesario que los poderes públicos aseguren la existencia de una televisión capaz de ofrecer a los ciudadanos información suficiente para elegir a sus representantes políticos y también para fiscalizar su trabajo.
Esta complejidad de identidades regionales ha sido, precisamente, un fértil caldo de cultivo para los medios audiovisuales. A su amparo han crecido 13 entes regionales. Cantabria, La Rioja y Navarra han renunciado a tener un medio público y Castilla-León entregó la gestión a la iniciativa privada. Pero no todas las corporaciones son iguales. La catalana cuenta con cinco señales diferentes y la andaluza ha unificado la parrilla de las dos cadenas de Canal Sur para ahorrar. Y en los últimos años, todas las compañías se han apretado el cinturón: han cerrado canales, se han desprendido de los millonarios derechos deportivos y han recortado plantillas. Y aunque la ley permite privatizar la televisión, solo Murcia ha dado el paso al frente. Hace un mes adjudicó a la productora Secuoya el concurso para la gestión integral de 7RM (programas, informativos, comercialización publicitaria) por tres años, prorrogable a otros tres, por un total de 72 millones de euros. El resto de las empresas licitadoras han impugnado la adjudicación por “sospechas de irregularidades” y “arbitrariedades en las puntuaciones subjetivas”. Hacienda ha paralizado el proceso hasta que se resuelvan las reclamaciones.
Con presupuestos menguantes y plantillas diezmadas, los 13 canales agrupados en la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) pierden cada vez más audiencia. En 2014, alcanzaron una cuota de pantalla del 8 %, un porcentaje muy alejado del 13,6 % que conquistaron en 2009. Y sus ingresos publicitarios han descendido de una manera preocupante. Solo la generosa subvención pública (alrededor de 500 millones) les garantiza su supervivencia.
¿Es un modelo viable? A las televisiones públicas no solo hay que pedirles que sean rentables económicamente; también deben serlo socialmente. Aunque también sería necesario que soltaran el lastre de la politización, el sectarismo político y el amiguismo en la contratación de productoras. Una cadena generalista austera puede cumplir una función de servicio público, como dice el profesor de la Universidad Complutense Rafael Díaz Arias, para quien los entes de radio y televisión han sido un elemento importante para el desarrollo del Estado de las autonomías.
La cuestión es si este es el mejor modelo o si hubiera sido más acertado apostar por un sistema similar al alemán, donde la ARD (integrada y financiada por las filiales territoriales, los canales de los länder) opera como si fuera una especie de potente FORTA nacional. Sindicar programas en una cadena estatal es una de las fórmulas que han propuesto los expertos, aunque a la hora de la verdad se ha visto que la única argamasa capaz de unir a las autonómicas es el fútbol.
Un reto digital europeo
Internet ha revolucionado el ecosistema de las televisiones públicas, que luchan por adaptar su oferta a los nuevos dispositivos móviles
Por: Laura Bergés Saura
¿Radiotelevisión pública o medios públicos?
Con la expansión de Internet y la telefonía móvil y la proliferación de dispositivos de recepción audiovisual, las fronteras entre medios de comunicación se diluyen; prensa, radio y televisión convergen en el nuevo ciberespacio, junto con nuevos medios nacidos ya en la Red. La definición del servicio público como un servicio exclusivamente de radiotelevisión queda, pues, obsoleta. Y la natural expansión de los operadores públicos hacia Internet choca con la oposición de los medios privados. A las habituales quejas de estos últimos frente a lo que definen como competencia desleal de los operadores públicos, se añaden ahora las presiones de la prensa comercial que, en su esfuerzo por compensar la pérdida de lectores y de publicidad en sus versiones de papel, se encuentran en Internet con un competidor que tiene precisamente en la información de calidad, combinada con el entretenimiento, uno de sus puntos fuertes. Operadores como la BBC o los de los países nórdicos figuran entre los medios de comunicación con mayor número de usuarios en Internet. También en Francia, España, Italia o Alemania ocupan posiciones destacadas, aunque en estos casos, es la prensa tradicional la que lidera el ranquin de medios. Ante esta situación, la tendencia en Europa, de acuerdo con el modelo dual definido por la UE, es a aceptar la expansión digital de la radiotelevisión pública, en tanto que se la considera como un actor que contribuye a la mejora de la calidad del conjunto del sistema, pero sujeto a ciertas limitaciones. Por ejemplo, en Alemania, se circunscribe a una semana el tiempo de acceso en Internet a la oferta informativa de los canales públicos. Y en la mayor parte de países, se excluye la participación de estos operadores en el mercado de la publicidad digital.
El test de valor público
Este incremento de la competencia en el escenario digital, las normas europeas sobre ayudas públicas, así como el debate en torno al interés de algunos servicios ofrecidos por los operadores estatales, llevaron a la aplicación de test que miden el valor público con los que, antes de poner en marcha nuevos servicios digitales, se evaluaba la contribución al interés general del servicio, su coste y su impacto económico en el mercado. Así lo hacen organismos como el BBC Trust, en Reino Unido, o el Consejo de la ARD, en Alemania, que autorizan, limitan o deniegan las propuestas de nuevos servicios digitales atendiendo a su valor social y a la estimación de su impacto sobre las condiciones de competencia. Estas pruebas, sin embargo, se están revelando tan costosas que la propia UE plantea una revisión del sistema, aun antes de que se haya generalizado —en España, por ejemplo, no ha llegado a implantarse—. También en Alemania han surgido numerosas críticas a este modelo de control, que obliga a los operadores públicos a incurrir en mayores costes —en algún caso, totalmente desproporcionados—, al tiempo que limita su agilidad para responder a las posibilidades cambiantes del mundo digital.
Hacia un ‘digital commons’
El dinamismo del escenario de Internet invita a un debate sobre el papel de los medios públicos más allá de las cuestiones referentes al tipo de programas que deben difundir o su relación de competencia con los medios comerciales. ¿Debe la radiotelevisión pública digital contribuir a crear un espacio de dominio público, donde puedan converger todos los servicios y contenidos generados con dinero público, desde el sistema de museos y patrimonio, al sistema educativo y universitario, o la propia e-administración? ¿Pueden estos organismos públicos alimentar el llamado digital commons en colaboración con agentes sin ánimo de lucro? Mientras el debate quedó abortado en España, tras alguna tímida propuesta lanzada en la etapa de Carmen Caffarel en RTVE, la BBC participa en el proyecto Digital Public Space orientado a servicios de acceso abierto a recursos culturales y de conocimiento.
A vueltas con el servicio público distribuido
En un sistema de comunicación horizontal y descentralizada como es, en principio, Internet, ¿tiene sentido mantener el modelo de grandes compañías centralizadas? Ante la proliferación de actores en la Red, incluidos los usuarios prosumers (productores-consumidores), ¿debería el sistema público desarrollar nuevas estrategias de colaboración y coproducción? En esta línea, aparecen iniciativas que proponen el llamado modelo de servicio público distribuido, en el que los contenidos públicos, se distribuyen a través de cadenas comerciales. Los estudios sobre algunas experiencias pioneras en esta línea realizadas en Reino Unido, Croacia, Austria o Irlanda muestran cómo la efectividad y calidad del modelo depende de la existencia de un nodo fuerte en la red, papel que suelen jugar los tradicionales operadores públicos de radiotelevisión. Mientras que en aquellos países donde no existe este operador, la calidad se resiente.
El modelo audiovisualdual de la UE
Los cambios introducidos con la digitalización añaden presión al modelo dual de la UE que busca la coexistencia del sistema comercial de medios con un sistema público robusto que garantice el pluralismo, los contenidos de calidad, el servicio universal, el derecho a la información o la innovación no sujeta a objetivos comerciales, entre los principios fundamentales del servicio público. También sigue vigente el interés de los Estados por mantener medios propios que les aseguren una cierta capacidad de intervención en la esfera pública. Sin embargo, la digitalización, la globalización y la crisis económica y política en Europa parecen inclinar la balanza del lado comercial de este modelo dual. Grandes empresas globales de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los medios de comunicación ganan terreno en el espacio digital, aunque los medios públicos aparecen como actores resistentes que, allí donde mantienen los niveles de calidad, de independencia y de financiación, mantienen también una fuerte relación con el público que se traslada de la televisión a Internet.
*Laura Bergés Saura es profesora de la Universitat de Lleida y autora, junto a Rosario de Mateo Pérez, de Los retos de las televisiones públicas: financiación, servicio público y libre mercado.
La BBC busca su sitio
Reino Unido debate sobre la tasa que financia la emblemática corporación en tiempos de Internet y programación a la carta
Por: Pablo Guimón
La semana después del veredicto, el pasado lunes, en un discurso clave para el futuro de la empresa pública, su director general, Tony Hall, advirtió de que la BBC se encuentra en el momento de decidir si sigue representando la referencia para la industria dentro y fuera del país o si, por el contrario, “se precipita hacia la decadencia”. “Internet proporciona las herramientas para abordar mejor la televisión como servicio público”, dijo Hall. “Para hacerlo, debemos reinventar la BBC una vez más”.
Este es el comienzo, en palabras de Hall, de “la revolución de la BBC personalizada”. La corporación pública abraza así el concepto de moda entre las grandes organizaciones de medios. Contenidos a medida en función de las preferencias del usuario y de sus amigos, en la línea de las redes sociales. “Pero siempre lo haremos a la manera de la BBC”, señaló Hall. “No diciéndole lo que los clientes como usted compraron, sino lo que ciudadanos como usted desearían ver y necesitarían saber”.
Para convertirse en esa especie de Amazon de servicio público, advirtió Hall, hace falta apoyo político y financiación. La BBC no se ha librado de la política de contención del gasto llevada a cabo por el Gobierno de Cameron durante toda la legislatura que ahora termina. Desde 2010 la tasa que pagan los propietarios de televisores está congelada. Lo que, combinado con la asunción de nuevas tareas e inversiones —como los 300 millones que costó mejorar la banda ancha en zonas rurales—, ha producido una caída de la financiación en términos reales de un 26% en estos cinco años. La BBC ingresa ahora 3.700 millones de libras al año con el canon. Pocos esperan que los políticos —tradicionalmente recelosos de la gestión y, sobre todo los conservadores, de las inclinaciones políticas de la corporación— suban la tasa actual cuando toque revisarla en 2017.
Se estudian diversas modalidades alternativas de financiación. Una de ellas es el modelo de suscripción, que va desde un desembolso único voluntario hasta distintas modalidades de pago por consumo a la carta. Es el modelo que utiliza, por ejemplo, Netflix, que en sus tres años de vida en Reino Unido ronda ya los cinco millones de suscriptores. Hall no es partidario de este sistema, por el que solo pagan quienes desean ver los programas. En opinión de la dirección, limitaría el alcance de la televisión pública, aumentaría los costes al obligar a desarrollar mecanismos de exclusión de los no suscriptores y acabaría restringiendo su alcance a solo una parte de la población.
También se estudia la introducción limitada de publicidad. El canal BBC Three, por ejemplo, no sobreviviría al actual plan de ahorro, que está pendiente de aprobación por parte de la corporación. Ya hay productoras que han propuesto salvar el canal inyectando dinero a cambio de poder introducir publicidad, sin que esta comprometiera la vocación de servicio público del canal. Esa opción contaría con la oposición de las cadenas privadas, que verían amenazada su ración de la tarta publicitaria.
La corporación es partidaria de mantener el sistema vigente, aunque insiste en que los recortes harían peligrar la viabilidad de la oferta, y celebra la prórroga concedida por el comité parlamentario. En todo caso contemplaría la opción de establecer, a la manera de la televisión alemana, una tasa por vivienda y no por televisor, adaptándose a los nuevos formatos de consumo. Ese sistema, que cobraría incluso a quienes no ven televisión o la ven solamente online, es el que el comité parlamentario propone establecer para 2020, combinado eventualmente con suscripciones voluntarias para determinados canales o programas. “El 97% de la gente de este país utiliza la BBC cada semana, de modo que en términos de justicia parece una ruta posible”, declaró Hall.
El problema, para los críticos, es que se trata de un impuesto no progresivo, que todos pagan por igual independientemente de sus ingresos. Además, muchos critican el actual sistema de castigo a los infractores, que incluye penas de cárcel para aquellos que no pagan la tasa. Decenas de personas ingresan en prisión cada año por impagos. El comité es partidario de poner fin a esas condenas, siempre que se mejoren los mecanismos de persecución de los evasores.
La BBC supone un tercio del total del consumo televisivo de Reino Unido, pero con su actual sistema de financiación apenas puede competir con los presupuestos que dedican a la producción de series de ficción (son notables éxitos recientes como Sherlock o Wolf Hall) sus competidores, como HBO o Netflix, más especializados y basados en modelos de suscripción. "La BBC ha tratado durante demasiado tiempo de serlo todo para todo el mundo", concluye el comité. "Pero con los veloces cambios en las tecnologías de la comunicación y los medios, y las necesidades y comportamientos de los mercados y las audiencias cambiantes, esto ya no funciona".
Carlos Delgado, Jefe de programas de TV en Español de la Deutsche Welle
“En Alemania, la financiación de la TV pública no está ligada a un Gobierno”
El periodista del canal internacional germano explica su visión del modelo público del país
Por: Cristina GalindoUn dirigente democristiano de Baviera llamó a la redacción de la cadena pública alemana ZDF en 2012 para pedir que se cancelara la cobertura de un congreso del Partido Socialdemócrata (SPD, su rival). El redactor jefe del medio no dudó un minuto en hacer públicas las presiones. El político de la CSU, Hans Michael Strepp, tuvo que dimitir. “Fue un gran escándalo”, recuerda Carlos Delgado, jefe de programas de televisión en español de la Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, vinculado a la ARD, la primera empresa de televisión pública del país, que tiene un canal de ámbito nacional, Das Erste (la Primera, en español), y varias ofertas regionales.
La otra gran empresa estatal es la ZDF (el segundo canal público). Son independientes una de la otra. Viven de un canon que pagan mensualmente los telespectadores. La ZDF alcanzó en 2014 una cuota de pantalla del 13,3%; Das Erste el 12,4% (el porcentaje se duplica si se suman las programaciones regionales, según el consorcio) y la RTL privada, un 10,3%. En una conversación telefónica desde Berlín, Delgado, de 47 años, explica su visión del modelo público alemán.
¿Qué imagen tiene la televisión pública entre los alemanes?
Tiene una muy buena fama, sobre todo los canales de noticias. La mayoría de los ciudadanos los considera una garantía de fiabilidad y credibilidad. El informativo de la noche, Tagesschau [noticias de televisión, en español] tiene los mayores índices de audiencia entre los programas de noticias.
¿Esa calidad de la que habla justifica que los propietarios de una televisión tengan que pagar 17,50 euros al mes?
Evidentemente, hay una divergencia entre el prestigio de los medios públicos y la predisposición a pagar esa cuota. Hay un debate abierto sobre si esa tasa es constitucional. Pero no a gran escala. Hay que tener en cuenta que a ese canon por la televisión, se une otro por tener un aparato de radio, un ordenador… Las televisiones públicas se han encontrado con el rechazo de sectores como el que ha lanzado las protestas anti Islam en Alemania. Aseguran que los medios alemanes tergiversan las informaciones y optan por otros canales como Russia Today, que emite 24 horas en alemán. Pero son minoría, entre la población general los medios públicos tienen un enorme prestigio.
¿Por qué la mayoría de los alemanes sigue creyendo en la independencia de la televisión pública?
La financiación no está ligada a un Gobierno. Un organismo autónomo recolecta el canon y lo gestiona. Se reparte entre los canales públicos. Y el presupuesto es muy alto. En el consejo de administración están representados políticos, sindicatos, sociedad civil, länder, pero a nadie se le ocurre presionar a un periodista.
Cuando el Gobierno cambia, ¿qué pasa con el consejo, los jefes de informativos, los presentadores de informativos, etcétera?
En Alemania no se cambian las cúpulas televisivas cuando cambian los Gobiernos. Si se presiona a las redacciones, suele salir a la luz pública. No solo está el caso del político de Baviera que tuvo que dimitir tras intentar presionar a un redactor jefe de la ZDF. Los intentos de intimidación al diario sensacionalista Bild también pasaron una fuerte factura a Christian Wulff, que dimitió como presidente de la República federal en 2012 por ese y otros escándalos [de los que finalmente resultó absuelto].
Su canal provee noticias al exterior, y en su caso en español. ¿Se nota mucho la diferencia entre Alemania y España y América Latina?
Nunca he trabajado en España como periodista. Y mi visión es menos cercana. Pero en el caso de América Latina, las ofertas de televisión allí suelen seguir fielmente y descaradamente la línea oficial de los gobiernos de turno, lo que nos ha dejado mucho margen para crecer. Por un lado, valoran los productos hechos en Alemania, con un tipo de televisión más austera, y por otro creo que se percibe nuestra independencia del Gobierno.
Fuente: Diario El País