lunes, 2 de marzo de 2015

El Estado no ha podido, no ha sabido o no ha querido implementar la Ley Audiovisual en su totalidad

Una de cal...
La adjudicación de una frecuencia de radio sin fines de lucro a una de las organizaciones que participó del concurso que se había hecho en el año 2012 representa, para nuestra provincia, la posibilidad de un impacto concreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sancionó en el año 2009 y algunas de cuyas implicancias positivas se han visto sensiblemente demoradas a la hora de su concreta vigencia.
La decisión del directorio nacional de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) salda solo parte de una deuda existente con el sector, puesto que la promesa de la Ley de Medios de la democracia es que al menos un tercio del dial esté destinado a organizaciones solidarias, que no respondan directamente al Estado ni estén dedicadas a una lógica comercial.
La frecuencia que se puso en juego, 106.1 Mhz, le fue adjudicada a la Asociación Civil El Ágora, que viene desde hace dos años haciendo transmisiones por internet a través de Radio Kermés: en una decisión unánime, la propuesta de esa organización fue considerada por encima de las que presentaron otras cinco asociaciones, mutuales o cooperativas.
Este paso adelante en la aplicación de la Ley de Medios debería tener una sucesión de avances, para continuar en la senda de otros que ya se conocen pero que en casi todos los casos se han registrado con un notable retardo: la licencia de TV que logró la Cooperativa Popular de Electricidad y el funcionamiento de la Radio Municipal en un lugar del dial que antes usurpaba la familia Matzkin aparecen como los hechos de mayor importancia e impacto, a los que se suman determinados créditos y subsidios para financiamiento por medio de concursos; las licencias obtenidas por otros municipios o entes estatales; la ofensiva de otras cooperativas para dedicarse a la comunicación y, especialmente, una serie de tareas de formación y capacitación que se han concretado de manera sistemática.
La sola discusión de la Ley de Medios constituyó para la ciudadanía un avance, puesto que incluyó la participación comunitaria como en pocas otras leyes de la historia, en una discusión en la que además hubo enriquecedores aportes para el conocimiento de la verdadera historia e intereses de los medios de comunicación que funcionan como emprendimientos comerciales, además asociados a otros negocios.
En cambio, la exagerada idea de que esa ley sería la panacea o una revolución, de alguna manera convirtió a ese mismo impulso en un bumerán: cumplir con semejantes expectativas es imposible y las razones no son solo responsabilidad de un Poder Judicial muy atento a darles la razón a los grandes pulpos mediáticos -que son grandes grupos económicos-, sino por deficiencias, carencias y perezas del propio Ejecutivo, que por distintas razones -algunas de infraestructura, otras económicas, otras políticas- no ha podido, no ha sabido o no ha querido implementar la prometedora ley en su totalidad.
En el caso de Santa Rosa, que es la capital provincial, se impone un necesario ordenamiento del dial de frecuencia modulada, que debe contar como una prioridad la posibilidad de que otras organizaciones solidarias tengan espacios desde los cuales fijar su posicionamiento, saliendo de la lógica que impera en los medios comerciales, más inclinados a pensar en lo que el mercado requiere que en las necesidades de la comunidad, y más dado a transmitir en cadena con grandes medios nacionales que a la producción genuina.
Tampoco puede perderse de vista que uno de los costados a resolver en un futuro es el modo en que esas organizaciones pueden hacer sustentables sus proyectos, fundamentalmente en el interior del país, donde una tarea de ese tipo es poco menos que imposible sin una mano del Estado, pero que necesariamente debe estar regulada y transparentada.
También los medios comerciales de Santa Rosa, que ejercen una legítima práctica del servicio comunicacional, merecen un ordenamiento del dial para que las reglas prometidas por la Ley de Medios de la democracia -que algunos sectores políticos siguen amenazando con derogar- sean una realidad.
Del editorial La AFSCA salda parte de sus deudas, de El Diario de La Pampa