Acusó a Clarín y La Nación de mentir sobre sus vínculos con los Kirchner
A través de su nuevo medio de comunicación, el diario Ámbito Financiero, el empresario Cristóbal López difundió ayer un comunicado en el que acusó a los diarios La Nación y Clarín de "mentir" y ejercer una "extorsión pública" con el fin de "condicionar y atemorizar a los empresarios, políticos y líderes religiosos que en algo puedan interferir en sus negocios e intereses".
"Ellos saben -expuso en el primer párrafo del texto- que Cristóbal López y su familia tienen todo su patrimonio en regla, resultado de una vida de negocios lícita sin necesidad de ocultarse, y se encuentra declarado ante los organismos correspondientes. Y sin embargo publican habitualmente notas donde sin dar ninguna prueba sugieren que algo está mal'. Así trabaja la extorsión pública." En forma paralela, su canal de TV, C5N, atacó ayer por segundo día a La Nación y sus directivos.
López publicó el comunicado luego de que este diario revelara este domingo y lunes que le alquila dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la familia presidencial a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y Alcalis de la Patagonia, y uno de sus colaboradores, Mauro Ismael Sánchez.
Horas después de que La Nación revelara ese nuevo vínculo comercial entre el empresario y los Kirchner, además, se conoció una resolución del juez de Nevada, Cam Farenbach, quien afirmó que tenía una "sospecha razonable" sobre López y el también empresario patagónico Lázaro Báez. Consideró que ambos "podrían ser ladrones", en línea con la tesis de los fondos buitre, que los señalan como supuestos lavadores de dinero proveniente de la corrupción.
Ante ambas revelaciones, López aclaró que "el Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila estas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables".
En el comunicado, sin embargo, López no aludió por sus nombres a Cristina Kirchner o a su hijo Máximo, quien firmó los contratos de alquiler y cobró más de $ 3 millones entre junio de 2014 y enero de este año como renta por esos inmuebles.
Sobre Nevada, en tanto, indicó que ni él "ni sus hijos ni ninguna de las personas jurídicas vinculadas con él tienen cuentas o sociedades referidas a la investigación de Nevada". También remarcó que "todas sus cuentas y todos sus bienes han sido siempre debidamente indicados en sus declaraciones impositivas. La investigación impulsada por los fondos buitre en los Estados Unidos ayudará a mostrar las mentiras de Clarín y La Nación".
López se refirió así a la investigación abierta en el estado de Nevada a pedido de los fondos buitre. En ese expediente, Farenbach busca determinar si "los Kirchner y Báez" están o estuvieron "en posesión de bienes de la Argentina" y si López "controla" la sociedad Val de Loire, una de las firmas señaladas por los holdouts como supuestas lavadoras de activos en Estados Unidos.
Al pronunciarse por primera vez sobre el tema mediante una resolución de 27 páginas que se conoció anteayer, Farenbach urgió a la difusión de más documentos, hasta ahora reservados, y autorizó nuevas pesquisas, algo que las empresas sospechadas pedían expresamente que se paralizara.
"Hay sospecha razonable" para seguir adelante con la investigación, concluyó el magistrado estadounidense, quien consideró que las "alegaciones contra López" resultan acusaciones "paralelas" a las expuestas sobre Báez. "Al igual que Báez, López podría haber lavado, a través de Nevada, dinero obtenido de forma oscura", estimó.
En el caso de López, Farenbach centra sus sospechas en la sociedad Val de Loire. Consideró que hay "razonable sospecha" para creer que está "controlada" por López, aunque junto al empresario insistieron, ante la consulta de La Nación, ayer, que esa firma no le pertenece a él sino a uno de sus socios, Federico de Achával, desde hace más de una década.
"López y el Grupo Indalo van a seguir trabajando e invirtiendo en y por el país -concluyó el comunicado-. Y van a ayudar a denunciar y perseguir a las mafias se llamen como se llamen".
Y un editorial:
Los negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner
La Presidenta no debería alquilar propiedades propias a un concesionario del Estado por ser ello incompatible con sus deberes de funcionaria
Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.
De acuerdo con lo informado por La Nación el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como "el zar del juego" y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.
Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.
Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.
Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.
El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.
A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.
El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.
Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.
Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.
Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.
Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de "mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar". Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.
Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.
Ver anterior: Cristóbal López: Clarín y La Nación mienten sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar