El Rally Dakar de recorridos africanos debió abandonar ese continente no solamente por amenazas terroristas, sino también por la inaceptable muerte de niños, mujeres y adultos provocada por los pilotos y la maquinaria que acompaña a cada competencia. El Dakar ya causó directa e indirectamente más de medio centenar de muertes, muchos de ellos niños y madres africanas, y una mujer en Córdoba (2010). Hasta el año 2006, sólo se daban a conocer los nombres de los pilotos muertos. Los atropellados no contaban. Ese año se comunicó por primera vez el nombre de una víctima: Boubakar Diallo, un niño de Guinea, de 10 años, atropellado entre Lobé y Tambacounda por un vehículo del Rally Dakar.
Mientras preparaba esta nota, diciembre de 2014, fue imposible conocer –a pocos días del paso del Rally Dakar por territorio cordobés–cuál será su itinerario preciso. Habrá por lo tanto una gran cantidad de hogares, explotaciones rurales y actividades turísticas directamente afectados por la competencia. Quienes viven en esos lugares no podrán proteger sus vidas y sus bienes simplemente porque los organizadores –y el Gobierno provincial– mantienen el recorrido en secreto.
Cuando a un piloto se le informan los sitios en que correrá pocas horas antes de la largada, mayor es la posibilidad de que sufra o provoque un accidente, y menor el tiempo disponible para que los ciudadanos podamos protegernos del Dakar.
A la información la tiene la Secretaría de Ambiente, pues por Ley Provincial 10.208 los organizadores debieron presentar Aviso de Proyecto a fin de obtener (o no) la autorización para realizar el Dakar en Córdoba.
Nuevo colonialismo
En pleno siglo 21, parecemos la nueva África colonial; en este caso, de Amaury Sport (ASO), con la complicidad del Gobierno nacional, que entregó cuatro millones de dólares a los organizadores del Dakar 2015, y que desembolsará el equivalente a 28,5 millones de dólares para solventar los gastos de la competencia. En total, más de 32 millones de dólares, a los que deben sumarse las complicidades gubernamentales de varias provincias, entre ellas Córdoba.
Funcionarios nacionales como Enrique Meyer, Ministro de Turismo, justifican el escandaloso aporte de fondos públicos, y hasta la propia competencia, por el supuesto dinero que dejará en el país. Insisten que las imágenes del Dakar atraerán más turistas.
¿De qué imágenes hablan? En el año 2011, el Rally Dakar mostró al mundo que en Córdoba, en tramos de enlace, los pilotos de la competencia podían violar impunemente las normas de tránsito. Ese año los diarios franceses ofrecieron 180 imágenes tomadas por Funam –luego presentadas a la Justicia– en las que se veía que los pilotos ponían en peligro la vida de familias enteras, sobre todo turistas, que recorrían las rutas de Córdoba. Tras la acción iniciada por Funam fue necesario que la Justicia le recordase al Gobierno provincial que debía hacer cumplir las normas y proteger la vida de las personas. En un giro patético, la propia empresa Amaury Sport pidió autorización para mostrar esas fotos a los competidores y supuestamente evitar infracciones en futuras ediciones.
¿Son conscientes Etienne Lavigne de Amaury Sport, y su representante regional, David Eli, que su empresa y ellos mismos viven gracias a una maquinaria colonial (el Rally Dakar)? ¿Pueden olvidar tan fácilmente el rostro de los niños destrozados en Mali, Burkina Faso, Mauritania, Guinea, Senegal? ¿Seguirán mirando para otro lado ante los destrozos ambientales irreparables del Dakar, ahora que le toca el turno al frágil salar de Uyuni en Bolivia? ¿Cómo puede seguir realizándose una competencia a campo abierto que los países europeos nunca permitirían, un circo hecho para producir dinero y espectáculo aunque mueran inocentes?
Que la Justicia intervenga
Desde el inicio del Rally Dakar en Argentina, como parte de ese desquicio, la Nación amplió el gasto y redistribuyó 308,9 millones de pesos en el presupuesto 2014 para financiar los costos del Rally Dakar 2015, pero sin que antes estuvieran hechos los estudios de impacto ambiental ni emitidas las autorizaciones.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba estableció que las denuncias judiciales efectuadas por Funam contra los organizadores locales y extranjeros del Rally Dakar 2013, y contra funcionarios nacionales y provinciales de nuestro país, deben seguir siendo investigadas por la Fiscalía de Enrique Senestrari. La causa es patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín.
Mientras continúan las acciones judiciales, la Secretaría de Ambiente de la Provincia mantiene un inaceptable silencio. Respecto del recorrido del Dakar 2015 en Córdoba, ¿se ha aceptado un mero Aviso de Proyecto o se le ha exigido a Amaury Sport Estudio de Impacto Ambiental?
En tal caso ¿cuándo se haría la audiencia pública? ¿Acaso no se quiso solicitar estudio de impacto ambiental justamente para evitar la audiencia pública? ¿Se expidió la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que integra a representantes de todas las áreas de gobierno?
Demasiadas preguntas sin respuesta, lo que es lamentable, porque está en juego la vida de personas y la pobre integridad ambiental de la provincia, la peor de toda su historia, con menos del cuatro por ciento de sus bosques nativos en pie.
Para este circo colonial, los sudamericanos y africanos atropellados, la destrucción del ambiente y el pisoteo de yacimientos arqueológicos y paleontológicos son apenas un daño colateral. Bienvenidos, este es el Tercer Mundo de las lucecitas de colores, del Rally Dakar que pagamos todos, de la impunidad.
*Biólogo, profesor en la UNC, presidente de Funam y Nobel Alternativo 2004
Foto: SuperForoHonda
Fuente: La Voz