En abril de 2012 Juan Carlos Cesoni se hizo cargo de la delegación Santa Fe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En ese momento la ley ya tenía poco más de dos años desde su sanción, pero no se había instrumentado en su totalidad y una serie de recursos de amparo ponían en duda su constitucionalidad. “Nos encontramos con un estado de situación producto de la vieja ley de la dictadura, con muchísimo abandono. Más allá de que era un decreto de la dictadura, después del proceso que se inició en los 80 con las FM y luego de la década del 90 y el ciclo menemista, con la entrega de permisos precarios y provisorios, la falta de apertura de concursos públicos, era un panorama desolador. Casi el 90 por ciento de las radios y medios audiovisuales del país funcionaba de manera «ilegal», sin autorización”, le dijo a Diario UNO.
“Había que darles una respuestas a esas personas que durante 15 años habían estado comunicando de esa manera y sin tener la posibilidad por parte del Estado de ingresar a la legalidad, lo que era lo más grave de todo. Si a ese estado de situación le sumamos que no teníamos completamente instrumentada la ley, era poco lo que podíamos ofrecer en aquel momento”, sostuvo.
“Lo que planteamos –explicó– fue qué frentes de batalla podíamos abrir inmediatamente con los instrumentos que teníamos. Ahí nos dimos cuenta que en la disputa por revertir una situación de concentración mediática, que nosotros denominamos un monopolio que era Clarín, había que crear nuevos medios. Porque para combatir un monopolio no alcanza con tener una ley que diga que se puede tener solo una determinada cantidad de licencias, sino que enfrente hay que poner un conjunto de medios de comunicación que disputen la agenda de ese monopolio”.
Por otro lado había que legalizar los medios que ya existían y que no tenían sus habilitaciones. Y además, había que formar a las personas que iban a integrar las filas de estos medios de comunicación, tanto de los nuevos que se iban a crear como de los que se estaban legalizando. El paso hacia la legalidad implica tener una cierta cantidad de contenidos mínimos, cumplir con algunas condiciones en lo que tiene que ver con la programación. El desafío estaba en esos tres frentes”.
¿Qué fue lo más difícil?
Hasta ahora lo más difícil fue el proceso de legalización. A una licencia se accede por tres mecanismos: adjudicación directa, para casos muy específicos como las universidades, escuelas, pueblos originarios, municipios, provincias; otra es el concurso público, una especie de licitación en la que se pone a disposición una cierta cantidad de licencias y los oferentes compiten; la otra es a demanda. En ese caso, si quiero instalar un sistema de cable en la ciudad de Santa Fe tengo que comprar un pliego y presentar una oferta; puedo demandar porque no hay utilización de espectro radioeléctrico.
Cesoni aclaró que hoy en la ciudad no se pueden concursar licencias del espectro radioeléctrico, porque hace falta elaborar un plan técnico, tarea a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones. “Eso es lo que determina cuántas radios, con qué frecuencia, de qué potencia, con qué altura de antena tienen que funcionar en cada localidad del país para que no haya superposiciones. Eso lleva un tiempo y ya lo tenemos elaborado para 17 provincias, que son las que ya se concursaron. Pero las provincias más difíciles de resolver, las más grandes como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, aún no lo tienen. Entonces es muy difícil avanzar en la normalización del espectro radioeléctrico. Sí tenemos la posibilidad de adjudicación directa en las zonas que denominamos de vulnerabilidad social, que son pequeñas localidades de escasa densidad demográfica porque el artículo 49 nos lo permite. Santa Fe tiene el récord nacional de FM de baja potencia adjudicadas desde 2012 a la fecha”, aseguró.
¿Cuántas se adjudicaron?
Hoy estamos pisando las 20 frecuencias entre las que son con y sin fines de lucro. Otro desafío era que había radios que habían comprado pliegos en 1999 y en 2006 que todavía no tenían resuelta su situación. Por sí o por no teníamos que darles una respuesta para dar algo de previsibilidad y seguridad jurídica. Entre licencias, autorizaciones, adjudicaciones y todos los tipos de resoluciones administrativas que nos permiten normalizar el espectro tenemos cerca de 100 nuevos medios legales en la provincia, con lo cual estamos hablando de un incremento de más del 30 por ciento de licenciatarios, sin concurso público. Cuando tengamos esa herramienta todo va a ser mucho más rápido. Eso habla de que el nivel de gestión es muy importante. Es todo resolver expedientes, gestión pura.
“Lo que nos resulta complicado –continuó– es la apertura de nuevos medios de comunicación. Eso no se hace de un día para el otro. Solo el correr del tiempo nos permite que vaya apareciendo la masa crítica necesaria, el recurso humano, y el capital, tanto para los con o sin fines de lucro. En ese último caso nosotros apoyamos a través del Fomeca, tal como lo dice la ley, la creación de nuevos medios de comunicación. Hace 15 días entregamos 600 mil pesos en subsidios a siete medios de la provincia. Y en lo que va del año llevamos entregados 1.500.000 de pesos para producción de contenidos y compra de equipamiento”.
El futuro inmediato
A sus 33 años Cesoni tiene formada su mirada sobre la ciudad y asegura que, si bien tiene una buena relación con todos los concejales justicialistas de la ciudad, ninguno representa cabalmente las políticas del Gobierno Nacional. Por eso está dispuesto a pelear por un lugar en el Concejo.
¿Qué trabajo proyecta para 2015?
Entre 2012 y 2014 entendíamos que había que resolver el problema en el interior de la provincia. En 2015 vamos a hacer foco en la ciudad, donde nos encontramos un panorama muy complejo. No solo por la cantidad de medios que hay, sino también por la irregularidad en la que funcionan esos medios. Pero también por la falta de cooperación de un municipio que tiene en carpeta un proyecto de ordenanza para regular el sistema de antenas que puede derivar en que gran parte de los medios de comunicación de Santa Fe, sobre todo los del cordón oeste y el norte de la ciudad, tengan que cerrar porque no puedan pagar los cánones que les va a pedir la Municipalidad. Accedí al anteproyecto porque me convocó el intendente a través de los concejales para que lo leamos. Por supuesto que nos opusimos a eso.
“La Universidad de Rosario hizo una denuncia muy grave sobre cómo la censura se puede dar a través de la captación de periodistas o de medios de comunicación, por lo que entendemos que hay que hacer un trabajo muy a conciencia. A nuestro criterio vivimos en una ciudad que retomó la lógica de funcionamiento que llevaba el neoliberalismo en la década del 90, donde aquellos que sobraban simplemente eran excluidos.
Vemos que vivimos en una ciudad donde vastos sectores de la sociedad no acceden a los medios de comunicación y no logran tener la propiedad de esos medios de comunicación, y el Estado municipal se los dificulta siempre que puede. La ley de servicios de comunicación audiovisual abre por primera vez en la historia la posibilidad de que organizaciones sin fines de lucro tengan medios de comunicación, y las instituciones sin fines de lucro de Santa Fe, como las vecinales, los clubes, se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Además, con un municipio que durante siete años los persiguió, y de hecho hubo varias vecinales que fueron intervenidas o sufrieron presiones para lograr debilitar las conducciones de esas vecinales. Nos encontramos con un panorama bastante complicado en la ciudad de Santa Fe”, agregó.
¿Cuál es la situación de LT9?
La licencia de LT9 había caducado porque no solicitaron la renovación de la licencia. Por lo tanto, ese medio que es desde el punto de vista laboral uno de los más importantes de la ciudad y de la provincia y que es la primera radio AM del interior del país, es una radio emblemática que quedaba en un limbo desde el punto de vista jurídico. La AFSCA se hace cargo de esa situación que dejó el privado e interviene el medio para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y las transmisiones. Ese período duró tres o cuatro años, se pudo concursar nuevamente, se presentaron dos oferentes y ahora el organismo está evaluando cuál es la resolución que va a adoptar para conocer cuál es el nuevo licenciatario de LT9. Ese caso y el de LT28 de Rafaela, son dos casos exitosos de intervención. La AFSCA no tiene la voluntad de intervenir medios. La intervención es la última instancia a la que se recurre para que no corran riesgo los puestos de trabajo y las transmisiones. Pero eso se vuelve a concursar.
¿Hay plazos para definir quién será el adjudicatario de LT9?
El compromiso que nosotros habíamos asumido con los trabajadores y con los sindicatos que intervienen era que para este año lo íbamos a tener resuelto. Cumplimos en todo lo que tiene que ver con el procedimiento y solo falta la resolución definitiva que entendemos que puede salir ahora, en diciembre –la semana que viene hay reunión de directorio–, y sino puede ser enero o febrero. Pero está dentro de las prioridades de la AFSCA en lo que respecta a la provincia de Santa Fe.
Fuente: Diario UNO