La iniciativa fue aprobada tras un debate de cuatro horas con 131 votos a favor, del oficialismo y bloques aliados, y 97 en contra de todo el arco opositor.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Mario Oporto, defendió la flamante ley al asegurar que “las TICs deben ser de interés público” y “las telecomunicaciones deben ser un derecho humano”.
Como miembro informante del oficialismo, Oporto destacó que la nueva regulación “protege a las pymes, a las mutuales y las cooperativas en condiciones de igualdad”.
“Pretendemos sostener la soberanía en telecomunicaciones”, enfatizó el bonaerense, y agregó: “Refirmamos nuestra convicción del rol del Estado como planificador”.
El diputado recordó que “la legislación vigente data de 1972” y que por eso “se tienen que tomar decisiones de hoy para el futuro”.
“La adopción masiva de tecnología digital define transformaciones económicas y sociales. Las revoluciones tecnológicas están marcadas por innovaciones que cambian los modelos productivos y generan crecimiento”, indicó.
Al justificar la necesidad de la ley, Oporto denunció que “las empresas tienen como objetivo primario el lucro”.
Además, aclaró que el texto sancionado “excluye cualquier tipo de regulación de contenidos, cualquiera fuera su medio de transmisión, y garantiza la neutralidad de las redes”.
El radical Miguel Giubergia fue duro con el proyecto y sentenció que “modifica peligrosamente las reglas de juego, permite negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte, por un lado, y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones, por el otro”.
“¿Quién se anima a preguntarle a la gente si se encuentra satisfecha con lo que paga y recibe por parte de las empresas de telefonía fija y de celulares?”, se preguntó Giubergia.
El jujeño sostuvo que “el ingreso de los prestadores históricos en los servicios de comunicación audiovisual favorece la competencia desleal y es absolutamente limitativo del derecho humano a la información”.
Agregó que “conlleva la concentración y extranjerización de la comunicación audiovisual” y “no impide que las grandes multinacionales tiendan a avasallar a las pymes y cooperativas argentinas para eliminar la competencia”.
Giubergia sostuvo en su discurso que “este proyecto no establece límites concretos al ingreso al mercado, a través de terceros, generando serias posibilidades de controlantes nacionales o extranjeros”.
“¿Qué creen que va a pasar con esto? ¿Creen que no van a crear empresas paralelas que usen los satélites propios de las telefónicas para fagocitar en pocos meses el mercado de los cables locales?", subrayó el diputado de la UCR.
Por el Frente Renovador, Graciela Camaño reconoció que “no cabe duda de que (la ley) es absolutamente necesaria”, pero advirtió que “no dice que se va a fomentar la inversión”.
“Al contrario –alertó-, consolida la más absoluta arbitrariedad gubernamental” ya que delega “en el Poder Ejecutivo de turno todas las decisiones en la materia”.
Para la diputada, la nueva Ley de Telecomunicaciones “se convierte en un instrumento del oficialismo, cualquiera sea, para condicionar la libertad de expresión de manera indirecta”.
Federico Pinedo, jefe del bloque Unión Pro, apuntó al “vergonzoso trámite de este proyecto de ley” y advirtió que éste es “de una impresionante imprevisibilidad”.
En este sentido, señaló que el texto “increíblemente dice que la totalidad de los precios de cualquier servicio de telecomunicaciones puede ser fijado por el gobierno de turno”.
“¿Cómo se va a innovar o invertir en un sistema semejante?”, se preguntó el macrista.
Desde el mismo bloque, Federico Sturzenegger argumentó que “vamos en contra” del último Premio Nobel de Economía, Jean Tirole, quien “planteaba mecanismos de regulación que esta ley no permitiría”.
El legislador enumeró que el proyecto “crea incertidumbre jurídica por su amplía discrecionalidad”, “debería ser compatibilizada con la Ley de Medios” y “arma un cepo contra Clarín que termina condicionando todo el sector”.
Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN-FAP) se quejó de que la Cámara baja suscriba sin cambios a lo aprobado por el Senado, sin funcionar como cámara revisora tal como establece la Constitución Nacional.
En otro orden, enfatizó que el oficialismo “borra con el codo lo que escribe con la mano” ya que permite a las telefónicas ingresar al mercado audiovisual, algo que prohibía la Ley de Medios.
“Se embanderaron con los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y hoy se han olvidado de todas las coas que dijeron. Pasaron cinco años de una ley que no aplicaron, la utilizaron solamente para perseguir”, aseveró Stolbizer.
La legisladora le contestó a Oporto y se preguntó “cómo pueden hablar de libertad de expresión los que persiguen periodistas y los que reprimen protestas”.
En tanto, Claudio Lozano apuntó que “con este proyecto, el oficialismo termina de devastar la Ley de Medios y colisiona con la libertad de expresión y la estabilidad laboral de más de 20 mil trabajadores”.
Lozano dijo que la ley “no solo no regula a las telefónicas, sino que les abre el acceso al mercado audiovisual permitiéndoles integrar verticalmente comunicaciones y contenidos”.
Por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola también rechazó la ley y mantuvo un cruce con Norma Abdala de Matarazzo, quien presidía la sesión y le cortó el micrófono al terminar su tiempo.
“La Ley de Medios vuelve a su origen: un traje a medida de los monopolios telefónicos, con el agravante de que Telefónica es ahora monopolio de monopolios, porque Telefónica de España controla Telecom”, denunció.
Argentina Digital
La Ley Argentina Digital declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Asimismo autoriza a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto la satelital- y declara a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas.
Sin embargo, no le da el mismo status a la telefonía móvil, lo que constituyó una de las quejas de la oposición.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de la llamada- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.
Además, incorpora el concepto de neutralidad de la red, esto es, que el servicio de Internet no pueda variar la velocidad o las condiciones a las que se accede a los distintos sitios web.
Fuente: Parlamentario