Si algo faltaba hasta hace 15 días era calma en el mercado de las telecomunicaciones argentinas. Una licitación de urgencia, la aparición de nuevos jugadores, una discusión por un pago en dólares, en pesos o en bonos e impugnaciones administrativas. Todo condimentado con la ya añeja pelea entre el Grupo Clarín y el Gobierno y con enormes deficiencias en la prestación de servicios, especialmente, de telefonía celular.
Así estaba la cosa cuando desde la Casa Rosada anunciaron que se enviaba al Congreso un proyecto de ley llamado Argentina digital. Y, entonces, la cosa se puso peor.
El negocio y los jugadores de un mercado tan dinámico como el de las telecomunicaciones cambiarán en pocos meses. Argentina digital, la nueva ley de telecomunicaciones, se va a discutir en el mismo momento en que se licitaron las licencias para operar la tecnología 4G, además de un residual del espectro en el que se cursan las comunicaciones de 3G.
Semejante paquete de negocios en un mercado regulado no deja de generar polémica, no sólo entre los privados que se acusan debajo de la mesa de que unos pocos se benefician con la norma, sino respecto del rol que tendrá el Estado. Más aún cuando se conocieron los artículos de la nueva ley y aparecen términos como servicio o interés público. Y claro está, estos inocentes vocablos puestos en una ley que aplicará el kirchnerismo no dejan de despertar urticaria entre las empresas del sector. Eso sí, urticaria silenciosa.
Lo primero que surgió es la licitación para entregar cuatro licencias para operar 4G, además de un cuarto de la licencia de 3G que devolvió Telefónica cuando fusionó a Unifón con Movicom para alumbrar Movistar. En esa millonaria licitación aparecen tres nombres conocidos: Telefónica, Telecom y Claro. Pero habrá uno nuevo: Arlink, una compañía del conglomerado de empresas que comandan Daniel Vila y José Luis Manzano. Los ausentes fueron Cablevisión, que prefirió impugnar el proceso, y Nextel, un viejo luchador que bregó por esta licitación hace años, pero que ahora está en caída.
La licitación de 4G está llena de dudas. El apuro con el que se armó el proceso ha sido criticado por todos los actores. Pese a haber podido abrir el concurso hace años, el Gobierno decidió que todo se condense en pocas semanas para lograr que entren dólares a las maltrechas reservas. Hace 10 días, el Estado entregó los paquetes, uno a cada telefónica y otro a Arlink. Las críticas llovieron desde que se publicaron los pliegos.
Los que están fuera del negocio, con excepción de Vila y Manzano, consideran que no hubo incentivos para el ingreso de los nuevos jugadores. Dicen que las operadoras que ya están en el negocio tienen una distancia tan enorme con los ingresantes que es imposible de achicar. De ahí los interrogantes respecto de qué y cómo hará Arlink para cumplir con las condiciones de inversión que establece el pliego. Si las ganadoras cumplen, deberán entregar 500 millones de dólares por la licencia y desembolsar 1500 millones adicionales para encender la red de 4G. De aquella cuota inicial ya se sabe que el 30% se pagará en Boden 15. Las condiciones establecen que los bonos debían comprarse antes de la licitación y estar en las carteras de los oferentes. Poco se sabe de esa condición.
¿Habrá aportes en dólares contantes y sonantes cuando se entreguen las licencias? Ésa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Las tres telefónicas son multinacionales. Vila y Manzano, un grupo nacional, es la gran incógnita. Todo se develará en días, cuando se adjudiquen las licencias.
Además de esa cifra en inversión en red y pago de la licencia, habrá varios millones en publicidad y otro tanto para subsidiar el parque de celulares. Sucede que 95% de los teléfonos encendidos en el país no soportan la red de 4G. Uno o dos modelos -entre ellos, el último iPhone, que no se vende en la Argentina- son los únicos aptos. Los demás seguirán con posteos en 3G. Las operadoras deberán subsidiar una parte del precio, como siempre hicieron con algunos modelos.
"Esta red se debería haber instalado hace años. Entonces los años de amortización de la inversión eran más largos. La amortización es más corta y la amortización tiene que ser más acelerada. Eso significa más costos", dijo un hombre que analizó de cerca los números de la licitación.
"Son alrededor de 2900 millones de dólares de inversión con poca capacidad de monetizar los nuevos servicios", dice otro ejecutivo de una empresa de comunicaciones. Además, se pregunta, ¿están los dólares para importar antenas y equipos como para que entre las cuatro empresas inviertan 3000 o 4000 millones de dólares en la red? Preguntas que aún no tienen respuestas.
Cablevisión, una de las que estaban más interesada en participar de la puja, se quedó al margen. En la empresa del Grupo Clarín adujeron no tener acceso al mercado cambiario como para poner 500 millones de dólares de licencia. El Gobierno contestó que debía ser en moneda extranjera y no en pesos. Y entonces no participaron y decidieron impugnar la licitación. El proceso sigue en sede judicial y terminará en la Justicia.
Sobre llovido, mojado
Como si no hubiese movimientos, el Gobierno envió sorpresivamente el proyecto de ley Argentina digital, una nueva ley de telecomunicaciones. La norma está barnizada en el objetivo declamado de democratizar el mercado y modernizar la regulación. Allí las primeras dudas: cuál es el propósito escondido de una iniciativa que se monta sobre el andamiaje de la polémica ley de medios.
A decir de Gustavo Fontanals, un politólogo e investigador de la UBA que publicó un artículo en Bastión Digital, el proyecto quiere englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Dice que alienta la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general.
La ley logró un punto de consenso: la convergencia tecnológica. Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones, dice que claramente ésa es la tendencia en el mundo desde hace años. "No hay posibilidades de ir para otro camino", dice.
Algo similar piensa Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de las universidades de Quilmes y de Buenos Aires. "Seguir impidiendo el cruce de telecomunicaciones a audiovisual, y viceversa, es antediluviano", dice desde Bogotá.
Dicho esto, vienen las discordancias. Fontanals considera que Argentina digital replica la principal falencia del marco normativo vigente: "La capacidad discrecional del Poder Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales. Excluye a otros canales institucionales".
Martínez Fazzalari y Becerra consideran que la apertura de mercados (como la televisión paga) puede generar competencia desigual entre grandes con chicas. El caso del que todos hablan es Telefónica, ahora habilitada a dar televisión, y su competencia con el cable. Los dueños de las redes se quejan de que la empresa podría dar desde el momento en que se promulgue la ley un servicio satelital similar al de DirectTV que ya presta en Brasil. Cerca de la empresa hacen otra lectura. Dicen que ellos son los entrantes en un mercado que está consolidado y que deberían cablear ciudades y, además, robar clientes a empresas muy establecidas.
Habrá razones de los dos lados; nada que no pueda resolver un Estado regulador. El problema radica en que nadie confía en él.
Polémica en torno a Argentina digital
Dicen que el proyecto de ley llamado Argentina digital era una suerte de plan alternativo. Cuentan algunos conocedores de los vericuetos del mundo de las telecomunicaciones argentinas que un texto similar daba vueltas en los escritorios del oficialismo pocos días antes de que la Corte Suprema firmara el fallo en el que declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Si el fallo era inverso, una de las salidas para romper la agenda era un proyecto similar al que por estos días recorre los pasillos del Senado.
La norma tiene una gran crítica. "Es casi una carta blanca para que el Poder Ejecutivo reglamente cuestiones muy sensibles en materia de telecomunicaciones. Podría darse el caso de beneficios claros para una determinada empresa", dice el abogado Raúl Martínez Fazzalari.
Otro de los puntos oscuros es la autoridad de aplicación de la futura ley. El proyecto da esa función a quien designe el Poder Ejecutivo. "Tendrá capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado", dice Gustavo Fontanals en el documento que lleva su firma.
Pero no todo queda ahí. La cuestión que más irrita es cuando se habla de interés público, servicio público e interés nacional en diferentes puntos del proyecto de ley.
El artículo 1° habla de declarar de interés público el "desarrollo y la regulación" de las tecnologías de la información (TICs). "Esto no tiene demasiada consecuencia ya que no tiene sentido declarar de interés público a la regulación", dice Fazzalari. El artículo 15 le da calidad de "servicio público esencial" al uso de las redes de telecomunicaciones". Fazzalari dice que acá sí hay que tener cuidado ya que no se habla en ningún momento de otorgar esta calidad de servicio público mirando a los usuarios sino que se hace sólo en función de las redes y las empresas.
Justamente aquí hay varios reparos. Por ejemplo, especulan en las empresas que operan en la Argentina, podría darse el caso que el Estado decida utilizar una red de una compañía -en virtud de que se trata de un servicio público- y entregársela para que la use una determinada compañía. "Podría empezar a operar una empresa estatal que no haya invertido en redes y que opere con aportes del Estado. Usa la infraestructura ajena y listo", dice un hombre de una de las empresas que tienen inversiones en redes en la Argentina. Varios miran con desconfianza a Arsat, la empresa estatal que tuvo dos años la licencia para operar en 3G. Allí, La Cámpora anidó sus sueños de una telefonía celular estatal con la creación de Libre.ar. Pero nunca estuvo el dinero para la inversión en infraestructura. Esta ley podría hacer realidad aquel sueño.
Fuente: Diario La Nación