La pluralidad de las fuentes de información es un requisito fundamental de la libertad de expresión, la base del debate público y del desarrollo cultural. El pleno ejercicio del derecho a la comunicación requiere políticas públicas que, a fin de garantizar la diversidad, eviten la concentración económica de las infraestructuras comunicacionales y de la producción de contenidos. Este principio orienta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, producto de un amplio consenso social y cuya constitucionalidad fue ratificada hace poco más de un año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde esta perspectiva, destacamos positivamente que el proyecto Argentina Digital considere a las tecnologías de la información y la comunicación como servicio universal y que establezca la neutralidad de la red.
Sin embargo, consideramos que debe incorporar estrictas medidas de control de la competencia y de las asimetrías para evitar la formación de monopolios u oligopolios que afecten al pluralismo. De lo contrario, si se permite sin condicionamientos específicos que las empresas de servicios públicos de telefonía puedan ofrecer también servicios de comunicación audiovisual, se facilitará un proceso de concentración económica sin precedentes en nuestro país, incompatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación.
Al mismo tiempo, la Autoridad de aplicación tal como está definida en el proyecto de ley daría lugar a un grado de delegación y discrecionalidad que no es admisible si se tiene en cuenta que la norma regulará a actores económicos de gran envergadura y que sus prestaciones tienen como destinatario a un público diverso, sujeto de derechos.