Otra vez la batalla por la Ley de Medios vuelve al centro de la escena política. El dictamen de la AFSCA que rechaza la adecuación voluntaria de Clarín y dispone que el Estado subaste cinco de sus seis unidades acusa de “dos maniobras” a Clarín.
Una por compartir directores y fiduciarios en las unidades 1 y 2 (algo que se volvió abstracto porque Clarín ya había ofrecido cambiarlos). Y otra porque los condicionamientos a los compradores de las otras cuatro unidades demostrarían que tales ventas fueron “ficticias” y los compradores, sólo simuladores.
Esta línea de pensamiento ya había sido expuesta hace cuatro meses en dos medios oficialistas cuando, desde la revista Veintitrés y C5N, respectivamente de Szpolski y Cristóbal López, se acusó a Editorial Perfil de ser testaferro de Clarín e ilusionista por haber hecho una oferta por parte de los activos de la unidad 4, los canales Magazine y Quiero Música. Pero aquella misma acusación hoy se vuelve un doble boomerang.
Al Clarín haber rechazado la oferta de Perfil se hizo evidente que no había entre las empresas ningún acuerdo. Y ahora lo más importante en función de la acusación actual de la AFSCA: además demuestra que los condicionamientos que Clarín puso a los compradores (mantener por dos años los programas de esas señales pagando por ellos el 80% de las ventas de esos dos canales) no impedían que hubiera verdaderos compradores. Obviamente, Clarín prefirió venderles a quienes les vendió esas cuatro unidades y no correr el riesgo de engrandecer a competidores locales, pero la Ley de Medios no le impedía vender a quien quisiera mientras fueran ventas reales.
A Editorial Perfil le consta que la unidad 4, la otra que tiene producción de contenidos después de la 1, se vendió por un precio de mercado y con condiciones que harían posible una venta verdadera. Con esos condicionamientos que denuncia la Afsca fue que Editorial Perfil ofertó por los canales Magazine y Quiero Música 3 millones de dólares, ponderando en el precio que durante dos años el comprador debía continuar con los mismos programas y pagando por ellos sobre la base de participación sobre las ventas –revenue sharing–, algo normal en muchas operaciones. Pero que además tiene una lógica productiva: el Grupo Clarín no podía echar a todos los empleados de esos canales, tampoco podía garantizar pasarlos al comprador porque, al no estar vendiendo empresas sino, al dividirlas en unidades, creando nuevas empresas, los empleados tienen el derecho de darse por despedidos en actividades donde las indemnizaciones son un pasivo contingente incomparablemente más alto que en las empresas no creativas. En cambio, en do años se podría ir produciendo el traspaso de ese personal a otras actividades de Artear (Canal 13, TN) de donde se desprendían. Pero también tenía lógica para compradores que no tuvieran infraestructura de producción audiovisual porque les permitía ir asumiendo la producción progresivamente y no toda junta.
Los dos canales por los que Perfil hizo su oferta representan el 10% de los resultados del total de la unidad 4, y el precio al que fue vendida a 34 South Media LLC también fue diez veces más, demostrando que el precio pagado fue de mercado y no un dibujo. Los argumentos de la valuación de la oferta de Editorial Perfil constan en el dictamen de la única valuación independiente no solicitada por Clarín o por aquellos a quienes les vendió, realizada por First Corporate Finance Advisors, y ahora que la venta de esa unidad del Grupo Clarín dejó de ser un tema comercial entre privados y pasa a ser una cuestión de interés público, resulta lógico darla a conocer.
Son los legisladores quienes deben tener los cuidados de promulgar leyes en las que, al cumplir con sus formas, se cumpla con sus intenciones, y la Ley de Medios tiene fallas groseras porque tampoco los planes de adecuación de los otros dos grandes grupos audiovisuales del país cumplen el espíritu si finalmente uno de ellos desinvierte pasándoles licencias a sus familiares (Grupo UNO) y el otro diciendo que su subsidiaria es una empresa separada de su holding (Telefe/Telefónica).
Para que no hubiera duda entre forma y fondo en el cumplimiento de la ley, habría alcanzado con decir que quienes deban desinvertir no podrán hacerlo entre socios de esas mismas empresas o familiares.
¿Con qué lógica se puede impugnar que las unidades 1 y 2 propuestas por Clarín comparten directores y fiduciarios, cuando en el caso de Telefe comparten directamente el mismo accionista a través de Telefónica?
Queda la posibilidad de que el kirchnerismo, en su ciclo final de gobierno, se sienta liberado de inhibiciones y también rechace los planes de adecuación de Telefe y Grupo UNO (a propósito aún no aprobados) para no generarle a Clarín argumentos de discriminación en el modo de aplicación de la ley. Y además de dejar a sus amigos en los medios de Clarín que pretende subastar, también lo haga en Telefe.
Fuente: Diario Perfil