Diputados de la UCR, el socialismo y Libres del Sur coincidieron en que el proyecto no favorece la competencia, sino la concentración, y que altera el sentido de la Ley de Medios. Para Gerardo Milman, el Gobierno “necesita materializar en dólares” los pliegos de la licitación del espectro 4G
Un día después de que el Gobierno anunciara el proyecto de ley para abrir el mercado de telecomunicaciones, diputados nacionales de la UCR y el Partido Socialista salieron a criticar la iniciativa al considerar que favorecerá a las grandes empresas y que alterará la Ley de Medios.
A través de un comunicado, el bloque socialista, que preside Juan Carlos Zabalza, sostuvo que “el proyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones impulsado por el Gobierno en nada favorece a las usuarios y consumidores de estos servicios ya que sólo regula la relación entre los distintos prestatarios, favoreciendo de sobremanera a algunos en detrimento de otros”.
Según los diputados, “preocupa que la norma no establezca qué organismo será la autoridad de aplicación, cuando se le otorga a esta un amplísimo poder para reglamentar la ley, fijar las condiciones para el otorgamiento de licencias, establecer tarifas, condiciones de acceso y para establecer obligaciones específicas para quienes considere que tienen ‘poder significativo de mercado’”.
Además, sostuvieron que “la norma proyectada elimina las vallas y prohibiciones que existen en el decreto 62/90 y en la ley 26.522 que impiden a las empresas telefónicas brindar servicios de comunicación audiovisual”.
“Cabe recordar que cuando se discutió la Ley de Medios en 2009 el proyecto del Ejecutivo eliminaba–aunque con limitaciones- dicha prohibición. Por la acción de nuestros legisladores se prohibió, en la sanción de la ley, el otorgamiento de licencias de medios a quienes sean a su vez prestadores de servicios públicos”, rememoraron.
Al remarcar una paradoja, los socialistas indicaron que “el actual proyecto se presenta como una ley que autoriza a que el pequeño operador compita con el grande, cuando en realidad lo que se hace es permitir que el grande elimine al pequeño”.
“La convergencia de servicios es una realidad mundial y hacia ella debemos marchar, pero podríamos hacerlo de la misma manera que lo hicieron muchos países en donde se otorgaron plazos y facilidades para que los pequeños operadores estuvieran en condiciones de desafiar a los incumbentes y equilibrar el mercado”, concluyeron.
En particular, el diputado de ese bloque Roy Cortina consideró que “en vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las telefónicas, consolidando aún más su posición dominante”.
“Permitir abiertamente la entrada de estas compañías a la comunicación audiovisual es una herida mortal al sentido democratizador que alguna vez intentó tener la Ley de Medios”, agregó el dirigente socialista.
Y finalizó: “En el terreno de las telecomunicaciones se está replicando la misma lógica de beneficiar a los amigos, concentrar las voces y atacar a Clarín. La laxitud de los términos en los que está planteada la propuesta, habilita arbitrariedades y atropellos peores que los del AFSCA”.
Por su parte, el radical Miguel Giubergia advirtió que el proyecto de Ley Argentina Digital “generará mayor concentración del mercado de las telecomunicaciones”.
“No va a favorecer la competencia, la calidad y la accesibilidad de los servicios, como nos quiere vender el oficialismo, esto también provocará una menor inversión en tecnología y peor calidad de servicio”, detalló Giubergia y añadió que “la ley de TIC en lugar de equilibrar el mercado para que todos los prestadores sean más parejos y competitivos, busca que crezcan sólo los más grandes, que son en su mayoría extranjeros”.
El jujeño explicó que “si el proyecto avanza, las telefónicas podrán llegar a todo el país brindando cuatro servicios al mismo tiempo y, en tanto, por ley de Medios Audiovisuales, los cables sólo podrían llegar a una mínima parte y con servicios individuales”.
“Van, otra vez, por el bolsillo de los usuarios”, subrayó el legislador radical y explicó: “La ley prohíbe que los cables ofrezcan un paquete de servicios (cable e internet) más barato que los individuales, pero en cambio sí le lo permite a las telefónicas”.
“Otra vez seremos víctimas del relato oficialista que, como en la ley de medios, difunden slogans atractivos, pero la letra de la ley esconde sus posibles y verdaderas intenciones”, resaltó Giubergia.
Y se preguntó: “¿Qué piensa hacer el Gobierno con el millonario Fondo Fiduciario que crea?, ¿Cuáles son las tarifas de interconexión y su regulación al subsumirla al arbitrio del Gobierno?, ¿Cuál será la Autoridad de Aplicación, funciones y misiones?, ¿Ley de Medios Audiovisuales y Ley de Argentina Digital no regulan los mismos servicios en determinados aspectos pero de manera antagónica?”.
“No puede sorprendernos que, producto de una norma de estas características, se facilite el desguace de la propiedad de medios independientes en manos de los amigos del poder gubernamental”, resaltó el diputado y concluyó: “Los que hoy intentan nuevamente intentar humillar y maniatar la libertad de expresión, son los mismo que dicen defenderla como un derecho humano”.
En tanto, el director por la oposición en la AFSCA Gerardo Milman aclaró que “la Ley Argentina Digital sí cambia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Según Milman, en su artículo 9 “es explícita en modificar distintos parámetros de adecuación” y “se creará una autoridad de aplicación sin detalle que podrá otorgar y cancelar licencias de manera arbitraria”.
“Es un intento no casual a horas de abrirse los sobres de la licitación del espectro 4G. Aquí toda coincidencia no es real y los personajes no son ficción. El Gobierno necesita materializar en dólares los pliegos de esta licitación y es parte de esta negociación”, evaluó.
Por último dijo: “El Gobierno se apropia de cerca de tres mil millones de pesos que forman parte de un fondo que tenía un fin específico como fomentar la construcción de redes telefónicas en zonas no rentables y ahora se crea un fideicomiso que el Gobierno destinará a su antojo”.
A su vez, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, sostuvo que “cuando nos adentramos en el articulado, nos encontramos con las trampas a las que nos tiene acostumbrados el oficialismo. Es decir, la lógica de la matriz legislativa kirchnerista que tras un relato épico, abre la puerta para el beneficio de sectores concentrados, o a amigos del poder de turno, o para permitir una gran discrecionalidad que nos dará distintos resultados según quien la ejerza”.
La referente del Frente Amplio UNEN aclaró “que esta iniciativa busca reemplazar la Ley de Telecomunicaciones 19798/1972 sancionada por un gobierno de facto, objetivo más que loable teniendo en cuenta los cambios políticos y tecnológicos que se han producido desde entonces. En los fundamentos que anteceden al proyecto nos encontramos también con otros objetivos que desde hace tiempo vienen reclamando distintos sectores sociales y académicos como la necesidad de legislar en torno al proceso de convergencia y de garantizar la neutralidad de la red. El Marco Civil de Internet en Brasil es un ejemplo que ha servido como referencia para muchos de ellos”.
Fuente: Parlamentario.com
