El habitual espacio que ocupan en los medios de comunicación, en particular en los noticieros de televisión, casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a hechos violentos, sea en situación de vulneración de sus derechos o en conflicto con la ley, es un dato que constatan distintos monitoreos y estudios realizados en los últimos años por universidades y organizaciones vinculadas con la niñez y la comunicación.
La mirada de muchas crónicas periodísticas sobre la infancia y adolescencia argentina asociada a hechos violentos, como víctimas o agentes, tiene dos particularidades: por un lado, naturaliza con frecuencia la situación de vulneración en la que se encuentran los chicos, y por otro, omite reconocer las responsabilidades sociales que los medios de comunicación tienen en este nuevo siglo.
Informar acerca de la niñez y la adolescencia implica asumir nuevos retos en nuestros días. Atrás quedaron las audiencias pasivas de viejos paradigmas y una representación de la niñez como objeto de cuidado tutelar. Hoy la comunicación puede ser una herramienta estratégica de cambio social. Ante los medios hay cada vez más ciudadanos que se hallan colectivamente en el “reconocimiento recíproco”, esto es, el derecho de informar y ser informado, y de hablar y ser escuchados, y una audiencia infantil que demanda sentirse reconocida por estos medios masivos.
La sanción de la ley 26.522, en este sentido, significó un paso importante a favor del reconocimiento de derechos: la información dejó de ser considerada una mercancía para convertirse en un bien social, y los públicos dejaron de ser meros consumidores para ser reconocidos como sujetos de derecho. La comunicación ya es asumida por numerosos tratados internacionales y leyes argentinas como un derecho que hace al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es un derecho que se ignora y vulnera con alarmante frecuencia. Lo prueban las coberturas periodísticas que no pocos medios ofrecieron en su momento, sobre los homicidios de las niñas Candela Rodríguez y Angeles Rawson.
La publicación de la cartilla “Los chicos, las chicas y sus derechos en la comunicación - Guía para un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de Niñez y Adolescencia” (2 ed. 2014), editada por el gobierno de Salta a través de su Ministerio de Derechos Humanos, llega como una contribución al sector de la comunicación con el eje puesto en los derechos de los chicos y chicas ante los medios de comunicación.
Esta guía es la primera de este tipo que edita una provincia, con aval de Unicef, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La publicación viene a proponer un conjunto de recomendaciones para el ejercicio de una práctica periodística más amigable con la infancia y la adolescencia y sus derechos comunicacionales.
Nuestras niñas y niños tienen mucho para enseñarnos si escuchamos qué piensan, qué quieren, qué les emociona y cuáles son sus demandas. Son seres completos, competentes para opinar y dar a conocer sus ideas. No son menos adultos, no tienen derechos más pequeños, y sus opiniones no tienen por qué ser subestimadas. Ante ellos, los medios tienen mucho por hacer, como visibilizarlos como protagonistas positivos de la sociedad y reconocerlos como portavoces de sus realidades.
Debemos reconocer que ningún derecho se cumple sólo con la sanción de una ley; son necesarias decisiones y recursos de los Estados, pero también el compromiso de un conjunto de actores de la sociedad. Los medios de comunicación pueden sumar el suyo; en particular la televisión, ese poderoso medio en el que conviven noticieros, programas de entretenimiento, ficciones y los propios contenidos dirigidos a audiencias infantiles y juveniles.
Es en el lenguaje donde se construye nuestra subjetividad e identidad, y una ciudadanía de la infancia. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que este año cumple veinticinco años, guarda un principio general no sólo relativo al derecho de los chicos y chicas a expresarse libremente, sino también a la mejor calidad democrática de las sociedades.
El derecho a opinar no sólo configura el derecho a que hablen, sino también, y sobre todo, el deber de los adultos a escucharlos y, si corresponde, a dar respuestas a sus planteos. Una deuda que los actores de la comunicación todavía tienen con niños y niñas, a pesar de los avances logrados en los últimos años. En esa línea, la guía salteña busca ser un aporte concreto al ejercicio de un periodismo con enfoque de derechos de infancia.
*Autor de “Los chicos, las chicas y sus derechos en la comunicación”. Representante del gobierno de Salta ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA) y del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI)