La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación de una comisión de fiscales que deberán establecer pautas para la comunicación de información en casos de secuestros extorsivos y "criterios de comportamiento que pauten el flujo de datos entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad", con el objeto de "garantizar la integridad de las víctimas, dotar de eficacia la investigación y satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía".
La comisión estará integrada por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; el fiscal General de Mar del Plata, Daniel Adler; y los fiscales de primera instancia de la Capital Federal Federico Delgado; de Lomas de Zamora, Sergio Mola y Diego Iglesias, y de Morón, Sebastián Basso y Leonel Gómez Barbera. Además, Gils Carbó dispuso que el director de Comunicación Institucional de la Procuración General, Luis Villanueva, forme parte del equipo de trabajo.
La resolución, protocolizada bajo la nominación PGN 1654/14, toma la experiencia reciente del caso de Segundo Tévez, que fue puesta de relieve por el fiscal Federal Federico Delgado. El magistrado indicó que "con el hecho en pleno desarrollo, la Fiscalía se enteraba de las novedades a través de los medios masivos de comunicación" y remarcó que "en algunos casos, hacer públicos los detalles de un secuestro en progreso puede poner en riesgo la vida de la víctima", además de "frustrar la pesquisa", citó la procuradora.
En ese sentido, Gils Carbó encomendó a la comisión que identifique "la clase de datos que resulta indispensable mantener en estricta reserva entre los intervinientes de las investigaciones judiciales", establezca "pautas de actuación para el circuito de información entre las fuerzas de seguridad y los fiscales y "toda otra medida conducente a los efectos de garantizar la integridad de las víctimas, dotar de eficacia a la investigación y satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía en general".
La procuradora General recomendó a los integrantes del Ministerio Público y a las fuerzas de seguridad, que actúen bajo su dirección en este tipo de casos, que la difusión de información "no debe poner de ningún modo en peligro la vida de las personas involucradas en el caso o el éxito de la investigación en trámite".
La comisión tendrá que entregar los resultados de su trabajo en un mes, que será prorrogable por igual plazo, si fuera necesario.