El miércoles por la noche tuvo lugar la celebración por los diez años del lanzamiento de los "21 puntos por el derecho a la comunicación", un documento elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática que fue tomado en 2008 por el kirchnerismo como base para elaborar la ley de medios, la que finalmente fuera sancionada en 2009, declarada constitucional por la Corte Suprema en 2013 y aún pendiente de ejecución en varios de sus aspectos centrales.
El lugar elegido para la conmemoración tuvo sentido. El decálogo tuvo amplio consenso entre los docentes de Sociales, algunos de ellos contribuirían luego a la redacción de la ley y gran parte apoyaría el contenido, pese a que un sector cuestiona hoy al gobierno nacional por lo que entiende como una deficiente aplicación de la norma.
La Coalición y los 21 puntos encontraron su germen en sindicatos, radios comunitarias y cooperativas que vieron una ventana para tratar de cambiar el sistema de medios una vez que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. En el cierre del acto, el abogado Damián Loreti, exdirector de la carrera de Comunicación y aportante a la letra de la ley de medios, explicó que hace diez años optaron por redactar una serie de principios (los 21 puntos) para inscribir el derecho a la comunicación en el paraguas más amplio de los derechos humanos, un ámbito con mucho dinamismo y tradición de lucha. Hacia 2004, la redacción de un prematuro texto legislativo de radiodifusión, como había habido otros en las dos décadas previas, se hubiera chocado con la realidad de que el gobierno de Kirchner se llevaba bien con Clarín.
En su momento, el consenso obtenido por los 21 puntos fue amplio y rompió fronteras. A los sindicatos, los docentes de las universidades públicas, los medios comunitarios y las cooperativas se sumaron de inmediato varias decenas de organizaciones de diverso tipo y partidos políticos. Los apoyos a aquellos principios generales llegaron incluso a ONG y especialistas que, una vez conocido el texto de la ley de medios, marcarían criterios diferentes para alcanzar los objetivos planteados o, más claramente, se plegarían a la postura de medios y opositores que denunciaron que la norma fue concebida para "silenciar voces".
El acto del miércoles tuvo una impronta kirchnerista pero no excluyente. Se hicieron presentes Agustín Rossi y Mariano Recalde (Carlos Tomada envió un mensaje). En el plano académico, los sindicatos y las ONG, también predominaron voces afines al oficialismo, aunque, por ejemplo, se acercaron un docente que trabajó en el proyecto de ley de radiodifusión del Consejo para la Consolidación de la Democracia en tiempos de Raúl Alfonsín y un experto del opositor Libres del Sur.
Si bien se escucharon evocaciones de tono épico sobre la gestación de la ley de medios, la jornada no desbordó de entusiasmo ni de público. No sobraron, por ejemplo, estudiantes de una facultad a la que asisten miles, mientras el grueso de la concurrencia fue aportado por el Sindicato Argentino de Televisión.
El panorama fue contrastante con la ebullición generada cuando se inició el debate público en 2008 y la indignación reflejada en las calles por las maniobras judiciales para demorar cuatro años la decisión sobre la constitucionalidad. Si en 2004 se inició un proceso variado y dinámico, diez años más tarde, la militancia parece bastante menos entusiasmada y no tan diversa.
Unos cuantos principios del decálogo pasaron a ser estructurales en la letra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ejemplo, "las frecuencias son administradas por el Estado", "el 33% de las frecuencias debe ser para entidades sin fines de lucro", "promover la producción informativa local" o "la radiodifusión no es un simple negocio comercial", lo que habilita el ejercicio del derecho por parte de organizaciones sociales, gobiernos o universidades. Al respecto, tal como fue abordado en la noche del miércoles por algunos oradores, se plantea el desafío de cómo sostener y gestionar los medios por parte de comunidades y organizaciones sin fines de lucro que no cuentan con fondos ni experiencia para hacerlo.
En cambio, algunas de las recomendaciones de los 21 puntos están igual o peor que hace diez años. La tercera cierra con una frase concluyente: "Estará prohibida por ley la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial". A la luz de los criterios comunes que exhiben los gobiernos nacional, de la Ciudad, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (ver acá), todo está por ser hecho al respecto, para lo que sería necesaria otra ley, ya que el objetivo excede norma de medios sancionada en 2009.
El punto 6 del manifiesto indica que "deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración". Ello, que fue el núcleo de la disputa judicial con Clarín, está contemplado en la ley de medios con criterios similares a los de los países del norte de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los avances al respecto han sido escasos o nulos, ya que la AFSCA, a diez meses de la declaración de constitucionalidad de la ley, no aprobó ninguno de los planes de desinversión de los principales actores: Clarín, Telefónica, Uno, Prisa, Cadena 3, Indalo, etcétera. Tan sólo fueron declaradas "admisibles" algunas adecuaciones, una fase muy primaria, por lo que, si no se producen novedades, este aspecto nodal de la ley seguirá en un limbo.
También se encuentra en el debe el punto 12, que estipula que "los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales" (otro pecado que atraviesa distintos colores políticos) o la transparencia en la información de las frecuencias disponibles.
A diez años del lanzamiento de los 21 puntos, el vaso no explica si está medio lleno o medio vacío.
Fuente: Viernes, Ámbito Financiero