Ha iniciado una causa penal contra los delegados y un miembro de la junta electoral por luchar contra los despidos y la persecución gremial en diciembre del año pasado. Con esto, busca aleccionar al conjunto de los trabajadores de Perfil que se organizaron, respondieron y resistieron a cada intento de ajuste y despidos en la editorial.
El discurso empresario de una supuesta crisis en la editorial contrasta con los últimos anuncios de adquisición de nuevas revistas y medios en el exterior y una megaobra en la planta de impresión de Barracas.
Es un intento más de las patronales de prensa de aplastar el ascenso organizativo que vive el gremio de prensa y el crecimiento exponencial de asambleas, comisiones internas y delegados en casi todas las empresas periodísticas de Buenos Aires. Este ataque se encuentra íntimamente ligado a la ofensiva de los Olmos contra la organización gremial en Crónica y BAE. La condición necesaria para hacer pasar el ajuste es desarticular la organización sindical de base.
Las patronales más concentradas del país (automotrices, metalúrgicas, etc.) también ensayan una salida represiva contra la organización sindical de base con el objetivo de hacer pasar los despidos y las suspensiones. Para desenvolver estos planes cuentan con el concurso del gobierno nacional que manda la gendarmería a reprimir la protesta social y prepara leyes para cercenar el derecho a manifestarse. También cuentan con el apoyo de la burocracia sindical que quita fueros a los delegados como en el caso de Lear o que abandona los conflictos gremiales como en el caso de la UTPBA.
Fontevecchia acusa a los trabajadores de cercenar, con su medida de acción gremial, la libertad de expresión. La única libertad de expresión que le interesa a los Fontevecchia es la de publicar su línea editorial y operaciones desde sus medios. La libertad de expresión no es defendida cuando los trabajadores son censurados cotidianamente para defender los intereses capitalistas que se esconden detrás de tal o cual línea editorial.
La defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores de prensa y el derecho de manifestarse ante cada atropello empresario representa una lucha profunda en defensa de la libertad de expresión .
Debatir la libertad de expresión con el Código Penal en la mano no es otra cosa que el uso de la fuerza del Estado y su aparato represivo contra los trabajadores.
No lo podemos permitir. Todos con los compañeros de Perfil contra este avasallamiento a los derechos gremiales y democráticos de los trabajadores.
Fuente: La Naranja de Prensa