Damián Loreti y Luis Lozano acaban de publicar el libro "El derecho a comunicar". El primero es uno de los mentores de la ley de medios, amicus curiae del Estado en el juicio por la constitucionalidad de la norma audiovisual. El segundo, de menor edad, trabaja junto a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Loreti es además candidato a ocupar el cargo de relator para la Libertad de Expresión de la OEA, un puesto a ser definido en la segunda mitad de julio. De esta postulación Loreti prefirió no hablar en la siguiente entrevista con Viernes, aunque sí de muchas otras cuestiones relevantes.
Damián Loreti: Es una relación mucho más abarcativa que la publicidad oficial, y me atrevo a decir que más importante en términos de dinero. Por ejemplo, la historia de las desgravaciones del gravamen que preveía la vieja ley de radiodifusión. Entre la última etapa del gobierno de Alfonsín y el gobierno de Kirchner en 2003, es varias veces más millonaria en dólares que lo que se pagó por la privatización de los medios. También el no soterramiento de los cables (ndr: de Cablevisión y otros proveedore s en CABA y otras ciudades), la situación de tolerancia al trabajo en negro en los medios, que haya provincias que no ratificaron el artículo 64 del estatuto del periodista, por lo cual no se puede poner publicidad tarifada en empresas que no cumplan con el trabajo en blanco. La publicidad oficial es un tema muy importante, pero hay más cosas para debatir.
En el caso de la publicidad oficial, ¿Qué criterios serían los más apropiados para un justo reparto?
D.L.: Hay varios inputs. Uno es la tirada, otro es la zona de actuación, el tipo de mensaje, el tipo de público, el tipo de soporte, la multiplicación del soporte por redes sociales o no, el lugar al cual se accede, si está destinado a público local o internacional, si es un medio nacional o extranjero; porque la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace una explícita invocación a que no se subsidie a medios extranjeros con publicidad local y eso se pueda desgravar de Ganancias en el caso de privados. Habría que mirar si se va a poner publicidad oficial para atraer turistas o no.
Luis Lozano: El modo en que tiene que hacerse una contratación oficial muchas veces excluye las prácticas empresarias en cuanto a la publicidad y que garantizan bajas de costos, a las que el Estado no puede recurrir.
¿Ustedes observan que todos estos puntos estén planteados?
D.L.: En ningún proyecto de ley vi todo junto.
¿La publicidad oficial puede funcionar como un subsidio a la pluralidad?
L.L.: No funciona esa mezcla. Pensamos que hay formas democráticas de distribuir la pauta oficial. Hay regulaciones europeas que permiten pensar en figuras, como por ejemplo la cuota federativa, donde un piso se reparte de manera igualitaria entre todos los medios. Por otro lado, esta política tiene que estar articulada con una política de subsidio al pluralismo para garantizar que no ocurra lo que ocurrió en las últimas tres décadas, cuando la política de publicidad oficial ha profundizado las asimetrías en el acceso al debate público.
¿Creen que luego del fallo a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay lugar para una marcha atrás en cuanto a una postura "proactiva" en materia de políticas de medios?
D.L.: Ese debate recién se dio claramente en las audiencias de amigos del tribunal. No me atrevería a decir que el fallo de la Corte fortaleció el consenso, no creo que mucha gente haya cambiado de opinión por lo que dijo la Corte. Sí creo que ha blindado una posición doctrinaria que siempre aparecía como incipiente o temerosa de ser planteada, rebelde de un supuesto statu quo, que era esa lógica de que la mejor ley era la que no existe y que cualquier ley que intente regular los medios afectaba los artículos 32 y 14 de la Constitución. En una parte del fallo queda claro que no era inconstitucional plantearse un modelo no regulador de contenidos, sí desconcentrador, que además es un principio del sistema interamericano.
L.L.: El gran paso del fallo de la Corte es convalidar que el Estado no sólo puede, sino que debe garantizar condiciones básicas de pluralismo y diversidad. Después, medir cuánto de eso permea a la opinión pública me parece difícil.
¿Qué habría ocurrido con la teoría más difundida en la carrera de Ciencias de la Comunicación si el fallo salia en contra?
D.L.: La llave de la respuesta es: '¿Con qué argumentos podría haber sido distinto?' Lo que siempre planteamos como posición académica es que había una doctrina clásica, que compartimos, pero no ignoramos que eso tiene que ir acompañado de una lectura dinámica de esa doctrina, que es lo que para nosotros hace cierto movimiento constitucionalista de Estados Unidos y la Corte de aquel país, más el derecho internacional de los Derechos Humanos, acerca de que la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la garantía del pluralismo y la diversidad. Sería muy raro pensar que, estando los compromisos que existen en el sistema interamericano, sólo se abrevara en esa doctrina conservadora.
L.L.: (El fallo de la Corte) convalida el valor de esa otra doctrina, no la intervención estatal, que siempre existió. La idea que la teoría clásica equivale a no intervención, a no ley, es una falacia absoluta. La profundización del modelo neoliberal, sus consecuencias tuvieron lugar gracias a una activísima intervención del Estado durante los '90 mediante DNU, excepto por la ley de Reforma del Estado. Todo eso no habría sido posible sin una activa intervención del Estado, sólo que se dio en favor del mercado.
Uno de los argumentos más usados en contra fue que "la ley nació vieja", ¿qué piensan?
D.L.: Escuché en una conferencia, en la que yo era panelista, que otro panelista dijo: "la ley nació vieja, no regula Internet". Mi primera respuesta fue: cuidado con lo que desean, porque si se cumpliera, estarían protestando. ¿Qué quiere decir regular Internet? Facebook, Twitter, correo electrónico, comercio electrónico, diarios digitales, portales de noticias, YouTube, Netflix, ITunes, Spotify, canales de TV por plataforma online... si todo eso se regulara bajo la misma ley, se estarían previendo regulaciones sobre cosas que muchos de nosotros no queremos que se regulen. No es que la ley nació vieja, sino que definió qué quería regular. El modelo que se tomó de regulación es el de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todo lo que es contenido empaquetizado (sic) en línea, independientemente del soporte, es un servicio de comunicación audiovisual. Aquello que va por Internet y no tiene este formato va a parar a lo que se llama "servicio de comunicación audiovisual por catálogo" que está bajo el "paraguas" de la OMC.
Otra discusión es el triple play, que telefónicas, cable e internet lleguen con el mismo proveedor.
D.L.: Ahí la cuestión era no sólo con las telefónicas sino con las empresas que llevan servicios domiciliarios. En el primer proyecto había trece reglas que establecían de qué modo las telefónicas podían haber entrado. Esto se cambia durante el debate en Diputados. Las telefónicas no entraban así nomás.
¿Cómo habría que regular la convergencia tecnológica?
D.L.: Todavía no existe la regulación de la convergencia. Lo que hay es solapamiento de regulaciones o yuxtaposiciones. En Estados Unidos existe una autoridad única, una ley de comunicaciones del '34 modificada en el '96 que yuxtapone telecomunicaciones y radiodifusión. Hasta hoy no he visto una ley de la convergencia. Además, no estoy de acuerdo con que algunas cosas tengan que ser reguladas con algo específico.
Pero quizás sí hablar de un marco de derechos y obligaciones, algo parecido a lo que se está discutiendo en Brasil.
D.L.: Pero eso no aplica a la crítica sobre la ley de medios. En Brasil se está discutiendo el marco civil (de Internet) y está en incipiente estado una ley de comunicación audiovisual. La discusión del marco civil no excluyó la discusión de la ley de medios.
L.L.: Además, No escuché a nadie que pueda plantear ejemplo real que escapara a la LSCA.
¿Infobae TV?
L.L.: Si se configura como una grilla y da programación con un horario, encuadra perfectamente en la LSCA, no importa si va por Internet.
¿Qué puede cambiarse en la ley de medios en los próximos años?
L.L.: La ley previó su propia revisión en la revisión bianual de las reglas. Eso fue presentado como un modo de garantizar el manejo arbitrario y la quita arbitraria de licencias, pero no es revisión de licencias sino de las condiciones en que se ponen a disposición. Si hay una modificación tecnológica, por ejemplo, ahí pueden revisarse los límites de cantidad de licencias. Lo demás implica un ejercicio de futurología de lo que va a pasar y esos vaticinios nunca terminan bien.
¿Qué balance hacen de cómo funcionó la LSCA hasta hoy?
L.L.: Sobre los procesos de adecuación se puede pensar qué pasó desde el 29 de octubre del año pasado. Con el fallo de la Corte, el proceso se ha acelerado con presentaciones de propuestas de adecuación. Veo que es positivo, lo que esperábamos que empiece a llevarse a cabo. Me gustaría ver la composición de las sociedades en las que se dividiría el Grupo Clarín o qué invoca Telefe para desligarse de Telefónica. En otros aspectos de la ley, se ha avanzado mucho, como en cuestiones de transparencia, poner a disposición del público las carpetas de los proyectos de cada licenciatario, las marcas de los tiempos de publicidad, el fomento a la producción, el incremento de fondos del FOMECA y el dinamismo de esos concursos. Por supuesto que falta y sigue apareciendo la necesidad de un plan técnico y un gran concurso para asignar licencias.
¿Cómo el surgimiento de las nuevas tecnologías modifican el debate sobre la libertad de expresión?
D.L.: En el último informe de Catalina Botero (actual relatora de la OEA) aparece el riesgo de que los regímenes actuales de propiedad intelectual puedan ser usados como mecanismo de cercenamiento de acceso a la información y la cultura. Otro tema es el espionaje sobre las comunicaciones y otro aspecto tiene que ver con el alcance de la protección de la privacidad. La discusión del derecho al olvido, que acaba de aparecer, pone en juego si eso es o no un límite a la libertad de expresión; no sólo por el derecho de difundir sino por el derecho a informarse. En algunos lugares se discute cuál es el rol de alguien que informa en Twitter y si existe o no secreto periodístico para Twitter respecto de informaciones de interés público. Al mismo tiempo, trae discusiones respecto del reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la cultura y la comunicación. La multiplicación del uso puede generar ganancias sin una contraprestación económica a favor de los trabajadores y eso puede ser expulsivo de fuentes de trabajo.
Hace un tiempo Viernes entrevistó a Ricardo Lafferrierre, quien dijo: "La banda ancha es el secreto de la democratización de la sociedad". ¿Concuerdan?
D.L.: La digitalización es una oportunidad única para achicar las brechas, también es oportunidad para ampliarlas de modo inalcanzable. Puede generar una exclusión todavía mayor. También tiene sus reglas, como la discusión sobre la neutralidad de red, el pago por contenidos o el pago por tráfico. Para decirlo más claro, volvemos a discutir en la esquina de la plaza quiénes pueden llegar a la esquina de la plaza para decir lo que quieran.
En el balance sobre libertad de expresión de la OEA de 2013, hecho por Catalina Botero, se pedía prestar atención sobre las posiciones "dogmáticas" del debate público en Argentina.
L.L.: Para mí queda claro en la audiencia que pidieron Magdalena Ruiz Giñazú y Joaquín Morales Solá, entre otros. Ella lo menciona un par de veces y especialmente se quejan del juicio público que realizó la asociación Madres de Plaza de Mayo por su colaboración con la dictadura. Ahí Botero los interrumpió y les preguntó si no creían que eso era parte del ejercicio de la libertad de expresión de otro sector que tiene todo el derecho a criticarlos. Los periodistas no supieron qué responder. Eso es lo que me parece que le preocupa a Botero y comparto la preocupación.
BIO de Luis María Lozano
Buenos Aires, 7 de julio de 1978
Estudios: Colegio Carlos Pellegrini (secundario) y Ciencias de la Comunicación (UBA)
Trabajos: Director de Comunicación de la Defensoría General de la Nación; subdirector de Comunicaciones de la Procuración General; exdirector de Comunicaciones del CELS. Periodista en ambito.com y en Infobae.
Rutina informativa: Página 12, Ámbito Financiero, La Nación, Télam, BBC, The Guardian y La Garganta Poderosa
BIO de Damián Miguel Loreti
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1962
Estudios: Escuela Nacional Número 5 (secundario), Derecho (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid)
Trabajo: Abogado; docente de Derecho a la Información (FSOC-UBA) y secretario del CELS. Exdirector de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) y vicedecano de la FSOC,
Rutina informativa: La Nación, Página 12 y Ámbito Financiero.
Fuente: Ámbito Financiero