A tres semanas del golpe de Estado, el ejército dispuso ayer que durante un mes la población pueda disfrutar de los partidos de Brasil 2014 por televisión abierta
Por: Noel Caballero
Miles de aficionados al fútbol en Tailandia se despertaron ayer con una sonrisa, al conocer que la junta militar que gobierna el país ha ordenado a los operadores de televisión emitir en abierto todos los partidos del Mundial en su campaña por restaurar la “felicidad”.
Desde el golpe de Estado incruento perpetrado el 22 de mayo, los militares han planificado una series de medidas populistas para limpiar la imagen del cuerpo castrense y acallar las protestas a favor de la reinstauración de la democracia.
“Gracias a los militares no tendré que violar el toque de queda (en Bangkok) para ver los partidos. Lo podré hacer desde mi casa”, comentó a la prensa con cierta ironía Sukhit Purpa, un aficionado local al balompié.
El Consejo Nacional para la Paz y el Orden, como se conoce formalmente a la junta militar, instó ayer “a buscar la manera de devolver la felicidad a gente mediante de la retransmisión de todos los 64 partidos del Mundial de fútbol de manera gratuita”.
A primera hora del jueves el Canal 5, propiedad del Ejército, anunció el acuerdo con la compañía privada RS Plc, poseedora de los derechos de emisión, para retransmitir 38 encuentros a cambio de unos 427 millones de baht (13 millones de dólares).
“Deseamos que todos los tailandeses reciban felicidad viendo la Copa del Mundo. Por favor, verlos y disfrutad, es todo vuestro”, afirmó el general Chatudom Titthasiri, presidente del Canal 5. Los derechos del resto de los partidos, entre ellos el inaugural y la final, ya estaban comprometidos hace meses con la emisión en abierto del Canal 7, también propiedad del Ejército, apunta el diario The Nation.
Con este compromiso, sellado a última hora, los militares zanjan un complicado proceso legal entre la Comisión Nacional de Radiodifusión, que considera el torneo de interés general y por lo tanto que su emisión no debe ser de pago, y el operador privado RS, quien adquirió a la FIFA los derechos de la cita mundialista en el año 2005 a cambio de 20 millones de dólares.
La Justicia tailandesa le había dado la razón hasta en dos ocasiones al operador, antes de la mediación del ejército.
A pesar del toque de queda que todavía rige en parte del país asiático, incluida la capital, Bangkok, algunos establecimientos decidieron saltarse la orden de cierre, que fue impuesta entre la medianoche y las cuatro de la madrugada de ayer.
“Nuestro local permanecerá abierto a la hora del partido (cuyo silbato inicial está programado para las tres de la madrugada hora local). Esto porque el bar se encuentra dentro de un hotel, por lo que nuestros clientes son los que se hospedan en él”, asegura el gerente de un establecimiento situado en una zona turística de Bangkok.
No obstante, la decisión, calificada como “populista” por muchos tailandeses, no llevará felicidad a todo el mundo.
“No me gusta el fútbol y están gastando dinero público en cosas innecesarias. Ellos derrocaron al anterior gobierno con la acusación
de que realizaba políticas populista y ahora, ¿la junta militar qué está haciendo?”, se pregunta una joven estudiante de economía, quien pide condición de anonimato.
Tras el golpe de Estado, el ejército tailandés ha puesto en marcha una campaña que pretende “devolver la felicidad” a la población, que incluye conciertos, festivales y pases gratuitos de películas de temática patriótica en los cines.
Los militares también ordenaron congelar los precios del gas y la gasolina, y pagar subsidios a los productores de arroz, una medida por la que el gobierno depuesto fue acusado de “populismo” por sus detractores y los partidarios del golpe.
En tanto, miles de inmigrantes ilegales camboyanos en Tailandia no pueden compartir ese estado de “felicidad”, y están huyendo o han salido deportados por la junta, informó la prensa camboyana.
Casi ocho mil camboyanos regresaron a su país en los primeros nueve días de junio, según datos del gobierno camboyano.
La junta militar fue el único gobierno que rechazó aprobar ayer en Ginebra el nuevo protocolo vinculante de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas contra el trabajo forzado.
Foto: Narong SangnakFuente: Agencia EFE