El rector de la UNGS destaca el lugar de las universidades en el nuevo régimen de comunicación audiovisual, y dice que la contracara del rol de la ley de medios como reguladora de los actores más poderosos es la promoción de “voces más pequeñas”
Por: Ailín Bullentini
El rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, definió su nuevo rol como uno de los siete directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como “un desafío muy interesante y una lindísima oportunidad”. Rinesi, en funciones desde el 19 de mayo pasado, fue propuesto por el Consejo Federal de Comunicación para ocupar el lugar que dentro del directorio de la autoridad de aplicación de la ley de medios corresponde a referentes de universidades públicas. Lo hizo en reemplazo de Eduardo Seminara, que debió renunciar al cargo –también lo hizo a su función de rector de la Universidad Nacional de Rosario– para ejercer una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, vacante tras el fallecimiento de Jorge Obeid.
¿Qué significa en su trayectoria pasar a integrar el directorio de la AFSCA?
Se trata de un desafío muy interesante y una lindísima oportunidad para acercar al directorio de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que venimos haciendo, que es mucho y muy bueno, en el sistema de universidades públicas, tanto a nivel teórico y académico sobre la problemática de los medios en general y de los medios audiovisuales en particular, como en la producción de medios: el desarrollo de canales de televisión y radios propias en el último tiempo ha sido muy grande gracias al estímulo de la política pública que nos ha permitido desarrollos muy interesantes. Entonces, esto ha generado un sistema en algunas universidades más fuerte que en otras, algunas con una historia larga en el tema y otras que recién empiezan, cuyo desarrollo es interesantísimo en la materia, desde el que espero poder aportar a la discusión hacia adentro de la AFSCA.
Uno de los ejes de la ley de medios es la “diversidad de voces” a partir de la reserva del 33 por ciento del espacio radioeléctrico para los sectores sin fines de lucro. ¿Debería la academia retroalimentarse de ese eje para fomentarlo en sus canales de formación?
La preocupación por la educación superior universitaria y aquella otra por la democratización del sistema de medios en la que está empeñada la AFSCA como autoridad de aplicación de la ley suelen ser presentadas como dos dimensiones diferentes, cuando sólo lo son en apariencia. En realidad están completamente vinculadas. Son, diría, dos caras de la misma moneda: la preocupación por la generalización, expansión y universalización del derecho a la educación superior, que es lo que las universidades públicas estamos procurando, y la preocupación por la democratización del sistema de medios que, creo, también es la preocupación por la universalización de un derecho, el de comunicar y recibir información múltiple, plural, diversa. La militancia en ambos casos apunta a procurar una sociedad más democrática en la que rijan de manera universal el conjunto pleno de derechos; se trata de dos componentes de una misma pelea. El ida y vuelta entre la academia como un lugar que investiga la problemática de los medios, pero también como productora de ellos y de profesionales que les dan vida y sentido, y la autoridad que verifica la aplicación de una ley que busca diversificar las voces, es plenamente necesario. Es más: cuanto más ida y vuelta haya, mejor.
Llega a la AFSCA cuando uno de los pasos más importantes en la pelea para que el Grupo Clarín cumpla con la ley ya fue dado: la corporación presentó un plan de adecuación. ¿Qué falta para la plena aplicación de la ley?
Efectivamente, la presentación por parte de Clarín de su plan de adecuación, que aún no ha sido analizado por el directorio porque aún está bajo análisis en instancias previas, es un hecho políticamente muy relevante porque señala la plena vigencia de la ley: no hay dueños de medios en la Argentina que deban cumplir la ley y otros que sientan que pueden estar eximidos de hacerlo. El solo hecho de que esté demostrado en actos que la ley rige para todos es un valor político extraordinario, más allá de cómo avance la cuestión particular de cada plan de adecuación.
¿Y qué otros desafíos quedan respecto de la puesta en marcha de la norma plenamente?
Con respecto a los desafíos de la ley me gustaría insistir en una cosa: el caso Clarín, la tremenda espectacularidad que ha tenido el asunto, la fortísima militancia del grupo y de todos sus medios en relación con la presunta ilegalidad o inconstitucionalidad de la ley, y todo el alboroto armado en relación con eso, le ha dado una importancia extraordinaria en el ámbito público a la gestión del carácter antimonopólico de la norma. Se discutió en todos lados si es justa o no, si es abusiva, si es inclusiva. Esta discusión es muy importante: es fundamental tener una ley antimonopólica que garantice el efectivo funcionamiento del mercado de los medios y que, a la vez, proteja a los menos poderosos, permitiendo una competencia razonable entre actores de diferente porte. Al mismo tiempo es importante la enorme capacidad que tiene la ley, y lo mucho que promueve la aparición y el sostenimiento de nuevas voces de sectores menos privilegiados, más débiles. Se ha prestado mucha atención a la capacidad de la ley de disciplinar al más grandote de los medios, pero junto a esa virtud tiene otras: la de promover voces más pequeñas que, sin ella, difícilmente hubieran logrado las condiciones para tener un lugarcito en el espacio público. Esta capacidad multiplicadora de la ley de medios es la contracara de su capacidad de regular el juego de los actores más poderosos y es, si se quiere, su desafío más grande.
Fuente: Diario PáginaI12
