Tras un año de la denuncia que sindicó a Américo Balbuena (en la foto cubriendo una marcha de la ONG La Alameda) como un “infiltrado” en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, el caso por “averiguación de delito”, a cargo del juez federal Sergio Torres, está demorado.
El citado cuerpo fue objeto de un allanamiento, ordenado por el magistrado, el 22 de mayo de 2013. Se secuestraron computadoras y el legajo de Balbuena, entre otros elementos. Abogados denunciantes indicaron a Perfil que las demoras se deben a falta de presupuesto.
Fuentes judiciales reconocieron que se había descartado una primera institución educativa para realizar los peritajes y que se estaba trabajando ahora con “otra casa de estudio”. A su vez, negaron que existieran restricciones presupuestarias.
El 6 de mayo de 2013 una conferencia de prensa organizada por miembros de la agencia junto a organizaciones sociales había dado a conocer el caso del presunto espía.
La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió abrir un sumario interno y dispuso su pase a “disponibilidad preventiva”.
El pasado 3 de abril, el diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-PTS) preguntó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre el caso. El funcionario indicó que “la investigación administrativa se encuentra a la espera del avance de la actuación judicial a fin de dilucidar si existió la comisión de un delito”. Y aclaró que tanto Balbuena como su superior siguen “en disponibilidad”.
Testimonios de distintos dirigentes políticos y sociales explicaron ante el juez el modo en que Balbuena recavaba información. También contaron que llegó a trabar amistad y hasta visitó las casas de algunos de ellos. Hasta la fecha, la defensa no ha hecho ninguna presentación ante el juez.
En tanto, el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín presentó, por iniciativa de la abogada Myriam Bregman, un testimonio clave para entender el modo en que funciona el cuerpo de inteligencia que integraba Balbuena.
Como experto en temas de seguridad y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), explicó que esa unidad realiza tareas “de inteligencia ordenadas exclusivamente por la superioridad policial” y no tiene funciones de investigación criminal. Saín cree que su función es el “espionaje político”. Según su estimación, sobre la base de estudios presupuestarios, está integrada por cerca de mil agentes.
Fuente: Diario Perfil
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