Ayer, la Corte Suprema trató en una audiencia pública uno de los temas más relevantes para la vigencia de la libertad de expresión en la era digital: el de la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos publicados por terceros.
El caso parece banal, pero en la Argentina hay más de 150 demandas similares. En conjunto, representan una fuerte amenaza para la libre circulación de información en Internet. La respuesta de los tribunales ha sido contradictoria y problemática: varios jueces civiles concedieron medidas cautelares e indemnizaciones que pueden tener el potencial de convertir a los intermediarios en censores de lo que todos hacemos en Internet.
En efecto, al asignarle responsabilidad por los contenidos de terceros, nuestros jueces están creando incentivos poderosos para que esos buscadores ejerzan la censura privada. Tanto Google como Yahoo! son empresas con fines de lucro y ante la amenaza de ser responsabilizados por contenidos que no producen, lo más razonable es pensar que van a introducir filtros y limitar resultados. Eso ya pasó en otros países.
Nuestros jueces no comprenden el carácter descentralizado de Internet, el rol crucial que juegan los intermediarios y el impacto que sus decisiones sobre una red que se encuentra en riesgo por acciones estatales y corporativas. Internet, como un espacio abierto, es el resultado de un equilibrio frágil y puede ser amenazado por las personas que menos esperábamos.
Lo que decida la Corte será relevante de cara a la discusión regulatoria. Los incentivos hacia la censura privada pueden reducirse si se establece un régimen legal que evite la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos de terceros, y que dé intervención a la Justicia para resolver sobre los derechos en juego. Ese es el estándar que promueven los organismos internacionales de libertad de expresión y derechos humanos.
*Los autores integran la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Fuente: Diario La Nación