Por: Lucas Morando
El jueves pasado al mediodía, mientras se montaba una teatralización oficial en la puerta del Grupo Clarín donde el ministro Alex Kicillof exigía a uno de los abogados de la empresa ingresar a la asamblea de accionistas con sus custodios y el síndico oficial, Daniel Reposo, esgrimía argumentos de escaso peso institucional, los representantes de Clarín terminaban de tejer su estrategia para burlarse de cinco años de debate sobre la Ley de Medios.
Pero, por sobre todo, sepultaría la estrategia del Gobierno que hasta hace pocos días confiaba en obligar a Clarín a que venda Cablevisión. Simbólicamente, quitarle el mejor activo sería un triunfo. El camino inverso, un fracaso político.
La semana pasada, el mexicano David Martínez, dueño del 40% de Cablevisión –aliado y asesor del Gobierno en la negociación de su deuda soberana– estuvo en la Argentina. Uno de sus encuentros de rutina fue en las oficinas de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Luego de una reunión, los representantes del Gobierno salieron convencidos de que Deivid (así lo llaman) ya tenía “todo cerrado” para que Ralph Booth, a través su fondo de inversión Fontinalis, hiciera una apetecible oferta para comprar Cablevisión, empresa que costaría no menos de US$ 4.000 millones. Booth es además dueño del 9% del Grupo Clarín.
Pero según pudo saber Perfil, la venta no es el futuro que imaginan ahora los jerarcas del Grupo. Hay que recordar que si bien la empresa presentó un plan para dividirse en seis unidades “independientes”, no podrán compartir accionistas la unidad 1 –Canal 13 y Radio Mitre y TN– con la unidad 2, la mayoría de los abonados de cable.
Dentro de Clarín toma fuerza la posibilidad de anticipar la donación de las acciones de Cablevisión o realizar una operación de compraventa a algunos de herederos de los principales accionistas. Es decir, en vez de vender, entregarles el mejor negocio a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, Felipe y Marcela, que trabajan en áreas menores de la compañía, o a los herederos de otros dueños de la compañía como los hijos de Magnetto (Marcia y Ezequiel). “Sería anticipar una cuestión natural donde los hijos se quedan con las empresas de los padres”, confirma un director de la compañía, aunque aclara que es una posibilidad que se baraja junto a la venta de algunos de los activos, por ejemplo.
El pasado 17 de febrero fue la última reunión de la AFSCA donde comenzó un período de seis meses para que el multimedios explique cómo y entre quiénes va a dividirse. Hace pocos días el CEO del Grupo, Magnetto, y otros tres accionistas pidieron licencia del directorio para avanzar con la reestructuración. Cuando Perfil consultó sobre la posibilidad de que Cablevisión quede en manos de los hijos de sus accionistas, en el Gobierno hubo irritación: “Eso no se puede y si no está escrito en la Ley, lo vamos a meter después”, amenazaron. En realidad la estrategia de Clarín se inspiró en la que encabeza el Grupo Vila-Manzano, que busca ajustarse a la ley reorganizando sus empresas entre los hijos de los accioistas.
Aunque no lo reconozcan, los abogados de Clarín esperan en silencio el dictamen de la Afsca que apruebe el plan de Vila-Manzano para usarlo como fundamento. Los técnicos de la Afsca aseguran que cuando los abogados del Grupo presenten la lista de nuevos “dueños” de las seis empresas deberán acreditar también ante la Afip que disponen del patrimonio para comprar los activos. Pero para la empresa eso no está dentro de la reglamentación: “no es necesario demostrar la capacidad financiera, si lo desea, el que vende (Clarín) le presta plata al que compra”, anticipan y recuerdan el ejemplo de la familia Eskenazi, que gracias a su cercanía con el kirchnerismo compró YPF con los futuros dividendos de la compañía.
El Grupo Clarín, que controla el 60% de Cablevisión, tiene tres accionistas principales. Los controlantes, que tienen el 71%, son Ernestina H. de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. El 20% que está en la Bolsa (hay 8% de la Anses) y el 9% restante pertenece al fondo de Ralph Booth. Al menos así será por las próximas semanas.
Medidas clave por Papel Prensa
Por: Emilia Delfino
La causa judicial por la venta de Papel Prensa, otra de las batallas entre el Grupo Clarín y el Gobierno, tomó un nuevo impulso que será clave para determinar si la empresa fue vendida o no a precio vil a los diarios Clarín y La Nación, como sostienen la viuda del empresario David Graiver, Lidia Papaleo, y el Gobierno.
El juez federal Julián Ercolini ordenó una pericia contable para determinar el “precio y el valor históricos progresivos” de las acciones de la empresa productora de papel de diarios en moneda nacional y en dólares. Además, el magistrado solicitó al Tribunal de Tasación y al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que determinen si los valores a los que fueron vendidas las acciones en 1976 se ajustaron a los precios de mercado o de la plaza financiera de aquel año.
El juez citará a nuevos testigos, entre ellos Isidoro Graiver, hermano de David. El avance se da mientras en la Justicia advierten la pérdida de interés de un sector del Gobierno en la causa. Sólo un grupo de Justicia Legítima y el titular de la UIF siguen mostrando voluntad en sostener la teoría del Gobierno.
Los peritos deberán establecer si los vendedores –es decir la familia Graiver– podrían haberse considerado perjudicados o beneficiados por dichas operaciones. Papaleo sostiene que la empresa fue vendida a precio vil y bajo presión de Héctor Magnetto y la dictadura militar. Isidoro Graiver sostuvo en una entrevista que la familia se vio beneficiada por la venta de Papel Prensa. Los peritos tendrán la palabra oficial.
Fuente: Diario Perfil