Por: Marina González Patricia Pujol
Su candidatura al cargo de defensora fue aprobada por el Congreso argentino en octubre de 2012, luego de haber sido propuesta por el oficialismo. Cynthia Ottaviano se desliga de cualquier tinte partidario en su gestión y dice que trabaja para “defender a las audiencias” de la vulneración del derecho a la comunicación, para que los medios ya no reflejen el punto de vista de “unos pocos” sino la variedad de la sociedad argentina, y que se encuentre en ellos mayor “representatividad”.
Considera que no podría ocupar su cargo sin la experiencia periodística que tiene, según manifestó a la diaria en una entrevista por correo electrónico. La Defensoría del Público es un organismo estatal creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para promover, difundir y defender los derechos de la audiencia. Esa institución recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público, promueve la participación y el debate, y busca dar a conocer el derecho a la comunicación.
¿Qué cambios se dieron en la ciudadanía para que se transforme en “ciudadanía comunicacional”?
El concepto de ciudadanía comunicacional surge a partir de la comprensión de que las sociedades actuales viven atravesadas por los medios de comunicación. Es decir, resulta imposible pensar en tomar decisiones sin información, y la información debe ser comprendida como un derecho humano fundamental e inalienable, con una dimensión tanto individual como colectiva. No hay posibilidad de que existan las democracias sin el ejercicio del derecho a la comunicación. Por ende, cuando hablamos de los públicos, de las audiencias, hablamos de ciudadanos comunicacionales, porque son plenos sujetos de derecho y no meros objetos incitados al consumo. Creo que la gran transformación que empezamos a hacer con la creación de la Defensoría es empoderar a esa ciudadanía comunicacional difundiendo sus derechos y haciéndolos efectivos mediante la amplificación de sus reclamos y de concretar algunos cambios. El rol de los medios de comunicación es clave en Argentina, del mismo modo que en toda sociedad mediatizada. Sin pluralidad y diversidad en los medios de comunicación no hay verdadera democracia. Hasta hace muy poco algunos seguían sosteniendo que la comunicación era un privilegio, pero finalmente la lucha popular por una comunicación democrática -que tiene más de tres décadas en Argentina- triunfó con la declaración de plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con todos los grupos comunicacionales adecuándose a esa nueva ley. Este año tendrá que modificarse finalmente el mapa de la comunicación, corrigiendo las asimetrías profundas que todavía tenemos.
¿Qué alcances tiene el rol de la defensora del Público en el contexto político y social actual de Argentina?
En Argentina comprendemos que a cada paradigma político y económico le corresponde un paradigma comunicacional. El de nuestra democracia es en la perspectiva de los derechos humanos, dejando atrás aquél levantado a fuerza de censura, persecución y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar. El alcance de la Defensoría es el que le han dado los miles y miles de personas que -en debates en el seno de las redacciones, los sindicatos, las escuelas y universidades de comunicación y periodismo, y, años después, en audiencias públicas y foros de participación de todo el país- reclamaron un organismo de derechos humanos especializado en el derecho a la comunicación al que todos, en igualdad de condiciones, pudieran reclamar cada vez que se vulnerara su derecho. Es un organismo nacional, creado por una ley, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que rinde cuentas ante una Comisión Bicameral del Congreso y que defiende los derechos de las audiencias. Para poder hacerlo difunde esos derechos de manera permanente. El año pasado, por ejemplo, canalizamos los casi 2.000 reclamos, denuncias y consultas de manera positiva, mediante el diálogo. Distribuimos junto a la Universidad Nacional de Quilmes, de manera gratuita, 10.000 leyes. Contando todos los kilómetros recorridos en Argentina para capacitar a 11.387 personas, ya dimos seis veces la vuelta al mundo. Promovimos la participación ciudadana haciendo seis audiencias públicas en las seis regiones del país y abriendo las puertas para que quien quisiera diera su opinión fundada sobre la radio y la televisión. Ése es el alcance de la Defensoría, que nace en este contexto político y social, pero cuya tarea debe prolongarse en el tiempo, sea cual fuere el contexto.
¿Qué tipo de denuncias se reciben y quiénes las presentan?
Podemos decir que tenemos dos universos: uno, de aquellos que reclaman acceder a los medios de comunicación de manera universal, gratuita y como señala la ley; y otro que está más sensibilizado con la falta de protección a la niñez y adolescencia, con las degradaciones de las mujeres en la radio y la televisión, y con la discriminación por diferentes motivos. De las presentaciones, 71,5% surge en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por viajar y estar presentes en todo el país. Buscamos romper con el porteñocentrismo. Por ejemplo, la primera audiencia pública la hicimos en Resistencia, Chaco. Pero las estadísticas demuestran cuánto cuesta. De quienes hacen las presentaciones, 52,3% son mujeres, mientras que si observamos las edades, 28,5% tienen entre 51 y 65 años, seguidos por quienes tienen entre 31 y 40 años, que representan el 22,5%.
¿Influye su pasado de ejercicio periodístico en el desempeño de la tarea? ¿De qué manera?
Es clave. Sólo alguien que haya trabajado profesionalmente durante tantos años (más de dos décadas) en todos los medios de comunicación, radio, televisión, gráfica, realizando todas las tareas, puede comprender y conocer verdaderamente la cocina de la comunicación, cómo se construye colectivamente esa comunicación, de qué manera se puede transformar. El diálogo con los actores de la comunicación es fundamental, y sé que hablamos el mismo idioma. Por otra parte, haber realizado esos trabajos de manera paralela a la formación académica [licenciatura en Periodismo, maestría en Periodismo de Investigación y otros estudios de posgrado] y luego la docencia universitaria [desde hace más de una década] me permitió pensar en la necesidad de una Defensoría que pudiera promover miradas interdisciplinarias de la comunicación, es decir, tomar la decisión de fundar una Defensoría con cuatro direcciones fundamentales: una de Protección de Derechos, integrada por abogadas y abogados especializados en derechos humanos y en derecho a la comunicación; otra dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, donde un grupo de antropólogos, sociólogos y licenciados en comunicación realiza abordajes múltiples de la complejidad que supone la comunicación; otra que es la Dirección de Capacitación, con la que se apuesta a que la verdadera transformación es cultural y por ende es clave la oportunidad de acompañar el surgimiento de nuevas radios y canales de televisión, así como generar espacios de reflexión y capacitación para las audiencias y para todos los actores de la comunicación (periodistas, conductores, locutores, camarógrafos, productores ejecutivos, gerentes de programación y representantes de licenciatarios). A esto se suma la Dirección de Comunicación, cuyo cometido es difundir la tarea y promover los derechos. En Argentina hay una excelente predisposición. La Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, pero sí tiene una gran capacidad de diálogo y de generación de consensos. A veces con una reunión alcanza, a veces con dos y a veces con tres, de algunas horas, pero lo importante es que siempre, escuchando los distintos puntos de vista, contrastándolos y enriqueciéndonos unos con otros llegamos a acuerdos en beneficio de las audiencias y de la comunicación. Creo que esa tarea, de la manera en que la realizamos, sólo la puede llevar adelante un trabajador o trabajadora de la comunicación, que además tenga una mirada académica interdisciplinaria sobre la comunicación y que esté en contacto permanente con otras experiencias de otras partes del mundo para realizar todos los días un trabajo mejor.
Fue propuesta al cargo por el oficialismo. ¿Cómo maneja en su tarea la etiqueta de “oficialista”? ¿En qué medida eso incide en su rol?
La propuesta para que sea defensora fue hecha ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e integrada por representantes de diferentes fuerzas políticas. Esa comisión analizó mis antecedentes y votó por unanimidad mi candidatura. Luego puso a consideración de la sociedad civil mi presentación, como señala la ley. Durante los diez días en los que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, las entidades académicas y de derechos humanos podían hacer observaciones, recibí 800 adhesiones de personalidades y organizaciones de los derechos humanos, el periodismo, la cultura, la academia y los sindicatos, y luego votaron por amplia mayoría los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores. Luego de ese proceso, que llevó un mes, por resolución conjunta de ambas cámaras me designaron defensora. Fui designada para defender a las audiencias, no a una corporación, ni a un grupo comunicacional, ni a un gobierno, ni a un partido político. Se trata de corregir las asimetrías existentes y de amplificar los reclamos y denuncias cuando se vulnera el derecho a la comunicación, como he hecho hasta ahora. En definitiva, mi tarea es defender a las audiencias; tan simple y complejo como eso.
Ante la eventualidad de un cambio de partido político en el gobierno, ¿cree que la efectividad de su cargo podría cambiar?
No debería haber ningún tipo de afectación. De hecho, la Defensoría no está sujeta a los calendarios políticos, sino todo lo contrario. No tiene dependencia del Poder Ejecutivo, sino del Parlamento, con una comisión específica a la que debe rendirle cuentas, cuya composición de representantes de las diferentes fuerzas políticas va modificándose con las elecciones legislativas, cada dos años, mientras que el mandato del defensor o defensora es de cuatro años y concluye un año después del mandato presidencial. Ésa es una de las garantías de imparcialidad. Por otra parte, es necesario volver a enunciar que la creación de esta Defensoría no es una imposición partidaria, sino que ya con la recuperación democrática se comenzó a diseñar un proyecto para su creación. Durante 30 años se debatió acerca de esta Defensoría, de manera que podemos decir que es una conquista del pueblo argentino y que, al nacer de sus propias entrañas, es uno de los cambios irreversibles. Ha llevado un tiempo democrático prolongado y profundo, pero justamente, desde mi punto de vista, es ese camino el que consolida su existencia.
¿Cuáles son las mayores tensiones que se han dado desde que asumió hasta ahora?
Corregir asimetrías no es una tarea sencilla. Mi tarea está atravesada por tensiones, como lo estaba cuando ejercía el periodismo. Tuve que renunciar a todo para aceptar el desafío de intentar una transformación desde la información como mercancía a la información como derecho, de empresas a servicios de comunicación audiovisual. Creo que vivimos en una época en la que la puja distributiva no es sólo económica, sino también comunicacional. Y en medio de esa disputa estamos. Las prácticas discriminatorias, humillantes y cosificadoras de las mujeres; la demonización de la juventud; la criminalización de la niñez y adolescencia; la aceptación de que los temas que más intereses generan en el marco de los noticieros son los policiales, mientras que las noticias vinculadas con la niñez, la educación, los derechos humanos y los pueblos originarios casi no existen. Esto surge de los datos duros que arrojó el relevamiento realizado por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría durante 2013. Es necesario cambiarlo. Hay una crisis de representatividad en la televisión abierta de Argentina, y ése es el gran desafío que tenemos por delante. Necesitamos que los medios de comunicación reflejen las distintas formas de ver y pensar el mundo que tenemos en el país, para que dejen de expresar el punto de vista reducido de unos pocos como si fuera el de todos. Y eso es parte de la tensión.
¿Cuáles fueron los casos más destacados en los que tuvo que intervenir?
Hemos defendido en varias oportunidades los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante casos graves. Por ejemplo, en uno en que se estaba difundiendo una foto de chicos que estaban actuando en una película de ficción policial -en la que hacían de delincuentes y exhibían armas- diciendo que eran chicos que habían asesinado a un policía en la vida real. Habían tomado imágenes de internet y las pasaban como si fueran de una banda de delincuentes “reales”. Imaginate la desesperación de esos chicos y de sus madres cuando vieron que estaban saliendo en la tele “con chapa de delincuentes”, de asesinos de un policía, como denunciaron. También nos tocó actuar en un caso en el que un grupo de maestras de una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires eran mostradas como acusadas de violencia infantil en un jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires, algo con lo que no tenían absolutamente nada que ver. Todos ellos primero quisieron comunicarse con el canal, pero no les respondieron. El camino que tendrían que haber seguido, de no existir la Defensoría, era el de conseguir un abogado y presentarse ante el Poder Judicial. Hubieran necesitado tiempo y dinero. Después de unos cuantos años les hubieran dado la razón, porque la tenían. Pero, justamente, hubieran pasado varios años y hubieran tenido que gastar una buena suma de dinero. Con la Defensoría, de manera gratuita, ágil y en pocas horas o días, lograron una reparación, lograron que se aclarara que no tenían vinculación alguna con los delitos que se les imputaban, y salvaguardar su buen nombre y honor. De eso se trata.
Fuente: La Diaria