En la pulseada contra Clarín todo era más fácil. La demonización de Héctor Magnetto, la trama de Papel Prensa, el folclórico “estas nerviosho” y la radicalización del multimedios funcionaban como una especie de mini Convención de Ginebra mediática, con un reparto de roles definido y aceptado con comodidad.
En comparación, la definición sobre el futuro de Telefe resulta un caos para la AFSCA y el gobierno de Cristina Kirchner. El único alivio reciente lo trajo el cierre del conflicto con Repsol de España por la estatización de YPF, algo que el oficialismo esperaba para poder resolver si Telefónica cumplía o no con la Ley de Medios.
Así, aunque no exista una enemistad manifiesta con los dueños del medio, pero con pudor al qué dirán y un enigma abierto sobre el posible comprador, un sector del kirchnerismo insiste con la idea de que Telefónica se desprenda del canal más visto de la Argentina.
Superado el fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad plena de la ley, la Afsca trató y aprobó el plan de adecuación de Clarín.
Después, el organismo conducido por Martín Sabbatella se dedicó a ganar tiempo para que el gobierno llegara a un acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF. El objetivo: evitarse dos frentes simultáneos con el poder económico (y político) de España.
“Era mucho más complejo que lo de Clarín, incluso desde lo jurídico, aunque hay más argumentos en contra que a favor de Telefónica”, explica un funcionario nacional, que en la interna de gobierno opinó que la empresa española debía vender Telefe.
La Ley de Medios establece que las empresas de servicios públicos, como Telefónica, no pueden explotar licencias de radio, televisión y cable.
Tal restricción no figuraba en el proyecto original y fue una especie de concesión doble del oficialismo: a los legisladores de centroizquierda y a los grupos de medios ya en funciones, en especial al Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano, que se veían venir una competencia desigual contra empresas que facturan más de cinco veces más.
Ante esa limitación, Telefónica argumentó que sus canales son propiedad de la firma de España y no de su filial local.
Así, al no prestar el servicio público en la Argentina, la empresa de telefonía intentaba puentear la restricción de la ley. Y si bien en 2012 el propio Sabbatella le dio la razón, ahora el gobierno se dispone a ordenar a Telefónica que venda Telefe y sus emisoras de TV en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Neuquén y Bahía Blanca.
“No quería ni enterarme de qué iban a resolver, pero todo indica que le van a rechazar todo”, afirma un integrante de la AFSCA que esperaba, por ahora en vano, una convocatoria para la reunión que el organismo tenía agendada para esta semana.
Porque una alternativa moderada que manejaba el gobierno era que Telefónica sólo se desprendiera de algunos de los nueve canales que controla, y con los que supera la cobertura del 35% de la población, algo también prohibido por la ley.
Fuente: Diario Perfil
"El Gobierno quiere que lo compre uno de sus amigos"
Por: Carlos Sacchetto - csacchetto@losandes.com.ar
Por la implementación definitiva de la ley de medios, el Gobierno está en otra encrucijada. Falta definir la situación de Telefe y sus filiales, algo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, viene demorando. Eso se debe a que, según el texto de la ley, debe ordenar a la propietaria Telefónica de España que venda el canal por ser incompatible con la prestación del servicio de telefonía.
Mientras el Gobierno quiere que lo compre uno de sus amigos -Cristóbal López, Electroingeniería, etc.- Telefónica tendría algún resquicio en la ley de Bienes Culturales para conservar la televisora. Si la obligan a vender, podría judicializar nuevamente la ley de medios y eso significaría un problema mayúsculo para el Gobierno.
En primer lugar, si Telefónica judicializa, las demás empresas podrían detener sus planes de adecuación hasta tanto haya sentencia definitiva como ocurrió con Clarín. La Corte Suprema fue precisa cuando declaró constitucional la ley al decir que debe aplicarse en igualdad de condiciones para todos. Si todo se detiene, el fracaso oficial en este tema sería estrepitoso y le sumaría un mayor desgaste al final del mandato de Cristina.
Pero no acaba allí la complicada trama alrededor de Telefónica. Uno de los mayores accionistas de esa empresa es el grupo La Caixa de España que, a la vez, tiene fuertes intereses en Repsol, con la que el Gobierno argentino está negociando el acuerdo indemnizatorio por la expropiación de YPF. Fuentes españolas reconocen que la situación de Telefónica con Telefe formó parte de esa negociación, aunque no esté escrito en el convenio.
Las próximas dos semanas serán decisivas. La Caixa habría condicionado la aprobación del acuerdo por YPF -que la asamblea de accionistas de Repsol debe votar el viernes 28-, a que antes la AFSCA permita que Telefónica siga operando Telefe. Con su creciente debilidad política, al Gobierno no le resultará sencillo capear el temporal.
Fuente: Diario Los Andes