Por: Felipe Yapur
“Es el principio del fin de estas expresiones monopólicas”, afirmó el viernes el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien junto al resto del directorio evaluarán este lunes la presentación del grupo. Si bien trascendió que la propuesta va a ser aprobada uno de los puntos más importantes será el estudio minucioso de la conformación societaria de esas seis unidades de servicios en las que no podrán repetirse el nombre de los accionistas. Además, deberán demostrar independencia en la estructura económica. Esta etapa insumirá 30 días de trabajo intenso de los técnicos y especialistas de la AFSCA.
Otro punto importante que el Grupo Clarín debe cumplir mientras se realiza el proceso de adecuación es la continuidad del servicio que prestan estas empresas y, sobre todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo como así también los salarios de los empleados. Los futuros nuevos propietarios tampoco podrán prescindir de estos trabajadores ni afectar los servicios de comunicación.
La media docena de nuevas empresas que se crearán tendrán los siguientes servicios de comunicación. La primera incluirá Artear, Mitre y un mínima expresión de Cablevisión. La segunda será exclusivamente Cablevisión. La tercera incluye otro número reducido de licencias que hoy explota la empresa de TV por cable.
La cuarta se denomina IESA e incluye señales de televisión del grupo como TyC Sport, TyC Max, el Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música y Canal Rural. La quinta está compuesta por un grupo de radios de Tucumán, Bariloche, Santa Fe y Bahía Blanca y la sexta explotará las señales de televisión abierta de Bahía Blanca y Mendoza.
Lo que se conoce como Artear contará con las señales Canal 13 de Buenos Aires y el 12 de Córdoba más el 6 de Bariloche. A esto se le agregará radio Mitre, FM 100, una AM y una FM de Córdoba y otra FM de Mendoza, además de la señal de noticias TN.
Este grupo se completa con lo que en la propuesta se llamó "Cablevisión Escindida 1", que tiene 24 licencias que corresponden a localidades diferentes al área metropolitana y las ciudades de Córdoba y Bariloche.
Estas 24 licencias tienen un universo de abonados que supera apenas las cuatrocientos mil personas y una facturación aproximada de 600 millones de pesos al año.El Grupo Clarín debe cumplir, mientras se realiza el proceso de adecuación, con la continuidad del servicio que prestan estas empresas y, sobre todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo como así también los salarios de los empleados.
La unidad que se denomina "Cablevisión" es la más importante porque incluye 24 licencias, en territorio de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que cuenta con casi tres millones de abonados y una facturación cercana a los 5000 millones de pesos anuales.
Si bien la propuesta entregada afirma que el Grupo Clarín “sólo continuará titularizando de manera directa o indirecta una de las unidades de servicios de comunicación” no dice, al menos por ahora, cuál será.
El gráfico que incluye el plan de adecuación muestra al grupo conduciendo la unidad uno o la dos. Sin embargo, según pudo averiguar este diario, Clarín se quedaría con el control de la unidad uno, esto es con el que incluye al Canal 13.
No están claras o explicitadas las razones por la que el Directorio del grupo, integrado por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, optarían por la primera unidad de servicios.
Si bien hay más de un motivo, uno de ellos sería el alto endeudamiento que tiene el Grupo, por lo que sus accionistas habrían decidido vender su participación en Cablevisión en la que tienen como socio a Fintech, propiedad del mexicano David Martínez. Al desprenderse del gigante de servicio de TV por cable, el Directorio de Clarín no sólo aliviaría su deuda sino que además optó por quedarse con el control del Canal 13, uno de los más importantes canales de aire, y la señal Todo Noticias. Sin embargo, resigna la principal fuente de ingresos.
Otra alternativa que tienen los directivos del Grupo, y que prevé la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), es que cada uno venda su parte de las acciones de Clarín y con una estructura económica separada y sin vínculos puedan hacerse cargo de algunas de las unidades de servicio.
Sin embargo, Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro habrían decidido mantenerse unidos y no dispersar fuerzas a pesar de las críticas que destilan en contra de Magnetto por lo errada que fue la estrategia judicial emprendida contra la LSCA y que la Corte Suprema declaró constitucional en toda su extensión el 29 de octubre pasado.
Pero esta posibilidad no tiene futuro, no solo por la deuda del Grupo sino porque uno de estos directivos fue inhabilitado por la justicia civil para vender su participación en el Grupo Clarín. Se trata de Lucio Pagliario, quien enfrenta un juicio por divorcio y su contraparte consiguió que la justicia civil le trabe un embargo sobre el 50 por ciento del dinero que posea como así también de los derechos, bienes, créditos y acciones que tenga y, además, la venta de fondos fiduciarios que le impiden, por ejemplo, vender, ceder y transferir su participación en las sociedades que integran el Grupo Clarín. Un elemento más que alimenta las fuertes diferencias y desconfianzas que existen entre estos miembros del Directorio.
Más allá de estos detalles no menores, el caso es que a partir de este lunes cuando el directorio de la AFSCA le otorgue admisibilidad formal al plan de desinversión y determine luego que no haya incompatibilidad, ni vínculo societario y que no funcionen como grupo como ocurre ahora (el plazo es de 30 días), el holding deberá iniciar el proceso de venta y transferencias de las empresas que no puede superar los 150 días.
Mientras esto suceda, el Grupo Clarín deberá cumplir íntegramente con el ordenamiento de la grilla de los sistemas de cables. Esto implica la incorporación final de las señales CN23 y 360 TV al servicio básico (analógico) de Cablevisión y trasladar TN a la señal 3 porque la 8, que ocupa en estos días, corresponde en realidad a CN23.
Este lunes será trascendental para el proceso de democratizar el espectro radioeléctrico de la Argentina y, sobre todo, terminar con los monopolios mediáticos.
Por: Graciana Peñafort
Primero dijeron que la mejor ley era la ley no escrita. También dijeron que estar discutiendo una ley en forma democrática mediante foros en todo el país, era la versión moderna de las comisiones creadas para no llevar a ningún lado. Después dijeron que nunca sería aplicada, que la Justicia no la validaría, que era inconstitucional...
El periodismo argentino dijo muchas cosas sobre la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual… y muchas de esas cosas han sido desmentidas por la realidad y el transcurso del tiempo. Pero bueno, últimamente el periodismo argentino esta acostumbrándose a ser desmentido. Hasta por el mismísimo Papa Francisco –y no es un chiste–.Y quien suscribe esta nota suscribe que es bueno para el debate público que el periodismo también pueda ser desmentido, cuestionado e interpelado. Porque son parte del debate publico y no supremos administradores del mismo.
Nuevamente, ahora, dicen que se resolvería la propuesta de adecuación presentada por el Grupo Clarín. Y es extraño que para algunos medios de comunicación y para algunos periodistas el tratamiento administrativo de la propuesta de adecuación presentada por el mayor grupo concentrado de medios de comunicación de la Argentina, sea al mismo tiempo un terrible flagelo para la libertad de prensa y una señal de “arreglo” –más o menos espurio según quien suscriba la nota– entre dicho grupo y el gobierno.
¿Y si el tratamiento por parte de la Autoridad Regulatoria de una propuesta de adecuación no fuese ni uno ni lo otro? ¿Y si se tratase de algo llamado aplicación y cumplimiento de las leyes? ¿Y si alguien señalase que el cumplimiento de las leyes es la regla y la normalidad en eso que los que saben llaman Estado de Derecho?
De la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se encargará la respectiva autoridad regulatoria. No sería respetable en términos profesionales opinar sobre dicha adecuación sin conocer cómo se ha realizado o cuál es su contenido. O como dicen los viejos administrativistas, aquello de que la administración no habla, escribe.
Pero tal vez si sea tiempo de preguntarse por qué el cumplimiento de una ley del Estado, aprobada democráticamente y validada inclusive por el Poder Judicial, por parte de un sector del poder económico es noticia. Y va una hipótesis sujeta a discusión, pero hipótesis al fin… acaso sea porque durante mucho tiempo en la Argentina, el poder económico no se consideraba a sí mismo obligado a cumplir las leyes. Había dos leyes, una para el común de los mortales, llamados en este campo ciudadanos, y otras, muchas veces no escritas, para quienes detentan poder, dinero y capacidades operativas que permitían acordar con los gobiernos de turno para verse exceptuados o curiosamente olvidados de ese requisito básico de la obligatoriedad de las leyes.
Hace poco más de diez años empezó en la Argentina un nuevo rumbo, donde las leyes, las instituciones y la política adquirieron nuevas dimensiones y significados. Luego del fin del mundo que vivimos en el 2001, empezó a construirse un país donde hay leyes y donde las leyes deben ser cumplidas. Por el Estado, por los ciudadanos e incluso por los poderosos. Las nuevas leyes reconocen derechos los amplían, defienden los recursos estratégicos de la Patria, protegen… y también exigen. Y estas exigencias deben ser cumplidas por todos. Y la obligatoriedad de las leyes claramente cuestiona un orden anterior en el que algunos podían exceptuarse por su nombre o su apellido. Pero obligatoriedad –y cumplimiento– de las leyes no son ni las invasiones bárbaras ni el acuerdo tras bambalinas. Es el estado de derecho y es la democracia. Tal vez sea esa la verdadera noticia.
Fuente: Tiempo Argentino