En 2014 se cumplen cinco años de la adopción de la norma japonesa brasileña de televisión digital terrestre elegida por el Gobierno para migrar la TV analógica en abierto a la digital. Con la digitalización, donde hoy funciona un canal pueden sintonizarse varias señales (entre cuatro y seis) con mejor resolución de pantalla.
Aunque la digitalización es un proceso que se realiza también en la TV de pago a través de empresas como Cablevisión, DirecTV o Telecentro, el Gobierno asumió un liderazgo en la digitalización de la TV abierta que no tiene paralelo en el continente. El Estado construye infraestructuras para la transmisión de señales que prevé arrendar a privados y a organizaciones sin fines de lucro. Según el Ministerio de Panificación, ya se montaron 71 torres que cubren un 82% de la población. Claro que cobertura no equivale a acceso, ni acceso a uso. El Gobierno solventó la entrega, en forma de comodato, de más de un millón de conversores para los sectores de bajos recursos. Como complemento a la inversión en infraestructura, el Estado financia la producción de contenidos, algo inédito en gran parte del país, y fomenta el equipamiento de pequeñas y medianas productoras. Los contenidos de esas producciones son abiertos, están disponibles en internet y pueden ser emitidos por canales públicos, privados, cooperativos o universitarios. A su vez, se crearon señales estatales con producciones de calidad.
Pero los esfuerzos para implantar la TDA no lucen en sus resultados. La intención de crear una plataforma de acceso gratuito con contenidos que no suelen programar los operadores comerciales es afectada por la subestimación de los usos de la TV que, lejos de ser un artefacto, es una relación social. La penetración de la televisión de pago, multicanal, es masiva en la Argentina. Más del 80% de los hogares usa la TV, desde hace décadas, sintonizando una oferta de señales que no tiene competencia en la TDA. Así, el Gobierno opera como proveedor sin interrogarse por los usos sociales del bien que provee. La gestión de la TDA, además, está descoordinada con el plan “Argentina Conectada” (red de fibra óptica que enlaza todo el país) con el que superpone plataformas de distribución de contenidos.
Para peor, el Gobierno tiene responsabilidad en haber seleccionado las señales privadas que integran TDA por afinidad política y que, en gambito a la ley audiovisual, emiten sin concurso, sin licencia, con carácter experimental (experimento que lleva cuatro años) y alcance nacional, lo que está vedado por ley. Mientras, los únicos canales que producen contenidos masivos (Telefe (grupo Telefónica) y Canal 13 (grupo Clarín) están restringidos a la zona metropolitana de Buenos Aires, donde la TDA lidia con obstáculos edilicios y de uso del espectro, por lo que su acceso hasta hoy es mínimo.
La expansión de la TDA está obstaculizada porque los contenidos más apreciados por la sociedad no están disponibles en el interior, donde la TDA se sintoniza mejor, y en el AMBA donde emiten estos canales hay problemas técnicos de recepción. A ello se suma la competencia de otras redes digitales (y de la digitalización de la TV de pago) que ganan un lugar cada vez más importante en la dieta audiovisual de los argentinos. La confusión entre objetivos de política industrial, intención propagandística y subestimación del valor cultural de la televisión se combinan para explicar la baja penetración de la TDA a pesar de sus casi cinco años de historia y de sus costos.
*Especialista en medios; en Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil