Por: María Belén Cano
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de la ley de medios en octubre del año pasado, la celebración no tardó en llegar. Se trata de una norma largamente disputada por diversos sectores de la sociedad. Pero desde el gobierno se insistió en la importancia de terminar con la monopolización de la palabra con reiterados cuestionamientos al Grupo Clarín y decían –entonces- que la ansiada adecuación iría en ese sentido. Después de conocerse las propuestas elevadas al directorio de la AFSCA tanto por La Capital, como por Clarín o el grupo Vila – Manzano, y su consiguiente aprobación el pasado lunes, los cuestionamientos no tardaron en llegar: sólo hubo cambio de manos entre actuales empresarios, amigos y familiares.
“Martín Sabbatella lo definió como el comienzo del fin: esta etapa comienza a cerrar uno de los corazones de la ley, que es su postura antimonopólica”, sostuvo Fernando Araujo, titular de la AFSCA local, tras conocerse la aprobación a los planes de adecuación de estos grupos mediáticos en una charla con Crónica de la Costa.Para el funcionario “es un triunfo de la democracia”. “Es un triunfo porque un grupo hegemónico como el Grupo Clarín termine aceptando lo que marca la ley y se divida, dentro de los parámetros de la ley. Es un avance importante. Lo que se aprobó hasta ahora es la cantidad de licencias que podría conformar cada empresa. La parte técnica de cómo acomodar las licencias”, detalló.
Y enseguida sumó: “En los próximos 30 días lo que tiene que presentar la empresa es a quién va a transferir las licencias Clarín. Una vez que estén esos nombres, la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Comercio y de Competencia y el AFSCA, van a evaluar la factibilidad de esa transferencia, desde la solvencia y los requisitos que marca la ley”. La intención, dijo, es asegurarse que “se rompan todos los vínculos societarios estas seis empresas”. Eso mismo, aclaró, rige para La Capital en Mar del Plata.
“Cuando se discutía la ley y la Coalición por una Comunicación Democrática propuso los 21 puntos, en realidad se avanzó en la desmonopolización, pero legalmente no hay nada –que es lo que genera ruido y discusión- de que sean los propios socios los que dividían en empresas distintas”, confesó.
“¿Cuál es el planteo?”, se autopreguntó. “ Van a mantener, por su ideología, la misma línea editorial. La Ley no regula el contenido desde el punto de vista ideológico. Lo que la ley plantea es la ruptura del monopolio. Después hay que controlar que esta ruptura sea real”.
En Mar del Plata la situación sigue siendo compleja en lo que hace a la monopolización de la palabra.
Lo que esta ley no regula es la prensa escrita, que es una ley que nos debemos en el país. No hay un impedimento en tener medios gráficos y medios audiovisuales.
Más allá de la prensa escrita, estas nuevas cuatro empresas del Grupo La Capital, que el AFSCA autoriza, siguen teniendo los mismos nombres –sumado a algún empleado del mismo Multimedio- y por lo tanto la palabra sigue monopolizada por las mismas personas.
Por lo que salieron a plantear, porque tienen 30 días para lanzar nuevos titulares de cada una de estas nuevas licencias, las propuestas que hacen ellos es que ninguno tiene vínculo directo con la otra empresa, se dividen totalmente las sociedades. La ley no plantea si un padre, un hijo o un hermano se dedican a lo mismo, que hay un impedimento. Si hubiese estado en los foros, hubiese estado en la ley. La ley no puede avanzar más, que lo que la ley plantea. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Personalmente, lo que hace el Grupo La Capital no me gusta, por varias cuestiones. Una, porque se comparta igual que el Grupo Clarín y tiene un vínculo societario.
Aunque tienen distintas líneas políticas: Clarín es opositor y el dueño de La Capital es cercano al oficialismo provincial y nacional.
Pero lo representa en sus medios. Si agarrás La Capital Cable, ha privado de información durante mucho tiempo a gran parte de la ciudadanía porque no respeta la grilla que dispuso el AFSCA, como tampoco la respeta Cablevisión. Recién ahora han incorporado INCAA Tv, Telesur y Paka Paka, y faltan otras. Vos fíjate que por mucho tiempo había una palabra única.
Teniendo en cuenta que la información va a estar en las mismas manos que antes, aunque en distintas empresas, ¿hay una deficiencia de la ley o se anunció desde el gobierno algo que no era lo que iba a suceder? Se dijo que se iba a recuperar la pluralidad de la palabra, pero sigue “en boca” de las mismas personas.
Esto que ves acá en Mar del Plata se reproduce a lo largo y ancho del país. Es la consecuencia de lo que fue el neoliberalismo, desde la década del 70 hasta comienzos del 2000, con esa concentración económica, extranjerización, y también esa concentración mediática como una forma de limitar futuros procesos democráticos. La ley tiene un aspecto que es el antimonopólico, romper esa concentración hegemónica de medios, pero la ley lo que plantea es generar un conjunto de nuevas voces y nuevos actores que estaban vedados por la ley de la dictadura. No existe prácticamente televisión comunitaria porque la ley anterior la prohibía, y recién en noviembre de 2013 el AFSCA aprobó cinco canales de baja potencia a nivel nacional. Es muy poco el desarrollo en ese sentido. Lo que la ley reserva es un 33% para medios comunitarios, que es lo que hay que trabajar. Hay que darle lugar a las nuevas voces porque de esta manera uno siente que siguen quedando los que mienten y han mentido durante mucho tiempo.
¿Qué tan avanzado está el Plan Técnico para hacer efectivo ese 33% de medios comunitarios?
Se ha venido avanzando con concursos en distintas provincias. En la Provincia de Buenos Aires está planteado para el 2014, sobre una parte del territorio bonaerense.
¿Mar del Plata está incluida?
No, no incluye a Mar del Plata, hasta ahora. No se la incluye en esta primera etapa. Ni a Mar del Plata ni a Bahía Blanca porque son zonas de conflicto: tenés multiplicidad de situaciones, desde quien tiene licencia, desde el que está con permiso precario, el que tiene medidas cautelares, desde aquel que está trasmitiendo y el Estado durante muchos años no le brindó la posibilidad de concursos para poder decir sí o no.
Fuente: Crónica de la Costa