“El gremio está alertando de algo muy preocupante", dijo el conductor de Línea Editorial Rodrigo Sepúlveda, en relación con el texto de una nota ingresada ayer en la Cámara de Diputados en la que tanto se ven afectados los trabajadores de prensa como los poderes públicos.
“Exactamente", sostuvo Calvet, "más allá de que existe un incumplimiento sistemático de la escala salarial por parte de todos los medios, se está avasallando, o se está intentando avasallar, a los poderes públicos, lo cual es más grave que no pagar lo que corresponde, con lo cual el tema supera a los periodistas de Mendoza. La actitud de los medios presionando a la justicia para que falle a su favor realmente es algo que tiene que prendernos la luz a todos los argentinos”.
Cruz Calvet señaló que hace mucho ruido que los legisladores, siendo conscientes de lo que está en juego o detrás del juicio político, insistan en tomar la decisión de proseguir: "Ahí es cuando uno empieza a dudar", señaló. También remarcó que Luciano Grenón, delegado gremial del Diario UNO, no puede ingresar a trabajar porque han interpuesto un amparo pidiendo los desafueros de este compañero. Esto fue el año pasado, cuando hicimos medidas de fuerza e intervino el Juez Walter Bento que hizo lugar a la cautelar para que el sindicato no pudiera accionar ni tomar ningún tipo de acción gremial, y justo hoy sale el fallo de la Corte de Justicia de la Nación que afirma que Bento se extralimitó en sus actuaciones “creando” él una causa. Entonces, esto que viene a unir a Bento con Supercanal es también un tema como para tener en cuenta, porque habla de cómo algunos jueces trabajan solapadamente”.
Luciano Grenón está privado de su salario debido a una suspensión dispuesta judicialmente por Bento a instancias del Grupo UNO (Vila-Manzano). La represalia surgió a raíz de una protesta gremial dispuesta por el Sindicato de Prensa de Mendoza, en solidaridad con los despedidos del diario del grupo para su reincorporación. La empresa argumentó que se veía afectada la libre circulación vehicular y que la olla popular del 14 de septiembre pasado impidió la circulación de la edición de ese día. Para abultar la denuncia, la empresa afirmó que se produjeron hechos de violencia, daños, y que se impidió el ingreso y egreso de personas del establecimiento, todos hechos negados de manera tajante por el Sindicato, quien denuncia que con esta medida que pesa sobre Grenón se viola el quehacer sindical y la posibilidad efectiva de hacer reclamos por el respeto de derechos laborales y sindicales.
Antecedentes del conflicto
Los trabajadores de Prensa de Mendoza, a partir de abril de 2011, y como consecuencia de que las autoridades sindicales de ese momento suscribieron un acuerdo con algunas empresas del medio (entre las que se encontraban como protagonistas principales Diario UNO y Los Andes), en perjuicio de los derechos reconocidos por el Convenio Colectivo N.º 17/75, iniciaron una lucha sindical que se sostiene hasta el presente, por su resistencia a cumplir con las obligaciones convencionales.
En virtud de la movilización y reclamos efectuados, se logró que ese acuerdo en baja fuera rechazado por la autoridad del Trabajo y que al mismo tiempo ratificara la vigencia del C.C.T. N.º 17/75. Con anterioridad a tales hechos, la jurisprudencia de las Cámara del Trabajo ya había establecido y reconocido tanto la vigencia de las cláusulas como el régimen salarial del convenio colectivo en dos causas.
Esta circunstancia motivó un reclamo plurindividual de 70 trabajadores del Diario UNO por ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza donde, conjuntamente, Uno Gráfica S.A. con otras empresas de Mendoza, se resistieron a cumplir, dándose por fracasada la instancia administrativa.
En noviembre de 2011, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ante graves irregularidades en el Sindicato de Prensa de Mendoza (violación de los principios de la libertad y la democracia sindical, y haber actuado en perjuicio de los trabajadores), dispuso la intervención de la entidad gremial. Fue entonces cuando los delegados normalizadores, junto con los trabajadores afiliados a la entidad gremial, continuaron reclamando ante las empresas periodísticas (prensa escrita, radio, televisión, portales de Internet) la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. Al mismo tiempo, procedieron a convocar a elecciones de delegados en las empresas periodísticas o secciones administrativas y/o periodísticas, donde hacía años que los trabajadores no eran convocados a elegirlos.
Las asambleas y movilizaciones efectuadas por los trabajadores en reclamos de sus salarios convencionales se mantuvieron activas, siempre en el marco del ejercicio del derecho, de las facultades gremiales y de la democracia sindical, pero sufriendo las presiones e intimidaciones de los factores empresarios del Grupo UNO, circunstancias oportunamente denunciadas en la Delegación Regional del Misterio de Trabajo de la Nación.
Ante la disparidad de los sueldos existentes entre las empresas, los bajos niveles de remuneración que abonaban a sus trabajadores, y la resistencia persistente al cumplimiento del régimen y de la escala salarial, el Sindicato de Prensa solicitó, en el marco de la paritaria permanente de interpretación que prevé el artículo 75 del C.C.T. N.º 17/75, que se realizaran acuerdos para subsanar paulatinamente esos atrasos, disparidades y asimetrías, que permitieran el mejoramiento de las condiciones salariales y el respeto del principio de remuneraciones de la actividad. Se hacía la salvedad sobre el carácter transitorio de dichos acuerdos y de que los mismos no afectaban la vigencia de la escala salarial del artículo 58, y con la reserva del derecho de los trabajadores de prensa para reclamar las remuneraciones que por convenio les correspondían.
La provisoriedad de los mejoramientos de remuneraciones, pactados para los años 2012/13 y 2013/14, estaba dado en razón de que las empresas se resistían a pagar la escala de salarios del Convenio Colectivo y se negaban también a aceptar la que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) tiene fijada para el país por C.C.T. N.º 541/08 que es superior. Para fines del mes de agosto de 2013, y ante el vencimiento del plazo de prescripción correspondiente a las diferencias de remuneraciones reclamadas, un grupo de esos trabajadores, con la intervención del Sindicato de Prensa de Mendoza, inició una acción judicial por el cobro de esas remuneraciones. En junio, Luciano Grenón fue reelegido como delegado.
Un mes después, la empresa comunicó que el personal de expedición no debía cumplir más de siete horas diarias y que no se iba a reconocer el pago de horas extras por las que superaran dicho horario. Luego despidió a dos empleados de la Sección Expedición y a continuación procedió a prescindir de cinco trabajadores más de prensa, a los que imputó causas totalmente inexistentes o razones de reorganización.
Frente a esta situación, el Sindicato de Prensa declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente; en ese marco se llevó a cabo una protesta frente al galpón de expedición; entre la noche del 13 y primera hora de la madrugada del 14 de setiembre, en la mitad de la calzada de la Calle Patricias Mendocinas se hizo una olla popular con 100 personas. Cuando los trabajadores estaban repudiando los despidos, salieron a la vereda el Gerente de Personal, Gustavo Ferrari, el Jefe de Circulación, José Galiart, el Jefe de Impresión, José Luis Plaza, con dos guardaespaldas y otra persona de campera y gorrita, que luego individualizaron como José María Casero, CEO de la Empresa, que empezaron a empujar a la gente al tiempo que manifestaban que “no solamente no iban a reincorporar a la gente despedida, sino que iban a despedir a diez más”.
Hubo intercambio de palabras de fuerte tono entre los manifestantes y quienes decían representar a la empresa, siempre referidos al reclamo gremial para que se mantuviera la fuente de trabajo de los despedidos. Días después, cuando Grenón se presentó a trabajar, la empresa por intermedio de notario le hizo entrega de una copia de un telegrama que habría enviado a su domicilio, y que el actor no había recibido hasta ese momento, por el que se le comunicaba que se lo liberaba de la obligación de cumplir tareas, y se le hacía saber que se le estaba instruyendo acción judicial por exclusión de la tutela sindical, con el fin de que posteriormente se procediera a su despido con justa causa por injurias gravísimas, consistentes en haber participado en el acto de protesta sindical, y que se le imputaban violencia y daños, tanto sobre bienes como sobre personas.
La olla popular en la calle, frente al establecimiento, es una medida de acción sindical directa. Constituye uno de los modos del accionar gremial y una forma de visibilizar socialmente un conflicto por parte de las organizaciones sindicales, derecho que se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional. Sin embargo, para esta justicia federal constituye una medida antijurídica e ilícita. “La firma UNO Gráfica S.A. ni siquiera coloca en un plano de igualdad los derechos de las partes afectados (derecho de propiedad versus reclamos de los trabajadores), sino que ignora o desconoce la naturaleza fundamental de los derechos de los trabajadores y de las entidades gremiales que los representan”, sostuvo el asesor legal del Sindicato de Prensa, para quien esta resolución gratuitamente acepta la criminalización de la protesta y del reclamo sindical laboral, lo que cumple con el objetivo de la empresa de dibujarle al juez penal un riesgo que nunca existió, cuando de lo que se trata, por los sujetos intervinientes, es de un conflicto laboral y sindical que no nace por generación espontánea sino que tiene una larga historia”.
Hasta la fecha, Luciano Grenón no ha sido reincoporado.
Fuente: Edición UnCuyo
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