En una de sus últimas conferencias de prensa, el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, sostuvo que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre distribución de publicidad oficial viola la división de poderes
En ese fallo, el máximo tribunal exigió el cese de la discriminación publicitaria que sufre Canal 13, de la ciudad de Buenos Aires. De ese modo ratificó lo establecido en sentencias anteriores, como las de los casos Río Negro y Perfil, que nunca fueron acatadas por el Poder Ejecutivo. Estos incumplimientos son los que, en realidad, atentan gravemente contra la división de poderes.
El Gobierno parece propugnar un esquema no republicano en el que las decisiones del poder que tiene que velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales deben subordinarse a las cambiantes políticas del Ejecutivo. La sentencia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue celebrada, en su momento, por la Presidenta y sus ministros. De todos modos, no es ocioso recordar que, en sus considerandos, la Corte advirtió que dicha ley carecería de sentido si, entre otras cosas, la pauta oficial se distribuyera de manera discriminatoria, para favorecer a los medios adictos al Gobierno, y para castigar a los medios independientes.
Precisamente, el Gobierno pretende desconocer los fallos que intentan impedir que los recursos del Estado sigan siendo usados para disciplinar o seducir a medios.
Cristina Kirchner justificó su último discurso a través de la cadena nacional diciendo que debía hacerlo "hasta que encontremos algún juez o alguna Corte que también torne obligatorio que se sepan los actos de Gobierno, en qué se invierten los recursos del pueblo, qué cosas hacen sus gobernantes". Paradójicamente, muchos de los medios que han intentado reflejar qué hace y cómo administra el Gobierno la cosa pública han sido excluidos del reparto de la pauta oficial y han sufrido un boicot de sus principales anunciantes privados promovido por el exsecretario de Comercio Interior de la Nación Guillermo Moreno, entre otros embates. En los últimos años, la pauta oficial ha dejado de ser un instrumento eficiente para comunicar la gestión del Estado para convertirse en herramienta proselitista, combustible de usinas paraoficiales o variable de premio o castigo de acuerdo a la línea editorial.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) rechaza el cumplimiento selectivo de las sentencias judiciales por parte del Gobierno y las declaraciones presidenciales que intentan obligar a los medios a publicar contenidos favorables a la actual gestión, actitudes que violan claramente los principios básicos del sistema republicano.
Fuente: AdEPA
