Crónica de la Costa, ex El Atlántico, que no está en el institucional del Grupo ¿Motivo?
viernes, 28 de febrero de 2014
Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, deberá declarar ante el juez como imputado
Massot está acusado, entre otros cargos, como coautor de homicidios. Un juez federal de Bahía Blanca fijó audiencia para recibirle el descargo el próximo 18 de marzo, en el marco de una disposición del Código Procesal que estipula la posibilidad de transformar el acto en indagatoria y que habilita a la detención. La fijación de la audiencia cumple con un fallo de la Cámara Federal bahiense de noviembre pasado. Para la fiscalía, el empresario formó parte de una "asociación criminal" con las Fuerzas Armadas
El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Sebastián Coleffi, fijó audiencia para el próximo 18 de marzo a las 10.15 para recibirle declaración al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, quien está imputado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
La disposición de Coleffi responde a la decisión de la Cámara Federal de esa ciudad, que el 14 de noviembre pasado ordenó al juez de primera instancia que fije audiencia a Massot para que se presente a defenderse de las graves acusaciones que pesan en su contra por formar parte del aparato de inteligencia militar que azoló Bahía Blanca durante la dictadura y por su presunta responsabilidad en la desaparición de obreros gráficos del diario.
Massot se había presentado espontáneamente en el juzgado cuando se hizo pública la imputación que le formularon los fiscales de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, pero en su momento el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez se negó a recibirle declaración.
Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y revocada por la Cámara, de forma que ahora es el juez Coleffi quien finalmente llevará a cabo el acto. Martínez fue recusado por la fiscalía y decidió, por su parte, excusarse de intervenir en este proceso, dado que ya había emitido su opinión.
Es importante marcar que Massot no fue convocado a declarar sino que se le fijó audiencia en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que cualquier persona "contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar". El mismo artículo prescribe que "la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".
La Cámara Federal de Bahía Blanca le había señalado al juez de primera instancia que no hay nada que le impida que "si considera necesario interrogar al imputado, le asigne forma de indagatoria" a la declaración.
El juez Coleffi citó esa consideración del tribunal de alzada en el decreto que fija la audiencia para que comparezca Massot y, además, resaltó la condición de "imputado" que reviste en la causa el empresario, como también que la fiscalía ya formuló el correspondiente "requerimiento de instrucción", pieza que contiene delimitados los hechos y las conductas ilícitas que se le atribuyen.
En el contexto de esa declaración, Massot podría quedar detenido, pues todas las condiciones procesales están dadas para que el juez lo ordene, si lo considera pertinente: está formalmente imputado por la fiscalía, que requirió su declaración indagatoria y detención.
Las imputaciones
Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”, señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.
En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”, y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Los fiscales imputaron a Massot por “haber formado parte de una asociación criminal, desde cuyo seno, se dispusieron, planificaron, organizaron y controlaron los medios, recursos y factores esenciales para el emprendimiento de actividades y el cumplimiento de funciones –consistente en operativos y medios de acción psicológica- indispensables para la ejecución del plan criminal, el aseguramiento de la eficacia del mismo y la impunidad de los individuos involucrados en su realización”.
En ese sentido, Nebbia y Palazzani sostuvieron que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV –que conforman el grupo mediático- junto con las FFAA” cumplieron en la asociación ilícita “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”.
Según los representantes del Ministerio Público, estas acciones fueron desplegadas principalmente desde el diario La Nueva Provincia, al cual definieron como “la nave insignia” del grupo.
Fuente: Fiscales.gov.ar
Ver anteriores: “La Nueva Provincia”: militar y católica, Periodistas repudian el negacionismo de La Nueva Provincia sobre los crímenes de Massera, Murió Diana Julio de Massot una apologista de la última dictadura; La Nación califica a la apologísta de la dictadura como una "Defensora infatigable de la prensa libre"; Ordenan investigar al diario La Nueva Provincia por su complicidad con la dictadura, Preguntas incómodas para Vicente Massot de La Nueva Provincia
La disposición de Coleffi responde a la decisión de la Cámara Federal de esa ciudad, que el 14 de noviembre pasado ordenó al juez de primera instancia que fije audiencia a Massot para que se presente a defenderse de las graves acusaciones que pesan en su contra por formar parte del aparato de inteligencia militar que azoló Bahía Blanca durante la dictadura y por su presunta responsabilidad en la desaparición de obreros gráficos del diario.
Massot se había presentado espontáneamente en el juzgado cuando se hizo pública la imputación que le formularon los fiscales de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, pero en su momento el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez se negó a recibirle declaración.
Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y revocada por la Cámara, de forma que ahora es el juez Coleffi quien finalmente llevará a cabo el acto. Martínez fue recusado por la fiscalía y decidió, por su parte, excusarse de intervenir en este proceso, dado que ya había emitido su opinión.
Es importante marcar que Massot no fue convocado a declarar sino que se le fijó audiencia en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que cualquier persona "contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar". El mismo artículo prescribe que "la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".
La Cámara Federal de Bahía Blanca le había señalado al juez de primera instancia que no hay nada que le impida que "si considera necesario interrogar al imputado, le asigne forma de indagatoria" a la declaración.
El juez Coleffi citó esa consideración del tribunal de alzada en el decreto que fija la audiencia para que comparezca Massot y, además, resaltó la condición de "imputado" que reviste en la causa el empresario, como también que la fiscalía ya formuló el correspondiente "requerimiento de instrucción", pieza que contiene delimitados los hechos y las conductas ilícitas que se le atribuyen.
En el contexto de esa declaración, Massot podría quedar detenido, pues todas las condiciones procesales están dadas para que el juez lo ordene, si lo considera pertinente: está formalmente imputado por la fiscalía, que requirió su declaración indagatoria y detención.
Las imputaciones
Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habría contribuido desde el multimedio actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”, señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.
En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”, y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Los fiscales imputaron a Massot por “haber formado parte de una asociación criminal, desde cuyo seno, se dispusieron, planificaron, organizaron y controlaron los medios, recursos y factores esenciales para el emprendimiento de actividades y el cumplimiento de funciones –consistente en operativos y medios de acción psicológica- indispensables para la ejecución del plan criminal, el aseguramiento de la eficacia del mismo y la impunidad de los individuos involucrados en su realización”.
En ese sentido, Nebbia y Palazzani sostuvieron que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV –que conforman el grupo mediático- junto con las FFAA” cumplieron en la asociación ilícita “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”.
Según los representantes del Ministerio Público, estas acciones fueron desplegadas principalmente desde el diario La Nueva Provincia, al cual definieron como “la nave insignia” del grupo.
Ver anteriores: “La Nueva Provincia”: militar y católica, Periodistas repudian el negacionismo de La Nueva Provincia sobre los crímenes de Massera, Murió Diana Julio de Massot una apologista de la última dictadura; La Nación califica a la apologísta de la dictadura como una "Defensora infatigable de la prensa libre"; Ordenan investigar al diario La Nueva Provincia por su complicidad con la dictadura, Preguntas incómodas para Vicente Massot de La Nueva Provincia
Santa Fe: Piden confirmar sanciones a Cablevisión y Multicanal por prácticas monopólicas
Lo solicitó Gils Carbó, en coincidencia con el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había convalidado la multa aplicada por la Secretaría de Comercio Interior. A la vez, recomendó revocar parte de esa misma sentencia que dejaba sin efecto la orden de la Secretaría para que cesara la conducta distorsiva de la competencia, ya que la operación conjunta entre ambas empresas aún no se encuentra consolidada
El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada por la Asociación ADELCO (Acción del Consumidor) contra Cablevisión SA y Multicanal SA por la realización de prácticas de distribución del mercado y de abuso de posición dominante en perjuicio de los consumidores de la ciudad de Santa Fe. En ese momento, la asociación señaló que como resultado de esas prácticas los abonados fueron transferidos sin que se los consultara a otra prestadora de servicios de televisión por cable. Además, en ese proceso, se modificó la grilla de programación, se suprimieron canales, se concertó el precio del servicio y se eliminó la competencia que existía en el ámbito local.
Frente a ese panorama, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició un procedimiento para investigar la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En ese marco, el Secretario de Comercio Interior compartió el criterio de la CNDC y dictó la resolución por la cual declaró a las empresas Cablevisión y Multicanal responsables de realizar una concertación de mercado en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la misma resolución, se aplicó una multa solidaria de dos millones quinientos mil pesos a cada una de las empresas y se ordenó el inmediato cese de la conducta distorsiva de la competencia.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución dictada por la Secretaria de Comercio Interior en cuanto había impuesto una multa a las empresas por concertar una distribución del mercado del servicio de televisión por cable en la ciudad de Santa Fe. Esa conducta, entendieron los jueces, violaba la ley de defensa de la competencia. Sin embargo, la Cámara redujo el monto de la sanción y revocó la resolución en lo referido a la orden de cese de la conducta distorsiva de la competencia. Respecto de este punto, además, la orden devino abstracta a raíz del inicio de la operación conjunta entre Multicanal y Cablevisión que tuvo lugar en 2007 con el aval de la Secretaría de Comercio.
El dictamen
En su dictamen, la Procuradora General entendió que la causa no se encontraba prescripta, como sostenía la defensa de las operadoras de cable. Para esto, entre otras cosas, recordó que ya existía un fallo de la cámara de apelaciones de Rosario que confirmaba la vigencia del proceso, y que a la vez había sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que denegara el recurso extraordinario que habían elevado las empresas.
Además, Gils Carbó explicó que la fusión entre Cablevisión y Multicanal “no se encuentra consolidada en tanto la autoridad de contralor dejó sin efecto la aprobación de la concentración (resolución SCI 1011/2009 y ME 113/2010), lo que se encuentra controvertido judicialmente y pendiente de una decisión definitiva”.
Gils Carbó recordó que en el mes de octubre de 2006 “se notificó a la CNDC, en los términos del artículo 8 de la ley 25.156 de defensa de la competencia, actualmente vigente, una operación de concentración económica por medio de la cual empresas del Grupo Clarin SA y Fintech Advisory Inc. adquirieron respetivamente el 60% y el 40% de las acciones de la empresa Cablevisión SA. Esta última, a su vez, adquirió el 98,54% de las acciones de Multicanal SA, el 99,98% de las acciones de la empresa Telecligital SA y, por intermedio de Multicanal SA, el 100% de la empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos SA”.
En diciembre de 2007, la Secretaría de Comercio supeditó la aprobación de la operación al cumplimiento de diversos compromisos asumidos por las partes. Dos años más tarde, tras una auditoría sobre el cumplimiento de ese compromiso y en ejercicio de su función de contralor, la CNDC consideró que “las empresas incumplieron los términos de la resolución ser 257/07 afectando gravemente el bienestar general, la libre competencia y los derechos de los consumidores”. Ante ese panorama, el Secretario de Comercio Interior, mediante resolución, consideró incumplido el compromiso y declaró el cese de los efectos de la autorización otorgada.
Por su parte, a través de la resolución ME 113/2010, se rechazaron los planteos de las empresas y se consideró incumplido el compromiso, estableciéndose un plazo de seis meses para que se realicen todos los actos para dar cumplimiento al cese de la concentración. Esa resolución se encuentra cuestionada judicialmente por las empresas.
En este marco, Gils Carbó entendió que en el caso de que las resoluciones impugnadas por la empresa quedaran firmes, “la fusión quedaría sin efecto y la orden de cese dictada por la CNDC tendría la virtualidad de impedir que Cablevisión SA y Multicanal SA puedan distorsionar la competencia a través de prácticas de concertación del mercado”.
Por estas razones, la Procuradora consideró que “la sentencia apelada debe ser dejada sin efecto en este aspecto”.
Fuente: Fiscales.gov.ar
El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada por la Asociación ADELCO (Acción del Consumidor) contra Cablevisión SA y Multicanal SA por la realización de prácticas de distribución del mercado y de abuso de posición dominante en perjuicio de los consumidores de la ciudad de Santa Fe. En ese momento, la asociación señaló que como resultado de esas prácticas los abonados fueron transferidos sin que se los consultara a otra prestadora de servicios de televisión por cable. Además, en ese proceso, se modificó la grilla de programación, se suprimieron canales, se concertó el precio del servicio y se eliminó la competencia que existía en el ámbito local.
Frente a ese panorama, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició un procedimiento para investigar la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En ese marco, el Secretario de Comercio Interior compartió el criterio de la CNDC y dictó la resolución por la cual declaró a las empresas Cablevisión y Multicanal responsables de realizar una concertación de mercado en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la misma resolución, se aplicó una multa solidaria de dos millones quinientos mil pesos a cada una de las empresas y se ordenó el inmediato cese de la conducta distorsiva de la competencia.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución dictada por la Secretaria de Comercio Interior en cuanto había impuesto una multa a las empresas por concertar una distribución del mercado del servicio de televisión por cable en la ciudad de Santa Fe. Esa conducta, entendieron los jueces, violaba la ley de defensa de la competencia. Sin embargo, la Cámara redujo el monto de la sanción y revocó la resolución en lo referido a la orden de cese de la conducta distorsiva de la competencia. Respecto de este punto, además, la orden devino abstracta a raíz del inicio de la operación conjunta entre Multicanal y Cablevisión que tuvo lugar en 2007 con el aval de la Secretaría de Comercio.
El dictamen
En su dictamen, la Procuradora General entendió que la causa no se encontraba prescripta, como sostenía la defensa de las operadoras de cable. Para esto, entre otras cosas, recordó que ya existía un fallo de la cámara de apelaciones de Rosario que confirmaba la vigencia del proceso, y que a la vez había sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que denegara el recurso extraordinario que habían elevado las empresas.
Además, Gils Carbó explicó que la fusión entre Cablevisión y Multicanal “no se encuentra consolidada en tanto la autoridad de contralor dejó sin efecto la aprobación de la concentración (resolución SCI 1011/2009 y ME 113/2010), lo que se encuentra controvertido judicialmente y pendiente de una decisión definitiva”.
Gils Carbó recordó que en el mes de octubre de 2006 “se notificó a la CNDC, en los términos del artículo 8 de la ley 25.156 de defensa de la competencia, actualmente vigente, una operación de concentración económica por medio de la cual empresas del Grupo Clarin SA y Fintech Advisory Inc. adquirieron respetivamente el 60% y el 40% de las acciones de la empresa Cablevisión SA. Esta última, a su vez, adquirió el 98,54% de las acciones de Multicanal SA, el 99,98% de las acciones de la empresa Telecligital SA y, por intermedio de Multicanal SA, el 100% de la empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos SA”.
En diciembre de 2007, la Secretaría de Comercio supeditó la aprobación de la operación al cumplimiento de diversos compromisos asumidos por las partes. Dos años más tarde, tras una auditoría sobre el cumplimiento de ese compromiso y en ejercicio de su función de contralor, la CNDC consideró que “las empresas incumplieron los términos de la resolución ser 257/07 afectando gravemente el bienestar general, la libre competencia y los derechos de los consumidores”. Ante ese panorama, el Secretario de Comercio Interior, mediante resolución, consideró incumplido el compromiso y declaró el cese de los efectos de la autorización otorgada.
Por su parte, a través de la resolución ME 113/2010, se rechazaron los planteos de las empresas y se consideró incumplido el compromiso, estableciéndose un plazo de seis meses para que se realicen todos los actos para dar cumplimiento al cese de la concentración. Esa resolución se encuentra cuestionada judicialmente por las empresas.
En este marco, Gils Carbó entendió que en el caso de que las resoluciones impugnadas por la empresa quedaran firmes, “la fusión quedaría sin efecto y la orden de cese dictada por la CNDC tendría la virtualidad de impedir que Cablevisión SA y Multicanal SA puedan distorsionar la competencia a través de prácticas de concertación del mercado”.
Por estas razones, la Procuradora consideró que “la sentencia apelada debe ser dejada sin efecto en este aspecto”.
Silenciar a la prensa a cualquier precio
Los que la pasaron muy mal son los colegas del Canal 10 TV, televisión Regional Santa Fe, cuando días pasados el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Cañada de Gómez Dr. Fabián Speca presentó una demanda contra Canal 10 en Tribunales locales. Según palabras de los colegas, los intentos de amedrentamientos, amenazas, sobornos y abuso de poder para no dejar trabajar a periodistas, se terminaron. A continuación transcribimos textualmente la denuncia pública que hace este medio:
Silenciar a la prensa a cualquier precio
El Ejecutivo Municipal de Cañada de Gómez, encabezado por Fabián Speca y secundado por su esposa Estela Clerici (intendenta de Cañada) están descontrolados ¿Por qué? Qué hay que oculta
Le contamos:
Todas las semanas el Ejecutivo municipal recibe una encuesta contratada a una Consultora Privada de Rosario y los números les son negativos, hace meses.
Y lo peor que la imagen positiva de Clérici está en su mínimo exponente "casi por el suelo" comentaron por lo bajo varios allegados.
Esta situación se viene produciendo desde antes de las últimas elecciones en forma leve y se acrecentó a partir de conocerse públicamente los negocios inmobiliarios y de construcción de Speca Clerici a través de la empresa Specler en Miami, propiedad de ambos.
Los empleados municipales y los funcionarios de escalones más bajos se quejan por lo bajo y comentan de negocios, propiedades y el estilo de vida del selecto grupo de poder que conforman Speca, Clerici , Novello, Fanjul, Salas, Albertengo.
Los casos Puntano y Morelli, en primera instancia un desalojo y demolición no tuvo respuesta a la comunidad del porque se realizó.
Que tipo de ambición llevó a Speca a ordenar semejante operativo y a su esposa intendente a convalidarlo con su firma?
Varios operadores inmobiliarios locales y también personas relacionadas a la comercialización de combustibles opinaron sobre un posible "emprendimiento inmobiliario" y también sobre la "instalación de un parador y una impactante estación de servicios."
En la causa Puntano Morelli consiguieron "separar" de la causa a la principal operadora del hecho: la intendente.
Para ello, hicieron inculparse a los funcionarios que llevaron a cabo el procedimiento y que indudablemente cumplían órdenes. Se hicieron responsables salvando el pellejo de Speca y su esposa bajo la promesa que iban a quedar absueltos de todo cargo.
Indudablemente algo lograron porque hace 2 años y medio que a estos funcionarios la Justicia no los indaga ni los procesa.
Luego surge el error legal de Speca Secretario Legal del municipio, que hasta el momento le hizo pagar a los contribuyentes cañadenses cerca de $ 900.000 correspondientes a la construcción de una nueva propiedad para la familia Puntano por la que mandó a demoler sin causa, pagos a abogados propios (la municipalidad los contrató para los funcionarios involucrados) y ajenos por arreglos, y un cheque por daños morales para Margarita Morelli del cual no se conoce el monto cierto.
Por otro lado el Sr. René Puntano no aceptó el monto que le acercó el ejecutivo municipal y sigue reclamando los daños morales por casi cerca de $200.000.
A todo esto habrá que sumarle los honorarios finales del juicio, costas, intereses y honorarios de todos los abogados actuantes, por lo que se estima que este intento de "expropiación" del ejecutivo municipal sobre estos valiosos lotes le costará aproximadamente a cada cañadense pagar una suma cercana a 1 millón 300 mil pesos.
Es secreto a voces el porque de la "renuncia" de varios funcionarios allegados a Speca/Clerici y el faltante de millonarias sumas de dinero de las arcas municipales.
Había controles? Como se manejaban los dineros públicos, y el porque de las disputas internas que alejó a aquellos funcionarios leales.
Como manipularon los fondos de la Caja de Jubilaciones de los empleados municipales.
El manejo de los empleados municipales tercerizados que facturan a la municipalidad como monotributistas, en un número oculto y hasta desconocido por el propio Sindicato Municipal.
En el entramado y oscuro sector de los llamados "monotributistas municipales" algunos no hablan por temor a ser echados y otros esperan se cumpla la promesa que Clerici les hace a todos por igual de pasarlos a planta permanente antes de irse.
Extorsión y encubrimiento del Ejecutivo Municipal. Infunden miedo a quienes prestan servicios en el edificio municipal y ocultan a algunos "trabajadores" que ni siquiera realizan tareas municipales y trabajan para empresas privadas y cobran su factura monotributista en la municipalidad (los informes indicarían que hay más 50 personas en estas condiciones)
Facturas apócrifas en contabilidades de años estarían causando malestar en empleados de carrera que deben "mirar para otro lado", por presión y a la vez sienten temor porque en un futuro sin Speca/Clerici se produzca una auditoria.
Los dineros provenientes de la Nación para la represa y el túnel de calle Moreno tendrían serios cuestionamientos y objeciones en su contabilidad, y también en irregularidades de contrataciones de servicios tercerizados como por ejemplo entre otros el transporte de tierra, los cuales tendrían vinculaciones directas con el ejecutivo municipal.
Otro de los tantos temas a ocultar es la insólita "equivocación" jurídica de Speca que llevó a la Municipalidad a juicio por los terrenos de la Feria Peralta. Confirmado por la Justicia, estos lotes son propiedad del Banco de Santa Fe.
Este fallo adverso que era inminente le costará a los cañadenses una suma cercana al 1 millón 300 mil pesos.
Estos y otros temas están en plena investigación periodística de Canal 10 y son difundidos a la opinión pública, al finalizar los informes.
Esto molesta de sobremanera a Speca y su entorno que ven como se derrumba poco a poco la "verdad" que viene contando a la ciudad.
Hay mucho por ocultar, por ello el funcionario al no lograr callar al periodismo con abuso de poder, dinero, amenazas y amedrentamientos, recurre ahora a la Justicia para que le justifique y convalide legalmente un golpe bajo a los derechos humanos, los derechos de libre expresión, la libertad de prensa y a la Constitución Nacional.
Fuente: Su Tribuna
El Ejecutivo Municipal de Cañada de Gómez, encabezado por Fabián Speca y secundado por su esposa Estela Clerici (intendenta de Cañada) están descontrolados ¿Por qué? Qué hay que oculta
Le contamos:
Todas las semanas el Ejecutivo municipal recibe una encuesta contratada a una Consultora Privada de Rosario y los números les son negativos, hace meses.
Y lo peor que la imagen positiva de Clérici está en su mínimo exponente "casi por el suelo" comentaron por lo bajo varios allegados.
Esta situación se viene produciendo desde antes de las últimas elecciones en forma leve y se acrecentó a partir de conocerse públicamente los negocios inmobiliarios y de construcción de Speca Clerici a través de la empresa Specler en Miami, propiedad de ambos.
Los empleados municipales y los funcionarios de escalones más bajos se quejan por lo bajo y comentan de negocios, propiedades y el estilo de vida del selecto grupo de poder que conforman Speca, Clerici , Novello, Fanjul, Salas, Albertengo.
Los casos Puntano y Morelli, en primera instancia un desalojo y demolición no tuvo respuesta a la comunidad del porque se realizó.
Que tipo de ambición llevó a Speca a ordenar semejante operativo y a su esposa intendente a convalidarlo con su firma?
Varios operadores inmobiliarios locales y también personas relacionadas a la comercialización de combustibles opinaron sobre un posible "emprendimiento inmobiliario" y también sobre la "instalación de un parador y una impactante estación de servicios."
En la causa Puntano Morelli consiguieron "separar" de la causa a la principal operadora del hecho: la intendente.
Para ello, hicieron inculparse a los funcionarios que llevaron a cabo el procedimiento y que indudablemente cumplían órdenes. Se hicieron responsables salvando el pellejo de Speca y su esposa bajo la promesa que iban a quedar absueltos de todo cargo.
Indudablemente algo lograron porque hace 2 años y medio que a estos funcionarios la Justicia no los indaga ni los procesa.
Luego surge el error legal de Speca Secretario Legal del municipio, que hasta el momento le hizo pagar a los contribuyentes cañadenses cerca de $ 900.000 correspondientes a la construcción de una nueva propiedad para la familia Puntano por la que mandó a demoler sin causa, pagos a abogados propios (la municipalidad los contrató para los funcionarios involucrados) y ajenos por arreglos, y un cheque por daños morales para Margarita Morelli del cual no se conoce el monto cierto.
Por otro lado el Sr. René Puntano no aceptó el monto que le acercó el ejecutivo municipal y sigue reclamando los daños morales por casi cerca de $200.000.
A todo esto habrá que sumarle los honorarios finales del juicio, costas, intereses y honorarios de todos los abogados actuantes, por lo que se estima que este intento de "expropiación" del ejecutivo municipal sobre estos valiosos lotes le costará aproximadamente a cada cañadense pagar una suma cercana a 1 millón 300 mil pesos.
Es secreto a voces el porque de la "renuncia" de varios funcionarios allegados a Speca/Clerici y el faltante de millonarias sumas de dinero de las arcas municipales.
Había controles? Como se manejaban los dineros públicos, y el porque de las disputas internas que alejó a aquellos funcionarios leales.
Como manipularon los fondos de la Caja de Jubilaciones de los empleados municipales.
El manejo de los empleados municipales tercerizados que facturan a la municipalidad como monotributistas, en un número oculto y hasta desconocido por el propio Sindicato Municipal.
En el entramado y oscuro sector de los llamados "monotributistas municipales" algunos no hablan por temor a ser echados y otros esperan se cumpla la promesa que Clerici les hace a todos por igual de pasarlos a planta permanente antes de irse.
Extorsión y encubrimiento del Ejecutivo Municipal. Infunden miedo a quienes prestan servicios en el edificio municipal y ocultan a algunos "trabajadores" que ni siquiera realizan tareas municipales y trabajan para empresas privadas y cobran su factura monotributista en la municipalidad (los informes indicarían que hay más 50 personas en estas condiciones)
Facturas apócrifas en contabilidades de años estarían causando malestar en empleados de carrera que deben "mirar para otro lado", por presión y a la vez sienten temor porque en un futuro sin Speca/Clerici se produzca una auditoria.
Los dineros provenientes de la Nación para la represa y el túnel de calle Moreno tendrían serios cuestionamientos y objeciones en su contabilidad, y también en irregularidades de contrataciones de servicios tercerizados como por ejemplo entre otros el transporte de tierra, los cuales tendrían vinculaciones directas con el ejecutivo municipal.
Otro de los tantos temas a ocultar es la insólita "equivocación" jurídica de Speca que llevó a la Municipalidad a juicio por los terrenos de la Feria Peralta. Confirmado por la Justicia, estos lotes son propiedad del Banco de Santa Fe.
Este fallo adverso que era inminente le costará a los cañadenses una suma cercana al 1 millón 300 mil pesos.
Estos y otros temas están en plena investigación periodística de Canal 10 y son difundidos a la opinión pública, al finalizar los informes.
Esto molesta de sobremanera a Speca y su entorno que ven como se derrumba poco a poco la "verdad" que viene contando a la ciudad.
Hay mucho por ocultar, por ello el funcionario al no lograr callar al periodismo con abuso de poder, dinero, amenazas y amedrentamientos, recurre ahora a la Justicia para que le justifique y convalide legalmente un golpe bajo a los derechos humanos, los derechos de libre expresión, la libertad de prensa y a la Constitución Nacional.
Fuente: Su Tribuna
El largo adiós a Libération, un ícono contracultural
Acorralado por sus desmanejos financieros y por la crisis que afecta a toda la prensa gráfica, el diario creado por Sartre se debate entre la asfixia económica y la pérdida de identidad
Por: Hinde Pomeraniec
La frase se la adjudican a Hegel; pronunciada hoy, exhibe un leve tono elegíaco: "La lectura de los diarios es el rezo matutino del hombre moderno", dicen que dijo. El tiempo suele apaciguar el énfasis; ni la lectura, ni la religión, ni la idea de modernidad significan lo mismo que en tiempos del filósofo alemán. Los diarios, claro, tampoco son lo que eran entonces.
Desde hace al menos cinco años, el diario francés Libération es más popular por sus continuos problemas económicos y sus conflictos internos que por lo que debería ser su principal objeto: la información y el análisis de las noticias. A principios de este mes, se hicieron públicos los problemas financieros que ponen al diario al borde de la quiebra y a un paso de la desaparición. Es cierto: el mal momento de Libération no parece una excepción en el universo de los medios gráficos, que atraviesan en los últimos 15 años un traumático pasaje del papel al soporte digital en el marco de la crisis económica internacional y sometidos a una agotadora discusión sobre el rol del periodismo. Sin embargo, este contexto sólo le suma dramatismo a la cuestión básica que hace tambalear a Libé: su financiamiento, un interrogante que los tiene en ascuas como empresa, pero que también viene poniendo en juego su fidelidad a los principios éticos y políticos que le dieron existencia. Es este panorama sombrío, y lo que parece ser su inminente final, lo que le da sentido a esta pregunta: ¿cuándo y por qué se muere un diario?
Las primeras ideas para su creación surgieron en diciembre de 1972, cuando cinco intelectuales franceses de la izquierda radical, entre quienes se hallaba Jean Paul Sartre, se sentaron a pensar un diario en el que el pueblo tomara la palabra. Un diario independiente, libre, sin jerarquías, no atado a convenciones capitalistas ni a ninguna forma de subsidio estatal. Un diario símbolo del contrapoder, un espacio contracultural. Los efectos del Mayo Francés no se habían esfumado, los jóvenes soñaban con poner el mundo patas para arriba y los mayores, con olvidar la pesadilla de la guerra. Por entonces, frases como "La imaginación al poder" o "Seamos realistas, pidamos lo imposible" significaban mucho más que una inscripción en una remera o la poesía anclada en un afiche. Este ideario impulsaba la acción.
El 5 de febrero de 1973 salió una suerte de número cero, de cuatro páginas. "La política, para Libération, es la democracia directa", anunciaban, al tiempo que llamaban al debate. En abril, lanzaron otras cuatro páginas y convocaron a la suscripción, con objeto de financiar "un órgano cotidiano completamente libre". El 22 de mayo hicieron su aparición regular en los quioscos. La dirección estaba en manos del mismo Sartre y del intelectual maoísta Jean Claude Vernier, quienes se retiraron al año siguiente, luego de un fuerte desacuerdo con otro de los fundadores, Serge July, quien a partir de ese momento se convertiría en el referente icónico del diario y tomaría el puesto de director hasta 2006, cuando, acorralado por el desgaste y presionado por los nuevos dueños, sería obligado a ceder el comando de los contenidos.
En los primeros años, el diario respondía a un pensamiento de izquierda radical y animaba a la rebelión, con una línea editorial que incluso apoyaba acciones terroristas de la guerrilla en diversos puntos del mundo. Esto terminó a fines de los años 70, con un primer gran giro que se manifestó en una interpretación menos violenta de cómo debían operarse los cambios políticos. Los problemas económicos comenzaron a atormentar a los trabajadores. Fue entonces cuando el capital hizo su entrada al diario por primera vez, aunque, como los inversores eran conocida gente de izquierda, todos prefirieron ignorar la contradicción. Durante la década del 80, y con el presidente socialista Francois Mitterrand como figura excluyente del panorama político francés, el perfil editorial profundizó su cambio ideológico. De una izquierda combativa se pasó a una socialdemocracia libertaria. Hubo críticas, sí, pero fueron los tiempos de mayor crecimiento del diario y el esplendor, arraigado en una saludable meseta en materia de conflictos internos, se prolongó hasta mediados de los 90.
En aquellos momentos, Libération marcó el rumbo para aquellos que buscaban acabar con un periodismo acartonado, viejo y aburrido. La escritora y periodista Rosa Montero lo recuerda así: "Libération era una voz de referencia para los periodistas españoles. Un espejo en el que mirarse, pero también una fuente internacional que citar, como apoyo, cuando en esos agitados años tras la muerte de Franco la prensa española, o al menos buena parte de la prensa, estaba ayudando a construir el cambio político y social del país". Jorge Lanata y el resto de los fundadores de Página 12 también vieron en Libération un modelo de irreverencia e informalidad. "Tomamos de Libé la forma coloquial de titular -explica hoy Lanata-, pero le dimos una vuelta más con la introducción del humor y las referencias a frases hechas que significaran algo, como títulos de películas o refranes. La concepción general de Página tiene que ver con Libération."
En el umbral del siglo XXI, el diario estaba instalado en su comodidad progresista, respaldado por una Francia próspera como parecía ser el resto de Europa. Fuertes en materia de novedad y diseño, fueron también cabeza de playa de calidad en el desembarco de los diarios en Internet. Sin embargo, pocos años después, el sueño de opulencia europea mostraba sus pies de barro y nuevamente Libération salía a buscar financiamiento a cambio de seguir olvidando viejas banderas. Para el experto en medios Martín Becerra, el caso de Libération refleja perfectamente "el predominio actual del factor económico por encima del político-periodístico como fuerza motriz de los medios escritos. No es que en el pasado la economía no fuese importante, pero un proyecto político-comunicacional de izquierda podía funcionar bien dirigido a un segmento no masivo pero fiel".
En 2005, los grandes números no cerraban y la caída en las ventas era la foto diaria. Entonces aceptaron inyección de fondos de empresarios ajenos a los medios, como el millonario Edouard de Rotschild, dueño de un apellido que sólo podría haberse asociado a Libération décadas atrás en términos irónicos. Para sus viejos lectores, el diario dejó de ser referencia. La decepción creció también por decisiones editoriales que llegaron con los nuevos dueños, como el apoyo al Tratado Constitucional Europeo, en 2005, durante una campaña en la que la izquierda dura había llamado a votar por el no. Sobre el final de la década, mientras se acumulaban los problemas financieros y sus consiguientes correlatos legales, como otra prueba de la decadencia comenzó el éxodo de periodistas y grandes firmas.
El ensayista argentino Dardo Scavino vive en Francia desde hace más de dos décadas y conoce de cerca la mirada de los lectores de izquierda, quienes en virtud de los nuevos hábitos de lectura se identifican más con un sitio online como Mediapart, donde se sigue practicando el viejo periodismo de investigación. "Este Libé está muy lejos del fundado por Sartre: ahora es el diario de los Rotschild", dice Scavino. "La gran diferencia con un diario de derecha como Le Figaro es que, si bien ambos van a apoyar las políticas neoliberales y son pro EE.UU., Libé además va a apoyar el matrimonio gay."
A principios de este mes, Bruno Ledoux, uno de los nuevos dueños del diario -empresario inmobiliario sospechado de lavado de dinero-, comprobó el desprecio de periodistas y lectores cuando trascendió su propuesta de trasladar la redacción y convertir al histórico edificio de la Rue Beranger en una suerte de parque temático ("espacio cultural", lo llama) decorado por Philippe Stark, y su voluntad de explotar la marca del diario en todo tipo de redes y plataformas digitales. " Nous sommes un journal (somos un diario)", viene siendo la respuesta de los periodistas desde todo tipo de comunicados, blogs, cuentas en Twitter y Facebook, y, como se estila en los diarios europeos, también desde las propias páginas del diario. Pese a esta muestra de dignidad profesional, se impone una realidad, y es que, como ya lo dijo Sartre, el dinero no tiene ideas.
Los finales son tristes, pero inevitables; la decadencia puede ser penosa. De aquella liberación igualitaria de la palabra que imaginaron quienes dieron impulso al diario, más de cuarenta años atrás, apenas si quedan la historia y el archivo de esos deseos. Todo indica que posiblemente, y en poco tiempo, Libération será una ausencia. Y será, también, esa felicidad profunda y algo infantil de quienes aún bucean en ese museo retórico de los 70, idealizando el pasado y parafraseando a Dickens con aquello de "era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad".
Fuente: La Nación
Ver anterior: Trabajadores del Libé: "Somos un diario, no un restaurante, ni una red social", El director del "Libé", Nicolas Demorand, presenta su dimisión
Por: Hinde Pomeraniec
La frase se la adjudican a Hegel; pronunciada hoy, exhibe un leve tono elegíaco: "La lectura de los diarios es el rezo matutino del hombre moderno", dicen que dijo. El tiempo suele apaciguar el énfasis; ni la lectura, ni la religión, ni la idea de modernidad significan lo mismo que en tiempos del filósofo alemán. Los diarios, claro, tampoco son lo que eran entonces.
Desde hace al menos cinco años, el diario francés Libération es más popular por sus continuos problemas económicos y sus conflictos internos que por lo que debería ser su principal objeto: la información y el análisis de las noticias. A principios de este mes, se hicieron públicos los problemas financieros que ponen al diario al borde de la quiebra y a un paso de la desaparición. Es cierto: el mal momento de Libération no parece una excepción en el universo de los medios gráficos, que atraviesan en los últimos 15 años un traumático pasaje del papel al soporte digital en el marco de la crisis económica internacional y sometidos a una agotadora discusión sobre el rol del periodismo. Sin embargo, este contexto sólo le suma dramatismo a la cuestión básica que hace tambalear a Libé: su financiamiento, un interrogante que los tiene en ascuas como empresa, pero que también viene poniendo en juego su fidelidad a los principios éticos y políticos que le dieron existencia. Es este panorama sombrío, y lo que parece ser su inminente final, lo que le da sentido a esta pregunta: ¿cuándo y por qué se muere un diario?
Las primeras ideas para su creación surgieron en diciembre de 1972, cuando cinco intelectuales franceses de la izquierda radical, entre quienes se hallaba Jean Paul Sartre, se sentaron a pensar un diario en el que el pueblo tomara la palabra. Un diario independiente, libre, sin jerarquías, no atado a convenciones capitalistas ni a ninguna forma de subsidio estatal. Un diario símbolo del contrapoder, un espacio contracultural. Los efectos del Mayo Francés no se habían esfumado, los jóvenes soñaban con poner el mundo patas para arriba y los mayores, con olvidar la pesadilla de la guerra. Por entonces, frases como "La imaginación al poder" o "Seamos realistas, pidamos lo imposible" significaban mucho más que una inscripción en una remera o la poesía anclada en un afiche. Este ideario impulsaba la acción.
El 5 de febrero de 1973 salió una suerte de número cero, de cuatro páginas. "La política, para Libération, es la democracia directa", anunciaban, al tiempo que llamaban al debate. En abril, lanzaron otras cuatro páginas y convocaron a la suscripción, con objeto de financiar "un órgano cotidiano completamente libre". El 22 de mayo hicieron su aparición regular en los quioscos. La dirección estaba en manos del mismo Sartre y del intelectual maoísta Jean Claude Vernier, quienes se retiraron al año siguiente, luego de un fuerte desacuerdo con otro de los fundadores, Serge July, quien a partir de ese momento se convertiría en el referente icónico del diario y tomaría el puesto de director hasta 2006, cuando, acorralado por el desgaste y presionado por los nuevos dueños, sería obligado a ceder el comando de los contenidos.
En los primeros años, el diario respondía a un pensamiento de izquierda radical y animaba a la rebelión, con una línea editorial que incluso apoyaba acciones terroristas de la guerrilla en diversos puntos del mundo. Esto terminó a fines de los años 70, con un primer gran giro que se manifestó en una interpretación menos violenta de cómo debían operarse los cambios políticos. Los problemas económicos comenzaron a atormentar a los trabajadores. Fue entonces cuando el capital hizo su entrada al diario por primera vez, aunque, como los inversores eran conocida gente de izquierda, todos prefirieron ignorar la contradicción. Durante la década del 80, y con el presidente socialista Francois Mitterrand como figura excluyente del panorama político francés, el perfil editorial profundizó su cambio ideológico. De una izquierda combativa se pasó a una socialdemocracia libertaria. Hubo críticas, sí, pero fueron los tiempos de mayor crecimiento del diario y el esplendor, arraigado en una saludable meseta en materia de conflictos internos, se prolongó hasta mediados de los 90.
En aquellos momentos, Libération marcó el rumbo para aquellos que buscaban acabar con un periodismo acartonado, viejo y aburrido. La escritora y periodista Rosa Montero lo recuerda así: "Libération era una voz de referencia para los periodistas españoles. Un espejo en el que mirarse, pero también una fuente internacional que citar, como apoyo, cuando en esos agitados años tras la muerte de Franco la prensa española, o al menos buena parte de la prensa, estaba ayudando a construir el cambio político y social del país". Jorge Lanata y el resto de los fundadores de Página 12 también vieron en Libération un modelo de irreverencia e informalidad. "Tomamos de Libé la forma coloquial de titular -explica hoy Lanata-, pero le dimos una vuelta más con la introducción del humor y las referencias a frases hechas que significaran algo, como títulos de películas o refranes. La concepción general de Página tiene que ver con Libération."
En el umbral del siglo XXI, el diario estaba instalado en su comodidad progresista, respaldado por una Francia próspera como parecía ser el resto de Europa. Fuertes en materia de novedad y diseño, fueron también cabeza de playa de calidad en el desembarco de los diarios en Internet. Sin embargo, pocos años después, el sueño de opulencia europea mostraba sus pies de barro y nuevamente Libération salía a buscar financiamiento a cambio de seguir olvidando viejas banderas. Para el experto en medios Martín Becerra, el caso de Libération refleja perfectamente "el predominio actual del factor económico por encima del político-periodístico como fuerza motriz de los medios escritos. No es que en el pasado la economía no fuese importante, pero un proyecto político-comunicacional de izquierda podía funcionar bien dirigido a un segmento no masivo pero fiel".
En 2005, los grandes números no cerraban y la caída en las ventas era la foto diaria. Entonces aceptaron inyección de fondos de empresarios ajenos a los medios, como el millonario Edouard de Rotschild, dueño de un apellido que sólo podría haberse asociado a Libération décadas atrás en términos irónicos. Para sus viejos lectores, el diario dejó de ser referencia. La decepción creció también por decisiones editoriales que llegaron con los nuevos dueños, como el apoyo al Tratado Constitucional Europeo, en 2005, durante una campaña en la que la izquierda dura había llamado a votar por el no. Sobre el final de la década, mientras se acumulaban los problemas financieros y sus consiguientes correlatos legales, como otra prueba de la decadencia comenzó el éxodo de periodistas y grandes firmas.
El ensayista argentino Dardo Scavino vive en Francia desde hace más de dos décadas y conoce de cerca la mirada de los lectores de izquierda, quienes en virtud de los nuevos hábitos de lectura se identifican más con un sitio online como Mediapart, donde se sigue practicando el viejo periodismo de investigación. "Este Libé está muy lejos del fundado por Sartre: ahora es el diario de los Rotschild", dice Scavino. "La gran diferencia con un diario de derecha como Le Figaro es que, si bien ambos van a apoyar las políticas neoliberales y son pro EE.UU., Libé además va a apoyar el matrimonio gay."
A principios de este mes, Bruno Ledoux, uno de los nuevos dueños del diario -empresario inmobiliario sospechado de lavado de dinero-, comprobó el desprecio de periodistas y lectores cuando trascendió su propuesta de trasladar la redacción y convertir al histórico edificio de la Rue Beranger en una suerte de parque temático ("espacio cultural", lo llama) decorado por Philippe Stark, y su voluntad de explotar la marca del diario en todo tipo de redes y plataformas digitales. " Nous sommes un journal (somos un diario)", viene siendo la respuesta de los periodistas desde todo tipo de comunicados, blogs, cuentas en Twitter y Facebook, y, como se estila en los diarios europeos, también desde las propias páginas del diario. Pese a esta muestra de dignidad profesional, se impone una realidad, y es que, como ya lo dijo Sartre, el dinero no tiene ideas.
Los finales son tristes, pero inevitables; la decadencia puede ser penosa. De aquella liberación igualitaria de la palabra que imaginaron quienes dieron impulso al diario, más de cuarenta años atrás, apenas si quedan la historia y el archivo de esos deseos. Todo indica que posiblemente, y en poco tiempo, Libération será una ausencia. Y será, también, esa felicidad profunda y algo infantil de quienes aún bucean en ese museo retórico de los 70, idealizando el pasado y parafraseando a Dickens con aquello de "era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad".
Fuente: La Nación
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La justicia suspende las elecciones en la UPTBA, la junta electoral convoca a votar
“Ante la impugnación de más de la mitad del padrón, la falta de examen de esa prueba es una dificultad importante para que este proceso electoral y el consecuente comicio fijado para el 6 y 7 de marzo transcurra con total regularidad y transparencia”, escribió la jueza en respuesta al pedido del abogado Mariano Suárez, apoderado de la Multicolor. “Avanzar en el proceso soslayando este conflicto importaría que se configure un acto de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, lesivo del ejercicio regular de los derechos derivados de la libertad sindical”, destacó. La magistrada precisó que la conducción que también integran Juan Carlos Camaño, Daniel Míguez, Daniel Das Neves y Héctor Sosa “deberá abstenerse de realizar los comicios” y notificó al Ministerio de Trabajo para que garantice el cumplimiento de la orden judicial.
La resolución se produce un día después de que la junta electoral adicta a la conducción del gremio diera otro paso para garantizar el fraude al negarse a aceptar la nueva conformación de la Multicolor, fortalecida esta semana con la incorporación de numerosos delegados y activistas independientes. Las planillas con las firmas de los nuevos candidatos, que los familiares de Camaño conchabados en la junta electoral se negaron a recibir, fueron entregadas esta mañana al Ministerio de Trabajo.
El fallo confirma el éxito de la estrategia jurídica adoptada por el Frente Unidad para Luchar, que integran el Colectivo de Trabajadores de Prensa, el Movimiento Sindical de Prensa, La Gremial y la Violeta de Prensa junto con delegados y activistas de PáginaI12, La Nación, Tiempo Argentino, Clarín, Crónica, TelAm y DyN, entre otros medios.
Tal como lo sostuvimos desde el momento en que decidimos participar del proceso electoral, ratificamos que daremos pelea hasta el último día para que los trabajadores de prensa puedan participar de una elección real, sin votos de personas ajenas al gremio, y que no bajaremos los brazos hasta transformar a la UTPBA en un sindicato al servicio de todos los trabajadores.
Frente Unidad para Luchar – Lista Multicolor
Contacto: Mariano Suárez 156 228 1059
El Ministerio de Trabajo ratificó el rechazo a las impugnaciones en la UTPBA se vota el 6 y 7 de marzo
La Junta Electoral de la UTPBA informa a todo el gremio de prensa que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, con la firma de la Dra. Elena Otaola ha rechazado las impugnaciones a los 2532 trabajadores de prensa, presentadas por el apoderado de la lista Multicolor, Mariano Suárez. Por lo tanto, se ratifica el derecho a elegir y ser elegido de todos los compañeros/as los días 6 y 7 de marzo de 2014, en orden a lo ya manifestado por esta Junta electoral y ahora por resolución ministerial.
Por todo lo expuesto, la UTPBA convocó a todo el gremio de prensa a ratificar con su participación masiva la democracia sindical y la autonomía de la UTPBA como demostración fehaciente de transparencia de este proceso electoral ratificado en un todo por el Ministerio de Trabajo.
Todos a votar el 6 y 7 de marzo
TelAm: Suspenden por tercera vez las elecciones en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
Las elecciones de renovación de autoridades de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) fueron suspendidas hoy por tecera vez, ahora por decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia. Nro. 63, que interrumpió el comicio hasta que se examinen las 2.525 impugnaciones al padrón que presentó la oposición.
La decisión fue adoptada por la jueza María Alejandra D`Agnillo, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 63, que ordenó a la UTPBA "abstenerse de celebrar el comicio" programado para el 6 y 7 de marzo.
El fallo judicial dispuso que, considerando que estaba impugnado el 51,24 por ciento del padrón electoral, "avanzar con el proceso electoral soslayando este conflicto importaría que se configure un acto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, lesivo
del ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical".
La medida cautelar se resolvió a instancias de la lista Multicolor, que reúne a cuatro agrupaciones opositoras, desde el kircherismo a la izquierda, y que reclama ante el Ministerio y la Justicia la oficialización de su nueva conformación como espacio luego de desprenderse de los candidatos que representaban al Partido Obrero.
Las elecciones de UTPBA ya sufrieron cuatro reprogramaciones, con sucesivas suspensiones ordenadas por el Ministerio de Trabajo o la Justicia.
El primer intentó de elección se realizó el 26 y 27 de septiembre de 2013, pero el comicio fue suspendido por la Justicia por las dificultades de acceso al padrón.
Entonces UTPBA reprogramó el comicio para el 27 y 28 de marzo, pero, a raíz de su superposición con la paritaria, finalmente ensayó un adelantamiento para el 30 y 31 de enero, que determinó la intervención del Ministerio de Trabajo para suspender
la elección.
En ese estado, y luego de una orden judicial para que la UTPBA exhibiera su padrón, el sindicato fijó la elección el 6 y 7 de marzo, pero el examen de las 2.525 impugnaciones presentadas por la oposición determinaron la suspensión resuelta hoy.
El mandato legal de las autoridades de UTPBA venció el 30 de septiembre de 2013, y desde entonces el sindicato opera con una prórroga administrativa que expira la semana que viene cuando el Ministerio debe resolver su estado de acefalía.(Télam).-
Y dejaron a Víctor Hugo sin mundial: Latinoamérica aporta ya dos tercios del resultado bruto de explotación de PRISA
La compañía, dueña en Argentina de Radio Continental, destina 844 millones para cubrir el deterioro de los activos de la Distribuidora de Televisión Digital. Los ingresos mejoran un 2,3% hasta 2.725 millones con una aportación del exterior del 67,5%. Registra pérdidas contables de 658 millones por el fondo de comercio de Canal+
El primer grupo de comunicación español, PRISA, editor del diario El País y con fuerte implantación en Latinoamérica, registró en 2013 una pérdida neta de 649 millones de euros, es decir más del doble que en 2012, lastrado por la crisis en España y Portugal.
El resultado ajustado teniendo en cuenta elementos excepcionales resultó en pérdidas por 86,09 millones de euros, es decir casi siete veces más que los 12,82 millones de 2012.
La cifra de negocios progresó por su parte en 2013 un 2,3% a 2.726 millones de euros. El resultado bruto de explotación cayó un 30,6% a 296,19 millones de euros.
Entre los elementos excepcionales figuran las indemnizaciones pagadas al personal tras un plan de ajuste en octubre de 2012 que afectó a El País, primer diario de España, con una reducción de efectivos de 149 personas de un total de 466 empleados.
Dicho plan había provocado una polémica sobre los salarios de los dirigentes del grupo en crisis.
Los ingresos de prensa (282,49 millones de euros), cayeron un 10,2% interanual en 2013, debido especialmente a los débiles ingresos publicitarios (-4%) pese a una reactivación en el tercer y cuarto trimestre.
Por su parte, los ingresos de la publicidad en línea aumentaron 15,3% y representan ahora 25,5% del total de los ingresos publicitarios de prensa.
La televisión de pago (Canal+) aportó 1,166 millones de euros, en alza de 9,2%, pero el EBITDA cayó 82,1% a 32,51 millones debido a un cambio de modelo de explotación de los derechos del fútbol.
Primer grupo de comunicación en español, PRISA está presente en la prensa con El País, en la edición con Santillana y en la televisión con Digital+.
Con importante presencia en América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos, PRISA participa entre otros al 80% en el gigante radiofónico en lengua española Unión Radio, con emisoras entre las que figuran la colombiana Radio Caracol, la chilena Radio Corazón y la mexicana Radiópolis.
Latinoamérica aporta ya dos tercios del resultado bruto de explotación de PRISA
Latinoamérica se ha convertido en la principal fuente de resultados de explotación de PRISA, grupo editor de El País. La empresa logra crecimientos muy sólidos en moneda local en todos los países tanto en educación como en radio, pero sufre un impacto negativo por la evolución de los tipos de cambio. Pese a ello, la región genera ya el 67,5% del resultado bruto de explotación, según anunció la empresa al comunicar sus resultados anuales.
La compañía presentó unos resultados depurados de efectos extraordinarios. Con esos ajustes, los ingresos de explotación crecen un 1,8%, hasta 2.709 millones, y el resultado neto son pérdidas de 86 millones de euros, frente a los 13 millones del año anterior sin extraordinarios. Los ingresos crecieron en un 2,3% durante 2013 gracias al buen comportamiento de los ingresos de abonados de otros operadores (+138%) y el buen comportamiento de los ingresos publicitarios de Latinoamérica (+2,8%) que consiguen compensar la debilidad de los ingresos de educación (0,0%), de abonados de satélite (-4,0%), de la publicidad en España y Portugal (-4,0% a pesar de la mejora en el tercer y cuarto trimestres) y de la circulación (en prensa).
PRISA sufrió en 2013 unas pérdidas de 658 millones de euros tras una provisión contable de 844,6 millones (sin efecto en caja) para cubrir el deterioro del fondo de comercio de Canal +. Según informó la compañía, esto se explica por la subida del IVA a la televisión de pago del 8% al 21%, el complicado entorno económico y, ya en la segunda mitad del ejercicio, a los cambios en la estrategia de ciertos competidores en cuanto a adquisición de contenidos y a la integración y subvención de la televisión de pago en su oferta de servicios, todo lo cual ha provocado una caída de abonados.
Dado que el nuevo modelo de explotación de los derechos de fútbol dificulta el análisis de la evolución de los resultados, también publicó las cifras ajustadas de extraordinarios sin Canal+. Con ellas, los ingresos de explotación caen un 3,1%, hasta 1.548 millones; el resultado bruto de explotación baja un 2,1%, hasta 291 millones y el resultado neto de explotación desciende un 11,3%, a 131,3 millones. La publicidad ha ido mejorando durante el año, incluso en España y Portugal. Todos los costes operativos caen salvo los derechos de fútbol. Destaca el recorte de 38 millones en costes de personal.
Áreas de negocio
Los ingresos en Santillana (738,30 millones de euros) se mantienen planos (0,6%) por el impacto negativo del tipo de cambio. A tipo de cambio constante, los ingresos se incrementan en un 10,8%. Destaca el crecimiento de los ingresos de Sistemas de Enseñanza digitales. Los ingresos de Sistema UNO crecieron un 61,3% en el año 2013. América Latina ve crecer sus ingresos un 4,1% (17,2% a tipo de cambio constante), destacando la evolución de Colombia (21,9%), México (6,1%) Ecuador (9,2%) y Argentina (6,9%). En Brasil (12,3%) es importante el impacto negativo del tipo de cambio (a valores constantes, los ingresos de Brasil se incrementan en un 31,3% y el EBITDA un 25,1%). España cae 11,8%; reduce sus ingresos de educación tradicional en un 12,9%, por la debilidad de la campaña educativa en un año en el que hay pocas novedades. Ediciones Generales reduce sus ingresos en un 5,8%.
El EBITDA ajustado del área de Educación alcanzó los 173,40 millones de euros, un 7,3% menos. A tipo de cambio constante, el EBITDA se incrementa un 4%.
En Radio, los ingresos (342,88 millones de euros) se mantienen planos (0,1%) respecto de 2012, debido principalmente a la menor publicidad en España (-5,0%) y la mejora de la publicidad en América Latina (3,4%) con Colombia (3,1%), Chile (4,2%) y México (13,0%). Es destacable la mejora en los ingresos publicitarios a lo largo del año 2013, especialmente en el cuarto trimestre estanco. Los ingresos procedentes de Latinoamérica representan el 44% del total. EL EBITDA de la Radio alcanzó en 2013 los 54,77 millones de euros (0,8%), de los cuales 91% procedieron de Latam.
En Prensa, los ingresos (282,49 millones de euros), caen un 10,2%, tanto por la debilidad de publicidad (-4,0%) que ha mostrado una mejoría en el tercer y cuarto trimestres del año, como por la caída de la circulación (-16,3%). Los ingresos de publicidad digital crecieron un 15,3% en el año y representan ya un 25,5% del total de ingresos publicitarios recurrentes de la división. Cabe destacar el buen comportamiento de los ingresos derivados de nuevas líneas de negocio como los patrocinios obtenidos en la organización de eventos. El gran esfuerzo en control y reducción de costes hace que el EBITDA ajustado ascienda a 25,08 millones de euros (61,9%).La cuota de mercado de El País se incrementa hasta el 31%.
Los ingresos de Media Capital (181,72 millones de euros) se reducen en un 1,4% impactados por la caída de publicidad del 7,4% (aunque se observa una mejora en el tercer y cuarto trimestres estancos del año con una caída del 0.4% y un crecimiento del 3,2%, respectivamente, comparado con unas caídas del 11,6% y del 19% en el primer y segundo trimestre del año respectivamente), y el EBITDA recurrente (41,0 millones de euros) se reduce en un 4,0%, con un impacto positivo de su estrategia de diversificación y del importante esfuerzo de control de costes que la compañía ha realizado. TVI mantiene el liderazgo en 24 horas y prime time, alcanzando unas audiencias medias diarias de 24,6% y 27,7% respectivamente.
En la televisión de pago (Canal+) los ingresos ascienden a 1.166,17 millones de euros (9,2%) pero el EBITDA recurrente alcanza los 32,51 millones de euros (-82,1%) por el nuevo modelo de explotación del fútbol. Las altas netas de abonados de satélite se reducen en el año en 99.179. En el cuarto trimestre estanco, las altas netas se reducen en 12.895 aunque Canal+ aumenta su cuota de mercado (44,3% en el 4T comparado con 42,5% en el 4T 2012).
La publicidad digital muestra un crecimiento del 10,0% en 2013 frente a una caída del mercado del 2,5%. En 2013, el promedio de navegadores únicos de las diferentes páginas web del grupo alcanzó los 83,7 millones (17%) donde resalta el crecimiento de ElPais.com, Radio internacional y As.com.
Refinanciación de la deuda
PRISA recuerda que en 2013 "ha llevado a cabo un complicado proceso" de refinanciación de la deuda que ha logrado alinear los intereses de accionistas, acreedores e inversores institucionales. Con ello, añade, ha conseguido "conseguir una estructura de capital adecuada a medio plazo para la compañía, eliminando la presión financiera causada por el pago de intereses y alineando mejor la deuda con la generación de caja de las distintas unidades de negocio". El volumen tras los cambios es de 3.278 millones.
También permite a la compañía "mantener un perímetro de activos coherente: con exposición a regiones y negocios con crecimiento y generación de caja y preservando las sinergias operativas". A su vez, logra "conseguir tiempo y flexibilidad financiera para poder tomar decisiones con tranquilidad".
Foto: Dominique Faget, AFPFuente: Diario El País
El primer grupo de comunicación español, PRISA, editor del diario El País y con fuerte implantación en Latinoamérica, registró en 2013 una pérdida neta de 649 millones de euros, es decir más del doble que en 2012, lastrado por la crisis en España y Portugal.
El resultado ajustado teniendo en cuenta elementos excepcionales resultó en pérdidas por 86,09 millones de euros, es decir casi siete veces más que los 12,82 millones de 2012.
La cifra de negocios progresó por su parte en 2013 un 2,3% a 2.726 millones de euros. El resultado bruto de explotación cayó un 30,6% a 296,19 millones de euros.
Entre los elementos excepcionales figuran las indemnizaciones pagadas al personal tras un plan de ajuste en octubre de 2012 que afectó a El País, primer diario de España, con una reducción de efectivos de 149 personas de un total de 466 empleados.
Dicho plan había provocado una polémica sobre los salarios de los dirigentes del grupo en crisis.
Los ingresos de prensa (282,49 millones de euros), cayeron un 10,2% interanual en 2013, debido especialmente a los débiles ingresos publicitarios (-4%) pese a una reactivación en el tercer y cuarto trimestre.
Por su parte, los ingresos de la publicidad en línea aumentaron 15,3% y representan ahora 25,5% del total de los ingresos publicitarios de prensa.
La televisión de pago (Canal+) aportó 1,166 millones de euros, en alza de 9,2%, pero el EBITDA cayó 82,1% a 32,51 millones debido a un cambio de modelo de explotación de los derechos del fútbol.
Primer grupo de comunicación en español, PRISA está presente en la prensa con El País, en la edición con Santillana y en la televisión con Digital+.
Con importante presencia en América Latina y en el mercado hispano de Estados Unidos, PRISA participa entre otros al 80% en el gigante radiofónico en lengua española Unión Radio, con emisoras entre las que figuran la colombiana Radio Caracol, la chilena Radio Corazón y la mexicana Radiópolis.
Latinoamérica aporta ya dos tercios del resultado bruto de explotación de PRISA
Latinoamérica se ha convertido en la principal fuente de resultados de explotación de PRISA, grupo editor de El País. La empresa logra crecimientos muy sólidos en moneda local en todos los países tanto en educación como en radio, pero sufre un impacto negativo por la evolución de los tipos de cambio. Pese a ello, la región genera ya el 67,5% del resultado bruto de explotación, según anunció la empresa al comunicar sus resultados anuales.
La compañía presentó unos resultados depurados de efectos extraordinarios. Con esos ajustes, los ingresos de explotación crecen un 1,8%, hasta 2.709 millones, y el resultado neto son pérdidas de 86 millones de euros, frente a los 13 millones del año anterior sin extraordinarios. Los ingresos crecieron en un 2,3% durante 2013 gracias al buen comportamiento de los ingresos de abonados de otros operadores (+138%) y el buen comportamiento de los ingresos publicitarios de Latinoamérica (+2,8%) que consiguen compensar la debilidad de los ingresos de educación (0,0%), de abonados de satélite (-4,0%), de la publicidad en España y Portugal (-4,0% a pesar de la mejora en el tercer y cuarto trimestres) y de la circulación (en prensa).
PRISA sufrió en 2013 unas pérdidas de 658 millones de euros tras una provisión contable de 844,6 millones (sin efecto en caja) para cubrir el deterioro del fondo de comercio de Canal +. Según informó la compañía, esto se explica por la subida del IVA a la televisión de pago del 8% al 21%, el complicado entorno económico y, ya en la segunda mitad del ejercicio, a los cambios en la estrategia de ciertos competidores en cuanto a adquisición de contenidos y a la integración y subvención de la televisión de pago en su oferta de servicios, todo lo cual ha provocado una caída de abonados.
Dado que el nuevo modelo de explotación de los derechos de fútbol dificulta el análisis de la evolución de los resultados, también publicó las cifras ajustadas de extraordinarios sin Canal+. Con ellas, los ingresos de explotación caen un 3,1%, hasta 1.548 millones; el resultado bruto de explotación baja un 2,1%, hasta 291 millones y el resultado neto de explotación desciende un 11,3%, a 131,3 millones. La publicidad ha ido mejorando durante el año, incluso en España y Portugal. Todos los costes operativos caen salvo los derechos de fútbol. Destaca el recorte de 38 millones en costes de personal.
Áreas de negocio
Los ingresos en Santillana (738,30 millones de euros) se mantienen planos (0,6%) por el impacto negativo del tipo de cambio. A tipo de cambio constante, los ingresos se incrementan en un 10,8%. Destaca el crecimiento de los ingresos de Sistemas de Enseñanza digitales. Los ingresos de Sistema UNO crecieron un 61,3% en el año 2013. América Latina ve crecer sus ingresos un 4,1% (17,2% a tipo de cambio constante), destacando la evolución de Colombia (21,9%), México (6,1%) Ecuador (9,2%) y Argentina (6,9%). En Brasil (12,3%) es importante el impacto negativo del tipo de cambio (a valores constantes, los ingresos de Brasil se incrementan en un 31,3% y el EBITDA un 25,1%). España cae 11,8%; reduce sus ingresos de educación tradicional en un 12,9%, por la debilidad de la campaña educativa en un año en el que hay pocas novedades. Ediciones Generales reduce sus ingresos en un 5,8%.
El EBITDA ajustado del área de Educación alcanzó los 173,40 millones de euros, un 7,3% menos. A tipo de cambio constante, el EBITDA se incrementa un 4%.
En Radio, los ingresos (342,88 millones de euros) se mantienen planos (0,1%) respecto de 2012, debido principalmente a la menor publicidad en España (-5,0%) y la mejora de la publicidad en América Latina (3,4%) con Colombia (3,1%), Chile (4,2%) y México (13,0%). Es destacable la mejora en los ingresos publicitarios a lo largo del año 2013, especialmente en el cuarto trimestre estanco. Los ingresos procedentes de Latinoamérica representan el 44% del total. EL EBITDA de la Radio alcanzó en 2013 los 54,77 millones de euros (0,8%), de los cuales 91% procedieron de Latam.
En Prensa, los ingresos (282,49 millones de euros), caen un 10,2%, tanto por la debilidad de publicidad (-4,0%) que ha mostrado una mejoría en el tercer y cuarto trimestres del año, como por la caída de la circulación (-16,3%). Los ingresos de publicidad digital crecieron un 15,3% en el año y representan ya un 25,5% del total de ingresos publicitarios recurrentes de la división. Cabe destacar el buen comportamiento de los ingresos derivados de nuevas líneas de negocio como los patrocinios obtenidos en la organización de eventos. El gran esfuerzo en control y reducción de costes hace que el EBITDA ajustado ascienda a 25,08 millones de euros (61,9%).La cuota de mercado de El País se incrementa hasta el 31%.
Los ingresos de Media Capital (181,72 millones de euros) se reducen en un 1,4% impactados por la caída de publicidad del 7,4% (aunque se observa una mejora en el tercer y cuarto trimestres estancos del año con una caída del 0.4% y un crecimiento del 3,2%, respectivamente, comparado con unas caídas del 11,6% y del 19% en el primer y segundo trimestre del año respectivamente), y el EBITDA recurrente (41,0 millones de euros) se reduce en un 4,0%, con un impacto positivo de su estrategia de diversificación y del importante esfuerzo de control de costes que la compañía ha realizado. TVI mantiene el liderazgo en 24 horas y prime time, alcanzando unas audiencias medias diarias de 24,6% y 27,7% respectivamente.
En la televisión de pago (Canal+) los ingresos ascienden a 1.166,17 millones de euros (9,2%) pero el EBITDA recurrente alcanza los 32,51 millones de euros (-82,1%) por el nuevo modelo de explotación del fútbol. Las altas netas de abonados de satélite se reducen en el año en 99.179. En el cuarto trimestre estanco, las altas netas se reducen en 12.895 aunque Canal+ aumenta su cuota de mercado (44,3% en el 4T comparado con 42,5% en el 4T 2012).
La publicidad digital muestra un crecimiento del 10,0% en 2013 frente a una caída del mercado del 2,5%. En 2013, el promedio de navegadores únicos de las diferentes páginas web del grupo alcanzó los 83,7 millones (17%) donde resalta el crecimiento de ElPais.com, Radio internacional y As.com.
Refinanciación de la deuda
PRISA recuerda que en 2013 "ha llevado a cabo un complicado proceso" de refinanciación de la deuda que ha logrado alinear los intereses de accionistas, acreedores e inversores institucionales. Con ello, añade, ha conseguido "conseguir una estructura de capital adecuada a medio plazo para la compañía, eliminando la presión financiera causada por el pago de intereses y alineando mejor la deuda con la generación de caja de las distintas unidades de negocio". El volumen tras los cambios es de 3.278 millones.
También permite a la compañía "mantener un perímetro de activos coherente: con exposición a regiones y negocios con crecimiento y generación de caja y preservando las sinergias operativas". A su vez, logra "conseguir tiempo y flexibilidad financiera para poder tomar decisiones con tranquilidad".
Foto: Dominique Faget, AFPFuente: Diario El País
jueves, 27 de febrero de 2014
“Aldrey Iglesias armó una ingeniería legal para no desprenderse de ningún medio”
Así lo sostuvo el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, quien defendió vehementemente a la Ley de Medios
Por: Carlos Walker
La propuesta de adecuación del propietario del multimedios La Capital fue aceptada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Florencio Aldrey Iglesias repartió a sus familiares y a sus empleados las radios de su propiedad para cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales.
En declaraciones a 0223, el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude (foto), la apuntó a los Multimedios. “Han armado una ingeniería legal para transferir las licencias sin desprenderse de ninguno de sus medios. Esto era algo que intuíamos los que militamos la Ley de Medios. Sabíamos que existía esta posibilidad. Finalmente, se terminó dando de esta manera en varios puntos del país donde existen muchos monopolios. Encontraron una figura legal como para adecuarse a la Ley”, dijo el edil kirchnerista.
En ese sentido, Maraude puntualizó: “El multimedios La Capital creó distintas unidades de negocios sin desprenderse de la cantidad de medios que tenía anteriormente. Al observar la conformación de los distintos medios de Aldrey Iglesias se detecta que han sido repartido entre familiares y empleados”.
Para finalizar, el extitular del AFSCA local (ver abajo) manifestó que “la Ley de Medios es una norma superadora de la antigua Ley de Radiodifusión. Estamos convencidos de esta situación. Hay mucho más para trabajar”. “Si bien está en el marco de la Ley, el Multimedios La Capital no se ha desprendido de ninguna licencia. Sigue conformado el monopolio”, finalizó.
La AFSCA defendió la adecuación de La Capital
El titular del organismo en Mar del Plata, Fernando Araujo, dijo que el “monopolio se rompe” porque “son distintas empresas”
Por: Carlos Walker
La propuesta de adecuación del propietario del multimedios La Capital fue aceptada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Florencio Aldrey Iglesias repartió a sus familiares y a sus empleados las radios de su propiedad para cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales.
En ese sentido, Maraude puntualizó: “El multimedios La Capital creó distintas unidades de negocios sin desprenderse de la cantidad de medios que tenía anteriormente. Al observar la conformación de los distintos medios de Aldrey Iglesias se detecta que han sido repartido entre familiares y empleados”.
Para finalizar, el extitular del AFSCA local (ver abajo) manifestó que “la Ley de Medios es una norma superadora de la antigua Ley de Radiodifusión. Estamos convencidos de esta situación. Hay mucho más para trabajar”. “Si bien está en el marco de la Ley, el Multimedios La Capital no se ha desprendido de ninguna licencia. Sigue conformado el monopolio”, finalizó.
La AFSCA defendió la adecuación de La Capital
El titular del organismo en Mar del Plata, Fernando Araujo, dijo que el “monopolio se rompe” porque “son distintas empresas”
La propuesta de adecuación del propietario del multimedios La Capital fue aceptada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Florencio Aldrey Iglesias repartió a sus familiares y a sus empleados las radios de su propiedad para cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales.
En declaraciones a Radio Residencias, el Delegado local del AFSCA, Fernando Araujo, explicó este martes que la ley de medios establece que “los grupos monopólicos pueden dividirse entre sus propios accionistas. Tienen que constituir empresas más pequeñas que no excedan la cantidad del límite que fija la ley”.
Al mismo tiempo, afirmó que “hemos dado un paso importantísimo. Esto es el principio del fin de las concentraciones mediáticas. Hemos avanzado en la democratización de unos de los aspectos más fundamentales de la Argentina. Hemos puesto límites a la cantidad de medios, Si bien muchos de ellos, seguirán siendo multimedios pero no van a tener el poder de lobby total que tenían por ejemplo para voltear un presidente”.
A renglón seguido, el funcionario reconoció que “genera discusión que los mismos actores se dividan en empresas. Se trata de los mismos que antes formaban parte del Grupo. Pareciera que nada cambia pero serán empresas distintas”.
“En el caso del multimedios La Capital, se conforman cuatro empresas que tendrán que tener gerentes, estructuras financieras y empleados distintos. Se rompe el monopolio. Existe un conjunto de organismos del Estado y la propia sociedad que tendrán que regular esto”, detalló Araujo y resaltó: “La Ley no se hizo en contra de nadie. En lo personal, no me gusta el personaje de Aldrey Iglesias. Mar del Plata es una de la ciudades más castigadas por la falta de libertad de prensa”.
Por otra parte, el titular del AFSCA local señaló que “el multimedios La Capital está vinculado con el Grupo Clarín en el negocio de la TV por cable”. A su vez, reconoció que "La Capital Cable viola la grilla de programación de canales". Para finalizar, dijo que “a pesar de existir un decreto presidencial que lo prohíbe, Clarín y La Capital son dos diarios que siguen publicando oferta sexual”.
En declaraciones a Radio Residencias, el Delegado local del AFSCA, Fernando Araujo, explicó este martes que la ley de medios establece que “los grupos monopólicos pueden dividirse entre sus propios accionistas. Tienen que constituir empresas más pequeñas que no excedan la cantidad del límite que fija la ley”.
Al mismo tiempo, afirmó que “hemos dado un paso importantísimo. Esto es el principio del fin de las concentraciones mediáticas. Hemos avanzado en la democratización de unos de los aspectos más fundamentales de la Argentina. Hemos puesto límites a la cantidad de medios, Si bien muchos de ellos, seguirán siendo multimedios pero no van a tener el poder de lobby total que tenían por ejemplo para voltear un presidente”.
A renglón seguido, el funcionario reconoció que “genera discusión que los mismos actores se dividan en empresas. Se trata de los mismos que antes formaban parte del Grupo. Pareciera que nada cambia pero serán empresas distintas”.
“En el caso del multimedios La Capital, se conforman cuatro empresas que tendrán que tener gerentes, estructuras financieras y empleados distintos. Se rompe el monopolio. Existe un conjunto de organismos del Estado y la propia sociedad que tendrán que regular esto”, detalló Araujo y resaltó: “La Ley no se hizo en contra de nadie. En lo personal, no me gusta el personaje de Aldrey Iglesias. Mar del Plata es una de la ciudades más castigadas por la falta de libertad de prensa”.
Por otra parte, el titular del AFSCA local señaló que “el multimedios La Capital está vinculado con el Grupo Clarín en el negocio de la TV por cable”. A su vez, reconoció que "La Capital Cable viola la grilla de programación de canales". Para finalizar, dijo que “a pesar de existir un decreto presidencial que lo prohíbe, Clarín y La Capital son dos diarios que siguen publicando oferta sexual”.
Fuente: 0223.com.ar
Ver anteriores: Definen el futuro del "Multimedios La Capital S.A.", AFSCA aprobó los planes de adecuación de los Grupos Clarín, Vila-Manzano y Aldrey Iglesias, Adecuación de medios: "Todo sigue igual: las licencias se repartieron entre amigos, familiares y empleados", En el 2014 no habrá Plan Técnico en zonas conflictivasRadio abierta por el reconocimiento de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares
Hoy jueves (27 de febrero) desde el mediodía,en la Puerta de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Suipacha 765, se realizará un programa de radio por el reconocimiento de Medios Comunitarios Alternativos y Populares. El evento se transmitirá en www.rnma.org.ar
Hoy, jueves 27 de febrero, desde las 12.00 del mediodía representantes de más de 50 medios Comunitarios Alternativos y Populares de todo el país esperarán la respuesta ante la presentación de una propuesta de resolución que impulsaría el reconocimiento legal de sus emisoras.
Ante la falta del cumplimiento del art. 89 inc. f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro) diversos medios comunitarios, alternativos y populares carecen de licencia y por lo tanto de la legalidad que la ley sí prevé.
Los medios convocantes sostienen que: “Entendiendo que este artículo está vigente y es constitucional desde la promulgación de la LSCA (10 de octubre de 2009) y que poco se ha avanzado en su aplicación, además de la confección del Plan Técnico, exigimos que la AFSCA realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias, alternativos y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia, mientras no se llamen a los concursos para sus licencias”.
Después de 4 años y medio de sancionada la Ley 26.522, “nuestros medios continúan al margen de la ley. Si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la LSCA y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma” aseguran los medios convocantes.
Adjuntamos propuesta de resolución presentada en Diciembre pasado ante las autoridades de la AFSCA, la cual sigue al día de hoy sin respuesta favorable.
Contactos de prensa:
Inés Farina – Radio Sur FM 88.3 CABA 15-5893-2372
Francisco Godinez Glay - RNMA 15-5329-4680
Ante la falta del cumplimiento del art. 89 inc. f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro) diversos medios comunitarios, alternativos y populares carecen de licencia y por lo tanto de la legalidad que la ley sí prevé.
Los medios convocantes sostienen que: “Entendiendo que este artículo está vigente y es constitucional desde la promulgación de la LSCA (10 de octubre de 2009) y que poco se ha avanzado en su aplicación, además de la confección del Plan Técnico, exigimos que la AFSCA realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias, alternativos y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia, mientras no se llamen a los concursos para sus licencias”.
Después de 4 años y medio de sancionada la Ley 26.522, “nuestros medios continúan al margen de la ley. Si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la LSCA y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma” aseguran los medios convocantes.
Adjuntamos propuesta de resolución presentada en Diciembre pasado ante las autoridades de la AFSCA, la cual sigue al día de hoy sin respuesta favorable.
Contactos de prensa:
Inés Farina – Radio Sur FM 88.3 CABA 15-5893-2372
Francisco Godinez Glay - RNMA 15-5329-4680
miércoles, 26 de febrero de 2014
Internas en TelAm
No se puede teñir el océano con un frasco de tinta
A mediados de 1971 Juan Domingo Perón señaló: "Todavía nadie ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta". En esta oportunidad evocamos estas palabras porque reflejan exactamente la situación que vive el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiTraPren); al cual se pretende manchar con presentaciones elaboradas en base a falsas acusaciones ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, y con el sólo fin de obstaculizar el curso de nuestro pedido de personería gremial en la Agencia TelAm.
Es menester señalar lo resuelto oportunamente por Trabajo: ..."Con las pruebas de autos se ha considerado que la afiliación cotizante de la peticionante (SiTraPren) supera con más el 20% a la cantidad de trabajadores que intenta representar respecto de TelAm S.E., por lo que se tuvieron por acreditados los requisitos establecidos por el artículo 25 inc. B) de la Ley 23551, dándose traslado a las entidades cuyos ámbitos personales y territoriales pudieran colisionar con la petición de autos, a saber: Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado...". Por ello, la audiencia de cotejo se fijó para el pasado 11 de febrero.
Sin embargo, el señor Mariano Suárez contrariando lo dictaminado por Trabajo -y sin tener autoridad para participar de una compulsa por personería gremial- el 06 de febrero realizó una presentación en la cartera laboral interponiendo nulidades al procedimiento en base a argumentos falaces y que nada tienen que ver con el período que se coteja.
Luego de transcurridos 10 días, al no ser acreditada su condición y ya que las cuestiones planteadas en su exposición no fueran ni ratificadas, ni rectificadas por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) tal como lo solicitó el Ministerio de Trabajo, Suárez concurrió nuevamente a la cartera laboral el 24/25 de febrero para presentar copia de una denuncia realizada en base a fundamentos falsos que nada tiene que ver con la petición de personería gremial del SiTraPren- realizada ante la Justicia por los trabajadores Ernesto José Zambrini y Marcelo Fabián Barsola el 10 de febrero sobre hechos que supuestamente ocurrieron en 2008.
Con sólo analizar las fechas citadas queda a la vista cuál es la verdadera intención que se pretende ocultar bajo estos movimientos iracundos y desesperados: Obstaculizar un procedimiento que cuenta con todos los requisitos legales para obtener su aprobación.
Quienes conformamos el SiTraPren estamos acostumbrados a éstos personajes que no hacen más que orbitar entorno al accionar de éste Sindicato; que parecen no tener otra cosa que hacer que constantemente estar observando qué hacemos. Pero esta vez cruzaron el límite: Mentir tan descaradamente, calumniar e injuriar a autoridades y compañeros del SiTraPren es algo que no vamos a permitir.
Por ello, pagaran las consecuencias legales que esto acarrea, y tendrán que dar las explicaciones y pruebas correspondientes ante la Justicia tanto el señor Mariano Suárez, como Ernesto José Zambrini, Marcelo Fabián Barsola, Adriana Alicia Do Amaral, Carla Marisa Gaudensi, Camila Victoria Gavieiro y Nicolás Biederman.
Sindicato de Trabajadores de Prensa SiTraPren
Los trabajadores del interior de TelAm decimos basta de mentiras
Los trabajadores del Interior de la Agencia TelAm S.E. manifestamos nuestro más profundo repudio a las actitudes de cierto personaje de TelAm Central quien pretende enarbolar la intención de defender los derechos laborales, pero sólo se maneja en base a mentiras y engaños.
De saltimbanquis, embusteros, y oportunistas de toda laya, estamos hasta la coronilla en TelAm. Pasan los años, y éste tipo de personajes también. Todos vienen con el mismo libreto bajo el brazo, e igual intención: beneficiarse y beneficiar a sus amigos bajo el supuesto lema de defender a todos los trabajadores...
Y como tantas veces hemos marcado nuestro repudio a las trapisondas de los oportunistas de siempre, los trabajadores del Interior no podemos quedarnos callados ante un nuevo intento desesperado de "posicionarse", aunque más no sea desde un escritorio y usando como "clientes" a los laburantes.
Este sujeto, de la peor calaña, sin antecedentes políticos ni sindicales, es una de las tantas alimañas que cíclicamente aparecen en TelAm para perjudicar, dividir, y estafar a los trabajadores, mientras que vacía las arcas de la Empresa, a través de la "industria del juicio" -un clásico en TelAm-, que tanto daño le causó a nuestra fuente laboral.
En TelAm ya no hay ingenuos e inocentes; todos juegan en "las grandes ligas", y a "la mancha con los aviones", por lo que nos llama poderosamente la atención que algunos "compañeros" se dejen "enroscar la serpiente" por este farsante; un individuo oportunista, un vulgar fenicio que hace negocios con los laburantes.
En estos momentos, éste personaje debe estar tratando de inventarse otro cuento para cuando se verifique la falsedad de la absurda maquinaria de artilugios legales, presentados en la Justicia y el Ministerio de Trabajo contra las autoridades de un Sindicato, que sí nos representa y defiende desde hace más de 11 años.
Pero poco nos importa la suerte de este sujeto, ya que de su pretendida intención de erigirse en "paladín de los derechos laborales", solo quedará en la historia como un rufián y mercader de los laburantes.
Asimismo, debería saber que una elección no se gana presentando escritos con falsos argumentos en la Justicia o en la cartera Laboral. Las elecciones se ganan con el apoyo de los trabajadores, cuando éstos confían en sus dirigentes, y saben que jamás serán traicionados ni usados como moneda de cambio.
Por esta y otras maniobras del pasado reciente, perpetradas por energúmenos que se autodenominan "dirigentes sindicales", es que los trabajadores del Interior seguimos bajo la órbita gremial de nuestro Sindicato, apoyando a sus autoridades, y depositando en ellos la plena confianza en la defensa de nuestros derechos laborales, porque sabemos que jamás fuimos traicionados, ni lo seremos.
Trabajadores del Interior de la Agencia TelAm
A mediados de 1971 Juan Domingo Perón señaló: "Todavía nadie ha conseguido teñir el océano con un frasco de tinta". En esta oportunidad evocamos estas palabras porque reflejan exactamente la situación que vive el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiTraPren); al cual se pretende manchar con presentaciones elaboradas en base a falsas acusaciones ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, y con el sólo fin de obstaculizar el curso de nuestro pedido de personería gremial en la Agencia TelAm.
Es menester señalar lo resuelto oportunamente por Trabajo: ..."Con las pruebas de autos se ha considerado que la afiliación cotizante de la peticionante (SiTraPren) supera con más el 20% a la cantidad de trabajadores que intenta representar respecto de TelAm S.E., por lo que se tuvieron por acreditados los requisitos establecidos por el artículo 25 inc. B) de la Ley 23551, dándose traslado a las entidades cuyos ámbitos personales y territoriales pudieran colisionar con la petición de autos, a saber: Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación Trabajadores del Estado...". Por ello, la audiencia de cotejo se fijó para el pasado 11 de febrero.
Sin embargo, el señor Mariano Suárez contrariando lo dictaminado por Trabajo -y sin tener autoridad para participar de una compulsa por personería gremial- el 06 de febrero realizó una presentación en la cartera laboral interponiendo nulidades al procedimiento en base a argumentos falaces y que nada tienen que ver con el período que se coteja.
Luego de transcurridos 10 días, al no ser acreditada su condición y ya que las cuestiones planteadas en su exposición no fueran ni ratificadas, ni rectificadas por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) tal como lo solicitó el Ministerio de Trabajo, Suárez concurrió nuevamente a la cartera laboral el 24/25 de febrero para presentar copia de una denuncia realizada en base a fundamentos falsos que nada tiene que ver con la petición de personería gremial del SiTraPren- realizada ante la Justicia por los trabajadores Ernesto José Zambrini y Marcelo Fabián Barsola el 10 de febrero sobre hechos que supuestamente ocurrieron en 2008.
Con sólo analizar las fechas citadas queda a la vista cuál es la verdadera intención que se pretende ocultar bajo estos movimientos iracundos y desesperados: Obstaculizar un procedimiento que cuenta con todos los requisitos legales para obtener su aprobación.
Quienes conformamos el SiTraPren estamos acostumbrados a éstos personajes que no hacen más que orbitar entorno al accionar de éste Sindicato; que parecen no tener otra cosa que hacer que constantemente estar observando qué hacemos. Pero esta vez cruzaron el límite: Mentir tan descaradamente, calumniar e injuriar a autoridades y compañeros del SiTraPren es algo que no vamos a permitir.
Por ello, pagaran las consecuencias legales que esto acarrea, y tendrán que dar las explicaciones y pruebas correspondientes ante la Justicia tanto el señor Mariano Suárez, como Ernesto José Zambrini, Marcelo Fabián Barsola, Adriana Alicia Do Amaral, Carla Marisa Gaudensi, Camila Victoria Gavieiro y Nicolás Biederman.
"Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor".Comisión Directiva
Juan Domingo Perón
Sindicato de Trabajadores de Prensa SiTraPren
Los trabajadores del interior de TelAm decimos basta de mentiras
Los trabajadores del Interior de la Agencia TelAm S.E. manifestamos nuestro más profundo repudio a las actitudes de cierto personaje de TelAm Central quien pretende enarbolar la intención de defender los derechos laborales, pero sólo se maneja en base a mentiras y engaños.
De saltimbanquis, embusteros, y oportunistas de toda laya, estamos hasta la coronilla en TelAm. Pasan los años, y éste tipo de personajes también. Todos vienen con el mismo libreto bajo el brazo, e igual intención: beneficiarse y beneficiar a sus amigos bajo el supuesto lema de defender a todos los trabajadores...
Y como tantas veces hemos marcado nuestro repudio a las trapisondas de los oportunistas de siempre, los trabajadores del Interior no podemos quedarnos callados ante un nuevo intento desesperado de "posicionarse", aunque más no sea desde un escritorio y usando como "clientes" a los laburantes.
Este sujeto, de la peor calaña, sin antecedentes políticos ni sindicales, es una de las tantas alimañas que cíclicamente aparecen en TelAm para perjudicar, dividir, y estafar a los trabajadores, mientras que vacía las arcas de la Empresa, a través de la "industria del juicio" -un clásico en TelAm-, que tanto daño le causó a nuestra fuente laboral.
En TelAm ya no hay ingenuos e inocentes; todos juegan en "las grandes ligas", y a "la mancha con los aviones", por lo que nos llama poderosamente la atención que algunos "compañeros" se dejen "enroscar la serpiente" por este farsante; un individuo oportunista, un vulgar fenicio que hace negocios con los laburantes.
En estos momentos, éste personaje debe estar tratando de inventarse otro cuento para cuando se verifique la falsedad de la absurda maquinaria de artilugios legales, presentados en la Justicia y el Ministerio de Trabajo contra las autoridades de un Sindicato, que sí nos representa y defiende desde hace más de 11 años.
Pero poco nos importa la suerte de este sujeto, ya que de su pretendida intención de erigirse en "paladín de los derechos laborales", solo quedará en la historia como un rufián y mercader de los laburantes.
Asimismo, debería saber que una elección no se gana presentando escritos con falsos argumentos en la Justicia o en la cartera Laboral. Las elecciones se ganan con el apoyo de los trabajadores, cuando éstos confían en sus dirigentes, y saben que jamás serán traicionados ni usados como moneda de cambio.
Por esta y otras maniobras del pasado reciente, perpetradas por energúmenos que se autodenominan "dirigentes sindicales", es que los trabajadores del Interior seguimos bajo la órbita gremial de nuestro Sindicato, apoyando a sus autoridades, y depositando en ellos la plena confianza en la defensa de nuestros derechos laborales, porque sabemos que jamás fuimos traicionados, ni lo seremos.
Trabajadores del Interior de la Agencia TelAm
Alerta: "Medios presionando a la justicia para que falle a su favor"
Cruz Calvet, secretario gremial del Sindicato de Prensa de Mendoza, dialogó este miércoles con Radio Nacional sobre la situación derivada tras la presentación, el pasado jueves 30 de enero, de un pedido de juicio político contra el juez Carlos Böhm por parte de los legisladores Patricia Gutiérrez y Gustavo Valls
El representante gremial reveló que el lunes 3 febrero el Grupo UNO, que controla, entre otras empresas, a Supercanal S.A., planteó ante la Suprema Corte de Justicia la recusación del Ministro Carlos Böhm en un juicio emblemático para los trabajadores de prensa de Mendoza. Se trata del caso Assumma, en el que la sala laboral de la Corte, integrada por los ministros Herman Salvini, Carlos Böhm y Mario Adaro (en reemplazo de Pedro Llorente), ratificó, en el primer juicio, la escala salarial de prensa, el art. 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 17/75 resistido por los empresarios. El argumento de la solicitud de recusación fue el pedido de juicio político que pesa contra Böhm.
“El gremio está alertando de algo muy preocupante", dijo el conductor de Línea Editorial Rodrigo Sepúlveda, en relación con el texto de una nota ingresada ayer en la Cámara de Diputados en la que tanto se ven afectados los trabajadores de prensa como los poderes públicos.
“Exactamente", sostuvo Calvet, "más allá de que existe un incumplimiento sistemático de la escala salarial por parte de todos los medios, se está avasallando, o se está intentando avasallar, a los poderes públicos, lo cual es más grave que no pagar lo que corresponde, con lo cual el tema supera a los periodistas de Mendoza. La actitud de los medios presionando a la justicia para que falle a su favor realmente es algo que tiene que prendernos la luz a todos los argentinos”.
Cruz Calvet señaló que hace mucho ruido que los legisladores, siendo conscientes de lo que está en juego o detrás del juicio político, insistan en tomar la decisión de proseguir: "Ahí es cuando uno empieza a dudar", señaló. También remarcó que Luciano Grenón, delegado gremial del Diario UNO, no puede ingresar a trabajar porque han interpuesto un amparo pidiendo los desafueros de este compañero. Esto fue el año pasado, cuando hicimos medidas de fuerza e intervino el Juez Walter Bento que hizo lugar a la cautelar para que el sindicato no pudiera accionar ni tomar ningún tipo de acción gremial, y justo hoy sale el fallo de la Corte de Justicia de la Nación que afirma que Bento se extralimitó en sus actuaciones “creando” él una causa. Entonces, esto que viene a unir a Bento con Supercanal es también un tema como para tener en cuenta, porque habla de cómo algunos jueces trabajan solapadamente”.
Luciano Grenón está privado de su salario debido a una suspensión dispuesta judicialmente por Bento a instancias del Grupo UNO (Vila-Manzano). La represalia surgió a raíz de una protesta gremial dispuesta por el Sindicato de Prensa de Mendoza, en solidaridad con los despedidos del diario del grupo para su reincorporación. La empresa argumentó que se veía afectada la libre circulación vehicular y que la olla popular del 14 de septiembre pasado impidió la circulación de la edición de ese día. Para abultar la denuncia, la empresa afirmó que se produjeron hechos de violencia, daños, y que se impidió el ingreso y egreso de personas del establecimiento, todos hechos negados de manera tajante por el Sindicato, quien denuncia que con esta medida que pesa sobre Grenón se viola el quehacer sindical y la posibilidad efectiva de hacer reclamos por el respeto de derechos laborales y sindicales.
Antecedentes del conflicto
Los trabajadores de Prensa de Mendoza, a partir de abril de 2011, y como consecuencia de que las autoridades sindicales de ese momento suscribieron un acuerdo con algunas empresas del medio (entre las que se encontraban como protagonistas principales Diario UNO y Los Andes), en perjuicio de los derechos reconocidos por el Convenio Colectivo N.º 17/75, iniciaron una lucha sindical que se sostiene hasta el presente, por su resistencia a cumplir con las obligaciones convencionales.
En virtud de la movilización y reclamos efectuados, se logró que ese acuerdo en baja fuera rechazado por la autoridad del Trabajo y que al mismo tiempo ratificara la vigencia del C.C.T. N.º 17/75. Con anterioridad a tales hechos, la jurisprudencia de las Cámara del Trabajo ya había establecido y reconocido tanto la vigencia de las cláusulas como el régimen salarial del convenio colectivo en dos causas.
Esta circunstancia motivó un reclamo plurindividual de 70 trabajadores del Diario UNO por ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza donde, conjuntamente, Uno Gráfica S.A. con otras empresas de Mendoza, se resistieron a cumplir, dándose por fracasada la instancia administrativa.
En noviembre de 2011, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ante graves irregularidades en el Sindicato de Prensa de Mendoza (violación de los principios de la libertad y la democracia sindical, y haber actuado en perjuicio de los trabajadores), dispuso la intervención de la entidad gremial. Fue entonces cuando los delegados normalizadores, junto con los trabajadores afiliados a la entidad gremial, continuaron reclamando ante las empresas periodísticas (prensa escrita, radio, televisión, portales de Internet) la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. Al mismo tiempo, procedieron a convocar a elecciones de delegados en las empresas periodísticas o secciones administrativas y/o periodísticas, donde hacía años que los trabajadores no eran convocados a elegirlos.
Las asambleas y movilizaciones efectuadas por los trabajadores en reclamos de sus salarios convencionales se mantuvieron activas, siempre en el marco del ejercicio del derecho, de las facultades gremiales y de la democracia sindical, pero sufriendo las presiones e intimidaciones de los factores empresarios del Grupo UNO, circunstancias oportunamente denunciadas en la Delegación Regional del Misterio de Trabajo de la Nación.
Ante la disparidad de los sueldos existentes entre las empresas, los bajos niveles de remuneración que abonaban a sus trabajadores, y la resistencia persistente al cumplimiento del régimen y de la escala salarial, el Sindicato de Prensa solicitó, en el marco de la paritaria permanente de interpretación que prevé el artículo 75 del C.C.T. N.º 17/75, que se realizaran acuerdos para subsanar paulatinamente esos atrasos, disparidades y asimetrías, que permitieran el mejoramiento de las condiciones salariales y el respeto del principio de remuneraciones de la actividad. Se hacía la salvedad sobre el carácter transitorio de dichos acuerdos y de que los mismos no afectaban la vigencia de la escala salarial del artículo 58, y con la reserva del derecho de los trabajadores de prensa para reclamar las remuneraciones que por convenio les correspondían.
La provisoriedad de los mejoramientos de remuneraciones, pactados para los años 2012/13 y 2013/14, estaba dado en razón de que las empresas se resistían a pagar la escala de salarios del Convenio Colectivo y se negaban también a aceptar la que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) tiene fijada para el país por C.C.T. N.º 541/08 que es superior. Para fines del mes de agosto de 2013, y ante el vencimiento del plazo de prescripción correspondiente a las diferencias de remuneraciones reclamadas, un grupo de esos trabajadores, con la intervención del Sindicato de Prensa de Mendoza, inició una acción judicial por el cobro de esas remuneraciones. En junio, Luciano Grenón fue reelegido como delegado.
Un mes después, la empresa comunicó que el personal de expedición no debía cumplir más de siete horas diarias y que no se iba a reconocer el pago de horas extras por las que superaran dicho horario. Luego despidió a dos empleados de la Sección Expedición y a continuación procedió a prescindir de cinco trabajadores más de prensa, a los que imputó causas totalmente inexistentes o razones de reorganización.
Frente a esta situación, el Sindicato de Prensa declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente; en ese marco se llevó a cabo una protesta frente al galpón de expedición; entre la noche del 13 y primera hora de la madrugada del 14 de setiembre, en la mitad de la calzada de la Calle Patricias Mendocinas se hizo una olla popular con 100 personas. Cuando los trabajadores estaban repudiando los despidos, salieron a la vereda el Gerente de Personal, Gustavo Ferrari, el Jefe de Circulación, José Galiart, el Jefe de Impresión, José Luis Plaza, con dos guardaespaldas y otra persona de campera y gorrita, que luego individualizaron como José María Casero, CEO de la Empresa, que empezaron a empujar a la gente al tiempo que manifestaban que “no solamente no iban a reincorporar a la gente despedida, sino que iban a despedir a diez más”.
Hubo intercambio de palabras de fuerte tono entre los manifestantes y quienes decían representar a la empresa, siempre referidos al reclamo gremial para que se mantuviera la fuente de trabajo de los despedidos. Días después, cuando Grenón se presentó a trabajar, la empresa por intermedio de notario le hizo entrega de una copia de un telegrama que habría enviado a su domicilio, y que el actor no había recibido hasta ese momento, por el que se le comunicaba que se lo liberaba de la obligación de cumplir tareas, y se le hacía saber que se le estaba instruyendo acción judicial por exclusión de la tutela sindical, con el fin de que posteriormente se procediera a su despido con justa causa por injurias gravísimas, consistentes en haber participado en el acto de protesta sindical, y que se le imputaban violencia y daños, tanto sobre bienes como sobre personas.
La olla popular en la calle, frente al establecimiento, es una medida de acción sindical directa. Constituye uno de los modos del accionar gremial y una forma de visibilizar socialmente un conflicto por parte de las organizaciones sindicales, derecho que se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional. Sin embargo, para esta justicia federal constituye una medida antijurídica e ilícita. “La firma UNO Gráfica S.A. ni siquiera coloca en un plano de igualdad los derechos de las partes afectados (derecho de propiedad versus reclamos de los trabajadores), sino que ignora o desconoce la naturaleza fundamental de los derechos de los trabajadores y de las entidades gremiales que los representan”, sostuvo el asesor legal del Sindicato de Prensa, para quien esta resolución gratuitamente acepta la criminalización de la protesta y del reclamo sindical laboral, lo que cumple con el objetivo de la empresa de dibujarle al juez penal un riesgo que nunca existió, cuando de lo que se trata, por los sujetos intervinientes, es de un conflicto laboral y sindical que no nace por generación espontánea sino que tiene una larga historia”.
Hasta la fecha, Luciano Grenón no ha sido reincoporado.
Fuente: Edición UnCuyo
Ver anteriores: Los intereses ocultos de dueños de medios detrás del juicio político a un juez, Los empresarios de prensa mendocinos presionan para seguir incumpliendo el Convenio Colectivo
“El gremio está alertando de algo muy preocupante", dijo el conductor de Línea Editorial Rodrigo Sepúlveda, en relación con el texto de una nota ingresada ayer en la Cámara de Diputados en la que tanto se ven afectados los trabajadores de prensa como los poderes públicos.
“Exactamente", sostuvo Calvet, "más allá de que existe un incumplimiento sistemático de la escala salarial por parte de todos los medios, se está avasallando, o se está intentando avasallar, a los poderes públicos, lo cual es más grave que no pagar lo que corresponde, con lo cual el tema supera a los periodistas de Mendoza. La actitud de los medios presionando a la justicia para que falle a su favor realmente es algo que tiene que prendernos la luz a todos los argentinos”.
Cruz Calvet señaló que hace mucho ruido que los legisladores, siendo conscientes de lo que está en juego o detrás del juicio político, insistan en tomar la decisión de proseguir: "Ahí es cuando uno empieza a dudar", señaló. También remarcó que Luciano Grenón, delegado gremial del Diario UNO, no puede ingresar a trabajar porque han interpuesto un amparo pidiendo los desafueros de este compañero. Esto fue el año pasado, cuando hicimos medidas de fuerza e intervino el Juez Walter Bento que hizo lugar a la cautelar para que el sindicato no pudiera accionar ni tomar ningún tipo de acción gremial, y justo hoy sale el fallo de la Corte de Justicia de la Nación que afirma que Bento se extralimitó en sus actuaciones “creando” él una causa. Entonces, esto que viene a unir a Bento con Supercanal es también un tema como para tener en cuenta, porque habla de cómo algunos jueces trabajan solapadamente”.
Luciano Grenón está privado de su salario debido a una suspensión dispuesta judicialmente por Bento a instancias del Grupo UNO (Vila-Manzano). La represalia surgió a raíz de una protesta gremial dispuesta por el Sindicato de Prensa de Mendoza, en solidaridad con los despedidos del diario del grupo para su reincorporación. La empresa argumentó que se veía afectada la libre circulación vehicular y que la olla popular del 14 de septiembre pasado impidió la circulación de la edición de ese día. Para abultar la denuncia, la empresa afirmó que se produjeron hechos de violencia, daños, y que se impidió el ingreso y egreso de personas del establecimiento, todos hechos negados de manera tajante por el Sindicato, quien denuncia que con esta medida que pesa sobre Grenón se viola el quehacer sindical y la posibilidad efectiva de hacer reclamos por el respeto de derechos laborales y sindicales.
Antecedentes del conflicto
Los trabajadores de Prensa de Mendoza, a partir de abril de 2011, y como consecuencia de que las autoridades sindicales de ese momento suscribieron un acuerdo con algunas empresas del medio (entre las que se encontraban como protagonistas principales Diario UNO y Los Andes), en perjuicio de los derechos reconocidos por el Convenio Colectivo N.º 17/75, iniciaron una lucha sindical que se sostiene hasta el presente, por su resistencia a cumplir con las obligaciones convencionales.
En virtud de la movilización y reclamos efectuados, se logró que ese acuerdo en baja fuera rechazado por la autoridad del Trabajo y que al mismo tiempo ratificara la vigencia del C.C.T. N.º 17/75. Con anterioridad a tales hechos, la jurisprudencia de las Cámara del Trabajo ya había establecido y reconocido tanto la vigencia de las cláusulas como el régimen salarial del convenio colectivo en dos causas.
Esta circunstancia motivó un reclamo plurindividual de 70 trabajadores del Diario UNO por ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza donde, conjuntamente, Uno Gráfica S.A. con otras empresas de Mendoza, se resistieron a cumplir, dándose por fracasada la instancia administrativa.
En noviembre de 2011, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ante graves irregularidades en el Sindicato de Prensa de Mendoza (violación de los principios de la libertad y la democracia sindical, y haber actuado en perjuicio de los trabajadores), dispuso la intervención de la entidad gremial. Fue entonces cuando los delegados normalizadores, junto con los trabajadores afiliados a la entidad gremial, continuaron reclamando ante las empresas periodísticas (prensa escrita, radio, televisión, portales de Internet) la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. Al mismo tiempo, procedieron a convocar a elecciones de delegados en las empresas periodísticas o secciones administrativas y/o periodísticas, donde hacía años que los trabajadores no eran convocados a elegirlos.
Las asambleas y movilizaciones efectuadas por los trabajadores en reclamos de sus salarios convencionales se mantuvieron activas, siempre en el marco del ejercicio del derecho, de las facultades gremiales y de la democracia sindical, pero sufriendo las presiones e intimidaciones de los factores empresarios del Grupo UNO, circunstancias oportunamente denunciadas en la Delegación Regional del Misterio de Trabajo de la Nación.
Ante la disparidad de los sueldos existentes entre las empresas, los bajos niveles de remuneración que abonaban a sus trabajadores, y la resistencia persistente al cumplimiento del régimen y de la escala salarial, el Sindicato de Prensa solicitó, en el marco de la paritaria permanente de interpretación que prevé el artículo 75 del C.C.T. N.º 17/75, que se realizaran acuerdos para subsanar paulatinamente esos atrasos, disparidades y asimetrías, que permitieran el mejoramiento de las condiciones salariales y el respeto del principio de remuneraciones de la actividad. Se hacía la salvedad sobre el carácter transitorio de dichos acuerdos y de que los mismos no afectaban la vigencia de la escala salarial del artículo 58, y con la reserva del derecho de los trabajadores de prensa para reclamar las remuneraciones que por convenio les correspondían.
La provisoriedad de los mejoramientos de remuneraciones, pactados para los años 2012/13 y 2013/14, estaba dado en razón de que las empresas se resistían a pagar la escala de salarios del Convenio Colectivo y se negaban también a aceptar la que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) tiene fijada para el país por C.C.T. N.º 541/08 que es superior. Para fines del mes de agosto de 2013, y ante el vencimiento del plazo de prescripción correspondiente a las diferencias de remuneraciones reclamadas, un grupo de esos trabajadores, con la intervención del Sindicato de Prensa de Mendoza, inició una acción judicial por el cobro de esas remuneraciones. En junio, Luciano Grenón fue reelegido como delegado.
Un mes después, la empresa comunicó que el personal de expedición no debía cumplir más de siete horas diarias y que no se iba a reconocer el pago de horas extras por las que superaran dicho horario. Luego despidió a dos empleados de la Sección Expedición y a continuación procedió a prescindir de cinco trabajadores más de prensa, a los que imputó causas totalmente inexistentes o razones de reorganización.
Frente a esta situación, el Sindicato de Prensa declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente; en ese marco se llevó a cabo una protesta frente al galpón de expedición; entre la noche del 13 y primera hora de la madrugada del 14 de setiembre, en la mitad de la calzada de la Calle Patricias Mendocinas se hizo una olla popular con 100 personas. Cuando los trabajadores estaban repudiando los despidos, salieron a la vereda el Gerente de Personal, Gustavo Ferrari, el Jefe de Circulación, José Galiart, el Jefe de Impresión, José Luis Plaza, con dos guardaespaldas y otra persona de campera y gorrita, que luego individualizaron como José María Casero, CEO de la Empresa, que empezaron a empujar a la gente al tiempo que manifestaban que “no solamente no iban a reincorporar a la gente despedida, sino que iban a despedir a diez más”.
Hubo intercambio de palabras de fuerte tono entre los manifestantes y quienes decían representar a la empresa, siempre referidos al reclamo gremial para que se mantuviera la fuente de trabajo de los despedidos. Días después, cuando Grenón se presentó a trabajar, la empresa por intermedio de notario le hizo entrega de una copia de un telegrama que habría enviado a su domicilio, y que el actor no había recibido hasta ese momento, por el que se le comunicaba que se lo liberaba de la obligación de cumplir tareas, y se le hacía saber que se le estaba instruyendo acción judicial por exclusión de la tutela sindical, con el fin de que posteriormente se procediera a su despido con justa causa por injurias gravísimas, consistentes en haber participado en el acto de protesta sindical, y que se le imputaban violencia y daños, tanto sobre bienes como sobre personas.
La olla popular en la calle, frente al establecimiento, es una medida de acción sindical directa. Constituye uno de los modos del accionar gremial y una forma de visibilizar socialmente un conflicto por parte de las organizaciones sindicales, derecho que se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional. Sin embargo, para esta justicia federal constituye una medida antijurídica e ilícita. “La firma UNO Gráfica S.A. ni siquiera coloca en un plano de igualdad los derechos de las partes afectados (derecho de propiedad versus reclamos de los trabajadores), sino que ignora o desconoce la naturaleza fundamental de los derechos de los trabajadores y de las entidades gremiales que los representan”, sostuvo el asesor legal del Sindicato de Prensa, para quien esta resolución gratuitamente acepta la criminalización de la protesta y del reclamo sindical laboral, lo que cumple con el objetivo de la empresa de dibujarle al juez penal un riesgo que nunca existió, cuando de lo que se trata, por los sujetos intervinientes, es de un conflicto laboral y sindical que no nace por generación espontánea sino que tiene una larga historia”.
Hasta la fecha, Luciano Grenón no ha sido reincoporado.
Fuente: Edición UnCuyo
Ver anteriores: Los intereses ocultos de dueños de medios detrás del juicio político a un juez, Los empresarios de prensa mendocinos presionan para seguir incumpliendo el Convenio Colectivo
Perfil lanza una nueva provocación a sus trabajadores
Luego de que la Asamblea de Trabajadores decidiera sostener el paro de actividades para frenar los despidos y la persecución gremial denunciada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la patronal comunicó que a partir de hoy le descontará los días a los empleados que sostengan la medida de fuerza
No contentos con ignorar el Dictamen emitido días atrás por la cartera laboral para que los trabajadores despedidos sean reincorporados, con los Proyectos de Resolución de la Cámara de Diputados y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la Solicitada firmada por más de 5.000 personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, y el periodismo, Perfil reafirma su postura y amenaza además con represaliar a los trabajadores que participen en las medidas aprobadas en Asamblea, e incluso, ejecuta dos nuevos despidos de trabajadores que no participan de las medidas de lucha.
De este modo, la editorial confirma su voluntad de perseguir toda actividad sindical dentro de la empresa, y profundizar su plan de ajuste y cargarlo sobre la espalda de los trabajadores.
Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de Prensa de Editorial Perfil
Para comunicarse con la comisión interna de perfil: Rubén Schofrin 15 5981 1006 / Marcelo Iglesias 15 5410 3271 / Raul Mileo 15 3587 1041
No contentos con ignorar el Dictamen emitido días atrás por la cartera laboral para que los trabajadores despedidos sean reincorporados, con los Proyectos de Resolución de la Cámara de Diputados y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la Solicitada firmada por más de 5.000 personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, y el periodismo, Perfil reafirma su postura y amenaza además con represaliar a los trabajadores que participen en las medidas aprobadas en Asamblea, e incluso, ejecuta dos nuevos despidos de trabajadores que no participan de las medidas de lucha.
De este modo, la editorial confirma su voluntad de perseguir toda actividad sindical dentro de la empresa, y profundizar su plan de ajuste y cargarlo sobre la espalda de los trabajadores.
Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de Prensa de Editorial Perfil
Para comunicarse con la comisión interna de perfil: Rubén Schofrin 15 5981 1006 / Marcelo Iglesias 15 5410 3271 / Raul Mileo 15 3587 1041
martes, 25 de febrero de 2014
Yanancy Noguera presenta su renuncia como directora de La Nación
Por: Vanesa Loaiza / vloaiza@nacion.com
Yanancy Noguera (foto) presentó esta mañana su carta de renuncia como directora del periódico La Nación de Costa Rica. La periodista permanecerá en el cargo hasta el próximo martes 25 de marzo.
Noguera, quien labora para el Grupo Nación en forma ininterrumpida desde enero de 1990, explicó que su salida se debe a las recientes reformas dentro de la corporación. “La empresa cuenta con un nuevo sistema de trabajo bajo el concepto de redacción integrada, en el cual el rol de Director de La Nación perdió relevancia y esto ha producido diferencias de visión de periodismo y gestión en el diario con la Editoría General”.
María Antonieta Chaverri, Gerente General de Medios y vocera de Grupo Nación, afirmó que dada la decisión de la Directora de La Nación, Armando González, actual Editor General de Medios, asumirá interinamente la vacante.
Chaverri mencionó en un comunicado interno: “le estaremos siempre agradecidos por sus múltiples contribuciones a nuestros medios y al desarrollo de quienes tuvimos la oportunidad de laborar con ella …”. Al ser consultada, amplió diciendo que Noguera “ha sido una periodista apasionada y entre sus habilidades destacó la planificación, capacidad de gestión, conocimiento de las audiencias y su interés genuino por la gente, en especial por su equipo de trabajo”.
Comentario de un lector:
Noguera tiene 24 años de laborar para la empresa, en la que empezó como periodista en La Nación , fue coordinadora de Economía del diario, luego pasó a El Financiero donde fue jefe de redacción y asumió la dirección del semanario en el año 2000; luego pasó a la Dirección de La Nación en abril del 2010.
En 1991 Yanancy Noguera Calderón recibió el premio como Redactora del año, y a lo largo de su carrera se especializó en temas de índole económica. Fue responsable de varias coberturas importantes, entre ellas la debacle del Banco Anglo, en setiembre de 1994.
“Agradezco la enorme oportunidad de desempeñarme como Directora de La Nación, ha sido un honor y un orgullo para mí ocupar esta posición. Agradezco mis 10 años en la Dirección de El Financiero y uno en la jefatura de redacción; el semanario fue mi escuela de gestión e innovación. Atesoro mis nueve años como periodista de la sección económica del diario; allí aprendí a hacer el mejor periodismo, independiente y con credibilidad que existe en este país”, se despidió Noguera.
Fuente: La Nación
Ver anterior: Periodista de La Nación renuncia por “límites” a prensa
Yanancy Noguera (foto) presentó esta mañana su carta de renuncia como directora del periódico La Nación de Costa Rica. La periodista permanecerá en el cargo hasta el próximo martes 25 de marzo.
María Antonieta Chaverri, Gerente General de Medios y vocera de Grupo Nación, afirmó que dada la decisión de la Directora de La Nación, Armando González, actual Editor General de Medios, asumirá interinamente la vacante.
Chaverri mencionó en un comunicado interno: “le estaremos siempre agradecidos por sus múltiples contribuciones a nuestros medios y al desarrollo de quienes tuvimos la oportunidad de laborar con ella …”. Al ser consultada, amplió diciendo que Noguera “ha sido una periodista apasionada y entre sus habilidades destacó la planificación, capacidad de gestión, conocimiento de las audiencias y su interés genuino por la gente, en especial por su equipo de trabajo”.
En 1991 Yanancy Noguera Calderón recibió el premio como Redactora del año, y a lo largo de su carrera se especializó en temas de índole económica. Fue responsable de varias coberturas importantes, entre ellas la debacle del Banco Anglo, en setiembre de 1994.
“Agradezco la enorme oportunidad de desempeñarme como Directora de La Nación, ha sido un honor y un orgullo para mí ocupar esta posición. Agradezco mis 10 años en la Dirección de El Financiero y uno en la jefatura de redacción; el semanario fue mi escuela de gestión e innovación. Atesoro mis nueve años como periodista de la sección económica del diario; allí aprendí a hacer el mejor periodismo, independiente y con credibilidad que existe en este país”, se despidió Noguera.
Fuente: La Nación
Ver anterior: Periodista de La Nación renuncia por “límites” a prensa
La Corte anuló la causa en la que un juez ordenaba el desguace de Cablevisión
Se trata de un reclamo planteado por una denuncia de Supercanal SA, del Grupo Vila-Manzano, que había obtenido del juez Bento una medida cautelar para designar un interventor coadministrador en Cablevisión SA y su separación de Multicanal
La Corte Suprema anuló hoy una causa en la que el juez federal de Mendoza, Walter Bento había dispuesto la intervención judicial de la operadora de TV por cable Cablevisión, en el marco de una denuncia por supuestas "prácticas anticompetitivas" derivada de la fusión con Multicanal.
Se trata de un reclamo planteado ante la Justicia mendocina por una denuncia de Supercanal SA, una empresa del Grupo Vila-Manzano, que había obtenido del juez Bento una medida cautelar para designar un interventor coadministrador en Cablevisión SA y su separación de Multicanal.
En un durísimo fallo, la Corte “con la firma de seis jueces, ya que Raúl Zaffaroni no figuró por estar de viaje- sostuvo que el juez mendocino "ha realizado una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena", es decir que inició una causa dónde no había razón para que interviniera la Justicia.
Según el fallo, Bento desconoció que "el Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar".
La Corte fue llamada a intervenir por una cuestión de "competencia", pues si bien la supuesta práctica monopólica fue denunciada en la región de Cuyo, donde Cablevisión no opera, el juez dispuso la intervención de la compañía del Grupo Clarín en la Capital Federal y, de hecho, ordenó un procedimiento a cargo de la Gendarmería Nacional, en el año 2011.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó se había pronunciado a favor de la intervención del juez Bento, pero la Corte refutó también sus argumentos, anuló la causa y archivó el expediente.
Ante la Justicia de Mendoza, Supercanal reclamaba "el cese de conductas anticompetitivas (determinación de precios, aumento unilateral de los costos de los competidores y manejo de la grilla de canales)" y, en ese contexto, solicitó "la división de Cablevisión mediante la segregación de los activos y pasivos y de los negocios correspondientes a la desaparecida firma Multicanal, fusionada con aquélla y su ulterior transferencia a terceros".
Esa fusión fue avalada administrativamente por el ex presidente Néstor Kirchner en 2007, poco antes de entregar el mando presidencial a su esposa, Cristina Fernández.
Fuente: Diario Los Andes
Fuente: DyN y CIJ
La Corte Suprema anuló hoy una causa en la que el juez federal de Mendoza, Walter Bento había dispuesto la intervención judicial de la operadora de TV por cable Cablevisión, en el marco de una denuncia por supuestas "prácticas anticompetitivas" derivada de la fusión con Multicanal.
Se trata de un reclamo planteado ante la Justicia mendocina por una denuncia de Supercanal SA, una empresa del Grupo Vila-Manzano, que había obtenido del juez Bento una medida cautelar para designar un interventor coadministrador en Cablevisión SA y su separación de Multicanal.
En un durísimo fallo, la Corte “con la firma de seis jueces, ya que Raúl Zaffaroni no figuró por estar de viaje- sostuvo que el juez mendocino "ha realizado una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena", es decir que inició una causa dónde no había razón para que interviniera la Justicia.
Según el fallo, Bento desconoció que "el Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar".
La Corte fue llamada a intervenir por una cuestión de "competencia", pues si bien la supuesta práctica monopólica fue denunciada en la región de Cuyo, donde Cablevisión no opera, el juez dispuso la intervención de la compañía del Grupo Clarín en la Capital Federal y, de hecho, ordenó un procedimiento a cargo de la Gendarmería Nacional, en el año 2011.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó se había pronunciado a favor de la intervención del juez Bento, pero la Corte refutó también sus argumentos, anuló la causa y archivó el expediente.
Ante la Justicia de Mendoza, Supercanal reclamaba "el cese de conductas anticompetitivas (determinación de precios, aumento unilateral de los costos de los competidores y manejo de la grilla de canales)" y, en ese contexto, solicitó "la división de Cablevisión mediante la segregación de los activos y pasivos y de los negocios correspondientes a la desaparecida firma Multicanal, fusionada con aquélla y su ulterior transferencia a terceros".
Esa fusión fue avalada administrativamente por el ex presidente Néstor Kirchner en 2007, poco antes de entregar el mando presidencial a su esposa, Cristina Fernández.
Fuente: Diario Los Andes
El Gobierno nacional pone más límites al acceso a la información
La oposición, la Auditoría General de la Nación y diversas ONG denuncian que se impusieron más restricciones a los datos sobre la gestión; reclaman una ley
Por Laura Serra
Sin información no hay control. Ésta es la premisa que parece guiar al Poder Ejecutivo en su actitud de retaceo constante y cada vez mayor de información sobre la marcha de la gestión. Legisladores de la oposición, ONG y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema (algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas, cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante cada pedido de información que formulan.
El problema no es privativo del gobierno nacional. En el Congreso, difícilmente un ciudadano pueda conocer datos básicos sobre el legislador al que apoyó con su voto, como cuántos empleados tiene, qué bienes presentó en su última declaración jurada, cuánto gasta en sus viajes dentro y fuera del país. Esa información no es pública.
La génesis del problema es la falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.
El problema, en el caso de los legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación Nuevas Generaciones, del ex diputado de PRO Julián Obiglio.
Acotada la vía del pedido de informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo en casos de corrupción.
Ante el silencio oficial, la Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172 es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.
La vía judicial
Algo similar ocurrió con la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou. El radical, junto con la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.
Una investigación reciente de ADC concluyó que "las autoridades recurren cada vez más a la ley de protección de datos personales para negar información" y exigen que quien solicite la información demuestre tener un "interés legítimo". "Ésta es la principal excusa para negar información en el orden federal", afirma.
La AGN padece problemas similares. "Tenemos muchas dificultades, en particular con el Banco Central y la AFIP. Regularmente se nos invocan el secreto bancario y el secreto fiscal para impedirnos el acceso a información clave para nuestras tareas de auditoría", denunció su presidente, Leandro Despouy.
El diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) puso el foco sobre otros dos organismos públicos que también retacean información.
"Comprobamos que el Boletín Oficial (BO) muchas veces dilata la publicación de normas controversiales y que los anexos clave no se publican. Recientemente, las solicitudes más específicas fueron restringidas, ya que sólo pueden pedirse en su sede central, mientras que antes se las podía solicitar en las distintas sucursales del BO", agregó Sánchez, quien también apuntó contra el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
"El RPI también ha empezado a recurrir al requisito del «interés legítimo» para solicitar información, cerrándose para solicitudes que servían para nuestras investigaciones", advirtió el legislador.
Reclamos y objeciones reiterados
Leandro Despouy - Presidente de la AGN: Advirtió que organismos oficiales clave, tales como la AFIP y el Banco Central, se rehúsan a ofrecer la información solicitada para las auditorías.
Ricardo Gil Lavedra - Ex diputado UCR: Se vio obligado en dos oportunidades a acudir a la Justicia para que el Gobierno acceda a informar sobre la propiedad de la imprenta Ciccone.
Fernando Sánchez - Diputado CC: Apuntó contra la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y el Registro de la Propiedad Inmueble, a los que acusó de retacear información pública.
Julián Obiglio - Ex diputado de PRO: El presidente de la Fundación Nuevas Generaciones reveló que entre 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17% de los pedidos de informes que elevaron los legisladores a distintas áreas.
Fuente: Diario La Nación
Por Laura Serra
Sin información no hay control. Ésta es la premisa que parece guiar al Poder Ejecutivo en su actitud de retaceo constante y cada vez mayor de información sobre la marcha de la gestión. Legisladores de la oposición, ONG y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema (algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas, cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante cada pedido de información que formulan.
El problema no es privativo del gobierno nacional. En el Congreso, difícilmente un ciudadano pueda conocer datos básicos sobre el legislador al que apoyó con su voto, como cuántos empleados tiene, qué bienes presentó en su última declaración jurada, cuánto gasta en sus viajes dentro y fuera del país. Esa información no es pública.
La génesis del problema es la falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.
El problema, en el caso de los legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación Nuevas Generaciones, del ex diputado de PRO Julián Obiglio.
Acotada la vía del pedido de informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo en casos de corrupción.
Ante el silencio oficial, la Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172 es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.
La vía judicial
Algo similar ocurrió con la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou. El radical, junto con la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.
Una investigación reciente de ADC concluyó que "las autoridades recurren cada vez más a la ley de protección de datos personales para negar información" y exigen que quien solicite la información demuestre tener un "interés legítimo". "Ésta es la principal excusa para negar información en el orden federal", afirma.
La AGN padece problemas similares. "Tenemos muchas dificultades, en particular con el Banco Central y la AFIP. Regularmente se nos invocan el secreto bancario y el secreto fiscal para impedirnos el acceso a información clave para nuestras tareas de auditoría", denunció su presidente, Leandro Despouy.
El diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) puso el foco sobre otros dos organismos públicos que también retacean información.
"Comprobamos que el Boletín Oficial (BO) muchas veces dilata la publicación de normas controversiales y que los anexos clave no se publican. Recientemente, las solicitudes más específicas fueron restringidas, ya que sólo pueden pedirse en su sede central, mientras que antes se las podía solicitar en las distintas sucursales del BO", agregó Sánchez, quien también apuntó contra el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
"El RPI también ha empezado a recurrir al requisito del «interés legítimo» para solicitar información, cerrándose para solicitudes que servían para nuestras investigaciones", advirtió el legislador.
Reclamos y objeciones reiterados
Leandro Despouy - Presidente de la AGN: Advirtió que organismos oficiales clave, tales como la AFIP y el Banco Central, se rehúsan a ofrecer la información solicitada para las auditorías.
Ricardo Gil Lavedra - Ex diputado UCR: Se vio obligado en dos oportunidades a acudir a la Justicia para que el Gobierno acceda a informar sobre la propiedad de la imprenta Ciccone.
Fernando Sánchez - Diputado CC: Apuntó contra la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y el Registro de la Propiedad Inmueble, a los que acusó de retacear información pública.
Julián Obiglio - Ex diputado de PRO: El presidente de la Fundación Nuevas Generaciones reveló que entre 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17% de los pedidos de informes que elevaron los legisladores a distintas áreas.
Fuente: Diario La Nación
Agresión al equipo de Elonce TV tras un operativo policial
Un equipo de Elonce TV denunció que un sujeto, los enfrentó con una piedra de gran tamaño y causó daños en el móvil del medio. La periodista sufrió lesiones leves en una de sus piernas y el auto terminó con el parabrisas agujereado
En el marco de un allanamiento policial realizado en la zona de Villa Yatay, de la ciudad de Paraná, con total impunidad, un motociclista agredió a un móvil de Elonce TV y causaron daños en el auto de este medio. Asimismo, causó lesiones leves a la periodista que se encuentra en buen estado.
La conflictiva zona donde ocurrió el hecho, se sitúa en calles Vicente del Castillo antes de llegar a Sudamérica, donde se realizaba un operativo policial, luego de que dos personas se resistieran a ser identificadas por un móvil policial que patrullaba el barrio.
Los sujetos que se trasladaban en moto, llegaron a “apuntar con un arma a los efectivos policiales que intentaron identificarlos”, contaron autoridades de la fuerza a Elonce TV.
Al verse acorralados por los móviles de la policía, intentaron darse a la fuga a pie por un pasillo y dejando la moto en la calle.
La Policía logró detenerlos tras una breve persecución y confirmó a Elonce TV que ambos cuentan con antecedentes y son muy conocidos en el ambiente del delito. Serían de apellido Torres.
Luego de realizar la nota periodística en la zona de Sudamérica y Vicente del Castillo, los trabajadores de prensa de Elonce TV se dirigieron hacia el auto y el camarógrafo notó que un grupo de jóvenes los acechaban en situación sospechosa. Antes de retirarse, unos sujetos se dirigieron al equipo del canal local con las palabras: “Ojo. No filmes mi casa”, en una frase que sonó como una tensa “amenaza”, contó el trabajador de prensa.
Al ver la situación, el camarógrafo decidió marchar en reversa con el auto y subir por calle Sudamérica con sentido hacia Tacuarí. A mitad de cuadra, un sujeto en moto, frenó frente al VW Gol de Elonce TV y arrojó hacia el parabrisas que ingresó al interior del auto.
El objeto contundente tenía el tamaño de un melón y golpeó la rodilla de la periodista que viajaba en el asiento del acompañante. La notera de Elonce TV fue asistida por médicos pero afortunadamente, sufrió una lesión leve.
Según indicó la periodista a Elonce.com, “el cascote ingresó al auto y me golpeó en la rodilla”.
Tras el hecho, se realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Paraná.
Fuente: Elonce.com
La conflictiva zona donde ocurrió el hecho, se sitúa en calles Vicente del Castillo antes de llegar a Sudamérica, donde se realizaba un operativo policial, luego de que dos personas se resistieran a ser identificadas por un móvil policial que patrullaba el barrio.
Los sujetos que se trasladaban en moto, llegaron a “apuntar con un arma a los efectivos policiales que intentaron identificarlos”, contaron autoridades de la fuerza a Elonce TV.
Al verse acorralados por los móviles de la policía, intentaron darse a la fuga a pie por un pasillo y dejando la moto en la calle.
La Policía logró detenerlos tras una breve persecución y confirmó a Elonce TV que ambos cuentan con antecedentes y son muy conocidos en el ambiente del delito. Serían de apellido Torres.
Luego de realizar la nota periodística en la zona de Sudamérica y Vicente del Castillo, los trabajadores de prensa de Elonce TV se dirigieron hacia el auto y el camarógrafo notó que un grupo de jóvenes los acechaban en situación sospechosa. Antes de retirarse, unos sujetos se dirigieron al equipo del canal local con las palabras: “Ojo. No filmes mi casa”, en una frase que sonó como una tensa “amenaza”, contó el trabajador de prensa.
Al ver la situación, el camarógrafo decidió marchar en reversa con el auto y subir por calle Sudamérica con sentido hacia Tacuarí. A mitad de cuadra, un sujeto en moto, frenó frente al VW Gol de Elonce TV y arrojó hacia el parabrisas que ingresó al interior del auto.
El objeto contundente tenía el tamaño de un melón y golpeó la rodilla de la periodista que viajaba en el asiento del acompañante. La notera de Elonce TV fue asistida por médicos pero afortunadamente, sufrió una lesión leve.
Según indicó la periodista a Elonce.com, “el cascote ingresó al auto y me golpeó en la rodilla”.
Tras el hecho, se realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Paraná.
Fuente: Elonce.com
El canal de televisión de la CTA en Nuequén: una estafa de Julio Fuentes a los afiliados
Hoy vemos con asombro lo publicado en el Diario Río Negro respecto al frustrado canal de Televisión de Julio Fuentes, nota que avergüenza a los afiliados de ATE de toda la provincia de Neuquén y del país
En primer lugar, desde la actual Comisión Directiva de ATE Neuquén queremos dejar aclarado que no tuvimos responsabilidad alguna con ese proyecto personalista del Secretario General de ATE Nacional.
Leyendo la publicación hoy entendemos muchas cosas que suceden en nuestra provincia; desde la venta del mencionado canal al testaferro de Jorge Sobisch, asesino del compañero Carlos Fuentealba, el empresario Claude Staiko. Como así también, el ataque sistemático del grupo multimediático que percibe aportes del estado provincial por más de 10 millones de pesos al año que destina a través de su periodista de cabecera Carlos Eguía, para atacar sistemáticamente desde su multimedios, a todos los integrantes del Consejo Provincial de ATE, y a todas las organizaciones sociales, pueblos originarios y otros espacios sindicales que se oponen al poder dominante, utilizando a unos de los líderes de la nueva agrupación en ATE (la 27 de junio) que encabeza Julio Fuentes, el diputado Marcote, que en estos últimos tiempos se ha dedicado a denostar a la conducción de ATE, junto al diputado Dobrusin.
Hoy entendemos que esa alianza con el sobichismo es producto de los negocios entre Julio Fuentes y un sector del Movimiento Popular Neuquino extendida también al sapagismo, lo cual le ha permitido, entre otras cosas, que ex compañeros que no tienen ningún cargo en nuestro sindicato, gocen de licencias gremiales “truchas” y vivan en Buenos Aires o viajen por el país y el exterior, enviados por Fuentes y pagados por la organización.
A tal extremo se ha llegado, que las reuniones previas antes a los ataques en los medios sobichistas donde se reúnen Carlos Eguia, periodista del riñón de Sobisch, Alfredo Marcote diputado UP; Luciana Colantonio, compañera de Marcote en el EPEN y hasta el mismísimo Sobisch, se realicen en la casa del periodista Eguía y de su esposa, productora de sus programas, lo cual demuestra que la alianza de Julio Fuentes no tiene límites para atacar a los que en su momento no fuimos parte de esta fiesta y que, por el contrario vinimos a ponerle fin.
Como ya dijimos, este grupo tiene negociados millonarios con el estado provincial, que ya han sido denunciados por nuestra organización, y por eso tampoco nos sorprende a la luz de lo que refleja el Diario Río Negro que esta venta del canal de televisión a Sobisch, sea solo la punta del iceberg de las relaciones carnales entre Fuentes y el estado provincial.
No queda más que esperar que sea el propio Julio Fuentes quien dé explicaciones a la totalidad de los compañeros afiliados de ATE de todo el país y en especial a los neuquinos ante este papelón mediático que tristemente nos deja en la prensa, no por la lucha cotidiana sino por negociados millonarios imposibles de explicar.
Explicar por qué su hermano Darío, mencionado en la nota y residente en Buenos Aires, fuera Director del canal y sigue siendo Director de "La Pastera" en San Martín de los Andes, alejado del sueño que tuvieron los trabajadores de Parque Nacionales, de la Sociedad Anónima ILENSE S.A. constituida por el dirigente José Luis Paparone de ATE Nacional, de Patricia Montenegro, según los medios hija del "tesorero" de Fuentes y un tal Guillermo García, sindicado como dirigente de SUTEBA (¿¿¿???) que contrataba y facturaba en nombre del canal, con una sociedad registrada para servicios turísticos y de transporte y que evidentemente recibía aportes de nuestra ATE.
Tendrá que explicar también el porqué del despido masivo (resguardando al grupo de parientes y amigos más cercanos) por orden del también dirigente de ATE Nacional Héctor Méndez, quien además de cobrar por ATE nacional, es asesor del Diputado Dobrusín con un sueldo de más de 15.000 pesos en la legislatura, a solo un día de la asunción de Carlos Quintriqueo como Secretario General de ATE Neuquén.
Recordamos tristemente que en su momento denunciamos públicamente la agresión a punta de pistola al compañero Cesar Sagredo por parte del guardaespaldas de Fuentes, en la cual se amenazó de muerte también a Quintriqueo, con las averiguaciones que desde ATE Neuquén se estaban realizando sobre el canal de televisión.
Estos juicios y negociados varias veces millonarios no son los únicos ya que se suman al festival de demandas que ha tenido que soportar la CTA Neuquén de ex sindicalistas afines a Fuentes que en sus presentaciones haber cobrado en mano por parte de Fuentes sin que exista siquiera un registro de dichos pagos, dejando a la Central indefensa frente a estos personajes cuyo único fin es el lucro personal.
Por último, desde la Conducción Provincial de ATE Neuquén, repudiamos las actitudes y acciones así como el desvío ideológico de estos ex compañeros y llamamos a los compañeros de nuestro Sindicato de todo el país a pedir explicaciones y manifestarse en consecuencia.
Consejo Directivo Provincial ATE Neuquén
Ver anteriores: Inauguraron "Televisión Central", el canal de ATE Neuquén, Neuquén: Denuncian despidos masivos en TV Central, Neuquén: Repudian despidos en tvc el canal de ATE - CTA
En primer lugar, desde la actual Comisión Directiva de ATE Neuquén queremos dejar aclarado que no tuvimos responsabilidad alguna con ese proyecto personalista del Secretario General de ATE Nacional.
Leyendo la publicación hoy entendemos muchas cosas que suceden en nuestra provincia; desde la venta del mencionado canal al testaferro de Jorge Sobisch, asesino del compañero Carlos Fuentealba, el empresario Claude Staiko. Como así también, el ataque sistemático del grupo multimediático que percibe aportes del estado provincial por más de 10 millones de pesos al año que destina a través de su periodista de cabecera Carlos Eguía, para atacar sistemáticamente desde su multimedios, a todos los integrantes del Consejo Provincial de ATE, y a todas las organizaciones sociales, pueblos originarios y otros espacios sindicales que se oponen al poder dominante, utilizando a unos de los líderes de la nueva agrupación en ATE (la 27 de junio) que encabeza Julio Fuentes, el diputado Marcote, que en estos últimos tiempos se ha dedicado a denostar a la conducción de ATE, junto al diputado Dobrusin.
Hoy entendemos que esa alianza con el sobichismo es producto de los negocios entre Julio Fuentes y un sector del Movimiento Popular Neuquino extendida también al sapagismo, lo cual le ha permitido, entre otras cosas, que ex compañeros que no tienen ningún cargo en nuestro sindicato, gocen de licencias gremiales “truchas” y vivan en Buenos Aires o viajen por el país y el exterior, enviados por Fuentes y pagados por la organización.
A tal extremo se ha llegado, que las reuniones previas antes a los ataques en los medios sobichistas donde se reúnen Carlos Eguia, periodista del riñón de Sobisch, Alfredo Marcote diputado UP; Luciana Colantonio, compañera de Marcote en el EPEN y hasta el mismísimo Sobisch, se realicen en la casa del periodista Eguía y de su esposa, productora de sus programas, lo cual demuestra que la alianza de Julio Fuentes no tiene límites para atacar a los que en su momento no fuimos parte de esta fiesta y que, por el contrario vinimos a ponerle fin.
Como ya dijimos, este grupo tiene negociados millonarios con el estado provincial, que ya han sido denunciados por nuestra organización, y por eso tampoco nos sorprende a la luz de lo que refleja el Diario Río Negro que esta venta del canal de televisión a Sobisch, sea solo la punta del iceberg de las relaciones carnales entre Fuentes y el estado provincial.
No queda más que esperar que sea el propio Julio Fuentes quien dé explicaciones a la totalidad de los compañeros afiliados de ATE de todo el país y en especial a los neuquinos ante este papelón mediático que tristemente nos deja en la prensa, no por la lucha cotidiana sino por negociados millonarios imposibles de explicar.
Explicar por qué su hermano Darío, mencionado en la nota y residente en Buenos Aires, fuera Director del canal y sigue siendo Director de "La Pastera" en San Martín de los Andes, alejado del sueño que tuvieron los trabajadores de Parque Nacionales, de la Sociedad Anónima ILENSE S.A. constituida por el dirigente José Luis Paparone de ATE Nacional, de Patricia Montenegro, según los medios hija del "tesorero" de Fuentes y un tal Guillermo García, sindicado como dirigente de SUTEBA (¿¿¿???) que contrataba y facturaba en nombre del canal, con una sociedad registrada para servicios turísticos y de transporte y que evidentemente recibía aportes de nuestra ATE.
Tendrá que explicar también el porqué del despido masivo (resguardando al grupo de parientes y amigos más cercanos) por orden del también dirigente de ATE Nacional Héctor Méndez, quien además de cobrar por ATE nacional, es asesor del Diputado Dobrusín con un sueldo de más de 15.000 pesos en la legislatura, a solo un día de la asunción de Carlos Quintriqueo como Secretario General de ATE Neuquén.
Recordamos tristemente que en su momento denunciamos públicamente la agresión a punta de pistola al compañero Cesar Sagredo por parte del guardaespaldas de Fuentes, en la cual se amenazó de muerte también a Quintriqueo, con las averiguaciones que desde ATE Neuquén se estaban realizando sobre el canal de televisión.
Estos juicios y negociados varias veces millonarios no son los únicos ya que se suman al festival de demandas que ha tenido que soportar la CTA Neuquén de ex sindicalistas afines a Fuentes que en sus presentaciones haber cobrado en mano por parte de Fuentes sin que exista siquiera un registro de dichos pagos, dejando a la Central indefensa frente a estos personajes cuyo único fin es el lucro personal.
Por último, desde la Conducción Provincial de ATE Neuquén, repudiamos las actitudes y acciones así como el desvío ideológico de estos ex compañeros y llamamos a los compañeros de nuestro Sindicato de todo el país a pedir explicaciones y manifestarse en consecuencia.
Consejo Directivo Provincial ATE Neuquén