El secretario General de la Presidencia de la Nación lo hizo en referencia a noticias difundidas en los últimos tiempos, y en especial por un informe sobre remodelaciones que se realizan en la Casa Rosada, entre otras cosas para colocar un sistema energético de emergencia.
Es positivo que, por primera vez en mucho tiempo, un funcionario del Poder Ejecutivo reconozca la existencia de una entidad que, como AdEPA, agrupa a más de 150 medios de prensa independientes.
Desde hace años, son reiterados los pedidos de audiencia planteados con la presidenta de la Nación (por ejemplo, luego de ser reelegida, en octubre de 2011), con el jefe de Gabinete (varias veces mientras el cargo lo desempeñaba Juan Manuel Abal Medina y la última, en diciembre, al actual titular, Jorge Capitanich) y al secretario de Medios, sin que mediara respuesta alguna.
En esas reuniones frustradas por el desdén oficial pensábamos trasladar múltiples problemas aún sin solución: agresiones verbales y físicas a periodistas, directivos y medios; descalificaciones a estos mismos por parte de funcionarios públicos y a través de medios de Estado; excesiva presión fiscal sobre medios Pyme; distribución arbitraria de la pauta publicitaria oficial; presiones a anunciantes privados para que no coloquen avisos en medios gráficos; limitaciones para la importación de insumos esenciales; utilización de organismos del Estado para castigar voces disidentes; resistencia oficial a la sanción de una ley de acceso a la información pública y consiguiente falta de transparencia sobre actos del Estado...
Algunos de estos temas se vinculan con lo ahora planteado por Parrilli, como las dificultades para acceder a información pública.
Y si hablamos de insumos, bueno es recordar al Poder Ejecutivo que el principal insumo de la prensa es la libertad. El papel o las telecomunicaciones son tan sólo medios para el ejercicio de esa libertad.
En cuanto a la ética, es bueno ponerla como tema de debate en un país estragado por la corrupción. Pero no debe limitarse a la actuación del sector privado, sino al modo en que se utilizan los recursos del Estado; al modo en que los funcionarios rinden cuentas de sus gastos y de sus ingresos; a la forma en que se contratan obras y servicios públicos; a la disposición gubernamental para responder la requisitoria de la prensa.
Bien vale recordar que la responsabilidad es el único límite que admite la libertad de expresión, y que los funcionarios están sometidos a un estándar mayor de exposición pública y de escrutinio ciudadano.
AdEPA aprobó en octubre de 2012 un decálogo de la prensa que entre otros puntos sostiene que "el trabajo periodístico está guiado por el respeto hacia las personas, los principios constitucionales y los valores y las instituciones democráticas" (punto 1), que "el derecho a la información es ante todo de los ciudadanos, por lo cual la libertad de expresión, el derecho de crítica y el libre acceso a la información pública son irrenunciables para los medios de comunicación (punto 2); que "ello se corresponde con el compromiso de brindar a los ciudadanos informaciones elaboradas con integridad y rigor profesional, poniendo el máximo esfuerzo para confirmar datos y constatar fuentes (punto 3); que "la información generada por medios oficiales será́ tomada como una fuente más, pero no de carácter excluyente ni preponderante (punto 4) y que "los periodistas respetarán la privacidad individual" pero "la vida privada de las personas públicas pasa a ser de interés general cuando ellas mismas la exponen o cuando elementos privados salen a la luz mientras estas ejercen sus deberes públicos" (punto 8).
De la información conocida en estos días, no se advierte que se haya faltado a la ética periodística. En democracia, periodistas y medios tienen el deber inexcusable de investigar presuntos desvíos del poder. Y para ese cometido deben procurar contar con la versión oficial. Pero ello debe corresponderse con una apertura de funcionarios y organismos de Estado no sólo a brindar información cuando le es requerida, sino a poner esta a disposición de los ciudadanos en una política de transparencia que facilite el control social.
Sería bueno que sobre estos temas reflexionen el secretario General de la Presidencia y todo aquel que ejerce un cargo público, y que la alusión de Oscar Parrilli a nuestra institución abra un camino de diálogo largamente reclamado en la búsqueda de soluciones para los acuciantes problemas que enfrenta la prensa independiente en la Argentina.
Fuente: AdEPA
Ver anteriores: Pide Parrilli que AdEPA, FoPeA, AFERA, CELS y Facultades evalúen el estándar ético de Clarín y La Nación