Por: Hugo Maldonado
Nadie ignora que en nuestro país subsisten problemas con el acceso a la información pública y que en la última década se hizo cada vez más evidente la falta de voluntad política del oficialismo, para abordar el grave déficit de transparencia dentro de ciertos organismos del gobierno
Por ello, el desafío de controlar al poder en la Argentina y de asumir la transparencia como un valor democrático, resulta una tarea titánica en los tiempos que corren, con las dificultades que enfrentan periodistas, legisladores y asociaciones civiles, para acceder a información pública relevante sobre casos de trascendencia institucional.
Mientras en muchos países la legislación en materia de transparencia va ampliando los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los funcionarios para garantizar este derecho humano fundamental, la Argentina se encuentra, aún hoy, entre los pocos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información.
Un proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado de la Nación a fines de 2010, perdió estado parlamentario luego de no haber sido tratado por la Cámara de Diputados, lo que ha sido, sin duda, por una decisión política del gobierno nacional.
Hace largo tiempo que vengo luchando y me siento comprometido con el desarrollo y la promoción del libre acceso a la información pública, que he impulsado con distintas acciones. Puedo dar testimonio de ello con la sanción de la Ley 6431 del año 2009 que, sobre la base de un proyecto de mi autoría, regula actualmente el acceso y el derecho a la información en la Provincia del Chaco.
Con ese propósito, soy autor de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene por objeto promover y regular el acceso a la información pública como uno los derechos fundamentales de la persona humana y de la vida en democracia. En dicho proyecto de ley he tratado de resguardar algunos criterios que aseguren prioritariamente algunas cuestiones centrales que, a mi juicio, debiéramos contemplar:
La mayor amplitud y extensión de la información pública a suministrar, ante el pedido de cualquier ciudadano, sin necesidad de justificación alguna; la información gubernamental debe estar disponible para el escrutinio público y las excepciones necesarias, deberán ser limitadas y determinadas; debe asegurarse también un procedimiento administrativo ágil y un recurso judicial específico frente a todo entorpecimiento del derecho, sin perjuicio de sanciones especiales por incumplimiento.
Debe instituirse una Autoridad de Aplicación que actúe con independencia del Poder Ejecutivo. A la vez, corresponde imponer un mecanismo de “transparencia activa” para publicar en Internet la información pública obrante en poder de los sujetos obligados por la ley. Como en otras iniciativas similares, se promueve también la creación de un Consejo Federal de Acceso a la Información Pública como organismo ínter jurisdiccional de carácter permanente para la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En definitiva, un régimen de libre acceso a la información pública debe reflejar con naturalidad el sentido común para garantizar con la mayor amplitud este derecho primordial del ser humano, en la medida en que permite y valoriza el ejercicio de los demás derechos.
Si el Estado cuenta con información que administra en función de la sociedad, no hay razón para que cada miembro de la sociedad no tenga acceso a ella. Solo hace falta instrumentar un sistema administrativo que permita de modo manual o informatizado y digitalizado, brindar acceso a quien lo solicita. Sin duda, una regulación eficiente del derecho a la información, importará beneficios, tanto para los ciudadanos por el aumento de la transparencia y una mayor confianza en la gestión pública, como para el Estado y las autoridades públicas.
La ampliación de la base informativa estatal permitirá también una mejor calidad de las decisiones públicas, al contar con una ciudadanía más y mejor informada. Además abrirá la oportunidad de demostrar una gestión transparente y de recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.
Regular el acceso a la información mediante una ley que reglamente su ejercicio, sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia argentina. Con la sanción sin más demoras de una ley nacional de acceso a la información, contaremos con una herramienta valiosa para luchar contra la corrupción y para implementar principios de transparencia en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas, como un valor esencial de la democracia.
*Diputado Nacional UCR, Chaco
Fuente: AdEPA
