El Cronista
A cuatro años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual espera que la Corte emita su veredicto
En el máximo tribunal trabajan en el fallo final de un expediente de alto impacto político y que se prevé para luego de las elecciones. Cómo fallarán los ministros, la incógnita a develar
Por: Bernardo Vázquez
Aquél sábado 10 de octubre de 2009, a las 2.30 de la mañana y tras 15 horas de sesión, difícilmente los senadores oficialistas hayan imaginado que el proyecto que acababan de convertir en ley iba a estar en veremos cuatro años exactos después. Ese día, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, dejó definitivamente los pasillos del Congreso y se trasladó a los de Tribunales, atravesando todas las instancias judiciales y esperando una resolución final de la Corte Suprema. Será este año, casi seguro después de las elecciones del 27 de este mes, y con un fallo que a medida que se aproxima va adquiriendo un mayor grado de incertidumbre.
La judicialización de la Ley fue casi inmediata y se produjo a partir de una demanda que presentó el Grupo Clarín contra el Estado cuestionando la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a la cantidad de licencias y al plazo de adecuación. El 7 de diciembre de ese año, el juez civil y comercial Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que le permitió a Clarín postergar una eventual desinversión.
La disputa se trasladó así a la Cámara Civil y Comercial, escenario en el que el multimedios y el Gobierno se sacaron chispas durante más de dos años. Fue la Sala I de la Cámara la que en 2011 mantuvo la cautelar pero fijó un plazo de desinversión de tres años, confirmado en mayo de 2012 por la Corte, que estableció el 7 de diciembre de ese año como fecha límite para adecuarse a la Ley. Así, dio pie al 7D que instaló el kirchnerismo y que, luego de recusaciones masivas a los camaristas y de una batalla en el Consejo de la Magistratura por el concurso que debía designar un juez para la causa, se frustró un día antes, cuando la Cámara Civil y Comercial resolvió extender la medida cautelar hasta que se dictara una sentencia definitiva.
El fallo de fondo lo confirmó el subrogante Horacio Alfonso, quien determinó la constitucionalidad de los artículos cuestionados, pero en abril de este año la Cámara volvió a castigar al Gobierno dictaminando la inconstitucionalidad del artículo 45, de un párrafo clave del 48 -ambos referidos al régimen de licencias- y considerando constitucionales el 41 y el 161, relacionados con los plazos.
Fue allí que el expediente llegó por día directa a la Corte, y no por per saltum como había intentado el Gobierno. El máximo tribunal trabaja en el caso desde mayo, aunque debido a la intensa actividad judicial que se originó por la frustrada reforma del sector que había impulsado el Ejecutivo y aprobado el Congreso, el tema quedó para el segundo semestre.
El 28 y 29 de agosto la Corte convocó a las partes a dos audiencias en las que expusieron sus argumentos, intervención de cinco amicus curiae por lado. Desde ese momento, los equipos técnicos de los ministros trabajan en cada detalle, aunque no hubo manifestaciones públicas sobre qué decisión tomará el máximo tribunal. El presidente Ricardo Lorenzetti repite que la causa “se resolverá cuanto antes”, aunque su colega Carlos Fayt se animó a pronosticar que el fallo “saldrá después de las elecciones”.
Si bien no se expresan de manera oficial, y pese a los rumores que surgieron sobre un pedido del Gobierno para expresarse antes, los siete ministros coinciden en que es prudente esperar a que pasen los comicios legislativos para decidir, conscientes del impacto político que tendrá el dictamen. No obstante, ya se especula con cómo será la votación, que se prevé pareja, salomónica y respetando lo decidido por la Cámara del fuero. A cuatro años de la sanción de la Ley, será la Justicia la que diga la última palabra.
Un compendio de promesas incumplidas que no cambió el negocio de los medios
Por: Andres Sanguinetti, Subeditor de Negocios anguinetti@cronista.com
A cuatro años de su nacimiento, la ‘madre de todas las batallas’ sigue huérfana. Ya perdió a su padre, si bien tiene el inconfundible ADN kirchnerista. Y su madre sólo ha logrado mantener sus signos vitales con un respirador artificial. Es que la Ley de Medios carece hoy de síntomas que permitan revivirla, aun cuando sólo son cuatro los artículos que la Corte Suprema debe analizar de esta norma sancionada el 10 de octubre de 2009 bajo promesa de democratizar y pluralizar el mercado de la radiodifusión.
Y mientras el Grupo Clarín ha logrado bloquear su avanzada gracias a las presentaciones judiciales contra los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a desinversión y reducción de licencias, el resto de las empresas también mantiene el mismo statu quo.
Incluso, hay incumplimientos varios por parte del AFSCA, organismo creado con el propósito contrario de velar por su cumplimiento. Los planes de adecuación aprobados fueron pocos y ninguno se llevó a cabo; no se realizaron los prometidos concursos para otorgar licencias a pueblos originarios u ONG’s; y se violaron varios de artículos cediendo frecuencias de manera directa, y permitiendo cambios accionarios a grupos que exceden los límites.
Basta con hacer una simple recorrida por canales, cables y radios para descubrir que no hubo ingreso de nuevos inversores, los medios comunitarios brillan por su ausencia y las asociaciones sin fines de lucro siguen sin tener voz. Ni qué decir de las nuevas tecnologías como la digitalización, tan prometida pero tan ausentes. Hoy, la Ley de Medios es un compendio de irregularidades que desvirtuaron su esencia creando una gran incertidumbre de cara a las inversiones que deberían poder realizarse en un marco de seguridad jurídica. Y este escenario excede a la pelea con Clarín, porque ha sido el mismo Gobierno el que vació de alma y vida una norma que prometía cambiar el mundo.
TelAm:
La ley de medios cumple cuatro años mientras se espera su plena aplicaciónLa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple este jueves cuatro años desde su sanción en el Congreso, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que defina la constitucionalidad de una norma debatida por la sociedad en foros federales e impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
El peregrinaje de la ley por los tribunales comenzó el 26 de octubre de 2009 cuando el Grupo Clarín presentó un pedido de inconstitucionalidad contra varios artículos y el ex magistrado Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, el 15 de diciembre.
Se trata de un camino procesal que siguieron idénticamente los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina, el 17 de diciembre, y de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, cuatro días después, que sostiene aún la Cámara Civil y Comercial y que sigue vigente pese a los planteos contrarios de la Corte, en una situación que la jefa de Estado catalogó como "Justicia Cautelar".
El último capítulo de la batalla judicial fue escenificado en la Corte, cuando el 28 y 29 de agosto expusieron las partes, Clarín y el Estado, y sus amicus curiae, en una audiencia pública en la que el grupo mediático cometió errores argumentales, como admitir que su red de cable no es indivisible, como sostuvo en el expediente, y arrogarse ser los únicos garantes de la libertad de expresión.
En paralelo a la discusión sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), a cargo de Martín Sabbatella, avanzó en algunos de los ejes no cuestionados judicialmente.
De esta manera, 210 radios comunitarias ya tienen autorizado su funcionamiento, se crearon 167 radios en escuelas primarias y secundarias, 36 licencias de televisión se concedieron a Estados provinciales -12 analógicas y 24 digitales-, se abrieron 34 radios y un canal de televisión de pueblos originarios, y 53 radios FM se adjudicaron a Universidades.
Desde que se sancionó la ley, AFSCA otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio, TV abierta y TV paga, en tanto que 1052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos, 1132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.
Por otra parte, existen 52 nuevos cableoperadores cooperativas, que producen 2800 horas diarias de programación propia, que se sumaron a un sector que cubre el 65 por ciento del territorio nacional y que tiene iniciativas, impulsadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el programa Usina de Medios, para continuar su crecimiento en todo el país.
Con el fomento del Estado, principalmente a través del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se produjeron 5900 nuevas horas de contenidos que crearon más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector audiovisual y desarrollaron una política federal, con la realización por primera vez de miniseries en las provincias.
Así, se busca contrarrestar el hecho de que hasta la sanción de la ley, el 85 por ciento de los contenidos se producían en el área metropolitana Buenos Aires, una realidad que ejemplificó en el 1º Encuentro de Comunicación Audiovisual, en 2011, un realizador chaqueño cuando contó la realidad de su provincia: “Puse las cámaras y los alumnos empezaron a hablar en porteño.”
La aparición de nuevos lenguajes e historias está previsto en la ley medios, a través de la obligación de que el 60 por ciento de los contenidos sean de producción local, pero se trata de desandar una realidad que aún se impone, por ejemplo, en que los canales de noticias que se generan en territorio porteño llegan a todo el país, y no así la señal de la Universidad Nacional de Córdoba, cba24n.
El caso de cba24n forma parte de una situación extendida que es la violación por parte de Cablevisión, del Grupo Clarín, a la grilla dispuesta por la AFSCA y a subir señales a su sistema de cable, a pesar de los fallos judiciales que así lo ordenan.
Similar es la situación de la Cooperativa Eléctrica de Zapala, que en 1967 fue la primera entidad sin fines de lucro en tener un canal de televisión y brindar un servicio por suscripción, pero en 1982 la dictadura le quitó este derecho -con el decreto ley de Radiodifusión en mano- y a partir de la ley de medios creó un canal de aire, TV13Coop, que Cablevisión se niega a incluir a la grilla.
El sector cooperativo junto a los sindicatos, las organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos son la columna vertebral sobre la que se creó en 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática para impulsar una nueva ley basada en la coincidencia sobre 21 Puntos, y la diferencia entre este proyecto y todos los anteriores fue la iniciativa de presentarla de la Presidenta.
Desde sus primeros pasos, en el verano de 2009 con sus debates en borradores hasta la sanción, el 10 de octubre, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvo más de 200 modificaciones, a partir de los debates en foros en todo el país y de su tratamiento legislativo, donde por pedido de la centroizquierda se dejó afuera a las telefónicas y, antes, ya en los borradores, se había omitido incluir a los diarios, como tiene la legislación norteamericana.
De esta manera, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentada por Cristina Fernández de Kirchner el Día de la Radiofonía, el 27 de agosto, en homenaje a los "Locos de la Azotea", aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44, pero sus ejes fundamentales permanecen sin aplicación por decisión judicial desde hace cuatro años, período equivalente a un mandato presidencial.
La Nación
Con reglamentaciones aún pendientes, la ley de medios cumple cuatro años
La norma está vigente, pero todavía no se elaboró el plan técnico necesario para la creación de nuevas emisoras; en varios casos, la AFSCA aplicó el texto legal con interpretaciones cuestionadas
Por: José Crettaz
La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el sábado 10 de octubre de 2009, hace hoy cuatro años. El proyecto había sido anunciado por la presidenta Cristina Kirchner el 18 de marzo en un acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata y había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre, casi tres meses después de la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio de ese año. Con excepción de los cuatro artículos impugnados por el Grupo Clarín ante la Justicia -sobre lo que se espera un fallo definitivo de la Corte Suprema antes de fin de año-, toda la norma está vigente.
A pesar del apuro inicial, la Presidenta reglamentó parcialmente la norma varios meses después: el 1° de septiembre de 2010. De los 166 artículos que la componen, sólo fueron reglamentados 72 (el 43%). Del resto, 80 siguen sin reglamentación (48%) y 14 sólo fueron reglamentados parcialmente (9%). Entre los artículos que aún no se encuentran operativos hay algunos que son de forma, pero muchos otros son clave, como los que ordenan la elaboración de un plan técnico que determine la situación del espectro radioeléctrico y permita aplicar el resto de las disposiciones (por ejemplo, la asignación del 33% de las frecuencias a entidades sin fines de lucro). El último plan técnico es de la TV analógica y data de 1981.
Pero a pesar de ese faltante la AFSCA convocó a mediados de 2011 un concurso para crear 220 nuevos canales de TV en todo el país, lo postergó varias veces y finalmente, el 23 de julio de 2012, lo dejó "sin efecto" por falta de interesados. En ese momento se prometió un nuevo pliego, que nunca se elaboró. La última novedad se produjo el lunes pasado: de manera directa y con un airado voto negativo del representante de la oposición, Marcelo Stubrin, la AFSCA otorgó permisos provisorios a 20 canales de TV de baja potencia. Entre los objetivos de la nueva ley figuraba precisamente la erradicación de disposiciones provisorias, transitorias o precarias.
El organismo que conduce Martín Sabbatella aprobó varios concursos para radios FM y una AM, pero en todos los casos se trató de convocatorias realizadas entre 2005 y 2007, mucho antes de la sanción de la ley.
En cambio, canales de televisión de empresarios afines al kirchnerismo, como CN23 (Sergio Szpolski y Matías Garfunkel), C5N (Cristóbal López) y 360 TV (Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) -creados en los últimos años-, se transmiten por la plataforma estatal de TV digital abierta, sin que hubiesen pasado por ningún concurso ni tengan licencia para hacerlo, con el argumento de que se trata de una tecnología experimental.
Mientras tanto, una contabilidad de las resoluciones de la AFSCA ofrece también un saldo negativo. Entre enero de 2010 y septiembre de 2013, el organismo dictó 835 resoluciones de autorización, adjudicación y asignación de licencias para nuevos medios (radios AM y FM, canales de TV abierta y sistemas de TV por cable o satélite). De esa cifra, sólo 261 fueron dictadas a partir del nuevo marco legal. El resto son expedientes iniciados por el antiguo Comfer, que crean medios que no pueden ser considerados hijos de la nueva ley. Aquellas 261 resoluciones autorizaron la creación de 1277 nuevos medios, de los cuales el 93,4% son estatales: de gobiernos provinciales, municipales, escuelas de gestión pública y universidades nacionales. De los restantes, 34 son cooperativas de servicios públicos, 29 son particulares o empresas privadas, 21 son comunidades aborígenes y seis son asociaciones civiles.
Las resoluciones de la AFSCA
Sin embargo, que esos medios tengan autorización para emitir no significa que en la realidad lo estén haciendo. Para que eso ocurra es imprescindible que la AFSCA dicte para cada caso una resolución adicional, de habilitación. Hasta el mes pasado, había dictado 596 resoluciones de ese tipo, pero apenas una decena se derivan del nuevo marco legal (entre ellos, cuatro cooperativas y dos privados que instalaron servicios de TV por cable, y una FM de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por sus pastores brasileños).
En varias localidades del interior (como en el caso testigo de Villa del Rosario, Córdoba) se libran ahora batallas judiciales y administrativas entre pymes del cable y cooperativas por los abonados. También reclaman organizaciones de pueblos originarios, como el Consejo Nacional Indígena, que acusa al gobierno de entregar a ONG kirchneristas las autorizaciones previstas en la ley para pueblos aborígenes.
El gobierno tampoco creó el Consejo Honorario Consultivo de Medios Públicos, que debe asesorar a Canal 7 y Radio Nacional. Por ese motivo, la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional presentó una denuncia contra la Presidenta. Tampoco está completo el directorio de la AFSCA, porque la Presidenta se niega a aceptar la designación de Alejandro Pereyra, representante propuesto por la segunda minoría parlamentaria (Frente Cívico y Social), tal como prevé el artículo 14 de la ley. Del 7-D, día en que venció el plazo de presentación de las propuestas de adecuación de los grupos que quedaron al margen de la ley, sólo quedó el eco de las amenazas de Sabbatella.Según el funcionario, de los 21 grupos o particulares obligados a "adecuarse" sólo uno se negaba: el Grupo Clarín. A siete meses de aquellos promocionados planes, la AFSCA aprobó un puñado (como el de DirecTV), pero en ningún caso hubo desinversión. Y tampoco intimaciones.
En ese contexto siguen abiertas varias polémicas que se volvieron tema tabú para la AFSCA: las incompatibilidades de Telefónica de España para controlar simultáneamente en la Argentina un canal de TV (Telefe) y una empresa de servicios públicos (Telefónica); el reparto de licencias entre amigos y familiares de José Luis Manzano y Daniel Vila, dueños del Grupo Uno Medios, o el exceso de emisoras de radio que puede tener un sólo licenciatario, como el caso de la familia Moneta, entre otros. En cambio, se aprobó en un trámite exprés la transferencia de las radios de Daniel Hadad a Cristóbal López, lo que exigió una interpretación extremadamente amplia de la ley que para otros se aplica de manera radical.
Quipú
Cuatro años de la ley audiovisual: un balance
Por: Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet. En Twitter, @aracalacana)
El curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que cumple cuatro años desde su aprobación por el Congreso, es realmente peculiar. Su texto permanece sin concretarse, pero el gobierno lo invoca para operar cambios en el sistema de medios en un marco de excepcionalidad a la propia ley, en tanto que sus detractores acusan a la ley elogiada por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA de atentar contra la opinión libre mientras convivieron cómodamente durante lustros con un marco normativo firmado por Jorge Videla. Unos y otros se arrogan la representación del interés público mientras alientan distintas variantes de concentración de la propiedad de los medios.
A menos que se reemplace el análisis por la consigna anabolizada de fanatismo, el aniversario de la sanción de la ley reconoce paradojas, cambios en la propiedad, conflictos desconocidos entre actores emergentes y viejos protagonistas del sector, y numerosas incógnitas sobre el futuro no sólo de la regulación audiovisual sino del sistema de medios en la Argentina.
Nunca antes la sociedad había discutido tanto, y tan intensamente, sobre los intereses y la regulación de los medios, poniendo así en entredicho su inmaculada concepción y la ideología de objetividad e independencia a la que tributaba el campo mediático desde hacía décadas. Nunca antes el sistema político y el poder judicial se enredaron tanto en las reglas de juego de los medios. La pendiente sentencia de la Corte sobre la causa iniciada por el grupo Clarín que suspendió la aplicación de pocos pero trascendentes artículos de la norma, le confiere a este aniversario y al balance de lo actuado, un interés aún mayor.
La distinción entre la ley y su aplicación resulta productiva dado que la misma norma audiovisual podría ser aplicada de modo muy diferente según sea el gobierno. Como la ley fue impulsada fundamental (aunque no únicamente) por el kirchnerismo, formación política que tiene a su cargo la primera etapa de implementación, es importante evaluar su desempeño dado que le imprime a la ley marcas fundantes que determinarán parte de la apropiación que pueda realizarse en la sucesión presidencial de 2015.
Para ensayar ese balance es preciso recordar que la norma reemplaza un decreto-ley de la dictadura militar (22285/1980) que fue, a su vez, empeorado por numerosas modificaciones por parte de distintos gobiernos constitucionales a partir de 1989. La ausencia de un marco normativo estable, acorde a principios democráticos e inclusivo de demandas de participación ciudadana motivó la preparación de proyectos de ley durante los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), pero ninguno de ellos, ni las posteriores presidencias de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) concretó el reemplazo de la ley de radiodifusión originada en el decreto de Videla. La persistencia del decreto-ley retocado con cambios que aceleraron la concentración de la propiedad del sistema audiovisual a partir de 1989, así como la centralización de la producción en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como sostén la presión de los principales actores empresariales que fueron beneficiados de una política estatal que, históricamente, protegió un statu quo comercial y privado.
La sanción de la ley audiovisual en 2009 es la segunda que se vota en un régimen democrático en la historia argentina (la primera había sido en 1953). El impulso del gobierno de Cristina Fernández, entonces en su primer mandato, se debió a una conjunción de factores: la ruptura en 2008 de las buenas relaciones que había sostenido el kirchnerismo con Clarín, que es el principal grupo multimedios junto a Telefónica; un contexto sudamericano en el que otros países también modificaron marcos regulatorios en el sistema de medios; un proceso de metamorfosis tecnológica en el que emergen otros actores que facilitan una labor de desintermediación, lo que coloca a los medios tradicionales en una posición inédita de pérdida progresiva del control de los flujos informativos y de entretenimiento a escala masiva.
La ley audiovisual no es el único indicador del cambio de políticas de comunicación que se produjo entre el gobierno de Néstor Kirchner (que en la materia fue conservador del statu quo) y el de Cristina Fernández (que transgredió el orden heredado): el caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la ley audiovisual son manifestaciones del cambio en la política. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato.
La ley audiovisual (mal denominada ley de medios, ya que no regula medios gráficos) tiene carácter inclusivo comparada con el marco regulatorio previo, al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios y alternativos) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes. Estos objetivos no son fruto de una lectura afiebrada de la norma; surgen de su articulado.
Como sucede en otros países donde se debaten nuevos continentes regulatorios para el audiovisual, las telecomunicaciones e Internet, la ley audiovisual pone en tensión la mercantilización de los contenidos con el interés público. Esta tensión quedó didácticamente expuesta en la audiencia realizada en agosto por la Corte Suprema de Justicia, donde los mejores argumentos de ambas partes fueron desplegados por expertos que, paradójicamente, tienen escasa incidencia en la estrategia que esas partes despliegan.
Es cierto que la ley excluyó la posibilidad de integración de servicios entre las telecomunicaciones y el audiovisual (exclusión reclamada por varios grupos de medios reactivos a la ley y negociada por fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la sanción de la ley) y que, entonces, la norma no contiene el escenario de convergencia tecnológica que conforma un uso social cada vez más extendido. También es cierto que no hay país en el mundo que hasta ahora haya logrado una regulación plena y eficaz de la convergencia: la mayoría revisa periódicamente sus normas en función de la vertiginosa metamorfosis del sistema de medios.
Esa circunstancia, junto a la rigidez con la que la ley contempla respuestas frente a la concentración de la propiedad o a la centralización geográfica de los contenidos, así como su permisiva posición frente a señales extranjeras de contenidos que contrasta con obligaciones estrictas para operadores locales, a juicio de este autor demandarían mejoras y actualizaciones si el objetivo es mayor inclusión, mejor acceso, diversidad y pluralismo.
Judicialización: de la guerra abierta al foquismo
La ley audiovisual desde el momento de su sanción por el Congreso en octubre de 2009 fue objeto de controversia judicial. Clarín obtuvo tempranamente una medida cautelar que suspendió a su favor algunos pocos, pero centrales, artículos. Recién en diciembre de 2012, el juez Horacio Alfonso emitió un fallo avalando la constitucionalidad de los artículos impugnados por Clarín. Esto sucedió después de que la propia Corte Suprema amonestara a jueces y camaristas por la demora en la consideración del caso, y al Gobierno por la modorra en la aplicación del resto de la ley que no está objetado.
En abril de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial alteró lo dispuesto en primera instancia. En una decisión favorable al Grupo Clarín, determinó que la norma audiovisual es constitucional en los límites fijados a la concentración de licencias abiertas (radio y televisión) pero es inconstitucional en los límites establecidos para el cable. Estos son impedimentos a poseer más de 24 licencias de cable o a superar el 35% del mercado por un lado, a contar con licencia de TV abierta y por cable en una misma zona por otro y, por último, a que el operador de cable pueda gestionar más de una señal propia.
Así, los camaristas introdujeron la discusión sobre la regulación del cable a la que debe atender ahora la Corte. Esta discusión toca la médula del sistema de medios, ya que Clarín ejerce una posición dominante en el mercado del cable (obtenida gracias a la autorización del expresidente Néstor Kirchner en diciembre de 2007 para que se fusionaran Cablevisión y Multicanal). Para la Cámara, la concentración del cable es condición necesaria para posibilitar independencia y sostenibilidad económica. El fallo descansa en la suposición de que una mayor envergadura confiere a las empresas de medios independencia de los gobiernos y les permite ofrecer mejores servicios y a menores precios a sus clientes. En la historia del cable en la Argentina, ambos supuestos se revelan falsos.
Lo que determine la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el Gobierno. En efecto, si la premisa de la Cámara fuera correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable. A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. En palabras de Owen Fiss, la libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen y si éstos están concentrados la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente.
El fallo de la Corte será trascendente pero no cerrará el capítulo judicial de la ley audiovisual. El mismo pasará de la guerra abierta en la que el grupo Clarín impugna artículos completos por un foquismo en el que muchas decisiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podrían ser objeto de litigios.
Una ley incumplida:
De la gran cantidad de artículos vigentes de la ley audiovisual, pocos registran concreción a cuatro años de su aprobación, lo que ratifica la distinción mencionada entre la ley y sus políticas de aplicación:
Incluso parte del articulado de definiciones (algunas de las cuales reclama actualización) es incumplido por la aplicación de la norma que realiza el gobierno y que no garantiza el principio de igualdad ante la ley. En particular, merece consignarse que:
A pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por la ley audiovisual. La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias. No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.
A cuatro años de su sanción una gran parte de la ley audiovisual sigue incumplida a la vez que existen modificaciones de diverso calado en la estructura del sistema de medios. Ni el gobierno ni los principales grupos respetan la ley. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por dos artículos de la norma, tema que al cierre de la edición de este artículo estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida hace cuatro años.
El otorgamiento de permisos experimentales, provisorios, revela la impericia técnica y ausencia de compromiso de la gestión de la política audiovisual y es una afrenta “noventista” a los objetivos y a la letra de la ley, que prometía estabilizar, consolidar y aportar criterios públicos en la gestión de un recurso como el espectro radioeléctrico.
Entre las iniciativas que promovió el gobierno en este lapso cabe consignar la autorización para que provincias, municipios y universidades habiliten emisoras de tv y radio (según corresponda). En alguno casos hay avances al respecto, que en el marco del escaso cumplimiento de la ley merecen, al igual que en la entrega de licencias para radios de baja potencia a algunas organizaciones sin fines de lucro en lugares del país donde la ocupación del espectro no genera conflictos. Una política complementaria que ejecutó el gobierno (y que no se inscribe estrictamente en la ley audiovisual pero la potencia) fue la realización de concursos para financiar contenidos a través del INCAA. Con ello se dinamizó y equipó una gran cantidad de productoras pequeñas y medianas en todo el país, creando competencias que, de existir en el futuro políticas estables para el sector, conforman una base de aliento a la descentralización de la producción de contenidos.
En los últimos años emergieron conflictos novedosos entre actores tradicionales y flamantes competidores: cooperativas versus PyMes en el caso de la televisión de pago en el interior del país; emisoras de televisión abierta versus señales internacionales en lo relativo a sus beneficios impositivos; diferencias entre organizaciones comunitarias y alternativas en relación al intercambio de conquistas por apoyo político al gobierno; tercerización de la programación versus capacidades laborales subestimadas en los medios de gestión estatal; encuadres sindicales en nuevas ramas de actividad, son algunos de esos conflictos.
A cuatro años de la aprobación de la ley, hay varios movimientos en el mapa de medios, por lo que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la ley audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia. La inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente. Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski, Garfunkel-Moneta) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980.
Más allá incluso de la propia ley, la tensión entre la lógica mercantil y el interés público moviliza la inquietud sobre nuevas regulaciones y estimula el ingreso de actores (tanto empresariales como no lucrativos) en el contexto de convergencia tecnológica lo que incomoda a los viejos actores del sector. La inédita discusión social ofrece un espacio de atención privilegiado para ensayar nuevas ideas y propuestas de mejora frente a un escenario que, por motivos políticos, económicos y tecnológicos, se presenta inconcluso.
Cuatro años de la ley audiovisual: un balance
Por: Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet. En Twitter, @aracalacana)
El curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que cumple cuatro años desde su aprobación por el Congreso, es realmente peculiar. Su texto permanece sin concretarse, pero el gobierno lo invoca para operar cambios en el sistema de medios en un marco de excepcionalidad a la propia ley, en tanto que sus detractores acusan a la ley elogiada por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA de atentar contra la opinión libre mientras convivieron cómodamente durante lustros con un marco normativo firmado por Jorge Videla. Unos y otros se arrogan la representación del interés público mientras alientan distintas variantes de concentración de la propiedad de los medios.
A menos que se reemplace el análisis por la consigna anabolizada de fanatismo, el aniversario de la sanción de la ley reconoce paradojas, cambios en la propiedad, conflictos desconocidos entre actores emergentes y viejos protagonistas del sector, y numerosas incógnitas sobre el futuro no sólo de la regulación audiovisual sino del sistema de medios en la Argentina.
Nunca antes la sociedad había discutido tanto, y tan intensamente, sobre los intereses y la regulación de los medios, poniendo así en entredicho su inmaculada concepción y la ideología de objetividad e independencia a la que tributaba el campo mediático desde hacía décadas. Nunca antes el sistema político y el poder judicial se enredaron tanto en las reglas de juego de los medios. La pendiente sentencia de la Corte sobre la causa iniciada por el grupo Clarín que suspendió la aplicación de pocos pero trascendentes artículos de la norma, le confiere a este aniversario y al balance de lo actuado, un interés aún mayor.
La distinción entre la ley y su aplicación resulta productiva dado que la misma norma audiovisual podría ser aplicada de modo muy diferente según sea el gobierno. Como la ley fue impulsada fundamental (aunque no únicamente) por el kirchnerismo, formación política que tiene a su cargo la primera etapa de implementación, es importante evaluar su desempeño dado que le imprime a la ley marcas fundantes que determinarán parte de la apropiación que pueda realizarse en la sucesión presidencial de 2015.
Para ensayar ese balance es preciso recordar que la norma reemplaza un decreto-ley de la dictadura militar (22285/1980) que fue, a su vez, empeorado por numerosas modificaciones por parte de distintos gobiernos constitucionales a partir de 1989. La ausencia de un marco normativo estable, acorde a principios democráticos e inclusivo de demandas de participación ciudadana motivó la preparación de proyectos de ley durante los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), pero ninguno de ellos, ni las posteriores presidencias de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) concretó el reemplazo de la ley de radiodifusión originada en el decreto de Videla. La persistencia del decreto-ley retocado con cambios que aceleraron la concentración de la propiedad del sistema audiovisual a partir de 1989, así como la centralización de la producción en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como sostén la presión de los principales actores empresariales que fueron beneficiados de una política estatal que, históricamente, protegió un statu quo comercial y privado.
La sanción de la ley audiovisual en 2009 es la segunda que se vota en un régimen democrático en la historia argentina (la primera había sido en 1953). El impulso del gobierno de Cristina Fernández, entonces en su primer mandato, se debió a una conjunción de factores: la ruptura en 2008 de las buenas relaciones que había sostenido el kirchnerismo con Clarín, que es el principal grupo multimedios junto a Telefónica; un contexto sudamericano en el que otros países también modificaron marcos regulatorios en el sistema de medios; un proceso de metamorfosis tecnológica en el que emergen otros actores que facilitan una labor de desintermediación, lo que coloca a los medios tradicionales en una posición inédita de pérdida progresiva del control de los flujos informativos y de entretenimiento a escala masiva.
La ley audiovisual no es el único indicador del cambio de políticas de comunicación que se produjo entre el gobierno de Néstor Kirchner (que en la materia fue conservador del statu quo) y el de Cristina Fernández (que transgredió el orden heredado): el caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la ley audiovisual son manifestaciones del cambio en la política. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato.
La ley audiovisual (mal denominada ley de medios, ya que no regula medios gráficos) tiene carácter inclusivo comparada con el marco regulatorio previo, al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios y alternativos) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes. Estos objetivos no son fruto de una lectura afiebrada de la norma; surgen de su articulado.
Como sucede en otros países donde se debaten nuevos continentes regulatorios para el audiovisual, las telecomunicaciones e Internet, la ley audiovisual pone en tensión la mercantilización de los contenidos con el interés público. Esta tensión quedó didácticamente expuesta en la audiencia realizada en agosto por la Corte Suprema de Justicia, donde los mejores argumentos de ambas partes fueron desplegados por expertos que, paradójicamente, tienen escasa incidencia en la estrategia que esas partes despliegan.
Es cierto que la ley excluyó la posibilidad de integración de servicios entre las telecomunicaciones y el audiovisual (exclusión reclamada por varios grupos de medios reactivos a la ley y negociada por fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la sanción de la ley) y que, entonces, la norma no contiene el escenario de convergencia tecnológica que conforma un uso social cada vez más extendido. También es cierto que no hay país en el mundo que hasta ahora haya logrado una regulación plena y eficaz de la convergencia: la mayoría revisa periódicamente sus normas en función de la vertiginosa metamorfosis del sistema de medios.
Esa circunstancia, junto a la rigidez con la que la ley contempla respuestas frente a la concentración de la propiedad o a la centralización geográfica de los contenidos, así como su permisiva posición frente a señales extranjeras de contenidos que contrasta con obligaciones estrictas para operadores locales, a juicio de este autor demandarían mejoras y actualizaciones si el objetivo es mayor inclusión, mejor acceso, diversidad y pluralismo.
Judicialización: de la guerra abierta al foquismo
La ley audiovisual desde el momento de su sanción por el Congreso en octubre de 2009 fue objeto de controversia judicial. Clarín obtuvo tempranamente una medida cautelar que suspendió a su favor algunos pocos, pero centrales, artículos. Recién en diciembre de 2012, el juez Horacio Alfonso emitió un fallo avalando la constitucionalidad de los artículos impugnados por Clarín. Esto sucedió después de que la propia Corte Suprema amonestara a jueces y camaristas por la demora en la consideración del caso, y al Gobierno por la modorra en la aplicación del resto de la ley que no está objetado.
En abril de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial alteró lo dispuesto en primera instancia. En una decisión favorable al Grupo Clarín, determinó que la norma audiovisual es constitucional en los límites fijados a la concentración de licencias abiertas (radio y televisión) pero es inconstitucional en los límites establecidos para el cable. Estos son impedimentos a poseer más de 24 licencias de cable o a superar el 35% del mercado por un lado, a contar con licencia de TV abierta y por cable en una misma zona por otro y, por último, a que el operador de cable pueda gestionar más de una señal propia.
Así, los camaristas introdujeron la discusión sobre la regulación del cable a la que debe atender ahora la Corte. Esta discusión toca la médula del sistema de medios, ya que Clarín ejerce una posición dominante en el mercado del cable (obtenida gracias a la autorización del expresidente Néstor Kirchner en diciembre de 2007 para que se fusionaran Cablevisión y Multicanal). Para la Cámara, la concentración del cable es condición necesaria para posibilitar independencia y sostenibilidad económica. El fallo descansa en la suposición de que una mayor envergadura confiere a las empresas de medios independencia de los gobiernos y les permite ofrecer mejores servicios y a menores precios a sus clientes. En la historia del cable en la Argentina, ambos supuestos se revelan falsos.
Lo que determine la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el Gobierno. En efecto, si la premisa de la Cámara fuera correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable. A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. En palabras de Owen Fiss, la libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen y si éstos están concentrados la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente.
El fallo de la Corte será trascendente pero no cerrará el capítulo judicial de la ley audiovisual. El mismo pasará de la guerra abierta en la que el grupo Clarín impugna artículos completos por un foquismo en el que muchas decisiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podrían ser objeto de litigios.
Una ley incumplida:
De la gran cantidad de artículos vigentes de la ley audiovisual, pocos registran concreción a cuatro años de su aprobación, lo que ratifica la distinción mencionada entre la ley y sus políticas de aplicación:
Incluso parte del articulado de definiciones (algunas de las cuales reclama actualización) es incumplido por la aplicación de la norma que realiza el gobierno y que no garantiza el principio de igualdad ante la ley. En particular, merece consignarse que:
- En el Título II, el Capítulo I no se cumple totalmente dado que el gobierno impidió que asuma funciones uno de los representantes designados por la oposición en el Congreso, y que según la ley (art. 14) debe integrar la autoridad de aplicación de la norma (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA). Buena parte de las funciones de AFSCA (art. 12) no se cumplen, como tampoco las del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECO, art. 15, Capítulo II);
- En el mismo Título II, el Capítulo III refiere a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que es un órgano fundamental para evaluar el desempeño de AFSCA, velar por el cumplimiento de las funciones públicas de los medios estatales y proponer directores de AFSCA y al titular de la Defensoría del Público. Pero esta Comisión Bicameral prácticamente no se reúne por decisión del oficialismo en el Congreso e inacción de las fuerzas de oposición, carentes de políticas en la materia.
- El Capítulo IV del Título II, referido a la Defensoría del Público, está en vías de cumplimentarse dada la tardía conformación de la Defensoría, que tiene actividades de investigación que resultan interesantes y novedosas, así como las audiencias que realiza en el interior del país, donde sin embargo eludió hasta ahora la respuesta cuando los reclamos son realizados por operadores de cable PyMes o cuando el destinatario de las críticas es el gobierno.
- El Título III referido a los prestadores de los servicios audiovisuales (quiénes pueden ser licenciatarios, condiciones de admisibilidad) no se cumple porque los requisitos fijados por ley fueron, en algunos casos, violentados por los planes de “adecuación” de grandes grupos y empresarios que quedan fuera del marco legal y que, no obstante, son admitidos -cuando no alentados- por el gobierno;
- Además, el art. 32 es incumplido por la ausencia de concursos públicos para acceder a nuevas licencias de radio y tv, y un régimen de excepcionalidad creado por el gobierno para otorgar permisos experimentales (que se extienden durante años, como si fueran licencias) por fuera de todo mecanismo de compulsa pública. Así obtuvieron, a dedo (“digitados”), permisos para transmitir en televisión analógica o digital algunas empresas y organizaciones sin que otros actores sociales o empresariales interesados puedan participar en igualdad de condiciones;
- No se cumplen los arts. 33, 34, 35 y 36 de la ley;
- Si se cumple el art. 37 que asigna a Universidades Nacionales, Iglesia Católica y (parcialmente) pueblos originarios autorizaciones. Una de las concreciones que puede exhibir la aplicación de la ley es la señal informativa de la Universidad Nacional de Córdoba (Cba24), que emite en digital.
- Los artículos relativos a transferencias de licencias (41), concentración (45 y 48) se encuentran suspendidos para el grupo Clarín, debido al pleito que está en sede de la Corte Suprema. Sin embargo, para otros grupos estos artículos, pese a estar vigentes, no se cumplen.
- Tampoco se cumplen los artículos referidos a la publicidad de quiénes son los accionistas de las licencias (56 a 68).
- El Capítulo V referido a contenidos de la programación es otro de los aspectos que se incumple, debido en parte a cierto voluntarismo con el que se redactaron las exigencias de porcentajes de contenidos propios en localidades del interior del país. Pero aún en la región metropolitana de Buenos Aires algunas de las disposiciones del Capítulo son incumplidas en la actualidad.
- El Capítulo VI dedicado a obligaciones de los licenciatarios y autorizados está vigente y no se cumple. Este capítulo establece, entre otras exigencias, que los prestadores de servicios audiovisuales informen la pauta de publicidad oficial que reciben o que los operadores de televisión por suscripción –cable y satélite- dispongan de un abono social para la población de menores recursos. También describe las condiciones de gravedad o excepcionalidad en las que debe usarse la cadena nacional o provincial.
- El Capítulo VII sobre derecho de acceso a contenidos de interés relevante se cumple en términos relativos en mayor medida que otros capítulos de la ley, aunque hay lugares del interior del país donde algunos contenidos de interés relevante son transmitidos solamente por televisión por suscripción.
- El Capítulo VIII refiere a la publicidad y presenta objetivas dificultades para ser eficazmente cumplido en un contexto en el que operadores estatales y privados eluden la obligación de atenerse a la tanda que informan a su audiencia.
- El Tïtulo VII de la ley regula los servicios de radiodifusión del Estado nacional a los que asigna el mandato de promover el pluralismo político, social, cultural, religioso, etc., objetivo que es visiblemente incumplido, y define un cuerpo directivo para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTVASE) que integran fuerzas de la oposición y que, a diferencia del Directorio de AFSCA, si funciona.
- Objetar la ley audiovisual porque “nació vieja” o es “meramente teórica” es ya un lugar común. Pero si la norma es tan anacrónica e inaplicable, ¿entonces por qué los voceros de este lugar común evidencian tanta preocupación? Si bien es cierto, como se señaló antes, que la ley no contiene el actual escenario de convergencia tecnológica, también es verdad que la transición de usos y costumbres comunicacionales es lenta y que decretar la defunción de los medios audiovisuales es hoy un acto de impaciencia o de ignorancia.
- Quienes aparecen en el espacio público como principales defensores de la ley audiovisual son en rigor los promotores de un estado de excepcionalidad sobre buena parte de su contenido. El oficialismo dice que la ley debe cumplirse, acusando al grupo Clarín de desobediencia (tema tratado más adelante), pero es el propio gobierno el que incumple la exigencia de organizar concursos públicos para otorgar licencias televisivas, el que no preparó un plan técnico de frecuencias para posibilitar la reserva del 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, el que obturó durante años la competencia en el lucrativo mercado de la televisión por cable, el que incumple el capítulo de la ley referido a medios públicos. Además, la aprobación de planes de “adecuación” de grandes grupos privados que están en abierta violación de algunas de las disposiciones de la ley vigente.
- Los políticos más reluctantes a la ley audiovisual son autores, en muchos casos, de proyectos de ley presentados en el Congreso en años anteriores a 2009. Sus iniciativas preveían más controles a la concentración cruzada, mayor dependencia gubernamental de los medios públicos, menor autonomía de la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA).
- Los operadores periodísticos del grupo Clarín, que boicoteó la discusión y el tratamiento parlamentario de la ley (así como en pasados gobiernos había resistido también la adopción de una nueva legislación en la materia), denuncian ahora el incumplimiento de la norma por parte del gobierno, exigiendo respeto a la legalidad.
- Los detractores del gobierno por su escasa competencia e ineptitud técnica en otras áreas denuncian el texto aprobado por el Congreso (en muchos casos sin haberlo leído) por su presunto “academicismo”, es decir, porque habría existido un sesgo “académico” en su redacción (hemos desmentido este clásico prejuicio anti-intelectual en un artículo que con Guillermo Mastrini escribimos acá.
- El principal grupo afectado por la política de medios del gobierno, Clarín, que podría haber sacado ventajas incluso de algunos planteos centrales de la ley audiovisual, por ejemplo a través de la desagregación vertical de unidades de negocios (que en su formato actual desincentivan la convergencia y el aprovechamiento multipropósito de una misma plataforma de transportes), se dedicó desde antes de la redacción del proyecto de ley por el oficialismo a torpedear cualquier cambio regulatorio. Esa reacción resintió el contrato de lectura generalista que caracterizaba a los productos informativos del grupo conducido por Héctor Magnetto y lo coloca frente a la sociedad y a sus competidores como un contendiente del gobierno que esgrime argumentos sobre libertad de expresión cuando en rigor esconde la intención de continuar con una posición dominante en el mercado de la televisión por cable.
- Los argumentos más elaborados sobre la ley audiovisual por las partes que se enfrentan en la causa judicial (el Poder Ejecutivo Nacional y Clarín) fueron enhebrados en la audiencia pública de la Corte por cuadros técnicos que, en el caso del gobierno, fueron desplazados de la gestión de la política audiovisual y, en el caso de Clarín, no integran el núcleo duro de toma de decisiones de la estrategia del grupo.
A pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por la ley audiovisual. La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias. No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.
A cuatro años de su sanción una gran parte de la ley audiovisual sigue incumplida a la vez que existen modificaciones de diverso calado en la estructura del sistema de medios. Ni el gobierno ni los principales grupos respetan la ley. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por dos artículos de la norma, tema que al cierre de la edición de este artículo estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida hace cuatro años.
El otorgamiento de permisos experimentales, provisorios, revela la impericia técnica y ausencia de compromiso de la gestión de la política audiovisual y es una afrenta “noventista” a los objetivos y a la letra de la ley, que prometía estabilizar, consolidar y aportar criterios públicos en la gestión de un recurso como el espectro radioeléctrico.
Entre las iniciativas que promovió el gobierno en este lapso cabe consignar la autorización para que provincias, municipios y universidades habiliten emisoras de tv y radio (según corresponda). En alguno casos hay avances al respecto, que en el marco del escaso cumplimiento de la ley merecen, al igual que en la entrega de licencias para radios de baja potencia a algunas organizaciones sin fines de lucro en lugares del país donde la ocupación del espectro no genera conflictos. Una política complementaria que ejecutó el gobierno (y que no se inscribe estrictamente en la ley audiovisual pero la potencia) fue la realización de concursos para financiar contenidos a través del INCAA. Con ello se dinamizó y equipó una gran cantidad de productoras pequeñas y medianas en todo el país, creando competencias que, de existir en el futuro políticas estables para el sector, conforman una base de aliento a la descentralización de la producción de contenidos.
En los últimos años emergieron conflictos novedosos entre actores tradicionales y flamantes competidores: cooperativas versus PyMes en el caso de la televisión de pago en el interior del país; emisoras de televisión abierta versus señales internacionales en lo relativo a sus beneficios impositivos; diferencias entre organizaciones comunitarias y alternativas en relación al intercambio de conquistas por apoyo político al gobierno; tercerización de la programación versus capacidades laborales subestimadas en los medios de gestión estatal; encuadres sindicales en nuevas ramas de actividad, son algunos de esos conflictos.
A cuatro años de la aprobación de la ley, hay varios movimientos en el mapa de medios, por lo que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la ley audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia. La inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente. Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski, Garfunkel-Moneta) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980.
Más allá incluso de la propia ley, la tensión entre la lógica mercantil y el interés público moviliza la inquietud sobre nuevas regulaciones y estimula el ingreso de actores (tanto empresariales como no lucrativos) en el contexto de convergencia tecnológica lo que incomoda a los viejos actores del sector. La inédita discusión social ofrece un espacio de atención privilegiado para ensayar nuevas ideas y propuestas de mejora frente a un escenario que, por motivos políticos, económicos y tecnológicos, se presenta inconcluso.
Tiempo Argentino
Un triunfo de la política
Ya pasaron cuatro años desde la promulgación de la Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual. Y habían pasado 26 años para lograr una Ley de la Democracia. Demasiado tiempo
Por: Néstor Busso
Fue el 27 de agosto de 2004 que cientos de organizaciones presentamos los "21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática". Después de cinco años de debates a lo largo y ancho del país, la presidenta Cristina Fernandez asumió la demanda y envió el proyecto de ley al Congreso. En Diputados, previo cinco días de audiencias públicas, el proyecto con más de doscientas modificaciones fue aprobado por 147 votos a 3. En el Senado la votación fue de 44 a 24, con más de 50 mil personas frente al Congreso apoyando este avance para la democracia. La Ley que hoy cumple cuatro años de su publicación en el Boletín Oficial es producto de la construcción social y de la decisión política de la presidenta. Es el resultado del consenso de cientos de organizaciones sindicales, universidades, asociaciones de medios comunitarios, organismos de Derechos Humanos, cooperativas, movimientos sociales. Es el triunfo de la política sobre las corporaciones.
Resulta escandaloso que después de cuatro años el Poder Judicial siga dando vueltas en un trámite absurdo. Demasiado tiempo para democratizar la comunicación y demasiado tiempo para democratizar la justicia.
Con la mal llamada "Ley de Medios", en realidad Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se discute solamente la regulación de la Radio y la Televisión. Se discute y pone en juego el sistema democrático.
Un balance de los legisladores que votaron la norma que regula los servicios de comunicación audiovisual
Cumple cuatro años la ley que desafió el monopolio de la palabra
Tras 20 horas de debate, el 10 de octubre de 2009 el Senado sancionaba la iniciativa tal vez más debatida de la democracia. Los parlamentarios que protagonizaron aquella jornada trazan una evaluación sobre lo obtenido y lo pendiente
Por: Agustín Álvarez Rey
El 10 de octubre de 2009 a las seis de la mañana, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual concluía su trámite parlamentario tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara Alta. El proceso duro meses, incluyó una veintena de audiencias, cientos de horas de debate y concluyó con la votación en el Congreso: en Diputados obtuvo 147 votos a favor, cuatro en contra, una abstención y 104 ausencias, y en el Senado, 44 votos a favor y 24 en contra. Cuatro años después, el conjunto de los legisladores reclama celeridad a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) para que la norma pueda ser aplicada en plenitud, ya que una medida cautelar logró impedir que el grupo Clarín cumpla el proceso de adecuación que lo obligaría a desprenderse de algunas señales (ver pag 15).
Aquella madrugada el Frente para la Victoria (FPV) consiguió, más allá de los votos de la totalidad de su bloque, el apoyo del socialista Rubén Giustiniani, del tucumano de Fuerza Republicana Carlos Salazar, de los fueguinos María Rosa Díaz y José Martínez; y de la radical correntina María Dora Sánchez. La cláusula sobre la desinversión fue la que menos adhesiones obtuvo, aunque los 38 votos a favor fueron contundentes.
Uno de los hombres fundamentales para que la norma transite con éxito el camino parlamentario fue el titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto. A cuatro años de la madrugada en que se aprobó la ley, el senador rionegrino destacó ante Tiempo Argentino los avances alcanzados en las ciudades de interior pese "al cuestionamiento del corazón de la ley". "Ha avanzado mucho la multiplicidad de medios radiales en el interior del país. Muchos otros se están regularizando. Uno nota eso en cada una de las ciudades y pueblos del interior en los que se observa una multiplicidad de voces que han cumplido el objetivo de la ley" fue el balance de Pichetto. Sin embargo, el jefe del bloque oficialista advirtió que "lo central, lo que hace a la desmonopolización de los medios todavía está pendiente. Falta el fallo de la Corte sobre el corazón de la ley."
Rubén Giustiniani, quien acompañó la ley en general pero votó en contra del artículo 161 (de desinversión), no fue crítico respecto de la judicialización de la norma: "Nosotros pedíamos cuatro años justamente de tiempo de desinversión cuando no acompañamos el artículo 161, como así también propusimos en el tratamiento en particular una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales".
Claudio Lozano, uno de los diputados de la oposición que acompañó la norma, definió como "ilegítima" la demora y cuestionó la actitud del Poder Judicial que favorece los intereses del Grupo Clarín. "Obviamente el Poder judicial demora demasiado. Es una demora ilegítima que tiene que ver con la influencia que tiene el Grupo Clarín. Sin embargo, si el gobierno hubiera puesto en marcha la aplicación de la ley hubiera conseguido una apoyatura distinta que obligaría a la justicia a no demorar más", detalló Lozano. Para Daniel Filmus, senador del FPV, no es cierto que no se haya avanzado en otros aspectos de la ley. "Se han otorgado 365 licencias AM/FM y otras 295 a organizaciones sin fines de lucro, 11 mil escuelas rurales ya tienen acceso a la Televisión Digital Terrestre, ya se financiaron más de 2000 contenidos, esto sólo por nombrar algunas cosas."
"Toda aplicación de una ley programa como esta no se puede llevar a cabo de un día para el otro, lleva su tiempo. Pero nadie puede negar que estos cuatro años se ha avanzado en la desmonopolización de la palabra y en darle voces a los que no tenían voz a lo largo y a lo ancho de todo el país."
En cuanto al aporte de la norma a la democratización de la comunicación, Giustiniani reivindicó el aspecto que busca evitar las posiciones dominantes: "La no concentración de medios le hace bien al país." En un sentido similar se expresó Lozano quien afirmó que “la sanción de la ley fue un avance real respecto de la legislación dictatorial vigente hasta ese entonces. La ley permite, más allá de falencias que se pueden corregir, la democratización de los medios.”
Lozano, sin embargo, hizo un balance negativo de lo sucedido en estos últimos cuatro años con la ley. “El balance es negativo porque en el marco de la trifulca con el Grupo Clarín, con tan sólo tres artículos cuestionados, la ley no se está aplicando. En lugar de avanzar en la aplicación, el gobierno puso en marcha un multimedio propio.”
Desde otra perspectiva, la diputada mandato cumplido Cecilia Merchán, quien fue una votante a favor de la iniciativa destacó que "una cuestión fundamental de la Ley de Medios tiene que ver con que cada vez más ciudadanos y ciudadanas saben que la verdad no está dicha en los medios. Los medios tienen una visión y eso es parte fuerte de la batalla cultural que estamos dando. La Ley de Medios, tanto en su construcción y posterior debate, generó un gran avance en esa batalla cultural. Antes casi no se hablaba de los monopolios, ni se cuestionaba a sus dueños, y la creencia en los medios era total".
Producción: Gustavo Montiel
Ley de Medios: "Hay un discurso que intenta convencer que no se aplica"
Graciana Peñafort, la abogada del Estado que expuso ante la Corte por la plena vigencia de la norma, denunció “un discurso deslegitimador de la ley” y afirmó que el Tribunal " tiene una enorme responsabilidad institucional de cara a la historia y la democracia"
La abogada por el Estado que expuso ante la Corte Suprema argumentos a favor de la plena vigencia de la Ley de Medios Graciana Peñafort, dijo a Radio América que, a cuatro años de su sanción, “la ley está vigente y está siendo aplicada” a pesar de que “hay un discurso deslegitimador de la ley que intenta convencer que la ley no se aplica”.
“Están cuestionados unos pocos artículos por un grupo de medios que, paradójicamente, es el más importante. (La ley) se aplica, pero muchos de sus efectos no los podemos ver todavía”, afirmó Peñafort.
La abogada remarcó como “impactante el nivel de debate que abre la ley, no sólo sobre la democracia, sino también sobre cómo accionan los poderes concentrados, económicos”.
En este sentido, afirmó que “libertad de expresión y rentabilidad no tienen nada que ver” y que la normativa “defiende la palabra”. “La desconcentración de medios no es el objetivo sino el recurso para hacer viable el objetivo”, agregó.
“La Corte tiene una enorme responsabilidad institucional de cara a la historia y la democracia. Esta responsabilidad debería alelar la tentación de hacer un fallo que pretenda quedar bien con ambas partes”, sostuvo.
Asimismo, Peñafort recordó que “hay un pueblo que luchó por esta ley, y que tiene una enorme expectativa porque todos somos los que sufrimos la falta de pluralidad informativa”.
“Por ejemplo: el sábado a la noche, todos los canales estaban dando programas grabados y yo quería saber qué pasaba con la Presidenta. Lo que me pasó a mí le debe haber pasado a Ricardo Lorenzetti esa noche”, lanzó.
Cuatro años, una ley, miles de avances
A cuatro años de la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde la Defensoría del Público queremos reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una comunicación más inclusiva; y a 30 años de la recuperación de la democracia queremos festejar la conquista de una verdadera soberanía comunicacional por parte del pueblo argentino.
Porque esta ley de la democracia es la búsqueda de libertad para dar y recibir información. Es la búsqueda de espacios propios para dejar de ser dichos, invisibilizados o manipulados por una supremacía comunicacional. En definitiva, esta ley significa soberanía comunicacional y popular.
Desde la Defensoría del Público celebramos los primeros cuatro años con la convicción de que nuestra tarea es defender los derechos de las audiencias ya que, por primera vez desde la sanción de la ley, podemos decir que el público, nuevo sujeto pleno de derecho, tiene donde canalizar sus reclamos, consultas y denuncias.
Desde la creación de la Defensoría, el 14 de noviembre de 2012, se recibieron un total de 1304 presentaciones, de las cuales hay resueltas o en vías de resolución positiva casi el 70% y se realizaron 5 audiencias públicas en diferentes puntos del país con un total de 1420 participantes y 208 expositores. Dictamos más de 50 capacitaciones, elaboramos 5 publicaciones, concretamos 15 mesas de trabajo con periodistas, camarógrafos y sindicatos, y entregamos 10 mil leyes.
Esta es nuestra forma de celebrar, seguir comprometiéndonos en el empoderamiento de las audiencias y convocando a la participación ciudadana para profundizar la democracia.
www.defensadelpublico.gob.ar
0800-999-3333
¿Cómo no vamos a celebrar los cuatro años de la ley?
Las radios comunitarias y populares, los medios que hacemos comunicación porque la entendemos como derecho y no como una mercancía, somos, desde el 10 de octubre de 2009, actores reconocidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por nuestra ley.
No somos nuevos. Siempre hicimos comunicación desde nuestras comunidades. Siempre fuimos legítimos en nuestros territorios. Ahora, además, tenemos un marco normativo que nos permite construir en diálogo con los organismos del estado y con otros actores sociales que participan del sistema de medios y ampliar nuestra capacidad de transformación política, social y cultural. Pero este es un camino que tenemos que ir transitando. Las leyes comienzan cuando se sancionan y luego viene el largo recorrido de su aplicación plena.
El error de haberse centrado en la pelea con Clarín
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 debe haber sido una de las más discutidas desde el regreso de la Democracia. A cuatro años de su sanción por el Congreso Nacional seguimos a la espera de su plena aplicación. La causa más visible son las impugnaciones judiciales que aguardan una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Por: Pascual Calicchio
Pero también hubo inacción por parte del Estado. Poner todo el esfuerzo en la pelea con Clarín hizo pasar a segundo plano otros aspectos de la ley que podrían haber avanzado, fundamentalmente en lo que hace al 33% de los medios sin fines de lucro, porcentaje difícil de establecer si primero no hay un plan técnico que determine la cantidad de frecuencias disponibles. Esta semana se otorgaron 80 licencias concursadas de FM en distintas provincias (me tocó ser jurado de esos concursos) y autorizaciones que no necesitan concursos, un avance que saludo. También saludo que se haya dado un reconocimiento a 20 canales de baja potencia, pero la discrecionalidad con que se los otorgó conspira contra la legitimidad de la ley y da pasto a sus detractores, a la vez que deja fuera a otros canales comunitarios y alternativos, que, al no tener reconocimiento, no pueden acceder al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que por suerte se ha activado en los últimos meses.
En términos institucionales se avanzó en la conformación del Consejo Federal y la Defensoría del Público, pero es inexistente el funcionamiento de la Comisión Bicameral que sólo se reunió para elegir sus representantes en el AFSCA, uno de los cuales, el del FAP, no fue designado, sin que se explicaran los motivos. A cuatro años se pudo ver un crecimiento de los medios afines al gobierno, que aportan una mirada diferente a la de los medios tradicionales pero que muchas veces actúan como "espejo". Siguen faltando otras voces, otros sectores sociales, pero no todo hay que adjudicárselo a la ley. Por ejemplo, el financiamiento es fundamental y tiene que llevarnos a legislar sobre las pautas publicitarias oficiales, tanto las nacionales como las provinciales y municipales, entre otros temas pendientes.
Corriente Nacional Popular Latinoamericana
Ayer se cumplieron cuatro años de nuestra querida y ansiada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gestada por más de 300 organizaciones y legitimada por el pueblo argentino. Como ya sabemos, estamos a la espera del fallo de la Corte sobre la causa del Grupo Clarín -ultra beneficiado por las décadas neoliberales-, que no permite que se apliquen los artículos 45 y 161 (sobre la limitación de la cantidad de licencias y la adecuación en un plazo no mayor a un año).
Desde la sanción de la norma se otorgaron 1018 licencias para radio, televisión abierta y televisión paga y 210 autorizaciones a radios comunitarias. También se produjeron 6 mil horas de contenidos distribuidas en más de 40 canales nacionales y provinciales, generando nuevos puestos de trabajo en el sector. Asimismo, la Televisión Digital Abierta incorporó 31 señales gratuitas.
No obstante, seguimos insistiendo en la lucha colectiva y no individual. Continuamos peleando por una comunicación popular y al servicio del pueblo. En la aplicación plena de la ley y en la sustentabilidad y accesibilidad para los medios comunitarios y las organizaciones públicas no estatales, además de seguir insistiendo y avalando la participación activa del Estado en el 33% que le corresponde.
Vamos por más, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual arrancó el 10 de octubre de 2009, pero su consolidación requiere años de esfuerzo, trabajo y continua militancia, que no empieza ni termina con el Grupo Clarín, sino con la batalla cultural contra los grupos económicos concentrados y la monopolización de la comunicación en beneficio de estos.
También vamos por más en la comunicación, por un Ministerio de Comunicación, por una ley de medios gráficos y de Internet, por una comunicación integral y al servicio del pueblo.
Cuatro años, una ley, miles de avances
A cuatro años de la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde la Defensoría del Público queremos reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una comunicación más inclusiva; y a 30 años de la recuperación de la democracia queremos festejar la conquista de una verdadera soberanía comunicacional por parte del pueblo argentino.
Porque esta ley de la democracia es la búsqueda de libertad para dar y recibir información. Es la búsqueda de espacios propios para dejar de ser dichos, invisibilizados o manipulados por una supremacía comunicacional. En definitiva, esta ley significa soberanía comunicacional y popular.
Desde la Defensoría del Público celebramos los primeros cuatro años con la convicción de que nuestra tarea es defender los derechos de las audiencias ya que, por primera vez desde la sanción de la ley, podemos decir que el público, nuevo sujeto pleno de derecho, tiene donde canalizar sus reclamos, consultas y denuncias.
Desde la creación de la Defensoría, el 14 de noviembre de 2012, se recibieron un total de 1304 presentaciones, de las cuales hay resueltas o en vías de resolución positiva casi el 70% y se realizaron 5 audiencias públicas en diferentes puntos del país con un total de 1420 participantes y 208 expositores. Dictamos más de 50 capacitaciones, elaboramos 5 publicaciones, concretamos 15 mesas de trabajo con periodistas, camarógrafos y sindicatos, y entregamos 10 mil leyes.
Esta es nuestra forma de celebrar, seguir comprometiéndonos en el empoderamiento de las audiencias y convocando a la participación ciudadana para profundizar la democracia.
www.defensadelpublico.gob.ar
0800-999-3333
¿Cómo no vamos a celebrar los cuatro años de la ley?
Las radios comunitarias y populares, los medios que hacemos comunicación porque la entendemos como derecho y no como una mercancía, somos, desde el 10 de octubre de 2009, actores reconocidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por nuestra ley.
No somos nuevos. Siempre hicimos comunicación desde nuestras comunidades. Siempre fuimos legítimos en nuestros territorios. Ahora, además, tenemos un marco normativo que nos permite construir en diálogo con los organismos del estado y con otros actores sociales que participan del sistema de medios y ampliar nuestra capacidad de transformación política, social y cultural. Pero este es un camino que tenemos que ir transitando. Las leyes comienzan cuando se sancionan y luego viene el largo recorrido de su aplicación plena.
El error de haberse centrado en la pelea con Clarín
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 debe haber sido una de las más discutidas desde el regreso de la Democracia. A cuatro años de su sanción por el Congreso Nacional seguimos a la espera de su plena aplicación. La causa más visible son las impugnaciones judiciales que aguardan una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Por: Pascual Calicchio
Pero también hubo inacción por parte del Estado. Poner todo el esfuerzo en la pelea con Clarín hizo pasar a segundo plano otros aspectos de la ley que podrían haber avanzado, fundamentalmente en lo que hace al 33% de los medios sin fines de lucro, porcentaje difícil de establecer si primero no hay un plan técnico que determine la cantidad de frecuencias disponibles. Esta semana se otorgaron 80 licencias concursadas de FM en distintas provincias (me tocó ser jurado de esos concursos) y autorizaciones que no necesitan concursos, un avance que saludo. También saludo que se haya dado un reconocimiento a 20 canales de baja potencia, pero la discrecionalidad con que se los otorgó conspira contra la legitimidad de la ley y da pasto a sus detractores, a la vez que deja fuera a otros canales comunitarios y alternativos, que, al no tener reconocimiento, no pueden acceder al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que por suerte se ha activado en los últimos meses.
En términos institucionales se avanzó en la conformación del Consejo Federal y la Defensoría del Público, pero es inexistente el funcionamiento de la Comisión Bicameral que sólo se reunió para elegir sus representantes en el AFSCA, uno de los cuales, el del FAP, no fue designado, sin que se explicaran los motivos. A cuatro años se pudo ver un crecimiento de los medios afines al gobierno, que aportan una mirada diferente a la de los medios tradicionales pero que muchas veces actúan como "espejo". Siguen faltando otras voces, otros sectores sociales, pero no todo hay que adjudicárselo a la ley. Por ejemplo, el financiamiento es fundamental y tiene que llevarnos a legislar sobre las pautas publicitarias oficiales, tanto las nacionales como las provinciales y municipales, entre otros temas pendientes.
Ayer se cumplieron cuatro años de nuestra querida y ansiada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gestada por más de 300 organizaciones y legitimada por el pueblo argentino. Como ya sabemos, estamos a la espera del fallo de la Corte sobre la causa del Grupo Clarín -ultra beneficiado por las décadas neoliberales-, que no permite que se apliquen los artículos 45 y 161 (sobre la limitación de la cantidad de licencias y la adecuación en un plazo no mayor a un año).
Desde la sanción de la norma se otorgaron 1018 licencias para radio, televisión abierta y televisión paga y 210 autorizaciones a radios comunitarias. También se produjeron 6 mil horas de contenidos distribuidas en más de 40 canales nacionales y provinciales, generando nuevos puestos de trabajo en el sector. Asimismo, la Televisión Digital Abierta incorporó 31 señales gratuitas.
No obstante, seguimos insistiendo en la lucha colectiva y no individual. Continuamos peleando por una comunicación popular y al servicio del pueblo. En la aplicación plena de la ley y en la sustentabilidad y accesibilidad para los medios comunitarios y las organizaciones públicas no estatales, además de seguir insistiendo y avalando la participación activa del Estado en el 33% que le corresponde.
Vamos por más, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual arrancó el 10 de octubre de 2009, pero su consolidación requiere años de esfuerzo, trabajo y continua militancia, que no empieza ni termina con el Grupo Clarín, sino con la batalla cultural contra los grupos económicos concentrados y la monopolización de la comunicación en beneficio de estos.
También vamos por más en la comunicación, por un Ministerio de Comunicación, por una ley de medios gráficos y de Internet, por una comunicación integral y al servicio del pueblo.
Ladran Sancho, señal que cabalgamos
Para que nuestros medios sean el reflejo de la partipación popular y democrática, tenemos que estar en igualdad de condiciones con el resto. Esto no es posible con monopolios económico-mediáticos que impidan otras voces. El Pueblo habló cuando luchó y escribió las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Poder Ejecutivo cumplió el rol para el cual fue votado por las mayorías cuando tomó los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática y los convirtió en un proyecto. El Poder Legislativo, como representante que debe ser, votó este proyecto y lo hizo ley.
Esperamos ahora que la Corte Suprema de Justicia también escuche estas voces de la democracia y decida que Todos sus artículos (aún los que se oponen a los privilegios de unos pocos) son constitucionales. Para que los micrófonos realmente sean un instrumento para la liberación.
Mesa Nacional
FARCo - Foro Argentino de Radios Comunitarias