Por: Gabriel Sosa Plata
El proyecto es el más acabado que hasta ahora se tiene y aterriza puntualmente los principios establecidos en la reforma constitucional en la materia (Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2013), en temas como derechos de los audiencias y usuarios de telecomunicaciones, competencia en el sector y límites a la concentración de medios, medios públicos, entre otros.La iniciativa es un proyecto de ley convergente, que abrogaría la Ley Federal de Radio y Televisión, de 1960, y la Ley Federal de Telecomunicaciones, de 1995, para crear una sola ley que regule a ambos sectores.
Este proyecto ciudadano es de 134 páginas, tan sólo de articulado (es decir, sin exposición de motivos) y está integrado por 392 artículos en 13 títulos.
- Las concesiones de uso público se otorgarían por un periodo de hasta 15 años con posibilidad de refrendo por el mismo periodo.
- La operación de estas concesiones se hará mediante órganos descentralizados, los cuales no estarán sujetos a coordinación sectorial alguna por parte de las dependencias del sector centralizado, para evitar interferencias indebidas de cualquier otra autoridad.
- Como parte de la Declaración de Principios Editoriales, que estarán obligados de emitir los medios públicos, los comunicadores suscribirán un Código de Ética. También todos los medios públicos deberán tener un Defensor de la Audiencia, con base en esta propuesta ciudadana.
- Cada medio público contará con un Consejo de Participación Social.
- En cuanto al financiamiento, la propuesta de las organizaciones ciudadanas es que, adicionalmente al presupuesto asignado, los medios públicos puedan tener ingresos de donativos, venta de productos y/o servicios, patrocinios y publicidad, la cual no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.
El Sistema, se propone, tendrá a su cargo la operación de al menos una cadena pública de televisión, así como al menos una de radio, con cobertura nacional.
El Sistema contará, como también ya lo prevé la reforma constitucional, con un Consejo Ciudadano, con el objeto de asegurar su independencia editorial, así como una política imparcial y objetiva en su gestión.
Este Sistema Nacional del Radiodifusión Pública estará integrado, según el mandato de la reforma constitucional, con los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).
La iniciativa ciudadana a su vez propone que también se incorpore a este Sistema los recursos humanos, financieros y materiales del órgano desconcentrado denominado Radio Educación, con el propósito de establecer una red nacional de radio abierta.
De este Sistema también dependerían las emisoras adscritas actualmente a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.
Es un documento que, por lo visto, fue bien recibido por los presidentes de los tres principales partidos, el PAN, el PRD y el PRI, y seguramente será una de las bases para la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que propondrá el Pacto por México.
Fue un acierto su entrega, justo cuando apenas inicia el periodo ordinario de sesiones.
Otro de los documentos base para la legislación secundaria podría ser la propuesta de iniciativa que también presente el gobierno federal en los próximos días, como ya lo anticipó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
De la iniciativa ciudadana y de la reforma gubernamental podría surgir la propuesta única, aunque no se descarta que los legisladores también hagan sus propias propuestas.
A mi parecer, vienen semanas intensas de debate y posiblemente de presiones en torno de la legislación secundaria.
Por supuesto a mí me gusta la propuesta de las organizaciones sociales porque podría garantizar de una mejor manera el modelo de comunicación y telecomunicaciones más democrático, más competitivo, plural y diverso, pero vamos a ver qué proponen el gobierno y otros actores del sector.