La audiencia en el Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, será transmitida en directo a través del sitio web del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, y podría prolongarse hasta el jueves, según medios locales.
El debate se iniciará con las exposiciones de las organizaciones no gubernamentales en respaldo de una u otra parte -diez en total, con quince minutos cada una para intervenir-.
De forma independiente, se presentará además la Defensoría del Público y luego expondrán sus argumentos los representantes del Estado y de Clarín.
La Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), que agrupa a organizaciones no gubernamentales a favor de la ley, han convocado para el mismo miércoles una concentración a las puertas de los tribunales para pedir a la Corte que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la norma.
"Creemos que la audiencia era innecesaria, que es una ficción para hacer tiempo, y lamentamos que el tribunal no convoque a los sectores más afectados por el principal problema en discusión, que es el de la concentración de televisión por cable", dijo Néstor Piccone, coordinador de la CCD, en declaraciones publicadas hoy por el diario Página/12, de Buenos Aires.
Ante la convocatoria de la Corte, el grupo Clarín reiteró en un comunicado que la ley, aprobada en octubre de 2009, "no sólo contradice distintos principios constitucionales" sino que "varias de sus disposiciones tampoco registran antecedentes en el derecho comparado ni se ubican en línea con los estándares internacionales".
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, dijo hoy que espera "que la audiencia pública sea el paso previo a la resolución definitiva de esta situación y que la ley pueda aplicarse en forma integral".
El declaraciones a la agencia oficial TelAm, Sabbatella agregó que espera un fallo del Supremo "lo antes posible" debido a la "gravedad institucional" que supone que una "ley de la democracia, votada por la mayoría del Parlamento", lleve casi "cuatro años frenada".
Ante una demanda de Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios audiovisuales, pero el Gobierno apeló el fallo.
Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.
La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos, cuestionados por el grupo Clarín, y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.
La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa, abierta a petición del grupo Clarín.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión al aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.
Clarín, el grupo más afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor multimedia del país.
Fuente: Agencia EFE