"Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad", Bertolt BrechtPor: Mónica Xavier, Presidenta del Frente Amplio
Sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento para su análisis, se han dicho muchas cosas en las últimas semanas, incluso antes de comenzar su discusión, ya hay quienes han resuelto derogar la futura Ley!!
Se ha dicho que es “un agravio a la tradición nacional de tolerancia y respeto para con la libertad de expresión del pensamiento"; que es una “ley mordaza”; que “daría herramientas a los futuros gobiernos que no fueran tan respetuosos y responsables con el funcionamiento de los medios de comunicación para ejercer un control prácticamente policial sobre los medios nacionales”.
Por otro lado, el Sr. Presidente de la República ha dicho que es una propuesta susceptible de ser conversada en el Parlamento, incluso modificada, como ha sido siempre la actitud de los gobiernos y bancadas frenteamplistas.
Sabido es que tanto la dictadura cívico-militar como los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional entregaron emisoras y canales para premiar amigos y correligionarios. Esto no implica desconocer que algunos radiodifusores consiguieron sus permisos de buena fe, pero basta ver los nombres de las personas beneficiadas para darse cuenta que la gran mayoría tuvo un destino clientelístico.
Entre 1984 y 1985 se entregaron nada menos que 39 radios, varias de ellas a miembros del Consejo de Estado y ex intendentes del régimen militar.
El Partido Nacional entregó 65 autorizaciones en su gobierno: 60 de ellas el último año de gobierno. La mayoría fueron otorgadas a empresarios amigos así como a dirigentes o simpatizantes blancos. En 1993 otorgó 3 licencias para TV cables de Montevideo, a los mismos dueños de los canales de TV abierta, aunque había 8 propuestas que cumplían con los requisitos que podían ampliar la competencia.
Justo es reconocer que el ex presidente del Partido Nacional en un discurso dado ante empresarios de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en una especie de “mea culpa” manifestó: «Yo la secuencia la conozco: ‹Luís Alberto, dame una radio en Calamuchita›. Después, ‹Luís Alberto, necesito los avisos de los entes autónomos para mantener la radio de Calamuchita›, y después, ‹Luís Alberto, me peleo contigo porque la radio que me diste no sirve para nada› y desaparece la radio o se la venden a alguien». (Fuente Semanario Búsqueda 27 de mayo de 2004).
El Partido Colorado, entregó 70 radios (entre marzo de 1995 y febrero de 2000); de ellas 36 un mes o días antes de dejar el gobierno.
Estas prácticas discrecionales y discriminatorias en la adjudicación de frecuencias, han sido hasta hace unos años, casi habituales en nuestro país. Los abusos en la administración de las concesiones de radiodifusión tienen como consecuencia el silenciamiento de voces disidentes y diversas, en desmedro de la pluralidad de informaciones y opiniones necesarias para la existencia de una sociedad libre y democrática.
El Frente Amplio en su programa 2010 – 2015 se comprometió a la “Democratización de los medios de comunicación y de la información fortaleciendo los medios de comunicación públicos, generando en el sector privado una efectiva libre competencia y participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de comunicación”.
¿Es un proyecto inconsulto?
No. En 2010 el MIEM inició un proceso de consulta pública para la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
La importancia del tema hizo que el gobierno invitara a participar a todos los actores involucrados (estatales, empresariales entre ellos ANDEBU y la Cámara Uruguaya de TV para abonados, sociales y académicos), donde los aportes y acuerdos son el insumo de un proyecto de ley, que puede ser mejorado, enriquecido.
¿El proyecto viola la libertad de expresión?
Tal vez podría decirse que el proyecto peca de ser excesivamente garantista: incluye varias definiciones vinculadas a la libertad de expresión y el derecho a la información, para garantizar que todas las personas físicas o jurídicas tengan derecho a recibir, buscar y difundir información.
Ahora se abre el debate sobre temas que hacen a la propiedad y control de los medios, a la convergencia entre el mundo de los servicios de comunicación y las telecomunicaciones.
¿Es legítimo regular los medios de comunicación?
En todo el mundo hay regulación de medios: Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, así como varios países de la Unión Europea. En nuestro país, los medios de comunicación ya están regulados tanto en relación al acceso, como a los contenidos en muchos casos; por ejemplo en el Código Penal, Ley de Prensa, Código de la Niñez y la Adolescencia (éste último muchas veces olvidado).
El tema no es si se puede o no regular los medios de comunicación. Lo relevante es establecer cuáles son los límites de esa regulación, para que ésta sea legítima. Qué se regula, qué no, quién aplica esa regulación, son los aspectos a aclarar para que la regulación no sea una excusa para censurar, o para condicionar la emisión de informaciones u opiniones.
¿Qué se quiere regular y qué No se quiere regular?
El proyecto LSCA, No es un proyecto de Ley de Medios, en tanto no pretende regular la prensa escrita ni los contenidos de los medios, ni intervenir en su línea editorial. Si fuera una ley de medios, estaríamos viendo sólo un aspecto, mirando sólo a una parte de los involucrados, a las empresas y estaríamos dejando de lado la visualización de Todos los componentes a los que está dirigido el proyecto: la ciudadanía en su conjunto. Es una ley para proteger el derecho de todas las personas en tanto sujetos del derecho a la libertad de expresión, información y comunicación, incluso ante los propios medios.
El LSCA, es un proyecto para proteger y garantizar la libertad de expresión. NO es un proyecto para controlar o amordazar medios.
Es un proyecto para promover y garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios. NO es un proyecto para que gobierno intervenga en la línea editorial de los medios.
Es un proyecto para dar previsibilidad y certeza jurídica a los dueños y trabajadores de los medios. NO es un proyecto para condicionar previamente la información o las opiniones que se brinden.
Es un proyecto para proteger y promover los derechos de las personas ante los medios. No para condicionar previamente la programación en base a la calidad o imparcialidad de las señales o programas.
Finalmente y sin olvidar las conductas del pasado, llama la atención las banderas a favor de la libertad de expresión que se han levantado como si la futura ley se plantara en contraposición de este derecho humano. En este sentido, relatores para la Libertad de Expresión de la ONU sostienen que el gran desafío es que este derecho se concibe garantizando la diversidad y el pluralismo en los medios, colocando éste como un derecho de todas las personas y no solamente de quién posea un medio, sino en especial de quienes no lo tienen.
El proyecto de Ley de SCA es una oportunidad para lograr un país más democrático, que tiene que ver con distribuir el poder y la palabra con más equidad; con la pluralidad, la inclusión y el derecho a la información y expresión. Supone un avance que el país necesita y creemos fundamental para el desarrollo del Uruguay, fortaleciendo su democracia.