Por: Flavio Ramírez
El crimen de la adolescente Ángeles Rawson en Buenos Aires encendió una alarma respecto del manejo de la información que se realizó en la cobertura mediática del caso. Especulaciones, mal uso de las fuentes, acusaciones falsas y violaciones de los derechos personalísimos de la víctima fueron algunos de los abusos cometidos en pos de “ganar” la guerra de noticias.
¿Cómo ve el manejo informativo que se hizo del asesinato de la joven Ángeles Rawson?
Dentro de cuatro meses la ley cumple cuatro años de vigencia. Es importante que nos planteemos de qué manera se acredita la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la vida cotidiana que tienen los trabajadores de los medios.
Si estamos diciendo que la información no es una mercancía; si estamos diciendo que la información es un derecho; que la radio y la televisión no son un negocio sino que son un servicio; que las personas son sujetos de derechos; que las personas que tienen 16, 17, 4 ó 5 años, que lo niños, niñas y adolescentes también son sujetos de derecho; que tiene que ser respetada su dignidad, que tiene que ser respetada su intimidad, realmente cabe preguntarse si la cobertura que se realizó sobre el asesinato de Ángeles fue un servicio. Si no estuvo plagada de una especie de pulsión punitiva, que parece apoderarse de la radio y la televisión, en cuanto a que termina señalando con nombre y apellido a personas, culpándolas de cuestiones que judicialmente no están siendo culpadas.
Parece que es un punto de inflexión muy importante para reflexionar respecto de que la ley está vigente, que nuestra tarea cotidiana como comunicadores tiene responsabilidad social. Porque estamos hablando de un interés público, de que a través de la radio y la televisión se desarrolla socio-culturalmente la Argentina, que debe promover el trato digno, el respeto de las personas y los intereses personalísimos.
¿Existe un protocolo para tratar este tipo de información?
Tenés la doctrina Campillay, que es una doctrina que se conoce así después de un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia, en la que se termina recomendando, primero, el uso del potencial, pero considerando que el potencial no lava luego lo que vas a decir, no es una pátina que te permite decir cualquier cosa sin tener información al respecto.
He escuchado de algunos periodistas decir: “Esto lo digo en potencial. El portero es el asesino”. Eso no es el uso del potencial. También escuché a otro periodista que decía: “Como no tengo información, voy a opinar”. No es lo más adecuado opinar si uno no tiene información. Sino, esa opinión no es fundada, evidentemente.
Entonces, la doctrina Campillay lo que dice es que hay que alentar el uso del potencial, pero esto acompañado de una identificación de la fuente en cuanto a quién está diciendo lo que estoy reproduciendo, y luego a no estar vinculando con nombre y apellido a personas con delitos que todavía no tienen sentencia firme.
Esa ya es una manera de trabajar vinculada con las noticias policiales. Pero la Defensoría del Público con Unicef y con AFSCA estamos trabajando en un cuadernillo en la comunicación democrática para niños, niñas y adolescentes, donde hay compromisos que podrán establecer los comunicadores para poder llevar adelante este nuevo paradigma de la comunicación y la perspectiva de los derechos humanos, que es el gran cambio que se plantea, concretamente a partir de la Ley de Medios.
¿Cómo se traslada ese cambio de paradigma hacia lo político?
Lo que hay que pensar que ese año cumplimos 30 años de recuperación democrática. La democracia es profundamente inclusiva, sin inclusión no hay democracia. La democracia lo que tiene que generar es una suerte de pluralidad en la radio y la televisión. A través de la radio y la televisión se tiene que exteriorizar este derecho humano a la comunicación. Y la ley claramente habla del respeto a la identidad de las personas, de los derechos personalísimos, de que no haya trato discriminatorio. No importa tu elección sexual, tu elección política, tu elección religiosa. La verdad es que se trata de que respetemos a los demás independientemente de las elecciones que haya tenido.
¿Se está produciendo es cambio? Porque uno mira la televisión y no siempre ve lo que la ley dice que debería ser.
La verdad es que es cierto. Hoy me lo preguntaba, de qué manera está impactando en la tarea cotidiana de los trabajadores de la comunicación la Ley de Medios. Pero es fundamental comprender y difundir la plena vigencia que tiene esta ley con las excepciones de los artículos que han sido judicializados por el Grupo Clarín. Comprender entonces que entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, en horario apto para todo el público, claramente la ley nos está hablando de la violencia que debe ser erradicada de la radio y la televisión, cuando es injustificada, cuando no tiene ninguna finalidad ni narrativa ni de ningún tipo. Ir camino hacia esta construcción de comunicación democrática colectiva.
Ni una Defensoría del Público, ni una autoridad de aplicación, ningún ente solo va a poder transformar la comunicación en Argentina, esta es una decisión de la sociedad. La Ley de Medios nació del tejido social de los argentinos.
La Defensoría del Público tiene una tarea pedagógica enorme por delante para incentivar la participación ciudadana, el empoderamiento ciudadano tiene que ver con conocer los propios derechos, porque nadie puede reclamar un derecho que no conoce, también con la educación crítica de las audiencias, para que puedan participar exigiendo el cumplimiento de esta ley.
¿Por qué a los medios, por los menos los considerados comerciales, no les interesa aceptar estos conceptos en su programación?
Yo lo que he notado en estos siete meses que hay una excelente predisposición por parte de todos los actores de la comunicación. El consenso que hay en torno a que la radio y la televisión se transformen en medios que exterioricen este derecho a la comunicación es muy alto. Ahora hay que dar ese paso más allá, quitando algunas palabras como competencia, si no lo doy lo da el otro. Entonces, ir hacia un compromiso colectivo de cumplimiento de esta ley.
Hacía falta un organismo público que pudiera articular y llevar adelante la tarea que realiza la Defensoría del Público.
¿Cuántas experiencias hay en el mundo sobre Defensorías del Público?
Los antecedentes son las Defensorías del Pueblo. En principio, somos como primos hermanos, pero nuestra competencia es sobre la radio y la televisión. Luego de las defensorías del pueblo se desarrollaron las defensorías de los lectores, es decir que en los diarios había un defensor del lector, y después se pasó a defensores de oyentes y televidentes.
La defensoría de la Argentina es única en el mundo en cuanto a su competencia, que tiene competencia en toda la radio y la televisión de la Argentina, y en cuanto a su creación a través de una ley y con nombramiento parlamentario.
Habitualmente, los defensores del público o las audiencias son elegidos por el directorio o dueño del propio medio, y eso les da una limitación a la hora de la tarea cotidiana.
Hay ejemplos de defensoría en Brasil –es uno de los países que más desarrollado tiene las defensorías en América Latina–, también hay desarrollos en Colombia, en México. Después hay proyectos en Uruguay y Ecuador. Es decir que es un proceso que América Latina encuentra un resurgimiento muy importante, que eso está mirado ahora por Europa y Estados Unidos, por cierto brote nuevo y de aire fresco respecto a las defensorías.
¿Por qué mientras en Europa y Estados Unidos se ve la Ley de Medios argentina como un modelo a seguir, aquí tiene mucha resistencia desde algunos ámbitos políticos?
La resistencia de la ley tiene que ver con quien detenta privilegios. Está cambiando el paradigma; entonces, ¿quienes detentan el privilegio habrían de aplaudir a aquellos que vienen a decir que el derecho es de todos y no de unos pocos?, evidentemente van a presentar todas las resistencias posibles para mantener el status quó que tenían. De eso se trata.
Para hacer una denuncia ante la Defensoría, ¿cómo tiene que hacerlo el espectador?
A través de www.defensadelpublico.gob.ar o la línea 0800-999-3333. También se puede pedir en las delegaciones de AFSCA formularios para la Defensoría del Público, en las del INADI y las Defensoría del Pueblo de todo el país.
Foto: María Isabel Sánchez
Fuente: La Mañana de Neuquén