La viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo, afirmó que la investigación penal por la venta de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura "va a terminar bien, con el señor (Héctor) Magnetto preso"
Así lo expresó luego de declarar por espacio de casi seis horas como testigo de la causa, ante el juez federal Julián Ercolini, donde Papaleo reiteró haber recibido amenazas, entre otros, de parte del CEO del Grupo Clarín, aunque destacó que ahora, "lo importante es que todos tengan papel" y que "el gobierno pueda intervenir en este monopolio".
En la audiencia, ante el fiscal Eduardo Taiano y el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luis Alen; la mujer reiteró declaraciones anteriores -alguna de 1985 ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas- sobre las amenazas y presiones para la transferencia de las acciones de Papel Prensa "a precio vil".
Papaleo reiteró que entonces, cuando el gobierno era ejercido por la Junta Militar, recibieron presiones de las tres fuerzas y, por interpósita persona, del ministro de economía José Martínez de Hoz, para vender la empresa evitando hacerlo a "extranjeros o grupos judíos".
La testigo relató en el juzgado, y luego ante los periodistas, que el día de su secuestro el abogado Bernardo Sofovich le había advertido que se fuera del país.
"Usted de acá vayase ya", le habría dicho el letrado del grupo Clarín horas antes de su secuestro, lo que la mujer interpretó ahora como "un aviso".
También contó que en una ocasión su marido le dijo que un amigo de México, el empresario de medios Gabriel Alarcón, le había dicho que vendiera Papel Prensa "porque eso la podía llevar a la muerte".
La audiencia debió suspenderse durante algunos minutos porque Papaleo se "descontroló" -como ella expuso-, mientras recordaba "vivencias" de aquella época.
"Tuve que tomar decisiones en profunda soledad, sola frente a las patotas", enfatizó Papaleo.
En la audiencia celebrada en los tribunales federales de Comodoro Py 2.002, también estuvieron presentes el abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, y los del grupo Clarín, Hugo Wortman Jofre, Pablo Jacoby y Alejandro Pérez Chada.
En tanto, en el pasillo del juzgado aguardaban que concluya la declaración el hermano de la testigo, Osvaldo Papaleo, y los custodios de la mujer.
Papaleo es la primera testigo convocada a declarar desde que la causa sobre las circunstancias que rodearon el traspaso accionario de la empresa de los Graiver a La Nación, Clarín y La Razón quedó definitivamente a cargo de Ercolini, tras un conflicto de competencia con la justicia de La Plata.
La viuda del banquero es también querellante en la causa, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene pedidas desde diciembre pasado las declaraciones indagatorias de Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos.
En la causa se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la transferencia de las acciones de la empresa que pertenecía a la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados.
Fuente: Agencia TelAm
Publica Clarín
Papel Prensa: contradicciones en otra declaración de Papaleo
Lidia Papaleo ha venido modificando sus testimonios desde el regreso de la democracia
La causa que el Gobierno lleva adelante desde hace casi tres años contra directivos de Clarín y La Nación por la adquisición de la empresa Papel Prensa, sumó ayer una nueva declaración testimonial de Lidia Papaleo. La mujer, que en los últimos años ha declarado en varias oportunidades a instancias del kirchnerismo, volvió a aparecer ayer rodeada de medios oficialistas en los tribunales federales de Comodoro Py.
La movida pareció una clara maniobra del Gobierno, ya que además del fiscal de la causa pretendió sumarse a la audiencia el fiscal Jorge Auat, hombre de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Hay que recordar que Papaleo había declarado en esta misma causa cuando tramitaba en la ciudad de La Plata. En ese momento la justicia federal platense dejó en claro que los directivos de Clarín y La Nación no tenían vinculación alguna con la detención ilegal de los Graiver, producida casi 5 meses después de la venta de Papel Prensa.
Desde que fue convocada por Guillermo Moreno en 2010, Papaleo fue modificando las declaraciones que había hecho en democracia, en las que jamás había denunciado a los diarios ni a sus directivos. En su declaración de ayer, Papaleo aumentó sus contradicciones.
Dijo que nunca tuvo información ni intervino en los negocios del Grupo Graiver, ni antes ni después de la muerte de David Graiver, en México en agosto de 1976.
También, que tras la muerte de Graiver, la agrupación Montoneros le reclamaba al Grupo una deuda, y que por esa razón recibían presiones y amenazas. Incluso identificó que los visitó un individuo que se hacía llamar el “Dr. Paz” para reclamarle los pagos.
Papaleo reconoció que en ese momento había que decidir la venta de 35 empresas, aunque dijo no recordar cuál era la situación económica del Grupo Graiver.
Sin embargo, acababan de quebrar sus dos bancos en el exterior y el grupo estaba en cesación de pagos.
También confirmó que quien llevó a cabo las negociaciones para la venta de las empresas fue Isidoro Graiver, hermano de David, quien en 2010 dejó en claro ante la Justicia que no habían recibido amenazas para venderles Papel Prensa a los diarios, ni por parte de estos. Otras empresas vendidas por entonces, reconocidas por Papaleo, fueron los bancos de Hurlingham y Comercial de La Plata.
La mujer reiteró no haber participado de la negociación por la venta de Papel Prensa, y dijo no saber qué tipo de acciones transfirió. También sostuvo no haber recibido sumas de dinero personalmente por esa operación, aunque al presentársele fotocopia de un recibo de enero de 1977 firmado por ella, por U$S 149 mil dólares, dijo “no acordarse” de ese documento.
Cuando se le preguntó si sabía si los diarios compraron finalmente las acciones de la sucesión Graiver, en la que ella representaba a su hija María Sol, dijo que “por lógica y por sentido común que sí”.
Pero no fue así: esas acciones finalmente no se compraron.
Por último, si bien reconoció que el Estado era dueño de acciones de la papelera, dijo desconocer si era necesaria la autorización del mismo para incorporar nuevos socios o modificar los existentes, cuestión expresamente prevista en los estatutos.