Es imprescindible el dictado de una ley nacional que impulse la transparencia
Por: Ramiro Álvarez Ugarte*
La mitad de los pedidos de acceso a la información que recibe el Poder Ejecutivo son respondidos de manera incompleta, rechazados o no contestados. Esos son los datos que surgen de una investigación realizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que realizó casi cincuenta mientras tanto, hay que fortalecer el procedimiento vigente. peticiones para medir los tiempos y la forma de respuesta del Estado.
Los datos confirman intuiciones que surgían de nuestro trabajo diario: el decreto 1172/03, que cumple este año una década y que es la principal herramienta para ejercer el derecho de acceso a la información, tiene serios problemas de implementación.
De acuerdo a nuestra investigación, en un 53% de los casos los pedidos fueron respondidos de manera no satisfactoria. El principal problema fueron las respuestas incompletas, que verificamos en un 29% de los casos.
Asimismo, un 18% de los pedidos realizados nunca fueron contestados y el Estado sólo invocó excepciones legales en un seis por ciento de los pedidos. También verificamos demoras en un 55% de los casos, pero la mayoría de ellas (62%) sólo fueron de entre uno y cinco días hábiles.
Estos datos revelan problemas pero también sugieren formas de resolverlos. Por ejemplo, el sistema de enlaces debe ser fortalecido. Actualmente, sólo un puñado de funcionarios distribuidos en distintos ministerios está encargado de recibir y procesar los pedidos de acceso. Pero no tienen ninguna facultad para obligar a otros funcionarios a satisfacer este derecho.
De este modo, si los enlaces se enfrentan a un funcionario que no desea producir la información, no pueden hacer nada al respecto. Hay que darles facultades, recursos y mecanismos para que puedan realmente cumplir con la función que tienen. Se les asignan funciones pero se les atan las manos para llevarlas adelante. Y ello es un problema.
El camino para resolver estas limitaciones es, claramente, la promoción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.
Esta ley debería crear un órgano garante independiente, capaz de promover políticas de transparencia hacia adentro del Estado y en relación a todos los poderes.
Pero, mientras esperamos que el Congreso salde esa deuda que tiene con toda la ciudadanía, hay caminos para mejorar lo que tenemos. Fortalecer el sistema de enlaces es uno de ellos.
*Director Área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Fuente: Diario Clarín
