La Ley "tiene elementos que gravemente afectan la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, tales como la creación del concepto de 'linchamiento mediático', que, por supuesto, no existe", señaló La Rue en el comunicado emitido el pasado 17 de junio.
En su comunicado, La Rue expresó que “respetuosamente me permito recomendar al Presidente de la República que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida ante su aprobación”.
El Relator cuestionó el concepto 'linchamiento mediático", indicando que pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado.
Además el documento señala que con esta Ley “se establecen mecanismos de censura, tales como la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que claramente va dirigida a limitar la libertad con la que las y los periodistas pueden opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país”.
Frank La Rue detalla que la actual Ley establece el requisito de título para practicar el periodismo, cuando de acuerdo a los principios internacionales de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el periodismo se puede practicar sin condición alguna ni de titulación, ni de asociación profesional, ni de registro con institución alguna del Estado. "Esto permite que el periodismo se pueda desarrollar en forma verdaderamente independiente y con libertad".
Lamenta “que se haya emitido esta Ley sin tomar en cuenta las recomendaciones que en mi calidad de Relator Especial hiciera al Congreso de la República de Ecuador en mi visita no oficial realizada en el año 2011, y también reitero mi preocupación al hecho de que dicha Ley no se halla sometido a una amplia consulta con los diferentes actores sociales incluyendo los periodistas y los medios”, dijo La Rue. “Respetuosamente me permito recomendar al Presidente de la República, Sr. Rafael Correa, que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida ante su aprobación”, continuó.
“Por mi parte, y en función de la cooperación técnica que en materia de Derechos Humanos podemos brindar las y los Relatores a todos los Estados, reitero mi compromiso de acompañar personalmente este proceso de consultas, así como el proceso técnico legislativo en su momento, si el Estado de Ecuador lo considera conveniente”, concluyó La Rue.
La ley fue aprobada el pasado 14 de junio, luego de tres años y nueve meses de intentos.
Fuente: La Hora, El Universal
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