Una extraña situación nos dice mucho acerca de la máscara que, en ocasiones, reviste el debate político argentino, una característica que se ve potenciada cuando la polémica incluye a los medios de comunicación.
El kirchnerismo, que atosiga el ciclo Fútbol para todos con propaganda estilo Sucesos argentinos e inversión récord, recurrió a la Justicia para bloquear el aviso de De Narváez y, por el momento, tuvo éxito. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría entendió que los mensajes del candidato opositor bonaerense violaban la reforma electoral de 2009, que estableció reglas más ecuánimes para que los partidos políticos emitieran sus campañas con límites de tiempo y profusión. Para las primarias del 11 de agosto, el cronograma establece que los spots podrán comenzar a ser emitidos el 12 de julio próximo.
Así las cosas, el candidato bonaerense y su entorno siguen denunciando ser víctimas de censura, y un presentador del canal América volvió a pasar el aviso a comienzos de esta semana con el argumento de que la suya era una decisión periodística, no política, por lo tanto, no sujeta a prohibiciones judiciales.
Ya en las elecciones de 2011, el sistema regulado de publicidad gratuita (los espacios se asignan por sorteo y se garantiza un piso para todos los contendientes, más un premio en virtud del resultado electoral previo) demostró la virtud de transformar la campaña electoral en la más pareja desde el retorno de la democracia. En las citas anteriores, los principales competidores, ya sea peronistas de distinto cuño o radicales quedaban a distancia sideral del resto en cuanto a pesos invertidos en televisión. Sólo algún empresario o grupo económico dispuesto a gastar de su propia billetera en favor de un tercer postulante pudo romper la hegemonía propagandística de los partidos mayoritarios.
A simple vista, parece vulnerable la denuncia de censura por parte de un político que no sólo tiene el privilegio de contar con su propio respaldo económico, sino que además posee órganos de prensa, un extremo que en cuanto a la radio y la TV en manos de funcionarios públicos (es diputado) está prohibido por la ley de medios vigente.
Durante el programa que el domingo pasado reiteró el aviso censurado de De Narváez, Luis Juez, quien se dice víctima en Córdoba de un monopolio (por Clarín y De la Sota) y otro monopolio (el Gobierno), ¡estuvo de acuerdo con el reclamo! Como quien quiere provocarse un daño o tiene una pulsión por estar de acuerdo con su entrevistador, Juez apoyó la protesta de su par bonaerense. El político cordobés afirmó no contar con fondos para la campaña y, sin embargo, dio pelea por el derecho de otros para que, en definitiva, le saquen ventaja.
A su vez, a De Narváez le cabe la razón cuando cuestiona el uso de los fondos del Gobierno nacional para propaganda oficial. Si bien el mes de espacios gratuitos para los partidos políticos tiene reglas más o menos parejas, el Ejecutivo viene carreteando con el uso a todas luces partidista de la publicidad. Dicha ventaja, cabe aclarar, les cabe a todos los que gobiernan en la Argentina, incluidos aliados de De Narváez. Sea en la Casa Rosada o en Córdoba, en Buenos Aires o en la Capital Federal, donde el gasto de propaganda por habitante es mayor que en la Nación, los cientos de millones de publicidad oficial son distribuidos a discreción.
La financiación de las campañas es un tema viejo como la (tele) democracia. En un caso que tiene puntos de contacto con el reclamo del político que derrotó a Néstor Kirchner en 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos potenció en 2010 un festival obsceno de propaganda cuando dejó fuera de todo límite los montos invertidos por los denominados Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés). En una decisión por la que Barack Obama puso el grito en el cielo, las empresas, que tienen restricciones para aportar a las campañas de demócratas y republicanos en forma directa, quedaron exentas de controles para poder canalizar fortunas a través de dichos comités, que llevan por título, por ejemplo, Restore our future, American Crossroad o Speechnow.org. De esta manera, las limitaciones para que grandes compañías destinen decenas de millones de dólares a tal o cual PAC quedaron, en los hechos, en la nada, y la política norteamericana sigue batiendo récords de dólares. Es una gran victoria para las grandes petroleras, las compañías de Wall Street, las aseguradoras de salud y otros intereses poderosos que se imponen todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses, consideró Obama en 2010 al conocer el fallo de la Corte. Aunque se trata de otro tipo de limitación y la fortuna de De Narváez no es comparable con los ejemplos citados por Obama, en ambos casos entra en juego la noción de que el derecho a hacer propaganda sin límite de inversión es absoluto y consustancial de la democracia, más allá de las condiciones de igualdad.
En conclusión, tenemos en nuestros días el siguiente escenario: un político que brega por su derecho a invertir su fortuna en su candidatura y, por ende, sacar ventaja sobre el resto; un Gobierno nacional que sancionó una ley virtuosa en ese punto, pero que cuenta con el beneficio de su gasto desorbitado fuera del mes de campaña; políticos opositores que en muchos casos no pueden arrojar la primera piedra por sus propios pecados en el pasado o en los Ejecutivos locales que administran; políticos de la oposición con problemas de financiamiento, pero que no se animan a manifestar disidencias para no disgustar al entrevistador; entrevistadores que no se abstienen de dar rienda suelta a decisiones periodísticas que terminan beneficiando a uno de los dueños del canal en el que trabajan. Y todo en nombre de la libertad de expresión.
Fuente: Diario Ámbito Financiero