En la región todavía existe una disputa constante entre medios y gobiernos sobre una eventual legislación a la actividad periodística y comunicacional. El nuevo orden político está obligando a enmiendas legales que, en muchos casos, son resistidas por los gremios, como pasó en Bolivia en los últimos años
Por: Karina M. Herrera Miller
Las indefinidas y aún no resueltas peleas para instaurar otros modelos de economía y sociedad que se libran hoy en la región no han sido para nada ajenas al campo comunicacional. Desde hace ya una década atrás se asiste a una (nueva y) sostenida pelea por transformar el modelo concentrado y privado de las comunicaciones y edificar otro en clave de real democracia, pluralidad discursiva y participación intercultural.
Varios y hasta ahora inamovibles privilegios y exclusiones fueron resultantes de una lógica estatal discriminadora. Asentada sobre matrices coloniales se dejó marginada a la mayoría del acceso a la educación y se reforzó el esquema con un modelo informativo y comunicacional como prerrogativa de las élites.
Ni el retorno al régimen democrático formal pudo deshacer la amalgama entre privilegios y comunicación. Por el contrario, el destructivo encuentro entre democracia y mercado profundizó el legado del mal reparto comunicacional. Hacer comunicación se tradujo en empresa rentable, reservada al (gran) capital.
Sin embargo, tras la acción popular —por voto o por la fuerza— que expulsó a los gobiernos neoliberales y consolidó un recambio en las élites políticas, un escenario distinto parece apostar por un cambio en el modelo/sistema de comunicación. La milenaria apuesta por políticas y legislaciones comunicacionales con espíritu inclusivo, en medio de las conmociones sudamericanas, se ha remozado. Algunas de estas experiencias, con luces y sombras, son reflejadas en lo que sigue.
Los últimos giros. Ya convertida en paradigmática experiencia, la de Argentina no deja de ser referida a la hora de hablar sobre estas innovaciones normativas. Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el gobierno de Cristina Fernández el 10 de octubre de 2009, representó un “sí, se pudo” ante la arremetida político-empresarial que trató de invalidarla, no menos lo es ahora su difícil aplicación en medio de procesos contenciosos y artilugios legalistas que tratan de desactivarla.
Con todo, la ley argentina demuestra las innegables posibilidades surgidas del debate ciudadano y el reconocimiento de que una democracia real no puede hacerse lejos de la diversidad cultural y discursiva.
Mientras que en Ecuador la tan álgida batalla entre medios y Gobierno parece haber absorbido una iniciativa más amplia en busca de una ley integral en Comunicación. Su aplazada aprobación, más allá de entenderse como un sistemático intento opositor empresarial, también da señales de la pragmática utilización gubernamental del tema y de una escasa comprensión de su relevancia.
Pero no debiera sorprender esta parálisis decisional en torno al tema. En Uruguay ha sucedido otro tanto, inclusive con el progresista José Mujica al mando. En este momento, la propuesta construida, desde el diálogo entre movimientos ciudadanos, academia y empresa privada, para una Ley de Medios y remitida el Ejecutivo está retenida por el presidente uruguayo que aún no la ha pasado al parlamento para su discusión. Y también anda en espera la licitación para canales en Televisión Digital, por un pedido especial que el sector empresarial le hiciera a Mujica para postergar el plazo de propuestas.
Sorprendentemente, y hace poco, México también entró a la órbita de los que discuten normativas sobre medios masivos, para contener, entre otras cosas, la concentración propietaria (que en el caso del país mesoamericano se ha expresado en un duopolio comunicacional que controla negocios en telecomunicaciones, información y entretenimiento), además de crear una entidad independiente que se encargue de la aplicación y cumplimiento de las aún no aprobadas reformas constitucionales sobre este tema.
¿Y Bolivia? Luego de los polémicos enfrentamientos mediáticos entre empresarios del área, algunas representaciones gremiales de periodistas y Gobierno, instaladas por un par de artículos de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación y otras prescripciones de la Ley de Régimen Electoral, los atrincheramientos y las reducciones han quedado claros. Por un lado, el Gobierno que anuncia/amenaza con una Ley de Medios que probablemente sólo sustituya la legendaria Ley de Imprenta de 1925; por otro, el repetitivo discurso de la defensa de la libertad de expresión en frente de probables acechos y censuras gubernamentales, derivados principalmente de las posiciones empresariales del sistema mediático-privado.
Y en medio, o mejor al margen, el resto de la sociedad sin posibilidades de una discusión amplia, inclusiva e integral sobre el tema que desde ya engendra tan variados pero complementarios aspectos como: la publicidad en general; la publicidad oficial en particular y su sistema de reparto; la actualización y ampliación de la norma sobre acceso a la información pública; la responsabilidad periodística; la actividad de los medios gubernamentales y/o estatales; la actividad de los medios públicos; los medios privado-comerciales; los medios social-comunitarios; los medios indígena originario campesinos; la transición y la agenda digitales; los servicios de comunicación audiovisual (incluye las modificaciones a la Ley del Cine que por ahora se debate por separado); además de la instancia de aplicación de estas normas y un posible defensor de los públicos o audiencias, entre otros aspectos.
Un particular avance, luego de la incorporación constitucional de los derechos a la comunicación e información en 2009 (artículos 106 y 107), constituye la aprobada Ley 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011, en cuanto a la distribución y acceso al espectro radioeléctrico en hasta el 33% para el sector estatal; hasta 33% para el sector privado; hasta el 17% para medios social-comunitarios; y hasta 17% para pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. No obstante, lo singular, en lo que respecta a esta división en su parte reglamentaria, es el privilegiado que se otorga al Estado para las concesiones, dejando por detrás a los pueblos indígenas, lo social-comunitario y lo privado.
Es incierto aún cómo operativamente se hará esta transición/división. Y más lo es la futura agenda digital del país, vale decir, la intensificación/incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de distintas áreas como la educación, la producción, la salud, el propio denominado gobierno electrónico y la misma comunicación con efecto democratizador.
En medio de la discusión ciudadana de algunas de las extraviadas e inconstitucionales propuestas de esta norma quedó en tela de juicio la negativa gubernamental de incorporar tácitamente la división porcentual por sectores en el cambio digital.
Mientras acontecen estos aplazamientos e indefiniciones gubernamentales sobre una normativa integral en comunicación, existe una creciente e inconexa aparición de aspectos del derecho a la comunicación en leyes aprobadas desde 2009. La presencia de artículos en distintas normas referidos a la comunicación la mueven pendularmente entre el clásico difusionismo de corte educativo y el histórico rol de constructora de imaginarios de pluralidad, despatriarcalización, descolonización e interculturalidad.
Así, la expectativa de una normativa capaz de promover un modelo de comunicación plural en el país, en sintonía con la pretendida construcción estatal, por ahora resulta un “sueño en la nevera”, parafraseando a Luis Ramiro Beltrán, incansable luchador por la democratización de la comunicación.
Fuente: Diario La Razón
