La nueva resolución establece una reducción drástica a la cantidad de películas documentales que se venían aprobando anualmente y crea para ello un nuevo Comité de Evaluación de los proyectos, el cual sería digitado desde la Gestión del Instituto, en reemplazo del actual Comité, conformado por representantes de las seis asociaciones de directores, productores y técnicos que son elegidos democráticamente y ha tenido seis años de incuestionable desempeño con grandes resultados para la producción documental de todo el país (se analizaron más de 1000 proyectos y se aprobaron alrededor de 50 al año). Este mecanismo garantizaba la pluralidad de voces y discursos además de la transparencia tanto en la selección de los proyectos como el manejo de los fondos para el documental.La nueva resolución establece además de topes para el número de proyectos que podrán presentarse y el arancelamiento para su presentación lo cual perjudica a toda el sector documental, agravándose en el caso de los realizadores que viven en las provincias. En concreto, este ajuste cierra la principal puerta que los documentalistas independientes ganaron, a fuerza de lucha, para poder trabajar en la creación de nuevos y diversos discursos, generando además fuentes de trabajo técnico y artístico, mediante la producción documental.
La medida crea a su vez un “Comité de Visualización” que instala una suerte de “comité de censura” que será el encargado de velar para que la película terminada “coincida” con el guión originalmente presentado, bajo apercibimiento de no cobrar el 20% del subsidio y de tener que modificarla, so pena de tener que devolver la totalidad del subsidio recibido. Se trata de una barbaridad por donde se la mire: el “guión” de un documental siempre es tentativo, porque el documental trabaja sobre una realidad que no es estática ni previsible. Con esta nueva “norma” el realizador que quiera evitar que este comité de visualización le rebote la película tendrá que, o bien haberla filmado antes y entonces presentar un guión coincidente, o bien forzar la realidad a sus pre-conceptos. Se busca, entonces, un relato homogéneo y un mecanismo de censura ideológica y económica.
La resolución 982 congela además los montos de los subsidios en 200 mil pesos, que ya arrastran hace años un atraso de actualización.
El rechazo de la comunidad documental es generalizado desde todo el país. Las seis asociaciones de directores entregamos una carta en el INCAA el lunes 8 de abril, planteando su oposición a la medida y solicitando una reunión que no fue respondida. En esa ocasión, además representantes de la gestión ocultaron que la resolución ya había sido firmada. El fomento de la producción documental en Argentina, que es reconocido internacionalmente, fue conquistado por la lucha de los documentalistas en 2007. El funcionamiento del Comité de Evaluación creado para el análisis de los proyectos de esa vía de fomento ha sido destacado, en varias oportunidades incluso por la propia gestión que ahora lo tira por la borda.
DOCA/Documentalistas Argentinos convoca a todos los cineastas, a los protagonistas, artistas y trabajadores de la cultura y al público de estas producciones a movilizarse a la puerta del INCAA (Lima y Moreno) el miércoles 17 de abril a las 13hs. para exigir la derogación inmediata de la Res. 982 , en la defensa de la creación documental independiente y por la verdadera pluralidad de todas las voces que han surgido todos estos años de todos los rincones del país y que se expresa en cientos de películas que han recibido premios y reconocimientos en todo el mundo.
DOCA / Documentalistas Argentinos / www.docacine.com.ar