I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.
II – El escenario que debe cambiar
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
III- La Ley que impulsó “otra comunicación es posible”
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios. No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia.
(Traducción de Mariana Baranchuk).
*Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
Notas
1.- La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009
2.- La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009
3.- Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010
4.- El Manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil
5.- Entrevista a Frank La Rue.
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios. No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia.
(Traducción de Mariana Baranchuk).
*Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
Notas
1.- La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009
2.- La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009
3.- Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010
4.- El Manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil
5.- Entrevista a Frank La Rue.
Fuente: Agencia Latinoamericana de Información