Por: Emilia Delfino / Gabriel Ziblat
La pelea judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede terminar convirtiéndose en una suerte de historia sin fin. Lejos de la fantasía de la película infantil homónima, los abogados del multimedios presentaron una nueva denuncia, esta vez en Mar del Plata, con un claro objetivo: seguir frenando los artículos de la ley que más lo perjudican.
De prosperar, esta presentación correría por otro andarivel de la causa “principal”, que está actualmente en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que podría terminar en la Corte Suprema a mitad de año.A fines de noviembre, con la incertidumbre del 7D a cuestas, Cablevisión presentó una medida de no innovar ante el juez Alfredo López, con sede en la ciudad balnearia. El magistrado se declaró incompetente, al sostener que el mismo objeto estaba siendo tratado en otra jurisdicción. La empresa apeló y los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, a pesar del dictamen contrario del fiscal general Daniel Adler, rechazaron esa interpretación.
El fiscal, en su dictamen, aseguraba que había una similitud entre ambas causas, basado en que Cablevisión es parte del Grupo Clarín y que ambas presentaciones sostienen perseguir “la conservación en toda su plenitud (…) de las licencias” de Cablevisión.
Los camaristas, sin embargo, rechazaron esa lectura y aceptaron el argumento de la empresa de que persigue finalidades distintas. En este caso, sostiene Cablevisión, no está pidiendo por la constitucionalidad de algunos artículos, sino que busca “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.
Ahora, el fiscal evalúa apelar esta decisión, por lo que terminaría siendo la Corte Suprema la que definiría si son dos causas separadas o una sola. Desde el Gobierno interpretaron que la presentación buscaba ser un respaldo del Grupo ante la caída, el 7D, de la otra medida cautelar. Ahora, sin embargo, creen que puede ser una estrategia de Clarín para buscar fallos a su favor y seguir poniendo trabas a futuro. Y no descartan que se hayan hecho presentaciones similares en otros lugares.
Fuentes vinculadas al multimedios reconocieron la existencia de la causa, pero guardaron un fuerte hermetismo respecto de su contenido. Simplemente reconocieron que “no tiene nada que ver con el reclamo de inconstitucionalidad”. Otra voz de la empresa aseguró desconocer que haya una estrategia en ese sentido y expresó tenerle “fe al desarrollo de la causa principal”.
Sin embargo, otra fuente, indirectamente vinculada a Clarín, reconoció que se vienen iniciando demandas en distintas jurisdicciones, pero todas con motivaciones distintas. En algunos casos, explicó, no se trata de presentaciones de la empresa sino de empleados, asociaciones de consumidores o vecinos afectados.
Ya existe otra causa, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial, que también frenaría la desinversión de Clarín. Es la que busca evitar el cierre de Fibertel (que resolvió el Gobierno en 2010). Esa decisión fue frenada por el juez Roberto Torti, quien también comunicó a la AFSCA que las redes de Cablevisión y Fibertel no se pueden dividir.
A Tribunales
Mañana vence el plazo para que tanto el Grupo Clarín como el Estado hagan sus presentaciones ante la Cámara Federal Civil y Comercial por la apelación al fallo del juez Horacio Alfonso, que declaró la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios cuestionados por el multimedios.
La presentación del Grupo Clarín girará en torno a la “arbitrariedad” del fallo del juez. “No hizo mención a ninguna de las pruebas recavadas en 3 mil fojas, y cita mal fallos usados como jurisprudencia”, aseveraron desde la empresa. Y concluyeron: “Es una sentencia muy fácil de apelar”.
El Gobierno también hará su presentación y alegará “falta de legitimación” del Grupo Clarín para presentar el reclamo.
La multiplicación de causas abrió una polémica judicial
Por: Natalia Aguiar
La presentación del Grupo Clarín en los Tribunales de Mar del Plata abre un debate en torno al alcance que tendrá un eventual fallo de la Corte Suprema para frenar otras presentaciones similares. Es decir, si el Máximo Tribunal tendrá la última palabra cuando diga si los artículos cuestionados de la Ley de Medios son constitucionales o no. Caso contrario, si el Grupo Clarín u otras empresas encuentran vericuetos legales, la batalla por la Ley de Medios podría ser una historia que se estire en el tiempo.
El constitucionalista Jorge Amaya aclara que primero habrá que resolver “si en la causa hay identidad de objeto”, es decir, si están “las mismas partes en la controversia y con igual pretensión”. De ser así, sostiene, lo que resuelva la Corte Suprema “debería acatarlo la Cámara de Mar del Plata”.
Sin embargo, si no hay identidad de objeto, que es lo que argumenta Cablevisión en Mar del Plata y que la Cámara de Apelaciones le dio la razón, cualquier fallo de la Corte sería inaplicable. Según explica Amaya, “no hay ninguna ley que determine que la decisión de la Corte sea obligatoria”, y detalló que el sistema constitucional argentino “está basado en el control de constitucionalidad sin obligación de respetar los precedentes”.
De todas formas, aclaró que “la Cámara (de Mar del Plata) debe tener la valentía de no estar de acuerdo ya que los tribunales inferiores pueden no acatar la resolución de la Corte, pero deben fundamentar y explicar por qué no la aplican”.
Por el contrario, su colega Félix Loñ consideró que “si la Corte declarara que son constitucionales los artículos 45 y 161 (como lo hizo el juez Alfonso), perdería fuerza lo que decida la Cámara Federal de Mar del Plata porque lo que prevalece es la opinión de la Corte”. En ese caso, sostiene que “el único camino que le cabría (al Grupo Clarín) es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
De todas formas, Loñ dejó una ventana abierta al sostener que en esta disputa “claramente está en juego la libertad de expresión”. Y recordó que en su fallo del 22 de mayo la Corte sostuvo que Clarín “no aportó ningún elemento que demuestre cómo se afectaría la libertad de expresión”. “La Corte se va a expedir respecto del artículo 161 en base a si lesiona o no el derecho de propiedad. De la libertad de expresión no dirá nada porque no se alegó nada”, expresó.
En la causa de Mar del Plata, en cambio, la libertad de expresión es el eje de la demanda.
El Gobierno y el Grupo acumulan denuncias cruzadas en la Justicia
La mayoría recayó en el juzgado de Luis Rodríguez (foto), quien comenzó a investigar la forma como se distribuyeron las causas
Por: Natalia Aguiar
La batalla entre el Gobierno y el Grupo Clarín desató una catarata de causas paralelas, con denuncias cruzadas que se extienden a temas que van más allá de la disputa por la Ley de Medios. El Grupo contra los ministros, éstos contra los jueces y la oposición defendiendo a los magistrados; todos se vienen disparando con presentaciones judiciales en una maraña interminable.
Una de las más polémicas fue la iniciada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, contra los camaristas que analizan y deben resolver sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. La denuncia la formuló por presunto forum shopping o irregularidades en el procedimiento de designación de jueces subrogantes. Se anexa a otra investigación contra los consejeros “rebeldes y opositores a los fines oficialistas” de la magistratura por supuesta obstrucción del concurso 258, clave en la causa Clarín.Este pleito va de la mano de otra denuncia realizada por Elisa Carrió contra Abal Medina y el ministro de Justicia, Julio Alak, donde la diputada interpreta que los funcionarios cometieron “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” al embestir contra los magistrados.
El juez Ariel Lijo no sólo tiene a cargo la causa Ciccone, que involucra al vicepresidente Amado Boudou, sino también le recayó en octubre del año pasado una denuncia de los diputados de la oposición contra los consejeros kirchneristas.
El Juzgado Federal Nº 9 será durante 2013 uno de los más resonantes. Concentra, entre otras causas, la que investiga a Guillermo Moreno por su accionar en relación con Papel Prensa, y la denuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, contra el Grupo Clarín por la posible “manipulación de precios de acciones” que luego fueron adquiridas por fondos de inversión controlados por las AFJP y por presunto “lavado de dinero”. El juez Luis Rodríguez también se encuentra a cargo de una causa iniciada por el Grupo Clarín por escraches, a través de afiches, que sufrieron periodistas de la empresa. En el mismo juzgado recayeron denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Comercio por haber fallado en varios expedientes en contra de Fibertel de manera supuestamente “arbitraria”.
Fuente: Diario Perfil
Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, dialogó con el diario PáginaI12, entre otros temas se refirió a las cautelares "si son eternas, tenemos una Justicia que no es tal”, y la Ley de Medios:
Tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.
Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?
A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.